Roberto Arosemena Jaén
El vivir bien es una fantasía o una convicción que hay que realizar. Lo convincente es realizable, lo ilusorio se escapa de la realidad, se desgasta y, finalmente, se desvanece. Lo realizable es el conocimiento del conjunto de los hechos posibles y se presenta como una creencia o conocimiento bien fundamentada. La ilusión, por el contrario, es una creencia sin fundamento e irrealizable y se le descalifica como una superstición.
Es significativo distinguir la superstición, como falsedad, y la creencia, como conocimientos convincentes, que se transmiten de generación en generación. Toda creencia se fundamenta en la tradición, en los aciertos, en las comprobaciones que pasan de comunidad en comunidad o de padres a hijos y nietos.
Hay ingenuos, apresurados, que asimilan, identifican y confunden superstición con creencias. En este sentido, un testimonio tradicional, como que los seguidores de Jesús lo vieron y lo tocaron resucitado, lo califican como superstición porque es un hecho reservado para los creyentes y para nadie más. Pero, no satisfechos con ese término de “creyentes”, se apresuran a descalificarlos, como grupúsculo de fanáticos dispuestos a morir por su fantasía. Fanáticos, aprovechados, mentirosos, farsantes, maliciosos, malignos y malvados. En este contexto o círculo hermenéutico es imposible desarrollar la acción comunicativa y el principio del discurso que promueven los pensadores del estado democrático constitucional de derecho.
El problema no es descalificar los buenos conocimientos. El problema son las consecuencias de la confusión. La consecuencia de la confusa ignorancia conduce a la ley, del ojo por ojo, a principios erróneos de que no hay seguridad si no te has preparado para la guerra; que toda paz construida con el perdón es efímera; que el único mundo positivo es el de los “intercombatientes y no el de los interlocutores. Que renunciar a la violencia es de débiles y cobardes. Que Sócrates, Cristo y Mahatma son los peores ejemplos de una humanidad pusilánime. En este contexto de fundamentalismos, propio del mundo hegemónico actual, sobresale la prepotencia, y que la guerra y el belicismo son la mejor estrategia de volver a ser grande.
De estas vivencias surge la dialéctica de ganar–perder, ganar–ganar y, finalmente, perder–perder. El viejo Thomas Hobbes enfrentó la situación y propuso la solución: el pacto social de sumisión a un poder que se abstiene de matar, para que todos vivan sometidos a la ley. Con esta fórmula superó el estado de guerra permanente del “hombre, lobo del hombre”, hasta que llegó el horror del 11 de septiembre de 2001.
El pacto de sumisión se fracturó a tal nivel que todos proclamaron la “guerra contra el terrorismo” para generar más terror y más actos de indignidad. Es la geopolítica actual de legiones de gobernantes que marchan abrazados –en falanges– en París, a favor de la guerra contra el terrorismo, y ordenan bombardeos con el objetivo de paralizar y doblegar la voluntad de seguir matando. La hostilidad del perder–perder se extiende inexorable. La civilización de la tecnociencia somete a las culturas de la tradición religiosa. El terror por el terror es la respuesta primitiva, ya profetizada en el preámbulo de los derechos humanos.
El mundo iluminado por la razón y la creencia es el mismo mundo oscurecido por la razón y la fe.
http://www.prensa.com/opinion/Conocimiento-realidad-buen-vivir_0_4650284992.html
Departamento de Filosofía, Facultad de Humanidades, Universidad de Panamá
sábado, 24 de diciembre de 2016
jueves, 8 de diciembre de 2016
¿Derechos humanos o utopía?
Ruling Barragán Yáñez
En un artículo publicado hace algunos años, el Dr. Miguel Carbonell, investigador jurídico de la Universidad Nacional Autónoma de México, nos recordaba algo que ya todos conocemos bien, pero nos da mucha vergüenza confesar. “Si tomamos cada uno de los preceptos de la Declaración [Universal de Derechos Humanos] y los confrontamos con los datos que nos arroja la realidad, tendremos frente a nosotros un escenario en el que las grandes promesas se violan de forma masiva, cada día. En el bello preámbulo de la Declaración se afirmaban ideales y valores, como la libertad, la justicia y la paz… la fe compartida en los “derechos fundamentales… en la dignidad y el valor de la persona humana… en la igualdad de hombres y mujeres… la importancia de promover el progreso social y… elevar el nivel de vida… sin embargo, la realidad nos sitúa bien lejos de cada una de ellas”.
Ante la realidad de la mayor parte del orbe, las promesas, ideales, derechos y valores de la Declaración Universal palidecen; incluso podrían verse como una broma cruel, o un caso de ingenuo idealismo. En especial, por quienes han sufrido y sufren crudamente sus vejámenes en cada rincón del planeta.
No obstante, la mayoría de los seres humanos no se resigna a la suerte que les depara tal realidad. En cada uno subyace una “energía utópica” (expresión de Habermas, tomada por Carbonell) que lo impulsa a buscar y construir un mundo mejor. No se trata simplemente de un “deseo de vivir” (Schopenhauer); tampoco, de una “voluntad de poder” (Nietzsche). De hecho, resulta difícil precisar esta compleja, pero significativa noción que atañe a la humanidad de modo fundamental. Al respecto, Hegel hablaba del “deseo de reconocimiento” que tiene cada individuo con relación a los otros. Y un filósofo algo olvidado, Bloch, hace unas décadas concebía “el principio esperanza”. Todas estas nociones, apuntan de una u otra manera, a un mismo propósito, inscrito en el corazón humano.
Sea cual sea el pensador o la expresión que elijamos, en toda persona que no se ha rendido en la lucha por la vida (aun cuando se haya debilitado a través de la misma), subsiste una energía que la impulsa a esperar y realizar “lo que todavía no es, pero debe ser”. Este impulso es la materia de que estamos hechos. No se trata de un sueño o una fantasía. Se trata de algo inherente y necesario a la naturaleza humana. Así pues, donde haya seres humanos con suficiente voluntad y conciencia, se canalizará la energía utópica que nos mueve hacia la búsqueda y construcción de los derechos humanos. Y asimismo, otras utopías a las que apuntan las esperanzas colectivas de la humanidad. Esperanzas que a menudo generan y se manifiestan en los mitos y ritos de las religiones, los proyectos e investigaciones de las ciencias, así como las intuiciones y creaciones de las artes.
Si estas apreciaciones son correctas, entonces las promesas de los derechos humanos no son ninguna broma cruel ni una ingenuidad idealista. Se trata de algo que es propio a la condición humana, en todo tiempo y lugar. Las energías utópicas se podrán agotar en algunos (incluso la mayoría), más nunca se extinguirán en todos. Mientras sea así, la existencia del ser humano no será en vano y estará lejos de ser un absurdo. Aunque la realidad no le dé la razón, la energía utópica, sí. Y solo ella bastará para justificar el ideal de los derechos humanos, entre otros ideales.
http://www.prensa.com/opinion/Derechos-humanos-utopia_0_4638286215.html
En un artículo publicado hace algunos años, el Dr. Miguel Carbonell, investigador jurídico de la Universidad Nacional Autónoma de México, nos recordaba algo que ya todos conocemos bien, pero nos da mucha vergüenza confesar. “Si tomamos cada uno de los preceptos de la Declaración [Universal de Derechos Humanos] y los confrontamos con los datos que nos arroja la realidad, tendremos frente a nosotros un escenario en el que las grandes promesas se violan de forma masiva, cada día. En el bello preámbulo de la Declaración se afirmaban ideales y valores, como la libertad, la justicia y la paz… la fe compartida en los “derechos fundamentales… en la dignidad y el valor de la persona humana… en la igualdad de hombres y mujeres… la importancia de promover el progreso social y… elevar el nivel de vida… sin embargo, la realidad nos sitúa bien lejos de cada una de ellas”.
Ante la realidad de la mayor parte del orbe, las promesas, ideales, derechos y valores de la Declaración Universal palidecen; incluso podrían verse como una broma cruel, o un caso de ingenuo idealismo. En especial, por quienes han sufrido y sufren crudamente sus vejámenes en cada rincón del planeta.
No obstante, la mayoría de los seres humanos no se resigna a la suerte que les depara tal realidad. En cada uno subyace una “energía utópica” (expresión de Habermas, tomada por Carbonell) que lo impulsa a buscar y construir un mundo mejor. No se trata simplemente de un “deseo de vivir” (Schopenhauer); tampoco, de una “voluntad de poder” (Nietzsche). De hecho, resulta difícil precisar esta compleja, pero significativa noción que atañe a la humanidad de modo fundamental. Al respecto, Hegel hablaba del “deseo de reconocimiento” que tiene cada individuo con relación a los otros. Y un filósofo algo olvidado, Bloch, hace unas décadas concebía “el principio esperanza”. Todas estas nociones, apuntan de una u otra manera, a un mismo propósito, inscrito en el corazón humano.
Sea cual sea el pensador o la expresión que elijamos, en toda persona que no se ha rendido en la lucha por la vida (aun cuando se haya debilitado a través de la misma), subsiste una energía que la impulsa a esperar y realizar “lo que todavía no es, pero debe ser”. Este impulso es la materia de que estamos hechos. No se trata de un sueño o una fantasía. Se trata de algo inherente y necesario a la naturaleza humana. Así pues, donde haya seres humanos con suficiente voluntad y conciencia, se canalizará la energía utópica que nos mueve hacia la búsqueda y construcción de los derechos humanos. Y asimismo, otras utopías a las que apuntan las esperanzas colectivas de la humanidad. Esperanzas que a menudo generan y se manifiestan en los mitos y ritos de las religiones, los proyectos e investigaciones de las ciencias, así como las intuiciones y creaciones de las artes.
Si estas apreciaciones son correctas, entonces las promesas de los derechos humanos no son ninguna broma cruel ni una ingenuidad idealista. Se trata de algo que es propio a la condición humana, en todo tiempo y lugar. Las energías utópicas se podrán agotar en algunos (incluso la mayoría), más nunca se extinguirán en todos. Mientras sea así, la existencia del ser humano no será en vano y estará lejos de ser un absurdo. Aunque la realidad no le dé la razón, la energía utópica, sí. Y solo ella bastará para justificar el ideal de los derechos humanos, entre otros ideales.
http://www.prensa.com/opinion/Derechos-humanos-utopia_0_4638286215.html
martes, 29 de noviembre de 2016
El amanecer de los cristales
Roberto Arosemena Jaén
El “depravado y malvado Trump”, descalificado por Barack Obama: “no puede ser presidente de los Estados Unidos”. No obstante, el 9 de noviembre, al amanecer, se había transfigurado en Presidente constitucional, gracias al sistema electoral de la “democracia estadounidense”.
Bastó una noche angustiosa de conteo y revisiones para ir realizando la metamorfosis. El malo se hizo bueno, el depravado se hará virtuoso, así lo afirmaron –el día después- los portaestandarte de los acusadores de Trump. La sorpresa no es la posibilidad de que unas elecciones haga sabio al imprudente, ni veraz al mentiroso; la sorpresa fue, por el contrario, que el
veraz y creíble de Obama se nos presentase como un farsante. El mero hecho de ocupar el cargo de Presidente de los Estados Unidos, lo obligó a esconderse debajo de un velo de ignorancia sobre todas las ejecutorias de Donald Trump, así lo creyó, ingenuamente, el señor Obama.
El 50% de los más de cien millones de votantes que votaron por Hillary, Presidente, votaron contra Trump. Ahora, sólo los oportunistas, aceptan las debilidades de Hillary y Obama de gritar “Trump es Nuestro Presidente”. Mientras, millones indignados, los desprecian cada vez que gritan: “Trump no es mi presidente”. La resignación de Hillary, pocos la entienden, de mantenerse en su urna de cristal, sin percibir, que su claudicación ante Trump, la sepulta a un pronto olvido y ponen en peligro la continuidad del partido demócrata que se ha transformado en un aparato de ambiciones presidenciables y ha dejado de ser un movimiento de decencia y honestidad democrática. Ojala que el dicho de Trump sobre la “corrupción del sistema partidista” sea, realmente, una mentira.
Entiendo, no obstante, que Obama no pueda declararse rebelde al Presidente institucional electo, pero no acepto que se niegue a encabezar la oposición anti Trump. Es lo menos que se puede esperar. Si no se atreve a ir más allá de una leal oposición, por lo menos que no se transforme en un “consejero bien pagado” del hombre que no puede manejar la seguridad atómica del planeta.
El riesgo Trump presidente es doble. De una parte su temperamento impetuoso y su carácter voluntarioso. Con esa personalidad ha logrado triunfar en acumular riquezas y ahora, inicia el camino de utilizar el imperio planetario de Estados Unidos. De otra parte, la crisis que padece el poder estadounidense ante el desarrollo devastador de la globalización de la inversión, producción, distribución y consumo no es una pequeña crisis, sino una grave crisis que puede hacer colapsar el sistema económico, pero, al mismo tiempo, puede catapultar a Trump a un poder irracional incontenible.
Esta crisis que crece y se desborda día a día no ha sido ni siquiera entendida por el Grupo de los 8, de los 22, ni por los omnipotentes del FMI, de las trasnacionales y los incógnitos de Davos. En contraste, con esta ineficacia sostenida y subrayada, surge el tozudo e irracional Donald Trump que cree y sostiene que él si puede volver hacer grande el sueño y la fantasía americana. Para eso cuenta con la soberanía imperial del país y la sociedad que el concibe la más grande, la más potente y la única con derechos a ser el destino manifiesto.
Ni Trump es Hitler, ni los Estados Unidos del siglo XXI, es la Alemania de los años treinta. Sin embargo, la maldad tiene múltiples senderos. Por ejemplo, una fue la noche de los cristales rotos (Kristallnacht) del 9 de noviembre de 1938. Los días siguientes, la prepotencia del líder nazi congeló el liderazgo mundial y colocó al mundo a la defensiva. Dos años necesitó el mundo para iniciar el contra ataque y esto gracias a figuras emblemáticas como Churchill, De Gaulle y el anciano de Franklin D. Roosevelt. ¿Qué sucederá cuando Trump diga que terroristas están matando patriotas estadounidense y exija el juramento de que nadie residente en Estados Unidos de América puede desconocer a su Presidente?
Nuestra calidad de vida y nuestra dignidad es tan trascendente que no se puede admitir que sea alterada por la pusilanimidad de los poderosos que coquetean con el poder imperial.
El “depravado y malvado Trump”, descalificado por Barack Obama: “no puede ser presidente de los Estados Unidos”. No obstante, el 9 de noviembre, al amanecer, se había transfigurado en Presidente constitucional, gracias al sistema electoral de la “democracia estadounidense”.
Bastó una noche angustiosa de conteo y revisiones para ir realizando la metamorfosis. El malo se hizo bueno, el depravado se hará virtuoso, así lo afirmaron –el día después- los portaestandarte de los acusadores de Trump. La sorpresa no es la posibilidad de que unas elecciones haga sabio al imprudente, ni veraz al mentiroso; la sorpresa fue, por el contrario, que el
veraz y creíble de Obama se nos presentase como un farsante. El mero hecho de ocupar el cargo de Presidente de los Estados Unidos, lo obligó a esconderse debajo de un velo de ignorancia sobre todas las ejecutorias de Donald Trump, así lo creyó, ingenuamente, el señor Obama.
El 50% de los más de cien millones de votantes que votaron por Hillary, Presidente, votaron contra Trump. Ahora, sólo los oportunistas, aceptan las debilidades de Hillary y Obama de gritar “Trump es Nuestro Presidente”. Mientras, millones indignados, los desprecian cada vez que gritan: “Trump no es mi presidente”. La resignación de Hillary, pocos la entienden, de mantenerse en su urna de cristal, sin percibir, que su claudicación ante Trump, la sepulta a un pronto olvido y ponen en peligro la continuidad del partido demócrata que se ha transformado en un aparato de ambiciones presidenciables y ha dejado de ser un movimiento de decencia y honestidad democrática. Ojala que el dicho de Trump sobre la “corrupción del sistema partidista” sea, realmente, una mentira.
Entiendo, no obstante, que Obama no pueda declararse rebelde al Presidente institucional electo, pero no acepto que se niegue a encabezar la oposición anti Trump. Es lo menos que se puede esperar. Si no se atreve a ir más allá de una leal oposición, por lo menos que no se transforme en un “consejero bien pagado” del hombre que no puede manejar la seguridad atómica del planeta.
El riesgo Trump presidente es doble. De una parte su temperamento impetuoso y su carácter voluntarioso. Con esa personalidad ha logrado triunfar en acumular riquezas y ahora, inicia el camino de utilizar el imperio planetario de Estados Unidos. De otra parte, la crisis que padece el poder estadounidense ante el desarrollo devastador de la globalización de la inversión, producción, distribución y consumo no es una pequeña crisis, sino una grave crisis que puede hacer colapsar el sistema económico, pero, al mismo tiempo, puede catapultar a Trump a un poder irracional incontenible.
Esta crisis que crece y se desborda día a día no ha sido ni siquiera entendida por el Grupo de los 8, de los 22, ni por los omnipotentes del FMI, de las trasnacionales y los incógnitos de Davos. En contraste, con esta ineficacia sostenida y subrayada, surge el tozudo e irracional Donald Trump que cree y sostiene que él si puede volver hacer grande el sueño y la fantasía americana. Para eso cuenta con la soberanía imperial del país y la sociedad que el concibe la más grande, la más potente y la única con derechos a ser el destino manifiesto.
Ni Trump es Hitler, ni los Estados Unidos del siglo XXI, es la Alemania de los años treinta. Sin embargo, la maldad tiene múltiples senderos. Por ejemplo, una fue la noche de los cristales rotos (Kristallnacht) del 9 de noviembre de 1938. Los días siguientes, la prepotencia del líder nazi congeló el liderazgo mundial y colocó al mundo a la defensiva. Dos años necesitó el mundo para iniciar el contra ataque y esto gracias a figuras emblemáticas como Churchill, De Gaulle y el anciano de Franklin D. Roosevelt. ¿Qué sucederá cuando Trump diga que terroristas están matando patriotas estadounidense y exija el juramento de que nadie residente en Estados Unidos de América puede desconocer a su Presidente?
Nuestra calidad de vida y nuestra dignidad es tan trascendente que no se puede admitir que sea alterada por la pusilanimidad de los poderosos que coquetean con el poder imperial.
viernes, 25 de noviembre de 2016
Repensar o recordar el sentido de las cosas
Ruling Barragán
Luego de Otto y los tristes episodios acontecidos por él en Panamá–en especial, el de aquel niño que murió aplastado por un árbol–, reparaba en que, a pesar de los grandes avances científicos y tecnológicos de nuestros tiempos, los problemas fundamentales del ser humano nunca serán resueltos por aquellos avances. El bien, el mal, la libertad, la justicia, el amor, la felicidad, el sufrimiento y la muerte. En fin, todas las cosas que tienen que ver esencialmente con el sentido de la vida.
La ciencia y la tecnología solo nos ofrecen temporales paliativos para lidiar con males particulares, pero –en definitiva– no buscan ni pueden brindar un “sentido último de todas las cosas”. Y este sentido –cuya búsqueda y encuentro era antaño labor de las religiones y las filosofías– hoy día es cada vez más ignoto, incomprensible e irrealizable.
En este contexto, muchos individuos ejercen una “decisión existencial”. Esto es, debido a que resulta imposible concebir en qué pueda consistir el “sentido último de todas las cosas” (incluso determinar si esta expresión tiene algún significado) deciden por sí mismos cuál es o debe ser ese sentido con base en la voluntad individual. En palabras sencillas y concretas: cada uno decide el sentido (o sinsentido) último de todo.
Otros, no deciden por su propia voluntad en qué puede consistir este sentido, sino que les es dado, recibido en una experiencia de carácter extraordinario. De esta no quedan dudas, sino una indubitable certeza. Así, este sentido es provisto por una certidumbre absoluta, producto de la sola fuerza de una portentosa experiencia. Aquí, la voluntad no decide por sí misma, sino que se ajusta irresistiblemente a lo que le ha acontecido de manera excepcional. Otra vez, de modo sencillo y concreto: para algunos el sentido de la existencia es producto de una experiencia extraordinaria.
Por otro lado, la mayoría de la humanidad cree –aunque se desconozca a ciencia cierta– que sí hay un sentido, pero que solo se accede a él a través de la fe.
En cualquier caso, ningún individuo puede eludir lo siguiente: aquello que se cree (o no), decide o experimenta se entreteje siempre en una interpretación. Como hace buen tiempo nos dicen algunos pensadores: no hay hechos “puros”, sino interpretaciones. Esto, empero, no significa que todas ellas son igualmente válidas. Las hay más (o menos) razonables que otras.
Así pues, la mera interpretación no es suficiente ni antojadiza. Se requerirán razones, que podrán o no convencer a los demás, sean pocos o muchos, pero nunca a todos.
Vuelvo a pensar en las tragedias del huracán. La ciencia y la tecnología podrán en un futuro prevenir más daños y evitar más muertes, pero hay males y sufrimientos que nunca podrán ser reparados por ningún esfuerzo o institución humana. Para la gran mayoría, los males irreparables son asuntos de la fe y la esperanza que les brindan sus religiones. Para otros –muy pocos– son temas de unas cuantas y raras filosofías, que aún se preocupan del sentido último de las cosas. Filosofías hoy día venidas a menos, pues sus reflexiones y conclusiones no complacen a científicos y tecnólogos (tampoco a políticos, juristas ni empresarios). No obstante, filosofías cuyas razones son indispensables a ciertas personas, porque aquel sentido –que parece no existir en los males y sufrimientos humanamente irreparables– aún les parece digno de ser pensado y recordado, no ignorado ni olvidado.
https://www.prensa.com/opinion/Repensar-recordar-sentido-cosas_0_4628537247.html
Luego de Otto y los tristes episodios acontecidos por él en Panamá–en especial, el de aquel niño que murió aplastado por un árbol–, reparaba en que, a pesar de los grandes avances científicos y tecnológicos de nuestros tiempos, los problemas fundamentales del ser humano nunca serán resueltos por aquellos avances. El bien, el mal, la libertad, la justicia, el amor, la felicidad, el sufrimiento y la muerte. En fin, todas las cosas que tienen que ver esencialmente con el sentido de la vida.
La ciencia y la tecnología solo nos ofrecen temporales paliativos para lidiar con males particulares, pero –en definitiva– no buscan ni pueden brindar un “sentido último de todas las cosas”. Y este sentido –cuya búsqueda y encuentro era antaño labor de las religiones y las filosofías– hoy día es cada vez más ignoto, incomprensible e irrealizable.
En este contexto, muchos individuos ejercen una “decisión existencial”. Esto es, debido a que resulta imposible concebir en qué pueda consistir el “sentido último de todas las cosas” (incluso determinar si esta expresión tiene algún significado) deciden por sí mismos cuál es o debe ser ese sentido con base en la voluntad individual. En palabras sencillas y concretas: cada uno decide el sentido (o sinsentido) último de todo.
Otros, no deciden por su propia voluntad en qué puede consistir este sentido, sino que les es dado, recibido en una experiencia de carácter extraordinario. De esta no quedan dudas, sino una indubitable certeza. Así, este sentido es provisto por una certidumbre absoluta, producto de la sola fuerza de una portentosa experiencia. Aquí, la voluntad no decide por sí misma, sino que se ajusta irresistiblemente a lo que le ha acontecido de manera excepcional. Otra vez, de modo sencillo y concreto: para algunos el sentido de la existencia es producto de una experiencia extraordinaria.
Por otro lado, la mayoría de la humanidad cree –aunque se desconozca a ciencia cierta– que sí hay un sentido, pero que solo se accede a él a través de la fe.
En cualquier caso, ningún individuo puede eludir lo siguiente: aquello que se cree (o no), decide o experimenta se entreteje siempre en una interpretación. Como hace buen tiempo nos dicen algunos pensadores: no hay hechos “puros”, sino interpretaciones. Esto, empero, no significa que todas ellas son igualmente válidas. Las hay más (o menos) razonables que otras.
Así pues, la mera interpretación no es suficiente ni antojadiza. Se requerirán razones, que podrán o no convencer a los demás, sean pocos o muchos, pero nunca a todos.
Vuelvo a pensar en las tragedias del huracán. La ciencia y la tecnología podrán en un futuro prevenir más daños y evitar más muertes, pero hay males y sufrimientos que nunca podrán ser reparados por ningún esfuerzo o institución humana. Para la gran mayoría, los males irreparables son asuntos de la fe y la esperanza que les brindan sus religiones. Para otros –muy pocos– son temas de unas cuantas y raras filosofías, que aún se preocupan del sentido último de las cosas. Filosofías hoy día venidas a menos, pues sus reflexiones y conclusiones no complacen a científicos y tecnólogos (tampoco a políticos, juristas ni empresarios). No obstante, filosofías cuyas razones son indispensables a ciertas personas, porque aquel sentido –que parece no existir en los males y sufrimientos humanamente irreparables– aún les parece digno de ser pensado y recordado, no ignorado ni olvidado.
https://www.prensa.com/opinion/Repensar-recordar-sentido-cosas_0_4628537247.html
miércoles, 23 de noviembre de 2016
Inmigración prohibida en Panamá
Francisco Díaz Montilla
Causas pequeñas, grandes efectos. Quien maneje información mínima sobre teoría del caos sabe la importancia que este principio tiene, tanto en el ámbito físico como social.
El principio es válidamente aplicable a los delirios ultranacionalistas del movimiento antiarepas y antitequeños que ha empezado a gestarse en Panamá. Su alcance ha sido hasta ahora mínimo, pero ello es lo de menos. No se requiere de un gran movimiento para que los efectos sean de proporciones épicas, y en este caso dichos efectos pueden ser desde insultos y agresión verbal, hasta enfrentamientos entre “nacionalistas panameños” y extranjeros.
Pareciera que la regla de oro en materia migratoria: “trata al migrante como te gustaría que te traten, en caso de que el migrante fueses tú” no es válida para alguna gente de este terruño; y aunque quienes promueven tales delirios aducen no ser xenofóbicos, sino que actúan en defensa de la legalidad, ello al parecer no es más que un pretexto mediante el cual racionalizan sus irracionales inclinaciones.
Lo que empieza a ocurrir hoy no es nada nuevo. Panamá tiene un prontuario histórico en materia de controles migratorios que –a la luz de instrumentos internacionales vigentes en materia de derechos humanos– sería claramente discriminatorio y racista.
Siguiendo a Virgnia Arango Durling (La inmigración prohibida en Panamá y sus prejuicios raciales, 1999), ha habido cuatro momentos o periodos en los que el Estado panameño implementó políticas migratorias dirigidas en contra de personas, basadas en la nacionalidad.
El primer periodo (1904-1911) tuvo como fundamento la Ley 6 y el Decreto 35 de 1904, entre otros; estuvo dirigido en contra de sirios, chinos y turcos.
El segundo periodo (1912-1920) tuvo como fundamento el Decreto 2 de 1911, el Decreto 60 de 1912, la Ley 50 de 1913 y su reglamentación en el Decreto 40, dirigidos igualmente en contra de personas de dichos grupos.
El tercer periodo (1921-1930) se fundamenta en disposiciones como la Ley 1, sobre inmigración china, del 6 de enero de 1923, entre otras; se trata de un contexto más complejo en el que se amplían las restricciones migratorias a libaneses, palestinos, indio-orientales, y dravidianos; y ya empezaba a manifestarse el temor con respecto al peligro antillano.
El cuarto periodo (1931-1946) perfecciona las políticas migratorias al contemplarse en la Ley 54 de 1938 un amplio espectro de grupos humanos, cuya migración era considerada indeseable: Chinos, gitanos, armenios, árabes, turcos, indostanes, sirios libaneses, palestinos, norteafricanos de raza turca, y negros cuyo idioma no fuese el español. Esta tendencia, que se inició en 1904, alcanzó rango constitucional en 1941, curiosamente promulgada en la primera administración panameñista de Arnulfo Arias Madrid.
Hoy, como entonces, se arguyen razones relacionadas con la identidad nacional y la protección de las plazas de trabajo de los panameños. Y aunque esas razones puedan ser legítimas para algunos, difícilmente justifican la carga de odio dirigida en contra de grupos de personas so pretexto de que sus prácticas atentan contra las formas de vida de los nacionales.
Cada Estado, en efecto, tiene la potestad de decidir las condiciones en que define su política migratoria; aunque en el marco de la racionalidad propia del estado democrático de derecho y no en el marco de la discriminación ni de prejuicios por razón de nacionalidad, pues al fin de cuentas, el migrante (legal o ilegal) es persona y, por tanto, sujeto de derechos.
http://www.prensa.com/opinion/Inmigracion-prohibida-Panama_0_4627037408.html#comments
Causas pequeñas, grandes efectos. Quien maneje información mínima sobre teoría del caos sabe la importancia que este principio tiene, tanto en el ámbito físico como social.
El principio es válidamente aplicable a los delirios ultranacionalistas del movimiento antiarepas y antitequeños que ha empezado a gestarse en Panamá. Su alcance ha sido hasta ahora mínimo, pero ello es lo de menos. No se requiere de un gran movimiento para que los efectos sean de proporciones épicas, y en este caso dichos efectos pueden ser desde insultos y agresión verbal, hasta enfrentamientos entre “nacionalistas panameños” y extranjeros.
Pareciera que la regla de oro en materia migratoria: “trata al migrante como te gustaría que te traten, en caso de que el migrante fueses tú” no es válida para alguna gente de este terruño; y aunque quienes promueven tales delirios aducen no ser xenofóbicos, sino que actúan en defensa de la legalidad, ello al parecer no es más que un pretexto mediante el cual racionalizan sus irracionales inclinaciones.
Lo que empieza a ocurrir hoy no es nada nuevo. Panamá tiene un prontuario histórico en materia de controles migratorios que –a la luz de instrumentos internacionales vigentes en materia de derechos humanos– sería claramente discriminatorio y racista.
Siguiendo a Virgnia Arango Durling (La inmigración prohibida en Panamá y sus prejuicios raciales, 1999), ha habido cuatro momentos o periodos en los que el Estado panameño implementó políticas migratorias dirigidas en contra de personas, basadas en la nacionalidad.
El primer periodo (1904-1911) tuvo como fundamento la Ley 6 y el Decreto 35 de 1904, entre otros; estuvo dirigido en contra de sirios, chinos y turcos.
El segundo periodo (1912-1920) tuvo como fundamento el Decreto 2 de 1911, el Decreto 60 de 1912, la Ley 50 de 1913 y su reglamentación en el Decreto 40, dirigidos igualmente en contra de personas de dichos grupos.
El tercer periodo (1921-1930) se fundamenta en disposiciones como la Ley 1, sobre inmigración china, del 6 de enero de 1923, entre otras; se trata de un contexto más complejo en el que se amplían las restricciones migratorias a libaneses, palestinos, indio-orientales, y dravidianos; y ya empezaba a manifestarse el temor con respecto al peligro antillano.
El cuarto periodo (1931-1946) perfecciona las políticas migratorias al contemplarse en la Ley 54 de 1938 un amplio espectro de grupos humanos, cuya migración era considerada indeseable: Chinos, gitanos, armenios, árabes, turcos, indostanes, sirios libaneses, palestinos, norteafricanos de raza turca, y negros cuyo idioma no fuese el español. Esta tendencia, que se inició en 1904, alcanzó rango constitucional en 1941, curiosamente promulgada en la primera administración panameñista de Arnulfo Arias Madrid.
Hoy, como entonces, se arguyen razones relacionadas con la identidad nacional y la protección de las plazas de trabajo de los panameños. Y aunque esas razones puedan ser legítimas para algunos, difícilmente justifican la carga de odio dirigida en contra de grupos de personas so pretexto de que sus prácticas atentan contra las formas de vida de los nacionales.
Cada Estado, en efecto, tiene la potestad de decidir las condiciones en que define su política migratoria; aunque en el marco de la racionalidad propia del estado democrático de derecho y no en el marco de la discriminación ni de prejuicios por razón de nacionalidad, pues al fin de cuentas, el migrante (legal o ilegal) es persona y, por tanto, sujeto de derechos.
http://www.prensa.com/opinion/Inmigracion-prohibida-Panama_0_4627037408.html#comments
viernes, 11 de noviembre de 2016
Los derechos humanos como derechos naturales
Ruling Barragán
Cuando faltan unas cuantas semanas para celebrar el Día Internacional de los Derechos Humanos (10 de diciembre) quisiera compartir unas consideraciones filosóficas acerca de estos derechos. Estas resumen el planteamiento del filósofo del derecho John Finnis (1940), profesor de la Universidad de Oxford y la Universidad de Notre Dame.
En su célebre obra Natural Law and Natural Rights, este pensador afirma que la clásica doctrina del derecho natural –repudiada por el positivismo jurídico contemporáneo– puede validarse, aunque en una forma algo distinta a la tradicional. Habrá que recordar que el derecho natural clásico –representado por pensadores como Tomás de Aquino (1225-1274) y Francisco Suárez (1548-1617)– descansa sobre bases “metafísicas” inadmisibles para el positivismo: Dios, leyes supranaturales y un alma inmaterial e imperecedera.
Para rehabilitar el derecho natural, Finnis rechaza una idea positivista que podemos remontar hasta los tiempos del pensador escocés David Hume (1711-1776): el razonamiento humano no nos puede informar qué debemos desear; solo nos informa cómo conseguir lo que deseamos (lo que hoy se denomina “razón instrumental”).
Contrario a esta idea, Finnis opta por una antigua indagación de Aristóteles (la cual hallamos ya en Sócrates), que busca comprender en qué consiste una vida buena, o qué es lo que hace que una vida sea digna de ser vivida. Así, Finnis enlista siete características esenciales (o bienes básicos) que toda vida humana ha de poseer si ha de considerarse “digna”: la propia vida, el conocimiento, la recreación, la contemplación de la belleza, la amistad, el razonamiento moral y lo que algunos llamarían “religión” (pero otros preferiríamos llamar “espiritualidad”). Esta serie de características contribuyen a una vida plena o realizada.
De acuerdo a Finnis, cada elemento de la serie es un valor en sí mismo y goza de aprecio universal. Estos elementos sirven también de principios morales que facilitan nuestra elección entre diversos bienes, permitiéndonos discernir lo que debemos elegir o no. A esta serie, Finnis agrega otra, que denomina los “requisitos básicos de nuestro razonamiento moral”: buscar activamente bienes, tener un plan coherente de vida, no preferir valores de manera arbitraria, no preferir a las personas de modo arbitrario, ser desprendido y comprometido, actuar de manera razonablemente eficiente, respetar el valor de cada acción humana, considerar el bien común, y seguir los dictámenes de la propia conciencia.
Para Finnis, ambos inventarios constituyen principios del derecho natural. Y para ser admitidos no se requiere postular la existencia de Dios, o un orden moral suprahumano. Tampoco, una etérea e inasible esencia humana. El inventario de Finnis tiene también la virtud de superar el problema de la idea de Hume (que la razón humana no nos puede decir qué debemos desear); todos los elementos enlistados son deseables en sí mismos, su deseabilidad no depende de ningún razonamiento es captable de manera inmediata.
A partir de los principios del derecho natural podemos deducir entonces una serie de obligaciones incondicionales con respecto a los seres humanos. Y estas obligaciones, consecuentemente, implican ciertos derechos. Estas obligaciones y derechos son los que hoy denominamos “derechos humanos”.
Así pues, según todo lo expuesto, los derechos humanos son derechos naturales; aquellos nos instan y compelen a cumplir con la realización de los bienes básicos del ser humano (nuestra primera lista) por medio de los requisitos fundamentales de nuestro razonamiento moral (la segunda lista).
Si bien estas muy resumidas consideraciones filosóficas no convencerán al positivismo jurídico, aún son estimadas y defendidas con lustre por insignes teóricos y activistas dedicados a la promoción y protección de los derechos humanos.
http://www.prensa.com/opinion/derechos-humanos-naturales-Ruling-Barragan_0_4618038284.html
Cuando faltan unas cuantas semanas para celebrar el Día Internacional de los Derechos Humanos (10 de diciembre) quisiera compartir unas consideraciones filosóficas acerca de estos derechos. Estas resumen el planteamiento del filósofo del derecho John Finnis (1940), profesor de la Universidad de Oxford y la Universidad de Notre Dame.
En su célebre obra Natural Law and Natural Rights, este pensador afirma que la clásica doctrina del derecho natural –repudiada por el positivismo jurídico contemporáneo– puede validarse, aunque en una forma algo distinta a la tradicional. Habrá que recordar que el derecho natural clásico –representado por pensadores como Tomás de Aquino (1225-1274) y Francisco Suárez (1548-1617)– descansa sobre bases “metafísicas” inadmisibles para el positivismo: Dios, leyes supranaturales y un alma inmaterial e imperecedera.
Para rehabilitar el derecho natural, Finnis rechaza una idea positivista que podemos remontar hasta los tiempos del pensador escocés David Hume (1711-1776): el razonamiento humano no nos puede informar qué debemos desear; solo nos informa cómo conseguir lo que deseamos (lo que hoy se denomina “razón instrumental”).
Contrario a esta idea, Finnis opta por una antigua indagación de Aristóteles (la cual hallamos ya en Sócrates), que busca comprender en qué consiste una vida buena, o qué es lo que hace que una vida sea digna de ser vivida. Así, Finnis enlista siete características esenciales (o bienes básicos) que toda vida humana ha de poseer si ha de considerarse “digna”: la propia vida, el conocimiento, la recreación, la contemplación de la belleza, la amistad, el razonamiento moral y lo que algunos llamarían “religión” (pero otros preferiríamos llamar “espiritualidad”). Esta serie de características contribuyen a una vida plena o realizada.
De acuerdo a Finnis, cada elemento de la serie es un valor en sí mismo y goza de aprecio universal. Estos elementos sirven también de principios morales que facilitan nuestra elección entre diversos bienes, permitiéndonos discernir lo que debemos elegir o no. A esta serie, Finnis agrega otra, que denomina los “requisitos básicos de nuestro razonamiento moral”: buscar activamente bienes, tener un plan coherente de vida, no preferir valores de manera arbitraria, no preferir a las personas de modo arbitrario, ser desprendido y comprometido, actuar de manera razonablemente eficiente, respetar el valor de cada acción humana, considerar el bien común, y seguir los dictámenes de la propia conciencia.
Para Finnis, ambos inventarios constituyen principios del derecho natural. Y para ser admitidos no se requiere postular la existencia de Dios, o un orden moral suprahumano. Tampoco, una etérea e inasible esencia humana. El inventario de Finnis tiene también la virtud de superar el problema de la idea de Hume (que la razón humana no nos puede decir qué debemos desear); todos los elementos enlistados son deseables en sí mismos, su deseabilidad no depende de ningún razonamiento es captable de manera inmediata.
A partir de los principios del derecho natural podemos deducir entonces una serie de obligaciones incondicionales con respecto a los seres humanos. Y estas obligaciones, consecuentemente, implican ciertos derechos. Estas obligaciones y derechos son los que hoy denominamos “derechos humanos”.
Así pues, según todo lo expuesto, los derechos humanos son derechos naturales; aquellos nos instan y compelen a cumplir con la realización de los bienes básicos del ser humano (nuestra primera lista) por medio de los requisitos fundamentales de nuestro razonamiento moral (la segunda lista).
Si bien estas muy resumidas consideraciones filosóficas no convencerán al positivismo jurídico, aún son estimadas y defendidas con lustre por insignes teóricos y activistas dedicados a la promoción y protección de los derechos humanos.
http://www.prensa.com/opinion/derechos-humanos-naturales-Ruling-Barragan_0_4618038284.html
miércoles, 14 de septiembre de 2016
Disertación del Dr. Roberto Arosemena Jaén con motivo de la condecoración César Quintero de la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá
Disertación del Dr. Roberto Arosemena Jaén por condecoración César Quintero de la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá, recibida el lunes 12 de septiembre de 2016.
Un desafío pendiente : Configurar la Historia Nacional de los Panameños(as) 1
Antecedente
He aquí el dilema de Panamá. Somos una nación configurada, políticamente y con pretensiones de ser cada día más “Estado Nación” respetada y proyectada al reconocimiento internacional. Igualmente, de otra parte, somos una comunidad que acepta pasivamente ser un país de tránsito y canalero. Nos debatimos entre un imaginario y una historia nacional por configurarse.
En efecto, esta tensión histórica no se puede ocultar con un simple espejismo y menos disolver con imaginarios colectivos publicitados como si fuesen cultura popular o idiosincrasia nacional. Los condicionantes históricos tienen que tomarse en cuenta. Nadie puede negar “que desde el momento en que nuestros antepasados nacidos en este territorio, decidieron asumir su propio futuro, se encontraron con una ocupación pactada a dos bandas, entre Washington y Bogotá".
Esta situación fue aprovechada unilateralmente por Washington para construir, primero un ferrocarril, luego un paso acuático. Lo paradójico del pacto por el canal fue que los Estados Unidos de América tuvieron que desconocer, en 1903, el Tratado Internacional de 1846. Un breve desconocimiento que se apresuraron a eliminar cuando una vez inaugurado el Canal de Esclusas, Washington vuelve a pactar con Bogotá las antiguas prerrogativas de Nueva Granada sobre Panamá ‒ el tratado Thompson-Urrutia.
Olvido historiográfico
Este Tratado decreta la obsolescencia y el anacronismo de la Convención de 1903. Lo sorprendente fue la pervivencia del Hay-Bunau-Varilla hasta 1977, Tratado que hacía del Canal, un bien enajenable en manos de Washington y sin posibilidad de desarrollar su potencial de ampliación y de atractivo comercial a todas las potencias y naciones del mundo. De este modo, el nuevo marco jurídico contractual sobre el Canal tendría que incorporar el arreglo del Thompson-Urrutia a la letra y a las concesiones que se firmaría en el Tratado de Neutralidad permanente del Canal y de Funcionamiento permanente del Canal de Panamá, en 1977.
Panamá aceptó con la firma del tratado Boyd-Liévano, del 20 de noviembre de 1976 y del Tratado de Montería de 23 de agosto de 1979, las prerrogativas que el gobierno estadounidense ya había concedido a Colombia en 1914.
El Hay-Bunau Varilla fue el instrumento del primer canal de Esclusas –además mero pretexto de la exclusión colombiana del control de la zona de tránsito-, mientras que la ampliación del segundo Canal de Esclusas, ratifica la validez del Thompson-Urrutia, fácticamente posible con la sustitución de la Convención Ístmica de 1903 por el Segundo Tratado Carter Torrijos y su reconocimiento internacional por las grandes potencias mundiales. Esta tesis confirma la hipótesis de que Panamá es un negocio canalero que ha determinado y condicionado la historia nacional y sepultado el proyecto nacional de constituir un Estado Soberano e independiente en favor de la identidad nacional.
El distanciamiento de Colombia en 1903 y el distanciamiento de los Estados Unidos de América en 1964, no fueron acontecimientos que tienen como causa el Canal sino la voluntad de liberación de un pueblo, que ya existe sin necesidad y a pesar del canal, y exige el aprovechamiento y la propiedad sobre todo su territorio, incluyendo las vías interoceánicas. Desde, estas perspectivas, es episódico el papel que jugaron y desempeñaron los participantes en los acontecimientos históricos que se dieron en el texto canalero. Lo significativo en la historiografía de la nación panameña es el contexto de una nación, orientada a ser un Estado y atravesada por el eje Washington-Bogotá.
Efectos del Thompson-Urrutia y el problema internacional entre Nicaragua y Colombia
El sonado caso del fallo del Tribunal de Justicia de la Haya que concede la soberanía sobre San Andrés, Providencia, Santa Catalina y otros islotes a la actual Colombia y cierta porción de Mar territorial a Nicaragua, igualmente, tiene su origen en el tratado de 1914 entre Estados Unidos y Colombia que fija los límites de Panamá en base a la ley neogranadina de junio de 1855.
Cuando la revolución de Mosquera triunfó en 1861, el caudillo liberal envió como su delegado a Panamá a don Manuel Murillo Toro, quien, con el Gobernador Santiago de la Guardia, suscribió el 6 de septiembre del citado año el denominado “Convenio de Colón”, mediante el cual Panamá pasó a formar parte de los Estados Unidos de la Nueva Granada. Vigente en Nueva Granada la Constitución de Rio Negro, cada Estado procedió a elaborar su propia Carta Fundamental.
La panameña, en su artículo 15, estableció que los límites con el Estado del Cauca estaban constituidos por “el río Atrato, desde su embocadura, aguas arriba, hasta su confluencia con el Napipí, de allí el curso de este río, aguas arriba, hasta su origen, y de allí una línea recta a la bahía de Cupica en el Pacífico”. No obstante el 7 de junio de 1862, Mosquera desconoce el Convenio de Colón y lo actuado en Panamá. Invade a Panamá y Santiago de la Guardia muere en combate. El Presidente del Estado del Cauca años después, solicitó ante la Corte Suprema de Justicia la suspensión del citado artículo de la constitución panameña, por considerar que afectaba la integridad territorial de su Estado. El Procurador General de la Nación aceptó la solicitud y mediante sentencia de la Corte Suprema de Justicia de fecha 12 de enero de 1864, por unanimidad de votos y con base en los artículos 1°, 5° y 72 de la Constitución Federal, suspendió lo dispuesto en el artículo 15 de la Constitución del Estado Soberano de Panamá. La Corte, así mismo, reiteró que los límites del Estado de Panamá eran los establecidos por el artículo 7° de la Ley de 1855” (Tomado de República de Colombia, Ministerio De Relaciones Exteriores. Arreglo de límites entre La República de Colombia y la República de Panamá, Bogotá , D. E. -- Imprenta Nacional de Colombia. 1982)
Es paradójico que el gobierno panameño haya olvidado históricamente este justo derecho a fijar los límites con Colombia y más bien se ponga en contra de las pretensiones nicaragüenses que abrirían el camino a las nuestras, cuando se trata del mar territorial que es la entrada marítima al Canal del Anexo A del Tratado de Neutralidad de 1977. Nicaragua procede a responder que respetará que sus aguas territoriales sean utilizadas como servidumbre del Canal de Esclusas, cuando en realidad son aguas territoriales panameñas. Todo se debe al silencio cómplice del gobierno y a la ignorancia de la sociedad panameña sobre el despojo que el Thompson-Urrutia comete contra Panamá.
Esta situación en perjuicio de la soberanía nacional se agrava con el Tratado Boyd-Liévano de 1976 entre Torrijos y López Michelsen, firmado a la víspera del Tratado de Neutralidad. Este Tratado de 1976 determina la línea fronteriza de las jurisdicciones –colombo panameñas- de áreas marinas y submarinas en el Caribe y en el Pacífico. La República de Panamá sigue permitiendo el desmembramiento de su territorio nacional ante las arremetidas del eje hostil, Washington- Bogotá, y el silencio cómplice de sus indignas autoridades.
Ya un profesor en Relaciones Internacionales de la Universidad de Panamá. Euclides E. Tapia (Ver artículo “El Tratado Boyd-Liévano”, La Prensa, 18 de octubre de 2013, p.19ª), sugirió que le corresponde a Panamá denunciar para anular el Tratado Boyd-Liévano y replantear el asuntos de límites marítimos. A partir de la Convención sobre el Derecho del Mar de 10 de diciembre de 1982 Panamá tiene derechos sobre su plataforma continental y no debe permitir que la pequeña Colombia nos impida acceso a aguas internacionales desde el Canal y mantenga preeminencia exclusiva en las aguas exteriores de la República de Panamá.
En reiteradas ocasiones, la historiografía panameña ha señalado la incongruencia de pertenecer geográficamente a Centro América y culturalmente a Sur América. Esta dicotomía se refuerza desde el norte y por designios geopolíticos de mantener el paso interoceánico secuestrado. De donde cobra sentido la combinación del imperialismo estadounidense con el sub imperialismo colombiano en contra de los derechos e intereses de la Patria panameña.
En efecto, el Plan Colombia, entre Washington y Bogotá y el Plan Puebla-Cartagena, que incorpora a México en esta sutil movida estratégica manifiesta esta articulación de los
intereses que conspiran contra la nación panameña. Panamá, sumergido en esta red de alianzas, al menos, debe reconocer dónde y cómo actuar y con quiénes debe articular la defensa de la integridad nacional.
Por ejemplo, el anunciado negocio de la construcción de un canal chino por Nicaragua, motiva al gobierno colombiano a establecer posibles alianzas con el pacto militar del Atlántico Norte (OTAN) como si el Canal fuese suyo y Panamá no se apresura a declarar la necesidad de neutralizar el área del caribe, como se planteó, en 1936 el gobierno panameño. Es oportuno recordar que toda la porción de mar, Islas, Islotes y Peñones se concedieron arbitrariamente por los Estados Unidos a Colombia, en virtud del Tratado Thompson-Urrutia. Una vez más, la garantía de la soberanía panameña en manos de los Estados Unidos se utilizaba en perjuicio de Panamá y los gobernantes de turno panameño se contentaban con recibir dádivas, en lugar de consignar derechos y prerrogativas nacionales y estatales. La soberanía sobre ese mar y sobre esas tierras –cayos, peñas e islas- correspondía ejercerla a Panamá.
Para comparar el silencio panameño y la agresividad nicaragüense basta recordar, que Nicaragua con Somoza acepta la validez de las fronteras fijadas por el Thompson-Urrutia, mediante el Tratado Bárcenas Meneses-Esguerra acordado entre Nicaragua y Colombia y ratificado el 6 de marzo de 1930, cuando los Estados Unidos de América ocupaba Nicaragua. La Junta de Reconstrucción Nacional, presidida por Violeta Chamorro, denuncia este Tratado, el 29 de febrero de 1980. Esta eventualidad había sido prevista por los estrategas estadounidenses y colombianos cuando el General Torrijos negocia y aprueba el Tratado Boyd-Liévano de 1976, que obliga a Panamá a no exigir jurisdicción sobre esas aguas, tierras y plataformas.
Cualquier observador imparcial, como la Corte Internacional de Justicia de la Haya, reconoce la invalidez de los arreglos “amistosos” entre Panamá y Colombia y la denuncia del Tratado Bárcenas Meneses-Esguerra de 1980. Decir que la nación panameña no ha logrado construir ni configurar un estado soberano, es una hipótesis válida y necesaria para lograrlo en los próximos años. Sí lo logró Nicaragua con un gobierno de conciliación, con el triunfo de los sandinistas, en 1980.
Panamá tendrá iguales y mejores oportunidades cuando logre a través de una Constituyente afirmar una democracia participativa, ajusticiar a los gobernantes corruptos y eliminar la impunidad pública y privada.
MUCHAS GRACIAS
Roberto Arosemena Jaén
1. El fondo de esta ponencia está sustentado por los Ensayos Históricos: Panamá Nación sin Estado, publicado en enero de 2014 y Panamá Nación atravesada por dos Tratados, en proceso de revisión, septiembre 2016. Ambos Ensayos son obras colegiadas suscritas por Roberto Arosemena Jaén, Antonio Cortés Madrid y Domingo González Estévez
Un desafío pendiente : Configurar la Historia Nacional de los Panameños(as) 1
Antecedente
He aquí el dilema de Panamá. Somos una nación configurada, políticamente y con pretensiones de ser cada día más “Estado Nación” respetada y proyectada al reconocimiento internacional. Igualmente, de otra parte, somos una comunidad que acepta pasivamente ser un país de tránsito y canalero. Nos debatimos entre un imaginario y una historia nacional por configurarse.
En efecto, esta tensión histórica no se puede ocultar con un simple espejismo y menos disolver con imaginarios colectivos publicitados como si fuesen cultura popular o idiosincrasia nacional. Los condicionantes históricos tienen que tomarse en cuenta. Nadie puede negar “que desde el momento en que nuestros antepasados nacidos en este territorio, decidieron asumir su propio futuro, se encontraron con una ocupación pactada a dos bandas, entre Washington y Bogotá".
Esta situación fue aprovechada unilateralmente por Washington para construir, primero un ferrocarril, luego un paso acuático. Lo paradójico del pacto por el canal fue que los Estados Unidos de América tuvieron que desconocer, en 1903, el Tratado Internacional de 1846. Un breve desconocimiento que se apresuraron a eliminar cuando una vez inaugurado el Canal de Esclusas, Washington vuelve a pactar con Bogotá las antiguas prerrogativas de Nueva Granada sobre Panamá ‒ el tratado Thompson-Urrutia.
Olvido historiográfico
Este Tratado decreta la obsolescencia y el anacronismo de la Convención de 1903. Lo sorprendente fue la pervivencia del Hay-Bunau-Varilla hasta 1977, Tratado que hacía del Canal, un bien enajenable en manos de Washington y sin posibilidad de desarrollar su potencial de ampliación y de atractivo comercial a todas las potencias y naciones del mundo. De este modo, el nuevo marco jurídico contractual sobre el Canal tendría que incorporar el arreglo del Thompson-Urrutia a la letra y a las concesiones que se firmaría en el Tratado de Neutralidad permanente del Canal y de Funcionamiento permanente del Canal de Panamá, en 1977.
Panamá aceptó con la firma del tratado Boyd-Liévano, del 20 de noviembre de 1976 y del Tratado de Montería de 23 de agosto de 1979, las prerrogativas que el gobierno estadounidense ya había concedido a Colombia en 1914.
El Hay-Bunau Varilla fue el instrumento del primer canal de Esclusas –además mero pretexto de la exclusión colombiana del control de la zona de tránsito-, mientras que la ampliación del segundo Canal de Esclusas, ratifica la validez del Thompson-Urrutia, fácticamente posible con la sustitución de la Convención Ístmica de 1903 por el Segundo Tratado Carter Torrijos y su reconocimiento internacional por las grandes potencias mundiales. Esta tesis confirma la hipótesis de que Panamá es un negocio canalero que ha determinado y condicionado la historia nacional y sepultado el proyecto nacional de constituir un Estado Soberano e independiente en favor de la identidad nacional.
El distanciamiento de Colombia en 1903 y el distanciamiento de los Estados Unidos de América en 1964, no fueron acontecimientos que tienen como causa el Canal sino la voluntad de liberación de un pueblo, que ya existe sin necesidad y a pesar del canal, y exige el aprovechamiento y la propiedad sobre todo su territorio, incluyendo las vías interoceánicas. Desde, estas perspectivas, es episódico el papel que jugaron y desempeñaron los participantes en los acontecimientos históricos que se dieron en el texto canalero. Lo significativo en la historiografía de la nación panameña es el contexto de una nación, orientada a ser un Estado y atravesada por el eje Washington-Bogotá.
Efectos del Thompson-Urrutia y el problema internacional entre Nicaragua y Colombia
El sonado caso del fallo del Tribunal de Justicia de la Haya que concede la soberanía sobre San Andrés, Providencia, Santa Catalina y otros islotes a la actual Colombia y cierta porción de Mar territorial a Nicaragua, igualmente, tiene su origen en el tratado de 1914 entre Estados Unidos y Colombia que fija los límites de Panamá en base a la ley neogranadina de junio de 1855.
Cuando la revolución de Mosquera triunfó en 1861, el caudillo liberal envió como su delegado a Panamá a don Manuel Murillo Toro, quien, con el Gobernador Santiago de la Guardia, suscribió el 6 de septiembre del citado año el denominado “Convenio de Colón”, mediante el cual Panamá pasó a formar parte de los Estados Unidos de la Nueva Granada. Vigente en Nueva Granada la Constitución de Rio Negro, cada Estado procedió a elaborar su propia Carta Fundamental.
La panameña, en su artículo 15, estableció que los límites con el Estado del Cauca estaban constituidos por “el río Atrato, desde su embocadura, aguas arriba, hasta su confluencia con el Napipí, de allí el curso de este río, aguas arriba, hasta su origen, y de allí una línea recta a la bahía de Cupica en el Pacífico”. No obstante el 7 de junio de 1862, Mosquera desconoce el Convenio de Colón y lo actuado en Panamá. Invade a Panamá y Santiago de la Guardia muere en combate. El Presidente del Estado del Cauca años después, solicitó ante la Corte Suprema de Justicia la suspensión del citado artículo de la constitución panameña, por considerar que afectaba la integridad territorial de su Estado. El Procurador General de la Nación aceptó la solicitud y mediante sentencia de la Corte Suprema de Justicia de fecha 12 de enero de 1864, por unanimidad de votos y con base en los artículos 1°, 5° y 72 de la Constitución Federal, suspendió lo dispuesto en el artículo 15 de la Constitución del Estado Soberano de Panamá. La Corte, así mismo, reiteró que los límites del Estado de Panamá eran los establecidos por el artículo 7° de la Ley de 1855” (Tomado de República de Colombia, Ministerio De Relaciones Exteriores. Arreglo de límites entre La República de Colombia y la República de Panamá, Bogotá , D. E. -- Imprenta Nacional de Colombia. 1982)
Es paradójico que el gobierno panameño haya olvidado históricamente este justo derecho a fijar los límites con Colombia y más bien se ponga en contra de las pretensiones nicaragüenses que abrirían el camino a las nuestras, cuando se trata del mar territorial que es la entrada marítima al Canal del Anexo A del Tratado de Neutralidad de 1977. Nicaragua procede a responder que respetará que sus aguas territoriales sean utilizadas como servidumbre del Canal de Esclusas, cuando en realidad son aguas territoriales panameñas. Todo se debe al silencio cómplice del gobierno y a la ignorancia de la sociedad panameña sobre el despojo que el Thompson-Urrutia comete contra Panamá.
Esta situación en perjuicio de la soberanía nacional se agrava con el Tratado Boyd-Liévano de 1976 entre Torrijos y López Michelsen, firmado a la víspera del Tratado de Neutralidad. Este Tratado de 1976 determina la línea fronteriza de las jurisdicciones –colombo panameñas- de áreas marinas y submarinas en el Caribe y en el Pacífico. La República de Panamá sigue permitiendo el desmembramiento de su territorio nacional ante las arremetidas del eje hostil, Washington- Bogotá, y el silencio cómplice de sus indignas autoridades.
Ya un profesor en Relaciones Internacionales de la Universidad de Panamá. Euclides E. Tapia (Ver artículo “El Tratado Boyd-Liévano”, La Prensa, 18 de octubre de 2013, p.19ª), sugirió que le corresponde a Panamá denunciar para anular el Tratado Boyd-Liévano y replantear el asuntos de límites marítimos. A partir de la Convención sobre el Derecho del Mar de 10 de diciembre de 1982 Panamá tiene derechos sobre su plataforma continental y no debe permitir que la pequeña Colombia nos impida acceso a aguas internacionales desde el Canal y mantenga preeminencia exclusiva en las aguas exteriores de la República de Panamá.
En reiteradas ocasiones, la historiografía panameña ha señalado la incongruencia de pertenecer geográficamente a Centro América y culturalmente a Sur América. Esta dicotomía se refuerza desde el norte y por designios geopolíticos de mantener el paso interoceánico secuestrado. De donde cobra sentido la combinación del imperialismo estadounidense con el sub imperialismo colombiano en contra de los derechos e intereses de la Patria panameña.
En efecto, el Plan Colombia, entre Washington y Bogotá y el Plan Puebla-Cartagena, que incorpora a México en esta sutil movida estratégica manifiesta esta articulación de los
intereses que conspiran contra la nación panameña. Panamá, sumergido en esta red de alianzas, al menos, debe reconocer dónde y cómo actuar y con quiénes debe articular la defensa de la integridad nacional.
Por ejemplo, el anunciado negocio de la construcción de un canal chino por Nicaragua, motiva al gobierno colombiano a establecer posibles alianzas con el pacto militar del Atlántico Norte (OTAN) como si el Canal fuese suyo y Panamá no se apresura a declarar la necesidad de neutralizar el área del caribe, como se planteó, en 1936 el gobierno panameño. Es oportuno recordar que toda la porción de mar, Islas, Islotes y Peñones se concedieron arbitrariamente por los Estados Unidos a Colombia, en virtud del Tratado Thompson-Urrutia. Una vez más, la garantía de la soberanía panameña en manos de los Estados Unidos se utilizaba en perjuicio de Panamá y los gobernantes de turno panameño se contentaban con recibir dádivas, en lugar de consignar derechos y prerrogativas nacionales y estatales. La soberanía sobre ese mar y sobre esas tierras –cayos, peñas e islas- correspondía ejercerla a Panamá.
Para comparar el silencio panameño y la agresividad nicaragüense basta recordar, que Nicaragua con Somoza acepta la validez de las fronteras fijadas por el Thompson-Urrutia, mediante el Tratado Bárcenas Meneses-Esguerra acordado entre Nicaragua y Colombia y ratificado el 6 de marzo de 1930, cuando los Estados Unidos de América ocupaba Nicaragua. La Junta de Reconstrucción Nacional, presidida por Violeta Chamorro, denuncia este Tratado, el 29 de febrero de 1980. Esta eventualidad había sido prevista por los estrategas estadounidenses y colombianos cuando el General Torrijos negocia y aprueba el Tratado Boyd-Liévano de 1976, que obliga a Panamá a no exigir jurisdicción sobre esas aguas, tierras y plataformas.
Cualquier observador imparcial, como la Corte Internacional de Justicia de la Haya, reconoce la invalidez de los arreglos “amistosos” entre Panamá y Colombia y la denuncia del Tratado Bárcenas Meneses-Esguerra de 1980. Decir que la nación panameña no ha logrado construir ni configurar un estado soberano, es una hipótesis válida y necesaria para lograrlo en los próximos años. Sí lo logró Nicaragua con un gobierno de conciliación, con el triunfo de los sandinistas, en 1980.
Panamá tendrá iguales y mejores oportunidades cuando logre a través de una Constituyente afirmar una democracia participativa, ajusticiar a los gobernantes corruptos y eliminar la impunidad pública y privada.
MUCHAS GRACIAS
Roberto Arosemena Jaén
1. El fondo de esta ponencia está sustentado por los Ensayos Históricos: Panamá Nación sin Estado, publicado en enero de 2014 y Panamá Nación atravesada por dos Tratados, en proceso de revisión, septiembre 2016. Ambos Ensayos son obras colegiadas suscritas por Roberto Arosemena Jaén, Antonio Cortés Madrid y Domingo González Estévez
lunes, 5 de septiembre de 2016
Conocer para innovar
Francisco Díaz Montilla
El reconocido filósofo argentino, Mario Bunge, ha escrito algo que debiera alertarnos sobre la necesidad de definir políticas públicas en materia de investigación científica: “El desarrollo integral de una nación moderna involucra el desarrollo de su ciencia. Primero, porque lo necesita la economía del país si aspira a ser múltiple, dinámica e independiente. Segundo, porque no hay cultura moderna sin una vigorosa ciencia al día. Tercero, porque la ciencia puede contribuir a conformar una ideología adecuada al desarrollo…”. (La filosofía de la investigación científica en los países en desarrollo).
Para avanzar necesitamos más conocimiento científico, no menos. Pero la construcción de conocimiento no es fácil. Según la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt) enfrentamos, como país, cuatro desafíos: Alcanzar un mayor grado de desarrollo sostenible, avanzar en el desarrollo inclusivo, consolidar altos niveles de competitividad sostenible, y desarrollar una mayor capacidad de generación, adaptación, difusión, y utilización del conocimiento. Se trata de retos interdependientes que plantean las siguientes interrogantes: ¿cómo puede una sociedad atascada en la tradición y en la superstición desarrollar lo expresado arriba? Con carencias tan ostensibles en materia científica, ¿cómo alcanzar una economía múltiple, dinámica e independiente? ¿Bajo qué condiciones podríamos hablar, razonablemente, de desarrollo en este país?
Según Senacyt, enfrentar los desafíos enunciados no es tarea fácil porque “el país no ha aumentado sus inversiones en investigación; por el contrario, con relación al PIB, las ha reducido de cerca de 0.4% en 1990, al 0.2% en 2012, muy por debajo de la media regional de 0.7%, y es limitado el número de investigadores. Hasta 2012 ellos representaban 142.46 por millón de habitantes, una de las proporciones más bajas de la región”. Además, pareciera que el conocimiento científico no es lo suficientemente valorado en nuestro entorno. Para que tengamos una idea de esto, “las empresas (…), se encuentran fuertemente rezagadas en la realización de esfuerzos de investigación e innovación”. El aporte del sector privado a la investigación es mínimo, por “el orden del 0.2% o 0.3% del gasto total, y el Estado no logra incentivar de manera efectiva su participación”. Por otro lado, “el mercado laboral no exige competencias avanzadas, por su propia condición y, de hecho, las penaliza”.
Es decir, nos encontramos inmersos en una realidad que no constituye un escenario ideal para la generación y desarrollo del conocimiento. ¿Qué hacer, entonces? Algunos cursos de acción son cuasievidentes, por ejemplo, fomentar una cultura científica en todos los niveles de formación. Pero no se puede lograr ese objetivo a menos que se refuerce la cultura científica de los docentes, lo que requiere re-asignar recursos para financiamiento de programas educativos en ciencias. Se me ocurre que el retorno social podría ser mayor destinando fondos al estudio de la ciencia, que financiando la beca universal. Pero, sobre todo, es necesario incorporar al sector privado, ya sea a través de incentivos fiscales o de otros instrumentos financieros.
http://www.prensa.com/opinion/Conocer-innovar_0_4567793273.html
El reconocido filósofo argentino, Mario Bunge, ha escrito algo que debiera alertarnos sobre la necesidad de definir políticas públicas en materia de investigación científica: “El desarrollo integral de una nación moderna involucra el desarrollo de su ciencia. Primero, porque lo necesita la economía del país si aspira a ser múltiple, dinámica e independiente. Segundo, porque no hay cultura moderna sin una vigorosa ciencia al día. Tercero, porque la ciencia puede contribuir a conformar una ideología adecuada al desarrollo…”. (La filosofía de la investigación científica en los países en desarrollo).
Para avanzar necesitamos más conocimiento científico, no menos. Pero la construcción de conocimiento no es fácil. Según la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt) enfrentamos, como país, cuatro desafíos: Alcanzar un mayor grado de desarrollo sostenible, avanzar en el desarrollo inclusivo, consolidar altos niveles de competitividad sostenible, y desarrollar una mayor capacidad de generación, adaptación, difusión, y utilización del conocimiento. Se trata de retos interdependientes que plantean las siguientes interrogantes: ¿cómo puede una sociedad atascada en la tradición y en la superstición desarrollar lo expresado arriba? Con carencias tan ostensibles en materia científica, ¿cómo alcanzar una economía múltiple, dinámica e independiente? ¿Bajo qué condiciones podríamos hablar, razonablemente, de desarrollo en este país?
Según Senacyt, enfrentar los desafíos enunciados no es tarea fácil porque “el país no ha aumentado sus inversiones en investigación; por el contrario, con relación al PIB, las ha reducido de cerca de 0.4% en 1990, al 0.2% en 2012, muy por debajo de la media regional de 0.7%, y es limitado el número de investigadores. Hasta 2012 ellos representaban 142.46 por millón de habitantes, una de las proporciones más bajas de la región”. Además, pareciera que el conocimiento científico no es lo suficientemente valorado en nuestro entorno. Para que tengamos una idea de esto, “las empresas (…), se encuentran fuertemente rezagadas en la realización de esfuerzos de investigación e innovación”. El aporte del sector privado a la investigación es mínimo, por “el orden del 0.2% o 0.3% del gasto total, y el Estado no logra incentivar de manera efectiva su participación”. Por otro lado, “el mercado laboral no exige competencias avanzadas, por su propia condición y, de hecho, las penaliza”.
Es decir, nos encontramos inmersos en una realidad que no constituye un escenario ideal para la generación y desarrollo del conocimiento. ¿Qué hacer, entonces? Algunos cursos de acción son cuasievidentes, por ejemplo, fomentar una cultura científica en todos los niveles de formación. Pero no se puede lograr ese objetivo a menos que se refuerce la cultura científica de los docentes, lo que requiere re-asignar recursos para financiamiento de programas educativos en ciencias. Se me ocurre que el retorno social podría ser mayor destinando fondos al estudio de la ciencia, que financiando la beca universal. Pero, sobre todo, es necesario incorporar al sector privado, ya sea a través de incentivos fiscales o de otros instrumentos financieros.
http://www.prensa.com/opinion/Conocer-innovar_0_4567793273.html
domingo, 14 de agosto de 2016
Más allá de la ley y de las guías, la reacción patriarcal
Urania Atenea Ungo M.
Al examinar el actual debate en la sociedad panameña sobre la salud y los derechos sexuales y reproductivos de las personas jóvenes (la propuesta Ley 61 y las guías de orientación sexual para los docentes en el sistema público de la educación primaria y media) es evidente un vacío, un algo que escapa en la aguda y chirriante controversia, dado que al parecer hay acuerdo en que deben las y los jóvenes recibirla.
Y sin embargo…valiéndose de diversos argumentos se sigue privando a la niñez y la juventud de orientación y apoyo. La cuestión es que no hay tal vacío, sino que el fundamentalismo no puede confesar sus reales últimos fines.
Continuar leyendo:
http://laestrella.com.pa/panama/politica/alla-guias-reaccion-patriarcal/23956093
Al examinar el actual debate en la sociedad panameña sobre la salud y los derechos sexuales y reproductivos de las personas jóvenes (la propuesta Ley 61 y las guías de orientación sexual para los docentes en el sistema público de la educación primaria y media) es evidente un vacío, un algo que escapa en la aguda y chirriante controversia, dado que al parecer hay acuerdo en que deben las y los jóvenes recibirla.
Y sin embargo…valiéndose de diversos argumentos se sigue privando a la niñez y la juventud de orientación y apoyo. La cuestión es que no hay tal vacío, sino que el fundamentalismo no puede confesar sus reales últimos fines.
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http://laestrella.com.pa/panama/politica/alla-guias-reaccion-patriarcal/23956093
martes, 26 de julio de 2016
A propósito de la ‘ideología’ de género
Francisco Díaz Montilla
Mucho se habla en estos días de ideología (en realidad enfoque) de género como algo nefasto y peligroso. Sin embargo, en el ámbito académico de las ciencias sociales, “género” es una categoría, al igual que en física lo son “masa” y “trabajo”. Como tal tiene un sentido técnico, que no se debe confundir con el sentido de habla corriente o cotidiano. El enfoque de género no es más que la puesta en perspectiva teórica de las diferentes oportunidades que tienen hombres y mujeres, sus interrelaciones y los distintos papeles que se les asigna.
Tal vez el uso corriente lleve a confundir (identificar) el género con el sexo, del mismo modo en que se confunde la masa de un cuerpo con su peso. Parte del rol de la explicación científica es evitar tales equívocos. Académicamente, cuando se habla de género como construcción social se trata de algo distinto al sentido que habitualmente le atribuimos a esa palabra. El sentido constructivista no es, sin embargo, arbitrario ni antojadizo, tiene un fuerte respaldo empírico.
Al nacer, los individuos son clasificados, por ciertas condiciones fácticas, en distintos sexos. Pero esas condiciones (si se quiere naturales) son diferentes a las expectativas socioculturales que se tiene de ellos. Es a partir de estas que se construye el género. Aunque se piensa que esas expectativas están condicionadas por la naturaleza, nada tienen que ver con ella, son consecuencia de procesos de interacción, en los que se estipulan roles que, en teoría, deben asumirse sin más, aunque los hechos muestren otra cosa. Así, desde el punto de vista constructivo se rompe con la identidad sexo-género a la que nos tiene acostumbrado el sentido común. Esta idea supone una revolución para la comprensión de las relaciones entre individuos a todos los niveles: social, político, económico, individual, sexual y reproductivo. Quizás sea este carácter revolucionario la fuente de tanto miedo.
Cuando se dice que el enfoque de género –éticamente inclusivo– es ideología se busca descalificar. El Diccionario de la lengua española registra dos sentidos de la palabra ideología; el primero significa: “Conjunto de ideas fundamentales que caracteriza el pensamiento de una persona, colectividad o época, de un movimiento cultural, religioso o político, etcétera”, y el segundo: “Doctrina que a finales del siglo XVIII y principios del XIX tuvo por objeto el estudio de las ideas”.
En el primero, por lo tanto, si lo ideológico es suficiente para descalificar, entonces dado que lo religioso no escapa de ello, al aplicarse a sí mismo equivale a una autodescalificación. Argumentar desde la Biblia para oponerse al proyecto de ley 61 presupone una postura ideológica. Si lo ideológico fuese suficiente para desestimar el enfoque de género, por lógica, también habría de serlo para desestimar el enfoque que proponen los grupos religiosos y quienes los secundan. Pero, al menos, el enfoque de género ofrece ventajas a ponderar: No es dogmático, es autocrítico, autocorregible, abierto y ofrece soluciones realistas a un problema que –de mantenerse– terminará asfixiándonos a todos.
http://www.prensa.com/opinion/proposito-ideologia-Francisco-Diaz-Montilla_0_4537046382.html
Mucho se habla en estos días de ideología (en realidad enfoque) de género como algo nefasto y peligroso. Sin embargo, en el ámbito académico de las ciencias sociales, “género” es una categoría, al igual que en física lo son “masa” y “trabajo”. Como tal tiene un sentido técnico, que no se debe confundir con el sentido de habla corriente o cotidiano. El enfoque de género no es más que la puesta en perspectiva teórica de las diferentes oportunidades que tienen hombres y mujeres, sus interrelaciones y los distintos papeles que se les asigna.
Tal vez el uso corriente lleve a confundir (identificar) el género con el sexo, del mismo modo en que se confunde la masa de un cuerpo con su peso. Parte del rol de la explicación científica es evitar tales equívocos. Académicamente, cuando se habla de género como construcción social se trata de algo distinto al sentido que habitualmente le atribuimos a esa palabra. El sentido constructivista no es, sin embargo, arbitrario ni antojadizo, tiene un fuerte respaldo empírico.
Al nacer, los individuos son clasificados, por ciertas condiciones fácticas, en distintos sexos. Pero esas condiciones (si se quiere naturales) son diferentes a las expectativas socioculturales que se tiene de ellos. Es a partir de estas que se construye el género. Aunque se piensa que esas expectativas están condicionadas por la naturaleza, nada tienen que ver con ella, son consecuencia de procesos de interacción, en los que se estipulan roles que, en teoría, deben asumirse sin más, aunque los hechos muestren otra cosa. Así, desde el punto de vista constructivo se rompe con la identidad sexo-género a la que nos tiene acostumbrado el sentido común. Esta idea supone una revolución para la comprensión de las relaciones entre individuos a todos los niveles: social, político, económico, individual, sexual y reproductivo. Quizás sea este carácter revolucionario la fuente de tanto miedo.
Cuando se dice que el enfoque de género –éticamente inclusivo– es ideología se busca descalificar. El Diccionario de la lengua española registra dos sentidos de la palabra ideología; el primero significa: “Conjunto de ideas fundamentales que caracteriza el pensamiento de una persona, colectividad o época, de un movimiento cultural, religioso o político, etcétera”, y el segundo: “Doctrina que a finales del siglo XVIII y principios del XIX tuvo por objeto el estudio de las ideas”.
En el primero, por lo tanto, si lo ideológico es suficiente para descalificar, entonces dado que lo religioso no escapa de ello, al aplicarse a sí mismo equivale a una autodescalificación. Argumentar desde la Biblia para oponerse al proyecto de ley 61 presupone una postura ideológica. Si lo ideológico fuese suficiente para desestimar el enfoque de género, por lógica, también habría de serlo para desestimar el enfoque que proponen los grupos religiosos y quienes los secundan. Pero, al menos, el enfoque de género ofrece ventajas a ponderar: No es dogmático, es autocrítico, autocorregible, abierto y ofrece soluciones realistas a un problema que –de mantenerse– terminará asfixiándonos a todos.
http://www.prensa.com/opinion/proposito-ideologia-Francisco-Diaz-Montilla_0_4537046382.html
miércoles, 20 de julio de 2016
Carta al rector magnífico
Roberto Arosemena Jaén
Ante la intempestiva derrota electoral del rector Gustavo García de Paredes se han creado expectativas muy positivas sobre la renovación de la Universidad de Panamá. Dr. Eduardo Flores Castro, usted ha querido y ha logrado, después de dos laudables esfuerzos, el apoyo irrestricto de los tres estamentos universitarios para asumir el cargo de rector.
Esto significa en “buen panameño” que usted está dispuesto y preparado para asumir los retos que implica ser la máxima autoridad de la Universidad de Panamá y su representante legal. De la Universidad de Panamá, dice la ley, no de la mal llamada Casa de Octavio Méndez Pereira y menos, “Casa de Gustavo García de Paredes”. El momento de llamar a las instituciones por su nombre ha llegado, y hay que dejar de acudir a simbolismos e íconos del pasado.
Estimado, Dr. Flores, sé y conozco de su crítica directa al centralismo del anacrónico rector magnífico, que podría estar en su puesto hasta el 1 de octubre del presente. Le recuerdo el irracional e inviable artículo 86, del Estatuto Universitario:
Independientemente, Dr. Flores, de su voluntad de liquidar el centralismo señalado en el manejo de los órganos de gobierno de la Universidad de Panamá, que por mandato de la ley es una institución democrática, usted está obligado –iuris tantum– a cumplir con el Estatuto Universitario, patológicamente afectado de centralismo.
Usted debe saber cómo evitar esta desvergüenza. La pregunta que le hago es: ¿Cómo vamos a lograr sustituir esta normativa? Está su núcleo de colaboradores dispuesto a renunciar a estas prerrogativas. Espero que todos hayan sido consultados al respecto.
Otro aspecto que me atrevo a presentar en esta carta abierta es el absurdo de la gestión universitaria, basada en comisiones de libre nombramiento y remoción de los decanos, para asuntos tan importantes como el reclutamiento de los profesores, para la docencia, investigación y extensión. Esto se llama “banco de datos”. El profesor que se someterá a concurso debe pertenecer a un banco de datos por cinco años. Estos son síntomas de corporativismo.
Otro síntoma de tráfico de influencia es la Comisión de Evaluación del Desempeño y Ejecutorias del Docente. Esta evalúa, en nombre del decanato, y sus resultados son de libre administración de la Vicerrectoría Académica y, en última instancia, como se ha visto, bajo control del mismo rector magnífico.
Estimado próximo rector magnífico, por su esfuerzo desplegado, usted se merece una transición fluida y responsable. Su equipo debería estar proyectando el próximo presupuesto que se aprobará a fin de año. Usted debería recibir, directamente, los informes de rendición de cuentas de todos los órganos de gobierno y de todas las autoridades que finalizan en septiembre de este año. Creo que el apoyo recibido electoralmente le faculta a tomar estas decisiones.
http://impresa.prensa.com/opinion/Carta-magnifico-Roberto-Arosemena-Jaen_0_4533296682.html
Ante la intempestiva derrota electoral del rector Gustavo García de Paredes se han creado expectativas muy positivas sobre la renovación de la Universidad de Panamá. Dr. Eduardo Flores Castro, usted ha querido y ha logrado, después de dos laudables esfuerzos, el apoyo irrestricto de los tres estamentos universitarios para asumir el cargo de rector.
Esto significa en “buen panameño” que usted está dispuesto y preparado para asumir los retos que implica ser la máxima autoridad de la Universidad de Panamá y su representante legal. De la Universidad de Panamá, dice la ley, no de la mal llamada Casa de Octavio Méndez Pereira y menos, “Casa de Gustavo García de Paredes”. El momento de llamar a las instituciones por su nombre ha llegado, y hay que dejar de acudir a simbolismos e íconos del pasado.
Estimado, Dr. Flores, sé y conozco de su crítica directa al centralismo del anacrónico rector magnífico, que podría estar en su puesto hasta el 1 de octubre del presente. Le recuerdo el irracional e inviable artículo 86, del Estatuto Universitario:
“Son funciones del rector de la Universidad de Panamá: a) Convocar y presidir el Consejo General Universitario, el Consejo Académico, el Consejo Administrativo, el Consejo de Investigación, el Consejo de Centros Universitarios, los Consejos de Facultades y la Junta de Institutos”.Como si estas atribuciones no fuesen suficientes, estimado próximo rector, el artículo 57 que obliga a los otros órganos de gobierno, que no son presididos por el rector (junta de facultad, juntas de escuelas, junta departamental, juntas de coordinación de facultades)
“que una medida por ella acordada (se refiere a las cuatro juntas indicadas), deba ser conocida a la mayor brevedad por el rector, autorizará al decano (y a cualquiera de los directores de estas respectivas juntas) para que se le comunique antes de que sea aprobada el acta de la respectiva sesión, y el rector podrá hacer uso de su derecho de objeción o aprobación ante la junta de facultad (o cualquiera de las cuatro juntas mencionadas)”.¡El centralismo impúdico alcanza un horizonte casi absoluto, con esta normativa!
Independientemente, Dr. Flores, de su voluntad de liquidar el centralismo señalado en el manejo de los órganos de gobierno de la Universidad de Panamá, que por mandato de la ley es una institución democrática, usted está obligado –iuris tantum– a cumplir con el Estatuto Universitario, patológicamente afectado de centralismo.
Usted debe saber cómo evitar esta desvergüenza. La pregunta que le hago es: ¿Cómo vamos a lograr sustituir esta normativa? Está su núcleo de colaboradores dispuesto a renunciar a estas prerrogativas. Espero que todos hayan sido consultados al respecto.
Otro aspecto que me atrevo a presentar en esta carta abierta es el absurdo de la gestión universitaria, basada en comisiones de libre nombramiento y remoción de los decanos, para asuntos tan importantes como el reclutamiento de los profesores, para la docencia, investigación y extensión. Esto se llama “banco de datos”. El profesor que se someterá a concurso debe pertenecer a un banco de datos por cinco años. Estos son síntomas de corporativismo.
Otro síntoma de tráfico de influencia es la Comisión de Evaluación del Desempeño y Ejecutorias del Docente. Esta evalúa, en nombre del decanato, y sus resultados son de libre administración de la Vicerrectoría Académica y, en última instancia, como se ha visto, bajo control del mismo rector magnífico.
Estimado próximo rector magnífico, por su esfuerzo desplegado, usted se merece una transición fluida y responsable. Su equipo debería estar proyectando el próximo presupuesto que se aprobará a fin de año. Usted debería recibir, directamente, los informes de rendición de cuentas de todos los órganos de gobierno y de todas las autoridades que finalizan en septiembre de este año. Creo que el apoyo recibido electoralmente le faculta a tomar estas decisiones.
http://impresa.prensa.com/opinion/Carta-magnifico-Roberto-Arosemena-Jaen_0_4533296682.html
viernes, 15 de julio de 2016
lunes, 11 de julio de 2016
¡Es hora de tomar decisiones!
Francisco Díaz Montilla
Kenneth Arrow enseñó que cuando de decisiones se trata, si hay dos integrantes y al menos tres opciones entre las que se debe elegir, es imposible diseñar una regla de elección social que satisfaga ciertas condiciones de racionalidad y un mínimo de condiciones consideradas democráticas (principio de no-dictadura y principio de no-imposición). Esta idea aplicada a la discusión sobre el proyecto 61, por el que se adoptan políticas públicas de educación integral, atención y promoción de la salud, implica que no existe una salida democrática a este tema, y que una salida realista no puede darse al margen de cierta imposición. La cuestión es ¿quién asumirá el rol de dictador para salir del atolladero en el que estamos desde hace casi una década: ¿la Iglesia, alguna asociación pro vida o pro familia, el Estado a través del Legislativo?
La Iglesia solicitó que el proyecto sea devuelto a primer debate, eso equivaldría a empantanarse más. Llegó la hora de tomar decisiones, la Asamblea Nacional debe cumplir con su tarea. ¡Ya se ha discutido suficiente! El proyecto tiene al menos tres componentes: Educativo, sanitario y jurídico; lamentablemente, quienes se oponen han distorsionado contenidos, tanto del proyecto como de las guías que elabora el Ministerio de Educación.
No se debe perder de vista que constitucional y legalmente, la educación pública es responsabilidad del Estado; aunque hay un espacio para la educación en el hogar (ámbito privado), dicho espacio no es absoluto. En segundo lugar, que el componente educativo es una estrategia para enfrentar un problema de salud pública; es decir, contrario a lo que argumentan algunos sectores, se trata de un estado de cosas que desborda el ámbito hogareño; por lo que, el Estado a través de sus instituciones educativas y de salud, está plenamente facultado para actuar.
Estas razones, aunque quizás insuficientes, son a favor del proyecto. Sin embargo, que tengamos una ley en esa línea, no implica que todos deban someterse a ella, por muy altruista que esta sea. La Constitución, por ejemplo, en el artículo 107 señala: “Se enseñará la religión católica en las escuelas públicas, pero su aprendizaje y la asistencia a actos de cultos religiosos no serán obligatorios cuando lo soliciten sus padres o tutores”.
La enseñanza de la religión católica en las escuelas públicas, por tanto, solo tiene sentido bajo el presupuesto del consentimiento de los padres o tutores. Se podrá objetar que enseñanza religiosa no es educación después de todo, de ahí la excepción constitucional. Pero mi punto es que, por analogía, en la ley se podría condicionar la enseñanza de la educación sexual a menores al consentimiento de los padres o tutores. Esta salida implicaría tres cosas: que los padres que no estimen necesario que sus hijos reciban educación sexual puedan hacer su solicitud formal al respecto; que se garantiza al resto de la población el derecho a que se les proporcione educación sobre un tema que no debe ignorarse y que redundará en su propio beneficio; y que no se vulnera el principio de libertad de decisión (elección) de los padres o tutores.
http://impresa.prensa.com/opinion/tomar-decisiones-Francisco-Diaz-Montilla_0_4526547367.html
Kenneth Arrow enseñó que cuando de decisiones se trata, si hay dos integrantes y al menos tres opciones entre las que se debe elegir, es imposible diseñar una regla de elección social que satisfaga ciertas condiciones de racionalidad y un mínimo de condiciones consideradas democráticas (principio de no-dictadura y principio de no-imposición). Esta idea aplicada a la discusión sobre el proyecto 61, por el que se adoptan políticas públicas de educación integral, atención y promoción de la salud, implica que no existe una salida democrática a este tema, y que una salida realista no puede darse al margen de cierta imposición. La cuestión es ¿quién asumirá el rol de dictador para salir del atolladero en el que estamos desde hace casi una década: ¿la Iglesia, alguna asociación pro vida o pro familia, el Estado a través del Legislativo?
La Iglesia solicitó que el proyecto sea devuelto a primer debate, eso equivaldría a empantanarse más. Llegó la hora de tomar decisiones, la Asamblea Nacional debe cumplir con su tarea. ¡Ya se ha discutido suficiente! El proyecto tiene al menos tres componentes: Educativo, sanitario y jurídico; lamentablemente, quienes se oponen han distorsionado contenidos, tanto del proyecto como de las guías que elabora el Ministerio de Educación.
No se debe perder de vista que constitucional y legalmente, la educación pública es responsabilidad del Estado; aunque hay un espacio para la educación en el hogar (ámbito privado), dicho espacio no es absoluto. En segundo lugar, que el componente educativo es una estrategia para enfrentar un problema de salud pública; es decir, contrario a lo que argumentan algunos sectores, se trata de un estado de cosas que desborda el ámbito hogareño; por lo que, el Estado a través de sus instituciones educativas y de salud, está plenamente facultado para actuar.
Estas razones, aunque quizás insuficientes, son a favor del proyecto. Sin embargo, que tengamos una ley en esa línea, no implica que todos deban someterse a ella, por muy altruista que esta sea. La Constitución, por ejemplo, en el artículo 107 señala: “Se enseñará la religión católica en las escuelas públicas, pero su aprendizaje y la asistencia a actos de cultos religiosos no serán obligatorios cuando lo soliciten sus padres o tutores”.
La enseñanza de la religión católica en las escuelas públicas, por tanto, solo tiene sentido bajo el presupuesto del consentimiento de los padres o tutores. Se podrá objetar que enseñanza religiosa no es educación después de todo, de ahí la excepción constitucional. Pero mi punto es que, por analogía, en la ley se podría condicionar la enseñanza de la educación sexual a menores al consentimiento de los padres o tutores. Esta salida implicaría tres cosas: que los padres que no estimen necesario que sus hijos reciban educación sexual puedan hacer su solicitud formal al respecto; que se garantiza al resto de la población el derecho a que se les proporcione educación sobre un tema que no debe ignorarse y que redundará en su propio beneficio; y que no se vulnera el principio de libertad de decisión (elección) de los padres o tutores.
http://impresa.prensa.com/opinion/tomar-decisiones-Francisco-Diaz-Montilla_0_4526547367.html
viernes, 1 de julio de 2016
viernes, 24 de junio de 2016
Nuestro canal: reflexiones que deben ser recordadas después del 26 de junio de 2016
Roberto Arosemena Jaén
El imaginario colectivo ha declarado que el Canal de Esclusas es panameño. Este alarde de propietario se alimenta de declaraciones oficiales, mediáticas y de redes sociales de información. Estamos esperanzados que el 26 de junio de 2016 el futuro de riquezas y bienestar se derramarán sobre la sociedad panameña. Ya no se trata de la vieja fantasía de 1903, sino de la realidad aclamada del Canal Ampliado. Por desgracia, es una horrible falacia.
No obstante, el país está de fiesta y las celebraciones se comparten selectiva y masivamente en pequeños y grandes festines. Todos estamos invitados, pero nunca dejan de faltar los aguafiestas, y yo me incluyo entre ellos. Me opuse al Tratado de neutralidad permanente, votado en dictadura; me opuse al Referendo de la Ampliación, donde más de la mitad se abstuvo y casi un tercio votó en contra. En efecto, el 70% de los que votaron, votaron por la Ampliación.
Por otra parte, me cuento entre los ciudadanos que aspiran y luchan, en la medida de sus posibilidades, por una patria soberana y una comunidad próspera y digna. Somos dueños no sólo del Canal, sino de la Zona de Tránsito, de sus aguas ribereñas, de sus minas y cuencas hidrográficas. En esto consiste, la verdad histórica de la lucha de los panameños. Sólo la verdad de este proyecto histórico de nación, nos hará libres.
Urge insistir en la verdad histórica para ser libres. Es un hecho notorio que se tiene un pacto de funcionamiento permanente del Canal. Los Instrumentos de Ratificación –prohíben a Panamá a hacer un presupuesto para que los peajes beneficien a su población. El objetivo de los peajes es autofinanciar al Canal. No existe incertidumbre sobre los Ingresos del Canal. La Reserva 4 y Entendimiento 1 del Tratado de Neutralidad y Funcionamiento permanente son de estricto cumplimiento. De qué sirve ser dueño formal y hasta constitucional de todo nuestro territorio, sino tenemos libertad ni arbitrio para establecer un presupuesto canalero que produzca ingresos fiscales. Los excedentes del Canal son migajas para un país empobrecido.
Armadores, compañías navieras, inversionistas, mandatarios, emprendedores y especuladores mundiales están deslumbrados por esta magna obra que beneficia a los dueños del transporte marítimo de la costa este y oeste de los Estados Unidos de América y al resto de los comerciantes y armadores del mundo. Este plan deliberado y perverso de beneficiar a los fuertes fue vislumbrado por Jimmy Carter y Omar Torrijos cuando firmaron los criterios y los factores a considerar para determinar los ingresos del Canal.
La realidad y la seguridad jurídica del manejo del Canal Ampliado se basa en un protocolo ya pactado y que las autoridades panameñas no se atreven a debatir. Todo lo contrario, quieren sepultar nuestras claudicaciones en ese imaginario masivo de que el Canal es Nuestro.
Algunos defensores oficiosos de la administración canalera, en rigor, tendrán que proponer alternativas beneficiosas para la población panameña. Estas oportunidades colaterales tendrán que surgir no de las migajas de los excedentes, sino de las inversiones que se desarrollen en las riberas del Canal para darle apoyo logístico al aumento del tráfico.
Hay que superar el protocolo del manejo actual que imponen los tratados canaleros. Es una labor difícil pero impostergable. El tema del canal no es de imaginarios sino de realizaciones. Es un tema político de realismo fáctico –no mágico-. Además, es un tema de la esfera pública. Tema que requiere de una cultura de reciprocidad y equilibrio diplomático que tiene que distanciarse del exhibicionismo publicitario y del reduccionismo administrativo, que blinda de la consulta democrática y ciudadana todo lo concerniente al mito del Canal. Gritar que somos dueños del Canal es repetir esa paradoja que Justo Arosemena señaló 150 años atrás: saludar en los puertos a buques con banderas que no son nuestras.
El autor es filósofo y abogado panameño.
El imaginario colectivo ha declarado que el Canal de Esclusas es panameño. Este alarde de propietario se alimenta de declaraciones oficiales, mediáticas y de redes sociales de información. Estamos esperanzados que el 26 de junio de 2016 el futuro de riquezas y bienestar se derramarán sobre la sociedad panameña. Ya no se trata de la vieja fantasía de 1903, sino de la realidad aclamada del Canal Ampliado. Por desgracia, es una horrible falacia.
No obstante, el país está de fiesta y las celebraciones se comparten selectiva y masivamente en pequeños y grandes festines. Todos estamos invitados, pero nunca dejan de faltar los aguafiestas, y yo me incluyo entre ellos. Me opuse al Tratado de neutralidad permanente, votado en dictadura; me opuse al Referendo de la Ampliación, donde más de la mitad se abstuvo y casi un tercio votó en contra. En efecto, el 70% de los que votaron, votaron por la Ampliación.
Por otra parte, me cuento entre los ciudadanos que aspiran y luchan, en la medida de sus posibilidades, por una patria soberana y una comunidad próspera y digna. Somos dueños no sólo del Canal, sino de la Zona de Tránsito, de sus aguas ribereñas, de sus minas y cuencas hidrográficas. En esto consiste, la verdad histórica de la lucha de los panameños. Sólo la verdad de este proyecto histórico de nación, nos hará libres.
Urge insistir en la verdad histórica para ser libres. Es un hecho notorio que se tiene un pacto de funcionamiento permanente del Canal. Los Instrumentos de Ratificación –prohíben a Panamá a hacer un presupuesto para que los peajes beneficien a su población. El objetivo de los peajes es autofinanciar al Canal. No existe incertidumbre sobre los Ingresos del Canal. La Reserva 4 y Entendimiento 1 del Tratado de Neutralidad y Funcionamiento permanente son de estricto cumplimiento. De qué sirve ser dueño formal y hasta constitucional de todo nuestro territorio, sino tenemos libertad ni arbitrio para establecer un presupuesto canalero que produzca ingresos fiscales. Los excedentes del Canal son migajas para un país empobrecido.
Armadores, compañías navieras, inversionistas, mandatarios, emprendedores y especuladores mundiales están deslumbrados por esta magna obra que beneficia a los dueños del transporte marítimo de la costa este y oeste de los Estados Unidos de América y al resto de los comerciantes y armadores del mundo. Este plan deliberado y perverso de beneficiar a los fuertes fue vislumbrado por Jimmy Carter y Omar Torrijos cuando firmaron los criterios y los factores a considerar para determinar los ingresos del Canal.
La realidad y la seguridad jurídica del manejo del Canal Ampliado se basa en un protocolo ya pactado y que las autoridades panameñas no se atreven a debatir. Todo lo contrario, quieren sepultar nuestras claudicaciones en ese imaginario masivo de que el Canal es Nuestro.
Algunos defensores oficiosos de la administración canalera, en rigor, tendrán que proponer alternativas beneficiosas para la población panameña. Estas oportunidades colaterales tendrán que surgir no de las migajas de los excedentes, sino de las inversiones que se desarrollen en las riberas del Canal para darle apoyo logístico al aumento del tráfico.
Hay que superar el protocolo del manejo actual que imponen los tratados canaleros. Es una labor difícil pero impostergable. El tema del canal no es de imaginarios sino de realizaciones. Es un tema político de realismo fáctico –no mágico-. Además, es un tema de la esfera pública. Tema que requiere de una cultura de reciprocidad y equilibrio diplomático que tiene que distanciarse del exhibicionismo publicitario y del reduccionismo administrativo, que blinda de la consulta democrática y ciudadana todo lo concerniente al mito del Canal. Gritar que somos dueños del Canal es repetir esa paradoja que Justo Arosemena señaló 150 años atrás: saludar en los puertos a buques con banderas que no son nuestras.
El autor es filósofo y abogado panameño.
martes, 14 de junio de 2016
El alto costo de la educación superior
Francisco Díaz Montilla
Posiblemente, una de las pocas verdades claras y distintas en materia económica es que nada es gratuito. La Constitución panameña, por ejemplo, señala que la educación (inicial, premedia y media) es gratuita, pero si nos detenemos por un momento a evaluar la ley presupuestaria, nos percataremos de cuán costosa es realmente.
En contraste con la inicial y la premedia, ni la educación media ni la superior son obligatorias. Es decir, los padres de un estudiante que alcanza el noveno grado, no están obligados a enviar a sus hijos para que culminen estudios de bachillerato, y los que superan el duodécimo grado no están obligados a asistir a la universidad.
Lo anterior, sin embargo, no es óbice para que el Estado destine en su presupuesto general una importante cantidad de dinero para el funcionamiento de los colegios y universidades. De hecho, en materia de educación superior, si nos atenemos al presupuesto del año 2016, constataremos que el Estado ha destinado aproximadamente el 2.04% al funcionamiento de las cinco universidades oficiales.
De ese total, el 56.21% se destinó a la Universidad de Panamá (UP). Uno puede concluir a priori que se trata de un gasto ridículo si se compara con otros tal vez menos necesarios. Y posiblemente sea correcto. Pero comparado con los costos en universidades particulares, ¿cuán barata es realmente la educación superior pública?
A manera de ejemplo, tengamos presente que en el año 2015 la UP recibió un presupuesto de $209 millones 394 mil 900 para funcionamiento e inversión.
Consideremos, además, que la matrícula promedio en ese año fue de 51 mil 254 estudiantes. Si relacionamos el monto asignado con la matrícula, quiere decir que cada estudiante le costó a la sociedad panameña aproximadamente $4 mil 85 ese año. Bajo el supuesto de que la cantidad de matrícula y el presupuesto asignado sean invariantes, y teniendo en cuenta que las licenciaturas (salvo medicina, odontología, entre otras) tienen una duración de cuatro años, quiere decir que el costo de graduar a un profesional en la UP sería de aproximadamente $16 mil 340. Esta cantidad se incrementa por el hecho de que a los estudiantes les toma más de cuatro años graduarse.
Posiblemente los costos en que incurre la sociedad panameña para financiar los estudios de sus profesionales sean menores en los otros centros de educación superior. Sin embargo, pareciera prima facie que el costo promedio en las universidades públicas es mayor que en las particulares. Deberíamos plantearnos si es más viable para el Estado becar a cada estudiante en alguna universidad particular o, incluso, enviarlos a algunos países vecinos. Se trata, pues, de un tema que desborda a las universidades y atañe a la sociedad panameña en su conjunto.
Plantearse esta cuestión es posible siempre y cuando nos planteemos como sociedad el problema de la educación superior desde un punto de vista institucional, sin apasionamientos y bajo parámetros realistas. Lamentablemente, es poco probable que esto ocurra, pues persiste la arraigada idea de que el Estado debe brindar educación superior a los ciudadanos. Y posiblemente así sea, pero no a cualquier precio. En materia de educación superior, la carga de los costos debe ser más equilibrada, pues –como hemos indicado- la educación superior no es obligatoria.
http://impresa.prensa.com/opinion/educacion-superior-Francisco-Diaz-Montilla_0_4506299396.html
Posiblemente, una de las pocas verdades claras y distintas en materia económica es que nada es gratuito. La Constitución panameña, por ejemplo, señala que la educación (inicial, premedia y media) es gratuita, pero si nos detenemos por un momento a evaluar la ley presupuestaria, nos percataremos de cuán costosa es realmente.
En contraste con la inicial y la premedia, ni la educación media ni la superior son obligatorias. Es decir, los padres de un estudiante que alcanza el noveno grado, no están obligados a enviar a sus hijos para que culminen estudios de bachillerato, y los que superan el duodécimo grado no están obligados a asistir a la universidad.
Lo anterior, sin embargo, no es óbice para que el Estado destine en su presupuesto general una importante cantidad de dinero para el funcionamiento de los colegios y universidades. De hecho, en materia de educación superior, si nos atenemos al presupuesto del año 2016, constataremos que el Estado ha destinado aproximadamente el 2.04% al funcionamiento de las cinco universidades oficiales.
De ese total, el 56.21% se destinó a la Universidad de Panamá (UP). Uno puede concluir a priori que se trata de un gasto ridículo si se compara con otros tal vez menos necesarios. Y posiblemente sea correcto. Pero comparado con los costos en universidades particulares, ¿cuán barata es realmente la educación superior pública?
A manera de ejemplo, tengamos presente que en el año 2015 la UP recibió un presupuesto de $209 millones 394 mil 900 para funcionamiento e inversión.
Consideremos, además, que la matrícula promedio en ese año fue de 51 mil 254 estudiantes. Si relacionamos el monto asignado con la matrícula, quiere decir que cada estudiante le costó a la sociedad panameña aproximadamente $4 mil 85 ese año. Bajo el supuesto de que la cantidad de matrícula y el presupuesto asignado sean invariantes, y teniendo en cuenta que las licenciaturas (salvo medicina, odontología, entre otras) tienen una duración de cuatro años, quiere decir que el costo de graduar a un profesional en la UP sería de aproximadamente $16 mil 340. Esta cantidad se incrementa por el hecho de que a los estudiantes les toma más de cuatro años graduarse.
Posiblemente los costos en que incurre la sociedad panameña para financiar los estudios de sus profesionales sean menores en los otros centros de educación superior. Sin embargo, pareciera prima facie que el costo promedio en las universidades públicas es mayor que en las particulares. Deberíamos plantearnos si es más viable para el Estado becar a cada estudiante en alguna universidad particular o, incluso, enviarlos a algunos países vecinos. Se trata, pues, de un tema que desborda a las universidades y atañe a la sociedad panameña en su conjunto.
Plantearse esta cuestión es posible siempre y cuando nos planteemos como sociedad el problema de la educación superior desde un punto de vista institucional, sin apasionamientos y bajo parámetros realistas. Lamentablemente, es poco probable que esto ocurra, pues persiste la arraigada idea de que el Estado debe brindar educación superior a los ciudadanos. Y posiblemente así sea, pero no a cualquier precio. En materia de educación superior, la carga de los costos debe ser más equilibrada, pues –como hemos indicado- la educación superior no es obligatoria.
http://impresa.prensa.com/opinion/educacion-superior-Francisco-Diaz-Montilla_0_4506299396.html
lunes, 30 de mayo de 2016
Universidad para el siglo XXI
Francisco Díaz Montilla
En 2013, la American Association of State Colleges and Universities publicó un breve informe, Top 10 Higher Education State Policy Issues for 2013, que dentificaba 10 problemas básicos de la educación superior en Estados Unidos, veamos:
1. Impulsar el desempeño institucional.
2. Apoyo estatal a la educación superior pública.
3. Política y precios de la matrícula.
4. Programas estatales de subvención y becas estudiantiles.
5. Preparación para la universidad.
6. Inmigración.
7. Educación en línea y educación basada en competencias.
8. Armas en el campus.
9. Desarrollo económico y laboral.
10. Protección a los consumidores de universidades con fines de lucro.
Algunos de estos problemas también afectan a la educación superior en Panamá. En nuestro caso, determinar cuáles son exactamente, no es tarea fácil; en parte porque no hay un plan nacional para la educación superior ni cuerpo institucional que la coordine. A modo de ejemplo, el Plan Estratégico de Gobierno 2015-2019, reconoce que “las universidades tienen una capacidad de investigación débil” (p. 99), pero no presenta una sola estrategia con el fin de mejorar esta situación.
Desde el punto de vista institucional, lo más que se logró en los últimos lustros fue crear el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria de Panamá (Ley 52 de 26 de junio de 2015). Este, sin embargo, tiene un alcance limitado, pues se trata de un “organismo evaluador y acreditador, y representativo de los actores vinculados a la educación superior universitaria del país” (Art. 20).
En la referida ley, la universidad se concibe como una “Institución de educación superior universitaria, creada mediante ley o autorizada mediante decreto ejecutivo, que tiene como misión generar, difundir y aplicar conocimientos mediante la docencia, la investigación, la extensión y la producción, así como formar profesionales idóneos, emprendedores e innovadores y ciudadanos comprometidos con la identidad nacional y el desarrollo humano y sostenible del país” (Art. 4.32). Pero, al margen de la obvia circularidad definitoria, no está claro que las funciones del Consejo en materia de evaluación hayan tenido impacto significativo para la educación superior, salvo la de servir de elemento publicitario a las universidades públicas y particulares acreditadas.
La ausencia de un entorno institucional que determine o defina la política educativa en educación superior ha desbordado la capacidad de las instituciones universitarias para trazar la senda que debe recorrer la sociedad. No es esperable que las universidades particulares contribuyan (in)mediatamente en ese sentido, pues sus prioridades se enfocan hacia el lucro. Pero tampoco se espera que lo hagan las oficiales, inmersas en sus propias contradicciones.
Hoy en la Universidad de Panamá el proceso electoral ofrece una ocasión propicia para diagnosticar, evaluar y asumir cursos de acción que reorienten la práctica educativa. Ojalá que los movimientos de renovación, de renacimiento, de reforma, etc. que se activan cada cinco años en la primera universidad del país contribuyan en ese sentido y ofrezcan más que consignas, más que frases prefabricadas y propensas a la demagogia. La sociedad demanda una universidad distinta para el siglo XXI.
http://impresa.prensa.com/opinion/Universidad-XXI-Francisco-Diaz-Montilla_0_4495050509.html
En 2013, la American Association of State Colleges and Universities publicó un breve informe, Top 10 Higher Education State Policy Issues for 2013, que dentificaba 10 problemas básicos de la educación superior en Estados Unidos, veamos:
1. Impulsar el desempeño institucional.
2. Apoyo estatal a la educación superior pública.
3. Política y precios de la matrícula.
4. Programas estatales de subvención y becas estudiantiles.
5. Preparación para la universidad.
6. Inmigración.
7. Educación en línea y educación basada en competencias.
8. Armas en el campus.
9. Desarrollo económico y laboral.
10. Protección a los consumidores de universidades con fines de lucro.
Algunos de estos problemas también afectan a la educación superior en Panamá. En nuestro caso, determinar cuáles son exactamente, no es tarea fácil; en parte porque no hay un plan nacional para la educación superior ni cuerpo institucional que la coordine. A modo de ejemplo, el Plan Estratégico de Gobierno 2015-2019, reconoce que “las universidades tienen una capacidad de investigación débil” (p. 99), pero no presenta una sola estrategia con el fin de mejorar esta situación.
Desde el punto de vista institucional, lo más que se logró en los últimos lustros fue crear el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria de Panamá (Ley 52 de 26 de junio de 2015). Este, sin embargo, tiene un alcance limitado, pues se trata de un “organismo evaluador y acreditador, y representativo de los actores vinculados a la educación superior universitaria del país” (Art. 20).
En la referida ley, la universidad se concibe como una “Institución de educación superior universitaria, creada mediante ley o autorizada mediante decreto ejecutivo, que tiene como misión generar, difundir y aplicar conocimientos mediante la docencia, la investigación, la extensión y la producción, así como formar profesionales idóneos, emprendedores e innovadores y ciudadanos comprometidos con la identidad nacional y el desarrollo humano y sostenible del país” (Art. 4.32). Pero, al margen de la obvia circularidad definitoria, no está claro que las funciones del Consejo en materia de evaluación hayan tenido impacto significativo para la educación superior, salvo la de servir de elemento publicitario a las universidades públicas y particulares acreditadas.
La ausencia de un entorno institucional que determine o defina la política educativa en educación superior ha desbordado la capacidad de las instituciones universitarias para trazar la senda que debe recorrer la sociedad. No es esperable que las universidades particulares contribuyan (in)mediatamente en ese sentido, pues sus prioridades se enfocan hacia el lucro. Pero tampoco se espera que lo hagan las oficiales, inmersas en sus propias contradicciones.
Hoy en la Universidad de Panamá el proceso electoral ofrece una ocasión propicia para diagnosticar, evaluar y asumir cursos de acción que reorienten la práctica educativa. Ojalá que los movimientos de renovación, de renacimiento, de reforma, etc. que se activan cada cinco años en la primera universidad del país contribuyan en ese sentido y ofrezcan más que consignas, más que frases prefabricadas y propensas a la demagogia. La sociedad demanda una universidad distinta para el siglo XXI.
http://impresa.prensa.com/opinion/Universidad-XXI-Francisco-Diaz-Montilla_0_4495050509.html
viernes, 27 de mayo de 2016
‘Una omisión inaceptable’
Miguel Montiel Guevara
La UP jugó un papel preponderante en la recuperación del Canal, sin embargo, a esta casa de estudios superiores no se le ha tomado en cuenta en la inauguración del tercer juego de esclusas.
El 20 de julio de 2014 publiqué el artículo “Maná del Canal” en este mismo diario, reafirmando allí el derecho del pueblo panameño a disfrutar de la riqueza que genera la vía interoceánica, pues gracias a su heroísmo hoy el Canal de Panamá es nuestro. El mayor uso colectivo posible fue el paradigma del general Omar Torrijos en esa lucha generacional, como la llamó. Eso actualmente no ocurre, pero no perdemos la esperanza. Aunque, como dicen los trabajadores de la Universidad y del país, “sin lucha no hay victoria”.
Hoy, a raíz del anuncio público que hizo la administración del Canal con relación a la inauguración del tercer juego de esclusas (el 26 de junio de 2016), acto para el cual han sido invitados un sinnúmero de personalidades e instituciones nacionales e internacionales, me siento obligado a opinar sobre el tema.
La liquidación de la antigua Zona del Canal, con el traspaso de la vía interoceánica a manos panameñas, lo que entraña jurisdicción, soberanía y unificación del territorio nacional bajo una sola bandera, constituyó una gesta histórica en la que la Universidad de Panamá fue protagonista emblemática de primera línea. Generaciones de universitarios, una tras otra, participaron en todas las lides para acabar con el enclave colonial bajo la consigna de soberanía total. En las calles, con amor y poesía, creando conciencia… Hasta lograr triunfar sobre Estados Unidos, primera potencia del mundo entonces, y todavía hoy.
Sin embargo, con asombro, vemos una lista de invitados especiales al acto inaugural mencionado en la que no aparece la Universidad de Panamá por ningún lado. Ella, por derecho propio, debería encabezar dicha lista, junto con otros nombres de igual merecimiento.
Esta omisión es inaceptable. Por eso, en nombre y con la venia y el debido respeto de los universitarios, hago un llamado de atención a quienes tienen responsabilidad en esto; en memoria y reconocimiento a miles de hombres y mujeres de esta primera casa de estudios superiores, inclaudicables y presentes siempre en todas las acciones patrióticas que nos dieron el Canal, propiedad de todos los panameños. ¡Sea!
La Prensa, 27 may 2016.
La UP jugó un papel preponderante en la recuperación del Canal, sin embargo, a esta casa de estudios superiores no se le ha tomado en cuenta en la inauguración del tercer juego de esclusas.
El 20 de julio de 2014 publiqué el artículo “Maná del Canal” en este mismo diario, reafirmando allí el derecho del pueblo panameño a disfrutar de la riqueza que genera la vía interoceánica, pues gracias a su heroísmo hoy el Canal de Panamá es nuestro. El mayor uso colectivo posible fue el paradigma del general Omar Torrijos en esa lucha generacional, como la llamó. Eso actualmente no ocurre, pero no perdemos la esperanza. Aunque, como dicen los trabajadores de la Universidad y del país, “sin lucha no hay victoria”.
Hoy, a raíz del anuncio público que hizo la administración del Canal con relación a la inauguración del tercer juego de esclusas (el 26 de junio de 2016), acto para el cual han sido invitados un sinnúmero de personalidades e instituciones nacionales e internacionales, me siento obligado a opinar sobre el tema.
La liquidación de la antigua Zona del Canal, con el traspaso de la vía interoceánica a manos panameñas, lo que entraña jurisdicción, soberanía y unificación del territorio nacional bajo una sola bandera, constituyó una gesta histórica en la que la Universidad de Panamá fue protagonista emblemática de primera línea. Generaciones de universitarios, una tras otra, participaron en todas las lides para acabar con el enclave colonial bajo la consigna de soberanía total. En las calles, con amor y poesía, creando conciencia… Hasta lograr triunfar sobre Estados Unidos, primera potencia del mundo entonces, y todavía hoy.
Sin embargo, con asombro, vemos una lista de invitados especiales al acto inaugural mencionado en la que no aparece la Universidad de Panamá por ningún lado. Ella, por derecho propio, debería encabezar dicha lista, junto con otros nombres de igual merecimiento.
Esta omisión es inaceptable. Por eso, en nombre y con la venia y el debido respeto de los universitarios, hago un llamado de atención a quienes tienen responsabilidad en esto; en memoria y reconocimiento a miles de hombres y mujeres de esta primera casa de estudios superiores, inclaudicables y presentes siempre en todas las acciones patrióticas que nos dieron el Canal, propiedad de todos los panameños. ¡Sea!
La Prensa, 27 may 2016.
jueves, 19 de mayo de 2016
¿Elección o gestión democrática?
Roberto Arosemena Jaén
Gobernar significa, actualmente, “corrupción”. La democracia ejercida desde la ciudadanía, como poder de elegir y ser elegido, no ha evitado la corrupción del gobernante demócrata opuesto al gobernante dinástico, impuesto o sostenido por una clase social, por un partido político o por una mafia internacional.
Elegir mediante el voto igualitario legaliza y legitima a cualquier gobernante, sobre todo, cuando el escrutinio se realiza bajo la observación de los organismos de la sociedad civil, tanto nacional como internacionalmente constituidos.
Lo terrible de estas elecciones democráticas, incuestionables, transparentes y aplaudidas es que abren el abanico de la corrupción, cuando la cultura y los valores democráticos son poder elegir y ser elegidos. Ni se rinde cuentas ni se paga por sus delitos.
El expresidente Ricardo Martinelli es el caso emblemático.
El tema de la democracia es relativizar al ciudadano elector y transformarlo en el ciudadano gestor y protagonista de la rendición de cuentas. Este hecho político de la rendición de cuentas tiene que ser institucionalizado y judicializado como lo lograron los nobles normandos del rey inglés en la Edad Media o la burguesía americana y francesa en la revolución libertaria de finales del siglo XVIII.
El problema de la corrupción del gobernante y de los Estados, actualmente, es el papel pasivo de la ciudadanía en la gestión administrativa del gobierno y el rol o papel excesivo y definitorio del dinero en manos de la banca, los consorcios empresariales y las compañías offshore.
No se trata de satanizar a los paraísos fiscales y de divinizar a los Estados de bienestar que suponen Estados enriquecidos fiscalmente y ciudadanos empobrecidos; se trata de comprender el colapso de la democracia electoral en el siglo XXI y el empobrecimiento creciente de la ciudadanía, que sigue incentivada a votar periódicamente y desalentada a gestionar la rendición de cuentas de los poderosos dueños del dinero, de la tecnología y de la administración gubernamental.
La reingeniería del siglo XXI es colocar el poder administrativo universal de los Estados y de ese factor mediático, llamado capital, dinero, riqueza, que etimológicamente en el tiempo del imperio cultural grecorromano, se denominó“plutocracia”, en manos de la ciudadanía.
Es determinante cambiar del paradigma electoral al paradigma de la gestión y la rendición de cuentas. Todo individuo e institución que ejerce poder administrativo, tecnológico y de dinero tiene que ser controlado y su distribución regulada por la misma ciudadanía que consume, elige y permite la producción y acumulación de riquezas.
El tiempo de conceptualizar el mundo en base a las virtudes campesinas de trabajo o de las virtudes burguesas de esfuerzo e iniciativa, es repetir la versión calvinista renacentista, y la versión libertaria contemporánea. Esta mentalidad, no solamente, es reiterativa y fundamentalista, sino amenazante y peligrosa para el desarrollo y crecimiento de cada país y de la misma comunidad internacional.
Revisar los presupuestos del anacronismo ideológico de la democracia representativa y la actualidad de la democracia participativa es iniciar un proceso de debate y discusión, que desafortunadamente, el presidente Juan Carlos Varela desvió hacia un convivio de sabios con la participación del creador del centro financiero internacional y un Nobel progresista de Economía. La profundidad de la crisis actual exige, algo así como una constituyente por la gestión ciudadana en el marco multilateral de las Naciones Unidas.
¡Panamá tiene la iniciativa!
http://impresa.prensa.com/opinion/Eleccion-democratica-Roberto-Arosemena-Jaen_0_4486801335.html
Gobernar significa, actualmente, “corrupción”. La democracia ejercida desde la ciudadanía, como poder de elegir y ser elegido, no ha evitado la corrupción del gobernante demócrata opuesto al gobernante dinástico, impuesto o sostenido por una clase social, por un partido político o por una mafia internacional.
Elegir mediante el voto igualitario legaliza y legitima a cualquier gobernante, sobre todo, cuando el escrutinio se realiza bajo la observación de los organismos de la sociedad civil, tanto nacional como internacionalmente constituidos.
Lo terrible de estas elecciones democráticas, incuestionables, transparentes y aplaudidas es que abren el abanico de la corrupción, cuando la cultura y los valores democráticos son poder elegir y ser elegidos. Ni se rinde cuentas ni se paga por sus delitos.
El expresidente Ricardo Martinelli es el caso emblemático.
El tema de la democracia es relativizar al ciudadano elector y transformarlo en el ciudadano gestor y protagonista de la rendición de cuentas. Este hecho político de la rendición de cuentas tiene que ser institucionalizado y judicializado como lo lograron los nobles normandos del rey inglés en la Edad Media o la burguesía americana y francesa en la revolución libertaria de finales del siglo XVIII.
El problema de la corrupción del gobernante y de los Estados, actualmente, es el papel pasivo de la ciudadanía en la gestión administrativa del gobierno y el rol o papel excesivo y definitorio del dinero en manos de la banca, los consorcios empresariales y las compañías offshore.
No se trata de satanizar a los paraísos fiscales y de divinizar a los Estados de bienestar que suponen Estados enriquecidos fiscalmente y ciudadanos empobrecidos; se trata de comprender el colapso de la democracia electoral en el siglo XXI y el empobrecimiento creciente de la ciudadanía, que sigue incentivada a votar periódicamente y desalentada a gestionar la rendición de cuentas de los poderosos dueños del dinero, de la tecnología y de la administración gubernamental.
La reingeniería del siglo XXI es colocar el poder administrativo universal de los Estados y de ese factor mediático, llamado capital, dinero, riqueza, que etimológicamente en el tiempo del imperio cultural grecorromano, se denominó“plutocracia”, en manos de la ciudadanía.
Es determinante cambiar del paradigma electoral al paradigma de la gestión y la rendición de cuentas. Todo individuo e institución que ejerce poder administrativo, tecnológico y de dinero tiene que ser controlado y su distribución regulada por la misma ciudadanía que consume, elige y permite la producción y acumulación de riquezas.
El tiempo de conceptualizar el mundo en base a las virtudes campesinas de trabajo o de las virtudes burguesas de esfuerzo e iniciativa, es repetir la versión calvinista renacentista, y la versión libertaria contemporánea. Esta mentalidad, no solamente, es reiterativa y fundamentalista, sino amenazante y peligrosa para el desarrollo y crecimiento de cada país y de la misma comunidad internacional.
Revisar los presupuestos del anacronismo ideológico de la democracia representativa y la actualidad de la democracia participativa es iniciar un proceso de debate y discusión, que desafortunadamente, el presidente Juan Carlos Varela desvió hacia un convivio de sabios con la participación del creador del centro financiero internacional y un Nobel progresista de Economía. La profundidad de la crisis actual exige, algo así como una constituyente por la gestión ciudadana en el marco multilateral de las Naciones Unidas.
¡Panamá tiene la iniciativa!
http://impresa.prensa.com/opinion/Eleccion-democratica-Roberto-Arosemena-Jaen_0_4486801335.html
lunes, 16 de mayo de 2016
Una postura en disenso
Miguel Ángel Candanedo
Según reza un ancestral apotegma, los hombres al arribar a la edad provecta transitan hacia una envidiable condición que los sitúa más allá del bien y del mal; es decir que han superado las etapas de respeto y sumisión a los convencionalismos sociales, para mostrarse tal cual son y expresar sin cortapisas sus pensamientos más íntimos, aun sintiendo que esto pueda generar el rechazo mayoritario del entorno social.
Por ello, hoy liberado de las ataduras de los principios políticos e ideológicos imperantes en la sociedad donde dominan los criterios y valores del mundo neoliberal globalizado, me permito nadar a contracorriente y frente al escándalo y la gran crisis generada por ‘los Papeles de Panamá ' disiento de las opiniones mayoritarias, expresadas por los medios de comunicación y por las redes sociales, acerca de la naturaleza, delictiva o no, de las transacciones económicas o financieras amparadas bajo los engañosos cortinajes de las cuentas ‘offshore '.
Han transcurrido varias semanas desde el escándalo de las empresas ‘offshore ' creadas desde Panamá, por el bufete Mossack - Fonseca, y durante ese lapso se han vertido ríos de tinta y textos en defensa de la legalidad de las actividades que han realizado durante décadas ‘prestigiosos ' bufetes de abogados en la creación de cientos de miles, quizá millones, de las famosas cuentas ‘offshore ', muchas de ellas dedicadas a esconder los capitales multimillonarios de dirigentes políticos, artistas, deportistas y toda laya de personajes que a través de este mecanismo evaden sus compromisos tributarios en sus respectivos países.
El tema ha sido planteado por los panegiristas locales como una acometida de las organizaciones y Gobiernos de unos cuantos países desarrollados contra el país de los panameños, con el propósito de arrodillarlo y obligarlo a facilitar información expedita a dichos países sobre los destinatarios últimos de dichas cuentas, quienes se aprovechan de la naturaleza secreta de las ‘offshore ' para evadir el pago de los impuestos a los organismos recaudadores. Por tanto, de lo que se trata es de que decidamos generar un gran frente nacional en defensa de la soberanía económica y jurídica del Estado panameño.
Se trata de un planeamiento falaz que pretende identificar los elevados intereses de la patria con los intereses egoístas de uno o más bufetes dedicados a actividades supuestamente legales, pero de dudosa factura moral. Sin embargo, a nuestro juicio, no se trata de que uno o más bufetes se dediquen a actividades ilegales o que pueden encubrir ilegalidades, sino de un problema de fondo que es inherente al modelo económico y político liberal burgués, que en su esencia se fundamenta en la acumulación de capitales generados a cualquier precio, eso sí en el menor tiempo posible.
Vale recordarle a los apologetas del sistema democrático liberal burgués, que los teóricos fundadores del liberalismo político y económico, partían de la ética del egoísmo y del individualismo extremo en el supuesto de que cada actor político y económico en la medida que actuaba, movido por sus apetitos y necesidades —individuales y egoístas, procuraría sus beneficios personales, de tal manera que la suma del bienestar individual desembocaría en el bienestar colectivo. Por ello no cabe extrañarse que esta ética de la acumulación, egoísta e individualista, desemboque en las maniobras de los millonarios, cuyos capitales se han forjado en no pocas ocasiones a través de la apropiación de los fondos públicos o de actividades especulativas de dudosa legalidad, para evadir el pago de las elevadas tasas impositivas vigentes en los países desarrollados.
Mientras los panameños desenvolvamos nuestras vidas al amparo de un sistema económico-social capitalista, no podemos evitar que los evasores de impuestos de allende y aquende el Atlántico procuren hacer de nuestra privilegiada posición geográfica el paraíso fiscal donde el lavado de dinero, el narcotráfico, el contrabando de armas, y los negocios poco ortodoxos encuentren un ambiente adecuado para su proliferación. El caso Waked es ilustrativo de lo antes planteado.
No nos engañemos, pues, la fiebre de la inmoralidad y la corrupción no está en las sábanas sino en las entrañas mismas del sistema.
http://laestrella.com.pa/opinion/columnistas/postura-disenso/23940277
Según reza un ancestral apotegma, los hombres al arribar a la edad provecta transitan hacia una envidiable condición que los sitúa más allá del bien y del mal; es decir que han superado las etapas de respeto y sumisión a los convencionalismos sociales, para mostrarse tal cual son y expresar sin cortapisas sus pensamientos más íntimos, aun sintiendo que esto pueda generar el rechazo mayoritario del entorno social.
Por ello, hoy liberado de las ataduras de los principios políticos e ideológicos imperantes en la sociedad donde dominan los criterios y valores del mundo neoliberal globalizado, me permito nadar a contracorriente y frente al escándalo y la gran crisis generada por ‘los Papeles de Panamá ' disiento de las opiniones mayoritarias, expresadas por los medios de comunicación y por las redes sociales, acerca de la naturaleza, delictiva o no, de las transacciones económicas o financieras amparadas bajo los engañosos cortinajes de las cuentas ‘offshore '.
Han transcurrido varias semanas desde el escándalo de las empresas ‘offshore ' creadas desde Panamá, por el bufete Mossack - Fonseca, y durante ese lapso se han vertido ríos de tinta y textos en defensa de la legalidad de las actividades que han realizado durante décadas ‘prestigiosos ' bufetes de abogados en la creación de cientos de miles, quizá millones, de las famosas cuentas ‘offshore ', muchas de ellas dedicadas a esconder los capitales multimillonarios de dirigentes políticos, artistas, deportistas y toda laya de personajes que a través de este mecanismo evaden sus compromisos tributarios en sus respectivos países.
El tema ha sido planteado por los panegiristas locales como una acometida de las organizaciones y Gobiernos de unos cuantos países desarrollados contra el país de los panameños, con el propósito de arrodillarlo y obligarlo a facilitar información expedita a dichos países sobre los destinatarios últimos de dichas cuentas, quienes se aprovechan de la naturaleza secreta de las ‘offshore ' para evadir el pago de los impuestos a los organismos recaudadores. Por tanto, de lo que se trata es de que decidamos generar un gran frente nacional en defensa de la soberanía económica y jurídica del Estado panameño.
Se trata de un planeamiento falaz que pretende identificar los elevados intereses de la patria con los intereses egoístas de uno o más bufetes dedicados a actividades supuestamente legales, pero de dudosa factura moral. Sin embargo, a nuestro juicio, no se trata de que uno o más bufetes se dediquen a actividades ilegales o que pueden encubrir ilegalidades, sino de un problema de fondo que es inherente al modelo económico y político liberal burgués, que en su esencia se fundamenta en la acumulación de capitales generados a cualquier precio, eso sí en el menor tiempo posible.
Vale recordarle a los apologetas del sistema democrático liberal burgués, que los teóricos fundadores del liberalismo político y económico, partían de la ética del egoísmo y del individualismo extremo en el supuesto de que cada actor político y económico en la medida que actuaba, movido por sus apetitos y necesidades —individuales y egoístas, procuraría sus beneficios personales, de tal manera que la suma del bienestar individual desembocaría en el bienestar colectivo. Por ello no cabe extrañarse que esta ética de la acumulación, egoísta e individualista, desemboque en las maniobras de los millonarios, cuyos capitales se han forjado en no pocas ocasiones a través de la apropiación de los fondos públicos o de actividades especulativas de dudosa legalidad, para evadir el pago de las elevadas tasas impositivas vigentes en los países desarrollados.
Mientras los panameños desenvolvamos nuestras vidas al amparo de un sistema económico-social capitalista, no podemos evitar que los evasores de impuestos de allende y aquende el Atlántico procuren hacer de nuestra privilegiada posición geográfica el paraíso fiscal donde el lavado de dinero, el narcotráfico, el contrabando de armas, y los negocios poco ortodoxos encuentren un ambiente adecuado para su proliferación. El caso Waked es ilustrativo de lo antes planteado.
No nos engañemos, pues, la fiebre de la inmoralidad y la corrupción no está en las sábanas sino en las entrañas mismas del sistema.
http://laestrella.com.pa/opinion/columnistas/postura-disenso/23940277
sábado, 7 de mayo de 2016
Panamá indefendible
Ela Urriola
La primera vez que vi al poeta José Franco fue durante la premiación de un certamen literario en el que participé aun siendo estudiante. Recibir de sus manos aquel pergamino tuvo una connotación simbólica: suyo era aquel poema que mi padre conserva todavía en su biblioteca. Hoy nos llegan los detalles sobre la accidentada ceremonia y sentimos vergüenza. Sea por desgreño administrativo –como pareciera ser el caso–, o por un desacierto personal –como la anécdota sobre una exdirectora que alquiló el histórico lugar (afectando nuestra máxima gala literaria) para fines relacionados con su profesión–; solo cabe una pregunta: ¿Cuándo nos tomaremos en serio la cultura?
Desde que dejamos de defender a Panamá de los gringos, la cuestión ha sido defenderla de nosotros mismos. Los gobiernos de turno manejaron las áreas revertidas como una inmobiliaria o las regalaron como canastitas de cumpleaños a sus amigos y amiguitas; promovieron la rebatiña de nuestros recursos naturales al mejor postor; permitieron la construcción de centros comerciales en nichos históricos, e hicieron de la diplomacia una farsa en la que confluyen las mismas familias, los mismos socios y los mismos ineptos.
A pesar de los supuestos avances en justicia, andan libres como el viento muchos y muchas responsables de gastarse el dinero destinado a la compra de medicamentos, el de nuestros niños de áreas marginales; el dinero de nuestros impuestos. Pero los ladrones son tratados como héroes, y los héroes… bueno, ya lo sabemos.
Ese Panamá es indefendible. No merecemos los megarrobos, las farsas ni la indiferencia, ni ahogarnos en la basura y la corrupción, ni envejecer en las paradas y tranques, ni la seguridad y la salud pública como sinónimos de desastre, ni escuelas que tengan coladores en lugar de techos; no merecemos la lentitud con la que nos acercan lo que nos corresponde por derecho.
¿Entonces, qué defender? No una Asamblea títere, para la que un pedazo del pastel es la máxima motivación de las bandas; no una patria sin espacios para la historia –un país que desmantela o encajeta su museo sumerge a nuestros jóvenes en la oscuridad, pues no conocerán su patrimonio sino de forma virtual–; un país indefendible, con una crisis de identidad, de justicia y de equidad. Ya ni hablemos de cultura.
Ni con videos de maripositas ni ranas en peligro de extinción se puede defender la papelera sucia con la que nos señala el mundo; vivimos en un país en el que robar millones te exime de ir a la cárcel y te deja refrescarte en el jacuzzi. Vergüenza es lo que debe darnos la lección de integridad de los países vecinos, aquellos a los que solemos ver por encima del hombro (porque no tienen dólares o un Canal) pues ellos sí están aplicando la justicia a sus maleantes.
¿Hay algo que defender todavía? Seguramente el poeta nos dirá que sí: quizás, alejados de las consignas partidistas y las promesas, es posible que escuchemos los ecos de los mártires y las voces de miles de panameños honestos y responsables. Seguramente hay algo que defender, y es nuestro deber hacerlo. Pero mientras tanto, las autoridades y los funcionarios deben hacer su trabajo. Y hacerlo bien. Lo demás, ojalá fuera poesía, porque de no serlo podríamos despertar un día con Panamá convertida en una pesadilla.
http://impresa.prensa.com/opinion/Panama-indefendible-Ela-Urriola_0_4477802206.html
La primera vez que vi al poeta José Franco fue durante la premiación de un certamen literario en el que participé aun siendo estudiante. Recibir de sus manos aquel pergamino tuvo una connotación simbólica: suyo era aquel poema que mi padre conserva todavía en su biblioteca. Hoy nos llegan los detalles sobre la accidentada ceremonia y sentimos vergüenza. Sea por desgreño administrativo –como pareciera ser el caso–, o por un desacierto personal –como la anécdota sobre una exdirectora que alquiló el histórico lugar (afectando nuestra máxima gala literaria) para fines relacionados con su profesión–; solo cabe una pregunta: ¿Cuándo nos tomaremos en serio la cultura?
Desde que dejamos de defender a Panamá de los gringos, la cuestión ha sido defenderla de nosotros mismos. Los gobiernos de turno manejaron las áreas revertidas como una inmobiliaria o las regalaron como canastitas de cumpleaños a sus amigos y amiguitas; promovieron la rebatiña de nuestros recursos naturales al mejor postor; permitieron la construcción de centros comerciales en nichos históricos, e hicieron de la diplomacia una farsa en la que confluyen las mismas familias, los mismos socios y los mismos ineptos.
A pesar de los supuestos avances en justicia, andan libres como el viento muchos y muchas responsables de gastarse el dinero destinado a la compra de medicamentos, el de nuestros niños de áreas marginales; el dinero de nuestros impuestos. Pero los ladrones son tratados como héroes, y los héroes… bueno, ya lo sabemos.
Ese Panamá es indefendible. No merecemos los megarrobos, las farsas ni la indiferencia, ni ahogarnos en la basura y la corrupción, ni envejecer en las paradas y tranques, ni la seguridad y la salud pública como sinónimos de desastre, ni escuelas que tengan coladores en lugar de techos; no merecemos la lentitud con la que nos acercan lo que nos corresponde por derecho.
¿Entonces, qué defender? No una Asamblea títere, para la que un pedazo del pastel es la máxima motivación de las bandas; no una patria sin espacios para la historia –un país que desmantela o encajeta su museo sumerge a nuestros jóvenes en la oscuridad, pues no conocerán su patrimonio sino de forma virtual–; un país indefendible, con una crisis de identidad, de justicia y de equidad. Ya ni hablemos de cultura.
Ni con videos de maripositas ni ranas en peligro de extinción se puede defender la papelera sucia con la que nos señala el mundo; vivimos en un país en el que robar millones te exime de ir a la cárcel y te deja refrescarte en el jacuzzi. Vergüenza es lo que debe darnos la lección de integridad de los países vecinos, aquellos a los que solemos ver por encima del hombro (porque no tienen dólares o un Canal) pues ellos sí están aplicando la justicia a sus maleantes.
¿Hay algo que defender todavía? Seguramente el poeta nos dirá que sí: quizás, alejados de las consignas partidistas y las promesas, es posible que escuchemos los ecos de los mártires y las voces de miles de panameños honestos y responsables. Seguramente hay algo que defender, y es nuestro deber hacerlo. Pero mientras tanto, las autoridades y los funcionarios deben hacer su trabajo. Y hacerlo bien. Lo demás, ojalá fuera poesía, porque de no serlo podríamos despertar un día con Panamá convertida en una pesadilla.
http://impresa.prensa.com/opinion/Panama-indefendible-Ela-Urriola_0_4477802206.html
sábado, 30 de abril de 2016
Los juegos de Panamá
Francisco Díaz Montilla
Los Papeles de Panamá han dejado en evidencia al menos tres cosas. Primera, que la información fue ilegalmente obtenida; segunda, que probablemente haya sociedades offshore involucradas en actos ilícitos; tercera, que el estado de cosas generado por la divulgación de información ha desbordado la capacidad de acción y/o de respuestas de las autoridades ante el país que anunció inmediatas medidas contra Panamá.
Sobre los dos primeros se ha escrito y comentado bastante, y ya se adelantan investigaciones formales sobre ello. Sobre lo último, quisiera emitir algunas reflexiones. Al menos por la forma en que se han dado las cosas con Francia, pareciera que estamos en presencia de lo que en teoría de juegos se conoce como el juego del halcón y la paloma. La situación es más o menos la siguiente: Hay un conflicto que enfrenta a dos jugadores, los cuales pueden realizar dos cursos de acción posibles: responder de manera agresiva (halcón) o cooperar (paloma). Los jugadores halcones siempre atacan, hasta que la contraparte es herida o se retira; los jugadores palomas farolean, hasta que el halcón ataca, y entonces se retiran ilesos.
Hay, por tanto, cuatro posibilidades: Halcón-halcón, halcón-paloma, paloma-halcón y paloma-paloma. Tras la publicación de los Papeles, la respuesta francesa fue inmediata: Panamá volvería a una de esas listas en las que nadie quiere estar. Se trata, evidentemente, de una respuesta típica de un jugador halcón. Y esto, de plano, tiene interesantes consecuencias.
En los juegos del halcón y la paloma, el jugador que inicia la partida tiene ventajas, pues, de seguro, asumirá la estrategia halcón, ya que la matriz de pago le favorecería; a menos que la contraparte asuma igual estrategia. ¿Qué opciones tiene Panamá? Obviamente dos: Responder como halcón, o responder como paloma.
En algún momento, el presidente de la República respondió anunciando posibles medidas de retorsión contra Francia. Esta sería una respuesta halcón. Por lo tanto, la inicial respuesta panameña implicaba una solución halcón-halcón al juego; es decir, una solución con la más desfavorable matriz de pago. Dado que las probabilidades de éxito panameño en esa estrategia son –al menos en sentido bayesiano– pocas o iguales a cero, recurrir a una estrategia halcón no era lo más razonable; al parecer la contraparte francesa era consciente de ello, por lo cual implícitamente mantuvo su posición halcón cuando respondió que no le preocupaban las medidas panameñas. Es decir, pese a que la estrategia halcón-halcón comprende una matriz de pago menos atractiva, era ventajosa para Francia. Moraleja: Un halcón no renuncia a su condición de halcón, no si está ante una paloma.
Las opciones panameñas, por tanto, son realmente limitadas. De hecho, la posición original ha pasado de halcón a paloma, aunque manteniendo algunas posiciones más próximas a lo primero que a lo segundo, v.g., intercambios de información bajo estándares OCDE, pero de manera bilateral. En síntesis, las opciones para Panamá implican un auténtico dilema que se puede enunciar así: Independientemente de si coopero o no coopero, saldremos afectados. Posiblemente la salida paloma implique menos afectaciones. Habría que esperar cómo se comporta el halcón francés, aunque la moraleja es clara. Al margen de ese comportamiento, lo que no debemos esperar, es que Panamá salga ilesa de todo esto.
impresa.prensa.com/opinion/juegos-Panama-Francisco-Diaz-Montilla_0_4472552724.html
Los Papeles de Panamá han dejado en evidencia al menos tres cosas. Primera, que la información fue ilegalmente obtenida; segunda, que probablemente haya sociedades offshore involucradas en actos ilícitos; tercera, que el estado de cosas generado por la divulgación de información ha desbordado la capacidad de acción y/o de respuestas de las autoridades ante el país que anunció inmediatas medidas contra Panamá.
Sobre los dos primeros se ha escrito y comentado bastante, y ya se adelantan investigaciones formales sobre ello. Sobre lo último, quisiera emitir algunas reflexiones. Al menos por la forma en que se han dado las cosas con Francia, pareciera que estamos en presencia de lo que en teoría de juegos se conoce como el juego del halcón y la paloma. La situación es más o menos la siguiente: Hay un conflicto que enfrenta a dos jugadores, los cuales pueden realizar dos cursos de acción posibles: responder de manera agresiva (halcón) o cooperar (paloma). Los jugadores halcones siempre atacan, hasta que la contraparte es herida o se retira; los jugadores palomas farolean, hasta que el halcón ataca, y entonces se retiran ilesos.
Hay, por tanto, cuatro posibilidades: Halcón-halcón, halcón-paloma, paloma-halcón y paloma-paloma. Tras la publicación de los Papeles, la respuesta francesa fue inmediata: Panamá volvería a una de esas listas en las que nadie quiere estar. Se trata, evidentemente, de una respuesta típica de un jugador halcón. Y esto, de plano, tiene interesantes consecuencias.
En los juegos del halcón y la paloma, el jugador que inicia la partida tiene ventajas, pues, de seguro, asumirá la estrategia halcón, ya que la matriz de pago le favorecería; a menos que la contraparte asuma igual estrategia. ¿Qué opciones tiene Panamá? Obviamente dos: Responder como halcón, o responder como paloma.
En algún momento, el presidente de la República respondió anunciando posibles medidas de retorsión contra Francia. Esta sería una respuesta halcón. Por lo tanto, la inicial respuesta panameña implicaba una solución halcón-halcón al juego; es decir, una solución con la más desfavorable matriz de pago. Dado que las probabilidades de éxito panameño en esa estrategia son –al menos en sentido bayesiano– pocas o iguales a cero, recurrir a una estrategia halcón no era lo más razonable; al parecer la contraparte francesa era consciente de ello, por lo cual implícitamente mantuvo su posición halcón cuando respondió que no le preocupaban las medidas panameñas. Es decir, pese a que la estrategia halcón-halcón comprende una matriz de pago menos atractiva, era ventajosa para Francia. Moraleja: Un halcón no renuncia a su condición de halcón, no si está ante una paloma.
Las opciones panameñas, por tanto, son realmente limitadas. De hecho, la posición original ha pasado de halcón a paloma, aunque manteniendo algunas posiciones más próximas a lo primero que a lo segundo, v.g., intercambios de información bajo estándares OCDE, pero de manera bilateral. En síntesis, las opciones para Panamá implican un auténtico dilema que se puede enunciar así: Independientemente de si coopero o no coopero, saldremos afectados. Posiblemente la salida paloma implique menos afectaciones. Habría que esperar cómo se comporta el halcón francés, aunque la moraleja es clara. Al margen de ese comportamiento, lo que no debemos esperar, es que Panamá salga ilesa de todo esto.
impresa.prensa.com/opinion/juegos-Panama-Francisco-Diaz-Montilla_0_4472552724.html
viernes, 22 de abril de 2016
De la contaminación a la ineficacia
Roberto Arosemena Jaén
En un artículo anterior, definí la contaminación universitaria como el centralismo institucional configurado por tres rectores emblemáticos: Octavio Méndez Pereira, Rómulo Escobar Bethancourt y Gustavo García de Paredes. La pregunta esclarecedora es: “¿En dónde radica la centralización y por qué ese vicio en la gestión universitaria se traduce en ineficacia administrativa? Ubiquemos el contenido de la centralización como vicio del poder universitario.
En consulta a la Defensoría de los Universitarios, pregunté si el sistema actual de evaluación docente garantizaba el derecho a recurrir de los docentes afectados, es decir, si garantizaba el debido proceso, como figura jurídica esencial de una democracia. La respuesta me introdujo a un sistema perverso de servidumbre a un rector con ínfulas de patrón. El susodicho sistema de evaluación a los profesores que trabajan tiempo completo en la Universidad de Panamá se reduce a lo siguiente:
El Decanato nombra una comisión de evaluadores y la Vicerrectoría Académica informa, sobre todo, al rector, el resultado de la evaluación. El resultado deficiente, discrecionalmente, puede ser sancionado con pérdida de tiempo completo, que el propio rector concede. En esta institución rige el principio de que “jefe es el que nombra y bota”. Vale advertir que este tipo de evaluación solo tiene efectos para los académicos que sirven 40 horas a la universidad en labores de docencia, investigación, extensión y gestión. Este proceso es sencillo y sus repercusiones son estremecedoras. Los sometidos a este régimen de evaluación están pendientes del decanato y de la decisión del rector. De esto depende hacer carrera, ascender, recibir aumento, permanecer como tiempo completo o, negativamente, ver reducir su ingreso y, por último, abandonar su vocación universitaria.
El objetivo administrativo legítimo de la evaluación, por el contrario, es asumir y rendir cuentas por el ejercicio de las funciones académicas: docencia, investigación, extensión y gestión de los recursos que la universidad pone a disposición nuestra. Se evalúa para ser mejores y más competentes y para hacerse merecedor de una retribución. Para esos fines y no para erigir una ridícula autocracia. La Universidad de Panamá tiene un presupuesto de más de $200 millones y cuenta con un personal académico-administrativo de más de 4 mil funcionarios. Las autoridades no son legítimas, sino cumplen con sus deberes constitucionales y legales.
Lo incomprensible es por qué, teniendo una organización académica administrativa que agrupa a los académicos en departamentos de 30 a 40 personas, no les permite a sus directores evaluar a sus colaboradores. El jefe del departamento es uno de los pocos funcionarios cuya designación es resultado de la junta del departamento con la intervención directa del decano, como autoridad elegida de forma democrática por los miembros de la facultad.
¿Perderían influencia los decanos (as) y el rector (ra) en el manejo de los académicos (as) de la universidad, si renuncian a la facultad de evaluar? El principio de subsidiaridad es claro. Corresponde a la autoridad más cercana evaluar la ejecución de las actividades de docencia, investigación, extensión y gestión académica, y de ninguna manera a la autoridad máxima que ejecuta las políticas globales de la institución. Con un sistema de evaluación correcto, se lograría de manera efectiva separar el ámbito de lo académico de lo político y erradicar el deleznable tráfico de influencia que perpetua la mediocridad de los magníficos. Se espera que los aspirantes a rector magnífico tomen en serio sus pretensiones y depositen una fianza de cumplimiento de que serán los primeros servidores del claustro universitario.
http://impresa.prensa.com/opinion/contaminacion-ineficacia-Roberto-Arosemena-Jaen_0_4466553369.html
En un artículo anterior, definí la contaminación universitaria como el centralismo institucional configurado por tres rectores emblemáticos: Octavio Méndez Pereira, Rómulo Escobar Bethancourt y Gustavo García de Paredes. La pregunta esclarecedora es: “¿En dónde radica la centralización y por qué ese vicio en la gestión universitaria se traduce en ineficacia administrativa? Ubiquemos el contenido de la centralización como vicio del poder universitario.
En consulta a la Defensoría de los Universitarios, pregunté si el sistema actual de evaluación docente garantizaba el derecho a recurrir de los docentes afectados, es decir, si garantizaba el debido proceso, como figura jurídica esencial de una democracia. La respuesta me introdujo a un sistema perverso de servidumbre a un rector con ínfulas de patrón. El susodicho sistema de evaluación a los profesores que trabajan tiempo completo en la Universidad de Panamá se reduce a lo siguiente:
El Decanato nombra una comisión de evaluadores y la Vicerrectoría Académica informa, sobre todo, al rector, el resultado de la evaluación. El resultado deficiente, discrecionalmente, puede ser sancionado con pérdida de tiempo completo, que el propio rector concede. En esta institución rige el principio de que “jefe es el que nombra y bota”. Vale advertir que este tipo de evaluación solo tiene efectos para los académicos que sirven 40 horas a la universidad en labores de docencia, investigación, extensión y gestión. Este proceso es sencillo y sus repercusiones son estremecedoras. Los sometidos a este régimen de evaluación están pendientes del decanato y de la decisión del rector. De esto depende hacer carrera, ascender, recibir aumento, permanecer como tiempo completo o, negativamente, ver reducir su ingreso y, por último, abandonar su vocación universitaria.
El objetivo administrativo legítimo de la evaluación, por el contrario, es asumir y rendir cuentas por el ejercicio de las funciones académicas: docencia, investigación, extensión y gestión de los recursos que la universidad pone a disposición nuestra. Se evalúa para ser mejores y más competentes y para hacerse merecedor de una retribución. Para esos fines y no para erigir una ridícula autocracia. La Universidad de Panamá tiene un presupuesto de más de $200 millones y cuenta con un personal académico-administrativo de más de 4 mil funcionarios. Las autoridades no son legítimas, sino cumplen con sus deberes constitucionales y legales.
Lo incomprensible es por qué, teniendo una organización académica administrativa que agrupa a los académicos en departamentos de 30 a 40 personas, no les permite a sus directores evaluar a sus colaboradores. El jefe del departamento es uno de los pocos funcionarios cuya designación es resultado de la junta del departamento con la intervención directa del decano, como autoridad elegida de forma democrática por los miembros de la facultad.
¿Perderían influencia los decanos (as) y el rector (ra) en el manejo de los académicos (as) de la universidad, si renuncian a la facultad de evaluar? El principio de subsidiaridad es claro. Corresponde a la autoridad más cercana evaluar la ejecución de las actividades de docencia, investigación, extensión y gestión académica, y de ninguna manera a la autoridad máxima que ejecuta las políticas globales de la institución. Con un sistema de evaluación correcto, se lograría de manera efectiva separar el ámbito de lo académico de lo político y erradicar el deleznable tráfico de influencia que perpetua la mediocridad de los magníficos. Se espera que los aspirantes a rector magnífico tomen en serio sus pretensiones y depositen una fianza de cumplimiento de que serán los primeros servidores del claustro universitario.
http://impresa.prensa.com/opinion/contaminacion-ineficacia-Roberto-Arosemena-Jaen_0_4466553369.html
domingo, 17 de abril de 2016
Simone de Beauvoir, su obra y la verdad de su condición humana
Urania Atenea Ungo M.
Este año, el 14 de abril, se ajustan 30 años del fallecimiento de Simone de Beauvoir, la irreemplazable filósofa francesa que inició el modo contemporáneo de pensar la condición de las mujeres. Filosofía, política, feminismo y literatura fueron para Simone parte de su vida y esenciales dimensiones de su obra. Su obra y su hacer merecen a 30 años de su muerte, una nueva visita.
http://laestrella.com.pa/panama/politica/simone-beauvoir-obra-verdad-condicion-humana/23934419
Este año, el 14 de abril, se ajustan 30 años del fallecimiento de Simone de Beauvoir, la irreemplazable filósofa francesa que inició el modo contemporáneo de pensar la condición de las mujeres. Filosofía, política, feminismo y literatura fueron para Simone parte de su vida y esenciales dimensiones de su obra. Su obra y su hacer merecen a 30 años de su muerte, una nueva visita.
http://laestrella.com.pa/panama/politica/simone-beauvoir-obra-verdad-condicion-humana/23934419
viernes, 1 de abril de 2016
Noticia: Cuando la poesía es el hilo conductor
Rosalina Orocú Mojica
Javier Alvarado, Premio nacional de literatura Ricardo Miró 2015 en poesía, Premio centroamericano de literatura Rogelio Sinán 2011 y varias veces galardonado con el Premio nacional de poesía joven Gustavo Batista Cedeño opina que el papel de la poesía en la sociedad es transformar, llevar valores y una conciencia patriótica.
Para él la poesía es "mi cualidad vital, mi modus".
La noche del Día Mundial de la Poesía, 21 de marzo, en el Arco Chato, en el Casco Antiguo de Panamá, se escuchó poesía de Javier, Magdalena Camarco, Edilberto Trejos, Javier Alvarado, David Robinson, Ela Urriola y Moravia Ochoa.
Más información:
http://www.panamaamerica.com.pa/ey/cuando-la-poesia-es-el-hilo-conductor-1020190
Javier Alvarado, Premio nacional de literatura Ricardo Miró 2015 en poesía, Premio centroamericano de literatura Rogelio Sinán 2011 y varias veces galardonado con el Premio nacional de poesía joven Gustavo Batista Cedeño opina que el papel de la poesía en la sociedad es transformar, llevar valores y una conciencia patriótica.
Para él la poesía es "mi cualidad vital, mi modus".
La noche del Día Mundial de la Poesía, 21 de marzo, en el Arco Chato, en el Casco Antiguo de Panamá, se escuchó poesía de Javier, Magdalena Camarco, Edilberto Trejos, Javier Alvarado, David Robinson, Ela Urriola y Moravia Ochoa.
Más información:
http://www.panamaamerica.com.pa/ey/cuando-la-poesia-es-el-hilo-conductor-1020190
jueves, 31 de marzo de 2016
Contaminación Universitaria
Por Roberto Arosemena Jaén
El proyecto Universidad de Panamá no es eterno y puede colapsar. Actualmente es una institución de 85 años de existencia y ha dado como resultado miles de egresados en múltiples áreas de conocimiento.
Los profesionales de la República, en números significativos, salieron de la Universidad de Panamá. Entraron estudiantes y ahora son profesionales con diferentes grados de excelencia y dedicación. Lo importante es que siguen entrando estudiantes con entusiasmo y expectativas de superación. Lo significativo es que el Estado panameño sigue asignándole un presupuesto de más de doscientos millones anuales y que profesores, estudiantes y administrativos trabajan diariamente para formar ciudadanos y ciudadanas capacitados, formados y educados.
La Universidad como institución es un sistema humano, social constituido por seres humanos sometidos a un conjunto de disposiciones, normas, leyes que pretenden garantizar la misión, fines y objetivos que hicieron posible su constitución, pero al mismo tiempo, regular comportamientos, restringir ambiciones y reducir arbitrariedades de los miembros libres e inteligentes que la constituyen.
La Universidad, dentro del Estado, es una institución autónoma, gobernada democráticamente, por dos instancias administrativas: el rector y los decanos y varios órganos de gobierno donde los más influyentes son el Consejo General Universitario, el Consejo Académico y el Consejo Administrativo.
La Universidad de Panamá ha sido contaminada por el poder centralizado en el rector. Es un problema que se inició con Octavio Méndez Pereira, se desbordó con Rómulo Escobar Bethancourt y se burocratizo en la persona de Gustavo García de Paredes.
La contaminación burocrática de la Universidad como institución, que construye competencias ciudadanas y profesionales, es tal, que con motivo de la sustitución electoral del Rector y de los Decanos y Decanas, se consideran dos opciones y posibilidades: el sistema es tan rígido que se prepara el surgimiento de un nuevo señor universitario con la natural lucha burocrática pasajera, o por el contrario, se elegirán autoridades de transición, que repetirá los ciclos de los rectores, iconos, anteriormente mencionados. Esta segunda opción llena de inquietud a los interesados por el devenir de la Universidad de Panamá.
Hay dos variables intervinientes que podrían catalizar el enorme potencial de la institución universitaria: una de carácter negativo y represivo como la que derivó en el escogimiento del rector, entre 1968 y 1979, que consistió en la injerencia del poder público: llámese, en estos momentos, Contraloría y Ministerio Público y, otro de carácter positivo, como sería el empoderamiento de los Departamentos que integran a los responsables de la docencia, investigación, extensión y gestión universitaria.
El despertar de la democracia participativa de los profesores y la convicción de los mismos de asumir las funciones secuestradas por el rector, vice rectores y decanos en detrimento de la excelencia académica y de la efectiva autonomía universitaria, sería un esfuerzo necesario e impostergable, que la Comunidad de profesores, administrativos y estudiantes debería asumir en este contexto electoral.
Efectivamente, no se trata de escoger a un rector(a) ni a varios decanos o decanas, se trata más bien de debatir sobre un modelo de gobierno, donde lo académico determine la visión y la misión de la universidad, necesaria para el siglo XXI panameño.
http://impresa.prensa.com/opinion/Contaminacion-universitaria_0_4450804910.html
El proyecto Universidad de Panamá no es eterno y puede colapsar. Actualmente es una institución de 85 años de existencia y ha dado como resultado miles de egresados en múltiples áreas de conocimiento.
Los profesionales de la República, en números significativos, salieron de la Universidad de Panamá. Entraron estudiantes y ahora son profesionales con diferentes grados de excelencia y dedicación. Lo importante es que siguen entrando estudiantes con entusiasmo y expectativas de superación. Lo significativo es que el Estado panameño sigue asignándole un presupuesto de más de doscientos millones anuales y que profesores, estudiantes y administrativos trabajan diariamente para formar ciudadanos y ciudadanas capacitados, formados y educados.
La Universidad como institución es un sistema humano, social constituido por seres humanos sometidos a un conjunto de disposiciones, normas, leyes que pretenden garantizar la misión, fines y objetivos que hicieron posible su constitución, pero al mismo tiempo, regular comportamientos, restringir ambiciones y reducir arbitrariedades de los miembros libres e inteligentes que la constituyen.
La Universidad, dentro del Estado, es una institución autónoma, gobernada democráticamente, por dos instancias administrativas: el rector y los decanos y varios órganos de gobierno donde los más influyentes son el Consejo General Universitario, el Consejo Académico y el Consejo Administrativo.
La Universidad de Panamá ha sido contaminada por el poder centralizado en el rector. Es un problema que se inició con Octavio Méndez Pereira, se desbordó con Rómulo Escobar Bethancourt y se burocratizo en la persona de Gustavo García de Paredes.
La contaminación burocrática de la Universidad como institución, que construye competencias ciudadanas y profesionales, es tal, que con motivo de la sustitución electoral del Rector y de los Decanos y Decanas, se consideran dos opciones y posibilidades: el sistema es tan rígido que se prepara el surgimiento de un nuevo señor universitario con la natural lucha burocrática pasajera, o por el contrario, se elegirán autoridades de transición, que repetirá los ciclos de los rectores, iconos, anteriormente mencionados. Esta segunda opción llena de inquietud a los interesados por el devenir de la Universidad de Panamá.
Hay dos variables intervinientes que podrían catalizar el enorme potencial de la institución universitaria: una de carácter negativo y represivo como la que derivó en el escogimiento del rector, entre 1968 y 1979, que consistió en la injerencia del poder público: llámese, en estos momentos, Contraloría y Ministerio Público y, otro de carácter positivo, como sería el empoderamiento de los Departamentos que integran a los responsables de la docencia, investigación, extensión y gestión universitaria.
El despertar de la democracia participativa de los profesores y la convicción de los mismos de asumir las funciones secuestradas por el rector, vice rectores y decanos en detrimento de la excelencia académica y de la efectiva autonomía universitaria, sería un esfuerzo necesario e impostergable, que la Comunidad de profesores, administrativos y estudiantes debería asumir en este contexto electoral.
Efectivamente, no se trata de escoger a un rector(a) ni a varios decanos o decanas, se trata más bien de debatir sobre un modelo de gobierno, donde lo académico determine la visión y la misión de la universidad, necesaria para el siglo XXI panameño.
http://impresa.prensa.com/opinion/Contaminacion-universitaria_0_4450804910.html
sábado, 19 de marzo de 2016
El nuevo rector de la Universidad de Panamá
Miguel Montiel Guevara
El próximo 29 de junio se realizarán elecciones en la Universidad de Panamá para escoger al nuevo rector a la sombra de un gigante, como es el Dr. Gustavo García de Paredes, quien dejará un imborrable legado de expansión y modernización de la institución.
En el año 2000 publiqué en los diarios El Panamá América y El Universal sendos artículos, sin insultar a nadie, en los que sostuve que el rector de la Universidad de Panamá debería cumplir con una condición ‘sine qua non': poseer el título académico de doctor. Hoy existen muchas más razones para que sea así, por lo que me reafirmo en lo mismo.
El panorama universitario presenta, hasta ahora, como aspirantes a la Rectoría a los doctores Justo Medrano, Gilberto Boutin y Eduardo Flores; y a los magísteres Dorindo Cortez, Nicolás Jerome y José Chen Barría. A la vista pues, solo Medrano, Boutin y Flores poseen el grado académico de doctor, no así Cortez, Jerome ni Chen Barría.
El Dr. Justo Medrano se graduó de Bachiller en Ciencias en el Glorioso Instituto Nacional. Obtuvo la Licenciatura en Química en la Universidad de Panamá y el Doctorado en Química en la Universidad Complutense de Madrid, con altos honores. Su vida profesional la ha dedicado por completo a la educación.
Tiene 45 años en la Universidad de Panamá como docente e investigador. Ha sido director nacional de Educación del país, viceministro de Educación encargado, director del Instituto Especializado de Análisis, decano dos veces de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, primer vicerrector de Extensión, vicerrector académico y muchas veces rector encargado. Además, sería un ‘rector de transición', y quienes aspiren a reemplazarlo no tendrían los temores de reelección.
El Dr. Gilberto Boutin, actual decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas; por su parte, exhibe una sólida base académica y vasta formación cultural universal, pero pareciera no ser su momento; y mientras que el Dr. Eduardo Flores, exdecano de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, se presenta, según se desprende de sus propios discursos y de sus colaboradores, como ‘candidato del revanchismo'. Sea.
http://laestrella.com.pa/opinion/columnistas/nuevo-rector-universidad-panama/23928870
El próximo 29 de junio se realizarán elecciones en la Universidad de Panamá para escoger al nuevo rector a la sombra de un gigante, como es el Dr. Gustavo García de Paredes, quien dejará un imborrable legado de expansión y modernización de la institución.
En el año 2000 publiqué en los diarios El Panamá América y El Universal sendos artículos, sin insultar a nadie, en los que sostuve que el rector de la Universidad de Panamá debería cumplir con una condición ‘sine qua non': poseer el título académico de doctor. Hoy existen muchas más razones para que sea así, por lo que me reafirmo en lo mismo.
El panorama universitario presenta, hasta ahora, como aspirantes a la Rectoría a los doctores Justo Medrano, Gilberto Boutin y Eduardo Flores; y a los magísteres Dorindo Cortez, Nicolás Jerome y José Chen Barría. A la vista pues, solo Medrano, Boutin y Flores poseen el grado académico de doctor, no así Cortez, Jerome ni Chen Barría.
El Dr. Justo Medrano se graduó de Bachiller en Ciencias en el Glorioso Instituto Nacional. Obtuvo la Licenciatura en Química en la Universidad de Panamá y el Doctorado en Química en la Universidad Complutense de Madrid, con altos honores. Su vida profesional la ha dedicado por completo a la educación.
Tiene 45 años en la Universidad de Panamá como docente e investigador. Ha sido director nacional de Educación del país, viceministro de Educación encargado, director del Instituto Especializado de Análisis, decano dos veces de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, primer vicerrector de Extensión, vicerrector académico y muchas veces rector encargado. Además, sería un ‘rector de transición', y quienes aspiren a reemplazarlo no tendrían los temores de reelección.
El Dr. Gilberto Boutin, actual decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas; por su parte, exhibe una sólida base académica y vasta formación cultural universal, pero pareciera no ser su momento; y mientras que el Dr. Eduardo Flores, exdecano de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, se presenta, según se desprende de sus propios discursos y de sus colaboradores, como ‘candidato del revanchismo'. Sea.
http://laestrella.com.pa/opinion/columnistas/nuevo-rector-universidad-panama/23928870
jueves, 10 de marzo de 2016
¿Intolerancia religiosa en Panamá?
Ruling Barragán
De acuerdo con el más reciente Resumen Ejecutivo sobre Libertad de Culto en Panamá (2014), del Departamento de Estado de Estados Unidos, nuestro país ya no es tan tolerante en materia de religión; en particular, en cuanto a minorías religiosas se refiere. En él se registran por primera vez algunos brotes de intolerancia religiosa a nivel de prácticas gubernamentales y actitudes sociales.
Así, por ejemplo, en cuanto a las primeras, menciona que “algunos grupos religiosos no católicos dijeron que percibían que el catolicismo romano tenía ciertas ventajas sancionadas por el Estado sobre las demás denominaciones, tales como el uso exclusivo de celebrantes católicos romanos para realizar las invocaciones religiosas en algunos eventos del Gobierno”. Asimismo, señala que “los líderes religiosos no católicos expresaron su inquietud en cuanto a que el Gobierno le concedió trato preferencial a las escuelas católicas al momento de asignar los subsidios para las escuelas religiosas”.
Por otra parte, en relación con las segundas, indica que “tanto las comunidades rastafari como las comunidades musulmana y afropanameña informaron sobre discriminación social hacia sus miembros debido a su apariencia. Indicaron que empleadores potenciales tendían a discriminar, especialmente si los que realizaban las entrevistas eran evangélicos”.
Adicionalmente, el Resumen informa que a pesar de unas invitaciones del Comité Ecuménico de Panamá para realizar varios eventos que promovían el aprecio y el respeto entre varios grupos religiosos, aquellas no fueron recibidas por una comunidad musulmana y dos congregaciones judías. “No se unieron al comité, a pesar de recibir invitaciones para hacerlo”, señala el documento.
Si bien el Resumen también menciona algunos loables episodios, notablemente, la carta pública titulada: “Judíos, cristianos y musulmanes: unidos por la paz y la dignidad humana”, los incidentes mencionados (y otros que no menciono aquí) no dejan lugar a dudas de que las cosas comienzan a cambiar en nuestra nación en materia de libertad religiosa. Y no precisamente para bien. Si esto es así, tanto el Estado como su sociedad civil deberán realizar algunos esfuerzos para corregir los incipientes brotes de intolerancia religiosa que aparecen. Aunque poco notada (y para muchos, ignorada), la diversidad religiosa en Panamá es culturalmente rica y fascinante. Y lo es en gran medida por el hecho de que las más distintas confesiones religiosas han coexistido durante toda nuestra historia en relativa paz, sin mayores problemas. Al menos, hasta donde nos dice el citado Resumen.
Al respecto, es increíble que, con la posible excepción del número 511 (nov./dic. 2013) de la Revista Lotería, titulado “La libertad de culto en Panamá”, aparentemente, no existe publicación en el país, sea sociológica, histórica, antropológica o filosófica, que trate la diversidad religiosa, desde una perspectiva neutral y pluralista. Ni instituciones gubernamentales ni universidades públicas o privadas parecen ocuparse o preocuparse por este tema, desde tal perspectiva. Como si el pluralismo religioso e ideológico istmeño (que incluiría a minorías no creyentes) no tuviera relevancia en nuestro ser y quehacer nacional.
Ojalá pudiéramos conocer, comprender y valorar mejor la diversidad religiosa que constituye nuestra identidad cultural como nación. Si no lo hacemos, corremos el riesgo de caer en la intolerancia religiosa, en especial, contra las religiones minoritarias y las minorías no creyentes que existen en Panamá. O, igualmente, intolerancia por parte de minorías religiosas o no creyentes hacia otras minorías o mayorías religiosas.
http://impresa.prensa.com/opinion/Intolerancia-religiosa-Panama-Ruling-Barragan_0_4434306586.html
De acuerdo con el más reciente Resumen Ejecutivo sobre Libertad de Culto en Panamá (2014), del Departamento de Estado de Estados Unidos, nuestro país ya no es tan tolerante en materia de religión; en particular, en cuanto a minorías religiosas se refiere. En él se registran por primera vez algunos brotes de intolerancia religiosa a nivel de prácticas gubernamentales y actitudes sociales.
Así, por ejemplo, en cuanto a las primeras, menciona que “algunos grupos religiosos no católicos dijeron que percibían que el catolicismo romano tenía ciertas ventajas sancionadas por el Estado sobre las demás denominaciones, tales como el uso exclusivo de celebrantes católicos romanos para realizar las invocaciones religiosas en algunos eventos del Gobierno”. Asimismo, señala que “los líderes religiosos no católicos expresaron su inquietud en cuanto a que el Gobierno le concedió trato preferencial a las escuelas católicas al momento de asignar los subsidios para las escuelas religiosas”.
Por otra parte, en relación con las segundas, indica que “tanto las comunidades rastafari como las comunidades musulmana y afropanameña informaron sobre discriminación social hacia sus miembros debido a su apariencia. Indicaron que empleadores potenciales tendían a discriminar, especialmente si los que realizaban las entrevistas eran evangélicos”.
Adicionalmente, el Resumen informa que a pesar de unas invitaciones del Comité Ecuménico de Panamá para realizar varios eventos que promovían el aprecio y el respeto entre varios grupos religiosos, aquellas no fueron recibidas por una comunidad musulmana y dos congregaciones judías. “No se unieron al comité, a pesar de recibir invitaciones para hacerlo”, señala el documento.
Si bien el Resumen también menciona algunos loables episodios, notablemente, la carta pública titulada: “Judíos, cristianos y musulmanes: unidos por la paz y la dignidad humana”, los incidentes mencionados (y otros que no menciono aquí) no dejan lugar a dudas de que las cosas comienzan a cambiar en nuestra nación en materia de libertad religiosa. Y no precisamente para bien. Si esto es así, tanto el Estado como su sociedad civil deberán realizar algunos esfuerzos para corregir los incipientes brotes de intolerancia religiosa que aparecen. Aunque poco notada (y para muchos, ignorada), la diversidad religiosa en Panamá es culturalmente rica y fascinante. Y lo es en gran medida por el hecho de que las más distintas confesiones religiosas han coexistido durante toda nuestra historia en relativa paz, sin mayores problemas. Al menos, hasta donde nos dice el citado Resumen.
Al respecto, es increíble que, con la posible excepción del número 511 (nov./dic. 2013) de la Revista Lotería, titulado “La libertad de culto en Panamá”, aparentemente, no existe publicación en el país, sea sociológica, histórica, antropológica o filosófica, que trate la diversidad religiosa, desde una perspectiva neutral y pluralista. Ni instituciones gubernamentales ni universidades públicas o privadas parecen ocuparse o preocuparse por este tema, desde tal perspectiva. Como si el pluralismo religioso e ideológico istmeño (que incluiría a minorías no creyentes) no tuviera relevancia en nuestro ser y quehacer nacional.
Ojalá pudiéramos conocer, comprender y valorar mejor la diversidad religiosa que constituye nuestra identidad cultural como nación. Si no lo hacemos, corremos el riesgo de caer en la intolerancia religiosa, en especial, contra las religiones minoritarias y las minorías no creyentes que existen en Panamá. O, igualmente, intolerancia por parte de minorías religiosas o no creyentes hacia otras minorías o mayorías religiosas.
http://impresa.prensa.com/opinion/Intolerancia-religiosa-Panama-Ruling-Barragan_0_4434306586.html
domingo, 6 de marzo de 2016
Retos en materia de derechos humanos
Francisco Díaz Montilla
A propósito de la selección de la persona que dirigirá la Defensoría del Pueblo el próximo quinquenio, la mirada se dirige a una institución desacreditada y de la que no pocos dudan de su relevancia en materia de protección de derechos humanos. No hay que soslayar que en esta materia el Estado panameño, en tanto que estado de derecho, tiene importantes retos que no debe eludir. Primero, porque se trata de cumplir con instrumentos internacionales, según lo enunciado en el Art. 4 del texto constitucional; segundo, porque está en juego la protección de derechos fundamentales de los habitantes de la República; y tercero, porque la estatura moral del Estado es proporcional al grado de cumplimiento de estos derechos. Para ello, la labor de la Defensoría es esencial, a pesar de la poca –tal vez nula– relevancia que hasta ahora ha tenido. Los retos son diversos, algunos de ellos son los siguientes:
http://impresa.prensa.com/opinion/Retos-derechos-Francisco-Diaz-Montilla_0_4431306868.html
A propósito de la selección de la persona que dirigirá la Defensoría del Pueblo el próximo quinquenio, la mirada se dirige a una institución desacreditada y de la que no pocos dudan de su relevancia en materia de protección de derechos humanos. No hay que soslayar que en esta materia el Estado panameño, en tanto que estado de derecho, tiene importantes retos que no debe eludir. Primero, porque se trata de cumplir con instrumentos internacionales, según lo enunciado en el Art. 4 del texto constitucional; segundo, porque está en juego la protección de derechos fundamentales de los habitantes de la República; y tercero, porque la estatura moral del Estado es proporcional al grado de cumplimiento de estos derechos. Para ello, la labor de la Defensoría es esencial, a pesar de la poca –tal vez nula– relevancia que hasta ahora ha tenido. Los retos son diversos, algunos de ellos son los siguientes:
- Panamá tiene una de las tasas de privados de libertad más altas de América Latina. Sin embargo, ello no significa que la finalidad de la privación se haya logrado. Es necesario revisar la política penitenciaria en consonancia con los valores constitucionales (cfr. Art. 28 de la Constitución) y los parámetros consignados en los principios y buenas prácticas sobre la protección de las personas privadas de libertad en las Américas (Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos, 2008).
- Derechos de los pueblos indígenas. Según el Censo de 2010, el 12% de la población del país es indígena. Pese a que hay un aparato normativo que recoge algunas aspiraciones de estos grupos (v.g., las leyes comarcales), las relaciones con el Estado han sido más bien tensas. Es necesario replantear la naturaleza de la relación Estado-pueblos indígenas; un paso importante sería la ratificación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
- Derechos de los inmigrantes. Este es un país expuesto a la inmigración. En los últimos años ha habido un significativo movimiento de personas provenientes de Centro y Sudamérica. Con frecuencia estas son explotadas laboralmente y no se les reconocen prestaciones sociales. Es imperativo que el Estado defina una política migratoria cónsona con el respeto de derechos fundamentales del trabajador migrante. Esto implica la ratificación de la convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familias.
- Derechos de segunda y tercera generación. Aunque hay avances en la protección de estos derechos, es innegable que quedan retos pendientes para hacerlos efectivos. Es necesario desarrollar e implementar mecanismos que permitan a los ciudadanos el pleno disfrute de dichos derechos, ya sea para exigir y obtener atención médica inmediata en centros hospitalarios, acceso a medicamentos, o la protección contra prácticas ambientalmente perniciosas.
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