Francisco Díaz Montilla
Históricamente hubo una especie de complicidad con el catolicismo que se tradujo para este grupo en un trato en cierto sentido privilegiado. En fallo de 5 de septiembre de 1997, bajo la ponencia del magistrado Fabián Echevers, el pleno de la Corte Suprema señaló: “Nuestra Carta Fundamental pone en evidencia un ´cristianismo confeso´ del constituyente, que emana del preámbulo (´invocando la protección de Dios´) y del artículo 35 del texto constitucional (´respeto a la moral cristiana´, ´la religión católica es la de la mayoría de los panameños´), valor fundamental que la magistratura constitucional debe tener presente”.
Las huellas constitucionales de ese catolicismo confeso reivindicado por nuestra Corte se remontan a un período anterior a la formación de la República. Ciertamente, la Constitución de Cádiz de 1812, Art. 12, reconocía al catolicismo como el credo perpetuo de la nación española. De igual modo, la Constitución colombiana de 1886 en el Art. 38.
Con la separación en 1903, la católica dejó de ser la religión de la nación y devino en la de la mayoría de los habitantes de la República, según la Constitución de 1904, que contemplaba la posibilidad de auxilios para fundar un seminario conciliar en la capital y para misiones a las tribus indígenas (Art. 26). Esta idea se mantuvo inalterada en la Constitución de 1941 (Art. 27), así como la enseñanza del catolicismo en las escuelas públicas. De igual modo se pronunciaría la Constitución de 1946 (Art. 36). La de 1972 y sus subsiguientes reformas mantuvieron intacto el enunciado estadístico sobre la religión mayoritaria de los panameños, mantuvieron su enseñanza en las escuelas y colegios, y mantuvieron invariante –hasta ahora– el compromiso del Estado con la moral cristiana. Con respecto a la enseñanza del catolicismo, el anteproyecto de Acto Constitucional propuesto por la comisión especial de consulta de las reformas a la Constitución Política de la República de Panamá señala: “Se enseñará la religión católica y valores cívicos, éticos y morales en las escuelas oficiales y particulares”.
En un escenario como el descrito, no es de extrañar la aprobación de una ley que decreta septiembre como el mes de las sagradas escrituras (Ley 26 de 2007) y otra que establece el segundo viernes de este mes como el día del perdón en la República de Panamá (Ley 72 de 2012). Bajo tales parámetros, la idea de edificar un colosal monumento a Santa María la Antigua, destinando bienes públicos, es plenamente concebible. No hay que perder de vista que la religión es un componente cultural y que –en el caso de nuestro país– es innegable la influencia del catolicismo en la historia. Sobre ello se dice en el anteproyecto de Acto Constitucional: “Se reconoce el protagonismo de la religión católica en la formación histórica y cultural de la Nación panameña”. Pese a ello, ¿es deseable que el Estado disponga de bienes públicos para una obra de esta naturaleza? En un Estado que se profese laico, definitivamente no; el problema con el nuestro es que es menos laico de lo que pensamos.
http://www.prensa.com/impreso/opinion/%C2%BFcuan-laico-es-estado-panameno-francisco-diaz-montilla/201310
Departamento de Filosofía, Facultad de Humanidades, Universidad de Panamá
sábado, 26 de octubre de 2013
sábado, 12 de octubre de 2013
Ejecutivo contra Congreso
Roberto Arosemena Jaén
Desde hace días, Estados Unidos viene ofreciendo un espectáculo de ineficacia administrativa. El jefe del Ejecutivo ha caído en el voluntarismo de no querer derogar la ley sobre seguridad social, y el Congreso, “prepotente y amenazador”, exige que no se cumpla con esa ley que ellos mismos aprobaron y que la Corte declaró constitucional.
La presión del Congreso –yo diría la ilegalidad digna de ser perseguida– al no aprobar un presupuesto que garantice el funcionamiento del Estado se está manejando “políticamente”, como si fuese una riña entre demócratas y republicanos.
Lo lamentable de este “ vacío” administrativo es la incapacidad de Barack Obama, presidente de Estados Unidos, para actuar, reactivar la administración y obligar al Congreso a que cumpla con sus funciones constitucionales. Es un principio político universalmente aceptado en una democracia: impedir el funcionamiento de un órgano del Estado es un acto ilegítimo que debe ser perseguido legalmente.
La naturaleza no admite el vacío, decía el filósofo Espinoza. Aristóteles hubiese replicado, el Estado como orden político arquitectónico de una sociedad no admite el vacío ni tácticas para impedir el funcionamiento de la administración pública. Es decir, permitir el vacío estatal es un acto que se debe perseguir sea por acción –caso del Congreso– sea por omisión –caso de Obama–.
El presidente tiene que acudir al poder constitucional de la Corte Suprema como Tribunal Superior de Justicia Federal para presionar jurídica y penalmente a todos los miembros del Senado y de la Cámara de Representantes, porque en lugar de aprobar un presupuesto lo están amenazando para que derogue una ley de forzoso cumplimiento, como es el Plan de Salud.
No entiendo cómo un problema judicial y constitucional el presidente lo maneja como uno interpartidista. Si el Congreso impide el funcionamiento del Estado cae en la ilegitimidad y en la ilegalidad del mandato recibido de sus electores, máxime cuando el pretexto de su reticencia en actuar y legislar es revocar una ley federal que ya está en marcha.
Estas consideraciones no las hago desde el punto de vista de un abogado de profesión, sino en mi condición de filósofo político que conoce el sentido de un Estado democrático constitucional de derecho y que sabe de la discrecionalidad política de la que gozan los jueces estadounidenses.
La funcionalidad de la democracia en esa nación ha sido puesta en entredicho por la debilidad del Ejecutivo y la prepotencia arbitraria de una facción determinante y hegemónica del Partido Republicano. El mundo sabe que no se puede intervenir en los asuntos internos de EU ni presionar a ese Estado para que apruebe su presupuesto de funcionamiento administrativo y financiero, pero sí podemos reflexionar en lo que se puede y debe hacer ante situaciones inéditas, que requieren de innovación y creatividad.
El otro aspecto preocupante tiene que ver con la indiferencia de la ciudadanía ante el colapso de la política bipartidista, indiferencia que puede significar que los votantes estadounidenses dejaron de sentirse ciudadanos y empiezan a comportarse como clientes. Ambas hipótesis son terribles para el funcionamiento de un mundo globalizado, donde Estados Unidos de América, en estos momentos, es un autor imprescindible.
http://impresa.prensa.com/opinion/Ejecutivo-Congreso-Roberto-Arosemena-Jaen_0_3774372588.html
Desde hace días, Estados Unidos viene ofreciendo un espectáculo de ineficacia administrativa. El jefe del Ejecutivo ha caído en el voluntarismo de no querer derogar la ley sobre seguridad social, y el Congreso, “prepotente y amenazador”, exige que no se cumpla con esa ley que ellos mismos aprobaron y que la Corte declaró constitucional.
La presión del Congreso –yo diría la ilegalidad digna de ser perseguida– al no aprobar un presupuesto que garantice el funcionamiento del Estado se está manejando “políticamente”, como si fuese una riña entre demócratas y republicanos.
Lo lamentable de este “ vacío” administrativo es la incapacidad de Barack Obama, presidente de Estados Unidos, para actuar, reactivar la administración y obligar al Congreso a que cumpla con sus funciones constitucionales. Es un principio político universalmente aceptado en una democracia: impedir el funcionamiento de un órgano del Estado es un acto ilegítimo que debe ser perseguido legalmente.
La naturaleza no admite el vacío, decía el filósofo Espinoza. Aristóteles hubiese replicado, el Estado como orden político arquitectónico de una sociedad no admite el vacío ni tácticas para impedir el funcionamiento de la administración pública. Es decir, permitir el vacío estatal es un acto que se debe perseguir sea por acción –caso del Congreso– sea por omisión –caso de Obama–.
El presidente tiene que acudir al poder constitucional de la Corte Suprema como Tribunal Superior de Justicia Federal para presionar jurídica y penalmente a todos los miembros del Senado y de la Cámara de Representantes, porque en lugar de aprobar un presupuesto lo están amenazando para que derogue una ley de forzoso cumplimiento, como es el Plan de Salud.
No entiendo cómo un problema judicial y constitucional el presidente lo maneja como uno interpartidista. Si el Congreso impide el funcionamiento del Estado cae en la ilegitimidad y en la ilegalidad del mandato recibido de sus electores, máxime cuando el pretexto de su reticencia en actuar y legislar es revocar una ley federal que ya está en marcha.
Estas consideraciones no las hago desde el punto de vista de un abogado de profesión, sino en mi condición de filósofo político que conoce el sentido de un Estado democrático constitucional de derecho y que sabe de la discrecionalidad política de la que gozan los jueces estadounidenses.
La funcionalidad de la democracia en esa nación ha sido puesta en entredicho por la debilidad del Ejecutivo y la prepotencia arbitraria de una facción determinante y hegemónica del Partido Republicano. El mundo sabe que no se puede intervenir en los asuntos internos de EU ni presionar a ese Estado para que apruebe su presupuesto de funcionamiento administrativo y financiero, pero sí podemos reflexionar en lo que se puede y debe hacer ante situaciones inéditas, que requieren de innovación y creatividad.
El otro aspecto preocupante tiene que ver con la indiferencia de la ciudadanía ante el colapso de la política bipartidista, indiferencia que puede significar que los votantes estadounidenses dejaron de sentirse ciudadanos y empiezan a comportarse como clientes. Ambas hipótesis son terribles para el funcionamiento de un mundo globalizado, donde Estados Unidos de América, en estos momentos, es un autor imprescindible.
http://impresa.prensa.com/opinion/Ejecutivo-Congreso-Roberto-Arosemena-Jaen_0_3774372588.html
domingo, 6 de octubre de 2013
Clientelismo e insensatez
Roberto Arosemena Jaén
El Presidente de la República falla por exceso de ingenuidad en su actuar político. Ha vuelto a revivir los demonios y los dioses olvidados de la reacción antimilitarista de finales del gobierno norieguista. La ingenuidad es propia de los gobernantes a punto de desmoronarse.
El demonio de la autocracia prolongada que llevó a las masas electorales a identificarse con el triunvirato arnulfista, democristiano y Molirena, puede reactualizarse entre los independientes, los profesionales y el PRD, panameñismo y FAD contra el CD. En 1989, no le fue difícil al electorado independiente y profesional votar por Endara, Arias y Ford. ¿Qué sucederá en 2014?
De otra parte, los dioses o valores compartidos por la sociedad civil, entre 1986 y 1989, como salvar la autonomía de la CSS, garantizar la estabilidad de los funcionarios y el respeto a los gremios, desconocer la deuda pública como tributo a la corrupción y convocar a una constituyente dirigida a institucionalizar un estado democrático de derecho, catapultaron a la oposición anti PRD para desmilitarizar la sociedad y frenar el continuismo de las Fuerzas de Defensa (policía, armada, militares de frontera). Estados Unidos olió la descomposición del país y se aprovechó de la autorización del Tratado de Neutralidad para invadir Panamá.
Ya es hora –van cinco años– para que el Presidente aprenda de sus errores y vicios políticos. El poder mediático y empresarial de que goza actualmente no es lo suficientemente fuerte para transformarlo en Presidente por siempre. El poder mediático puede en horas satanizarlo como hizo, poco a poco, con Noriega. La práctica deportiva del Presidente de ponerse a pelear con los jefes de la oposición, expresidentes, periodistas, empresarios y antiguos procuradores y contralores no es lo mismo que seguir abusando de la paciencia de los gremios y de los profesionales. El derrumbe del torrijismo empezó en 1979 cuando gremios, profesionales y cierto sector empresarial dijeron basta a la reforma educativa de culto a la personalidad.
Toda la década de 1980 fue una lenta y constante movilización popular y gremial hasta que Estados Unidos tuvo que salvar la institucionalización de lo que hoy es la Policía, el Senan y Senafront y el Ministerio de Seguridad, astutamente utilizado por el actual jefe de Estado. El último jefe de Estado panameño fue el malogrado Omar Efraín Torrijos Herrera.
En esto radica la ingenua insensatez del Presidente Martinelli. Pensar y, sobre todo, creer que con millones, amenazas y represión la consigna “Gobierno Nacional–Martinelli Presidente” podrá repetir en mayo de 2014. Decir que la huelga –más bien trabajo a desgano– de docentes, médicos y profesionales es un asunto político, no es falso sino por el contrario, totalmente válido a nivel político. El problema es que la oposición no se atreve a manejarse políticamente frente a la huelga de los trabajadores de la salud. Política es garantizar un servicio público tan esencial como la salud. El responsable de garantizar el servicio de salud no es el médico, sino el Gobierno de turno. El profesional asalariado cumple con una actividad laboral y recibe una contraprestación. Esta contraprestación está en manos del Estado. Si el gobierno presidencial decide pelearse con los profesionales, despedirlos y contratar médicos y enfermeras, laboratoristas y auxiliares es porque cree que al final, políticamente, obtendrá dividendos para su partido y sus candidatos. Frente a este tipo de enfrentamiento, el actual presidente de la República debe considerarse impedido para resolver esta crisis de salud, que no es la primera que ocasiona. En su momento, fue destituido como director de la CSS. Ahora, se cuenta con un vicepresidente de la República que puede asumir la responsabilidad de resolver la crisis. El director de la CSS y el ministro deben ser sustituidos por incompetentes y las nuevas autoridades de salud deben solicitar a la Asamblea Nacional que reinicie los debates para obtener en los próximos meses un nuevo Código Sanitario y una CSS que no pueda publicitar la consigna “gobierno nacional, Martinelli ...”. ¡Ahora o nunca, señor Presidente, actúe con sensatez!
http://impresa.prensa.com/opinion/Clientelismo-insensatez-Roberto-Arosemena-Jaen_0_3769873004.html
El Presidente de la República falla por exceso de ingenuidad en su actuar político. Ha vuelto a revivir los demonios y los dioses olvidados de la reacción antimilitarista de finales del gobierno norieguista. La ingenuidad es propia de los gobernantes a punto de desmoronarse.
El demonio de la autocracia prolongada que llevó a las masas electorales a identificarse con el triunvirato arnulfista, democristiano y Molirena, puede reactualizarse entre los independientes, los profesionales y el PRD, panameñismo y FAD contra el CD. En 1989, no le fue difícil al electorado independiente y profesional votar por Endara, Arias y Ford. ¿Qué sucederá en 2014?
De otra parte, los dioses o valores compartidos por la sociedad civil, entre 1986 y 1989, como salvar la autonomía de la CSS, garantizar la estabilidad de los funcionarios y el respeto a los gremios, desconocer la deuda pública como tributo a la corrupción y convocar a una constituyente dirigida a institucionalizar un estado democrático de derecho, catapultaron a la oposición anti PRD para desmilitarizar la sociedad y frenar el continuismo de las Fuerzas de Defensa (policía, armada, militares de frontera). Estados Unidos olió la descomposición del país y se aprovechó de la autorización del Tratado de Neutralidad para invadir Panamá.
Ya es hora –van cinco años– para que el Presidente aprenda de sus errores y vicios políticos. El poder mediático y empresarial de que goza actualmente no es lo suficientemente fuerte para transformarlo en Presidente por siempre. El poder mediático puede en horas satanizarlo como hizo, poco a poco, con Noriega. La práctica deportiva del Presidente de ponerse a pelear con los jefes de la oposición, expresidentes, periodistas, empresarios y antiguos procuradores y contralores no es lo mismo que seguir abusando de la paciencia de los gremios y de los profesionales. El derrumbe del torrijismo empezó en 1979 cuando gremios, profesionales y cierto sector empresarial dijeron basta a la reforma educativa de culto a la personalidad.
Toda la década de 1980 fue una lenta y constante movilización popular y gremial hasta que Estados Unidos tuvo que salvar la institucionalización de lo que hoy es la Policía, el Senan y Senafront y el Ministerio de Seguridad, astutamente utilizado por el actual jefe de Estado. El último jefe de Estado panameño fue el malogrado Omar Efraín Torrijos Herrera.
En esto radica la ingenua insensatez del Presidente Martinelli. Pensar y, sobre todo, creer que con millones, amenazas y represión la consigna “Gobierno Nacional–Martinelli Presidente” podrá repetir en mayo de 2014. Decir que la huelga –más bien trabajo a desgano– de docentes, médicos y profesionales es un asunto político, no es falso sino por el contrario, totalmente válido a nivel político. El problema es que la oposición no se atreve a manejarse políticamente frente a la huelga de los trabajadores de la salud. Política es garantizar un servicio público tan esencial como la salud. El responsable de garantizar el servicio de salud no es el médico, sino el Gobierno de turno. El profesional asalariado cumple con una actividad laboral y recibe una contraprestación. Esta contraprestación está en manos del Estado. Si el gobierno presidencial decide pelearse con los profesionales, despedirlos y contratar médicos y enfermeras, laboratoristas y auxiliares es porque cree que al final, políticamente, obtendrá dividendos para su partido y sus candidatos. Frente a este tipo de enfrentamiento, el actual presidente de la República debe considerarse impedido para resolver esta crisis de salud, que no es la primera que ocasiona. En su momento, fue destituido como director de la CSS. Ahora, se cuenta con un vicepresidente de la República que puede asumir la responsabilidad de resolver la crisis. El director de la CSS y el ministro deben ser sustituidos por incompetentes y las nuevas autoridades de salud deben solicitar a la Asamblea Nacional que reinicie los debates para obtener en los próximos meses un nuevo Código Sanitario y una CSS que no pueda publicitar la consigna “gobierno nacional, Martinelli ...”. ¡Ahora o nunca, señor Presidente, actúe con sensatez!
http://impresa.prensa.com/opinion/Clientelismo-insensatez-Roberto-Arosemena-Jaen_0_3769873004.html
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