Roberto Arosemena Jaén
La comunidad nacional tiene dos deudas pendientes: establecer la democracia participativa y reasumir la soberanía sobre nuestras riquezas territoriales.
La democracia calificada es el medio, la soberanía sobre la riqueza territorial es el fin. Con la democracia participativa, el todo comunitario se apodera de la riqueza nacional para disfrutarla en provecho propio. El próximo mes de mayo se pondrá “al alcance de nuestras manos” la posibilidad de iniciar el pago de esta doble deuda. No será fácil deshacernos de esa democracia representativa que nos ahoga desde las luchas por la independencia del siglo XIX y que ha colocado la soberanía en manos de unos pocos poderosos –la cacareada oligarquía– que se ha enriquecido escandalosamente.
La tónica electoral de mayo próximo es el grupo de pretendientes que desea llegar al poder político para mantener o ejercer el usufructo sobre las riquezas del Estado. Una especie de privatización de la soberanía popular. Casi nadie les cree que son políticos de altura y que luchan por una riqueza pública cuando ni siquiera renuncian a su posibilidad remota de triunfar.
¿Cómo podrá la comunidad panameña superar la cultura del entretenimiento y la conmemoración de los imaginarios colectivos y decir basta al clientelismo?
Ricardo Martinelli es el hombre del entretenimiento y del clientelismo. Su imaginario es consumir por consumir y para seguir consumiendo. Es casi un ícono de la cultura de la desnacionalización, de la representación populachera y del tráfico de influencias de un empresariado de “hipermercados y de mega proyectos. Esta imaginería del hombre, que en cinco años ha realizado más y más de lo que no pudieron sus antecesores de 1941, 1968 y 1989, es el salvoconducto para ganar las elecciones de la democracia representativa de 2014.
¿Podrán los presidenciables no gubernamentales derrotar al Mimito de Martinelli?
¿Podrá el maremágnum de publicidad, propaganda y militancia de partidos e independientes neutralizar las dádivas de becas, jamones y dinero que pesan en la conciencia descreída de una sociedad en manos de la representación democrática clientelista?
Disputar las elecciones al Mimito de Ricardo Martinelli es la crónica de la derrota anunciada, si cada uno de los seis presidenciables no gubernamentales va por lo suyo. Con gran dificultad, esta conciencia popular secuestrada podrá discriminar cuál es el mejor, el más solidario y el más íntegro para oponerse a la maquinaria de los fabricantes de imagen y de presidentes enlatados. Esta sería la alternativa de la sociedad panameña, si logra despertar el 4 de mayo y deposita un voto por el “equipo político e independiente” liquidará la demagogia y la corrupción institucional de los funcionarios públicos elegidos para gobernar, legislar y administrar las riquezas nacionales.
Feliz y próspero año nuevo, si logramos concertar una sola alternativa antigubernamental. Esta construcción está al alcance de la mano de los presidenciables que se oponen al Mimito de Martinelli y, sobre todo, está en manos de un pueblo que practica la democracia participativa y está dispuesta a ejercer la soberanía, que soñó y por la cual irrumpió en la historia nacional el 9 de enero de 1964.
Rememorar la historia de hace 50 años es actualizarla y repetirla en este presente electoral. Conmemorar el hecho pasado, ya muerto, es lo propio de los monumentos, las tumbas y del gobernante de turno, que sigue dando dádivas incluso ahora, con el empecinamiento de crear días puente de consumo y no acciones para saldar la deuda con nuestros antecesores y ejercer la soberanía que reasumieron los mártires.
http://impresa.prensa.com/opinion/Dialogos-democracia-Roberto-Arosemena-Jaen_0_3830616988.html
Departamento de Filosofía, Facultad de Humanidades, Universidad de Panamá
jueves, 26 de diciembre de 2013
sábado, 7 de diciembre de 2013
Muros, murales y silencios
Pedro Luis Prados S.
La pintura, como forma de liberar la imaginación, ha estado presente en la vida del hombre desde las primeras comunidades que habitaron el planeta. Fue la forma mágica para conjurar animales, disipar los temores, testimoniar la historia, simbolizar sus creencias y transmitir los patrones culturales. En alguna medida la creación artística es una actividad tan propia de lo humano como el fuego o la palabra, y ese artista que subyace en cada individuo busca formas tradicionales o inéditas para plasmar esa vocación creativa. Tratar de impugnar esa voluntad que emerge en cada obra es ignorar la historia de la humanidad.
Dentro de las posibilidades que dispone la expresión plástica, el medio más recurrido han sido las paredes o muros de edificaciones. Desde las cuevas de Altamira y Lascaux, las pirámides egipcias, los templos medievales y renacentistas la pintura mural ha sido el medio más utilizado para difundir sistemas de creencias o valores tradicionales y, en cierta medida, son los que más han perdurado. El acceso a grandes sectores de la población, la facilidad para decodificar el mensaje visual y las posibilidades para transmitir discursos alegóricos fue considerado por el cristianismo para ilustrar con grandes frescos iglesias y conventos durante el renacimiento y dar a conocer pasajes bíblicos e historia de la fe a una población que no tenía acceso a la lectura.
El maestro mexicano José Vasconcelos, conocedor de las posibilidades de la pintura mural, concitó en 1921, como secretario de Instrucción Pública, a los más relevantes artistas de su país para que testimoniaran en los edificios públicos y en grandes espacios abiertos la saga de los 10 años de revolución que convulsionaron el país y la lucha del pueblo por la tierra, permitiendo que Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros desarrollaran un movimiento con un profundo contenido agrarista, indigenista y proletario dirigido a las masas sin acceso a la educación, que constituye un orgullo de la tradición del arte de ese país y modelo a seguir en otros países del continente.
La historia de la pintura mural en Panamá ha sido una saga de incomprensiones y sometimientos. El desconocimiento de las particularidades del neoexpresionismo figurativo y el informalismo, con su distorsión de la imagen y la agresividad cromática para producir el impacto afectivo en el espectador, no tienen cabida en un público acostumbrado al facilismo visual, y la ligereza en el pensamiento. Educados para no pensar, los panameños prefieren el costumbrismo paisajístico o el folclorismo “cutarrista”, cuya comprensión no requiere grandes esfuerzos mentales. Por otra parte, un miedo cerval de las autoridades a que se muestren las contradicciones que han sacudido la historia del país y sus protagonistas, ha llevado a la desaparición de importantes murales testimoniales de nuestra historia.
El miedo inquisitorial de un rector hizo desaparecer uno alusivo a la lucha antiimperialista de los panameños que el pintor mexicano Leopoldo Leal, de paso por el país, realizó en el Instituto Nacional en 1939, para evitar malos entendidos con los estadounidense; la bola de demolición dio cuenta del mural que Juan Bautista Jeanine hiciera en la antigua Casa del Periodista ante la indiferencia de autoridades y comunicadores; el alusivo al 9 de enero que hiciera Carlos González Palomino en el Artes y Oficios desapareció bajo capas de pintura por revolucionario y provocador, al igual que el conmemorativo a la invasión del 20 de diciembre condenado al sótano del edificio de la Gobernación de la Provincia de Panamá; la veintena de murales que Virgilio Ortega Santizo y su hermano Ignacio Káncer Ortega trabajaron al calor de la lucha nacionalista por el Canal, desaparecieron bajo la mirada austera de gobiernos celosos de la buena relación con los estadounidenses.
Mutilados y testarudos sobreviven trabajos como el de Ciro y Rosie Oduber en la Caja de Seguro Social de calle 17; el gigantesco mural confeccionado por Guillermo Trujillo en el vestíbulo del Complejo Hospitalario Metropolitano y el delicado trabajo informalista hecho con tesetería en el Instituto Justo Arosemena por Juan Bautista Jeanine y los de Palomino en el gimnasio de Barraza. Asilados y a la defensiva se preservan los de este consagrado artista y otros creadores en la Universidad de Panamá. Todo parece indicar que los panameños, comprometidos visualmente con las vallas publicitarias, están impedidos para no ver otra cosa que bebidas espumantes y jóvenes en sedería.
No nos sorprende que el gobierno repintara, por dudosos criterios esteticistas, el mural que un colectivo de jóvenes hiciera en un recién inaugurado paso vehicular. El sometimiento es un mal endémico en los políticos de este “diminuto país de gigantes crímenes” y creo que nada lo cambiará. Pero los artistas tienen medios sutiles de venganza, por eso el obispo de Milán, Biaggio da Cesena, perseguidor implacable de Miguel Ángel, se encuentra desde hace algunos siglos en la esquina dedicada al infierno en El Juicio Final.
http://www.prensa.com/impreso/opinion/muros-murales-y-silencios-pedro-luis-prados-s/239147
La pintura, como forma de liberar la imaginación, ha estado presente en la vida del hombre desde las primeras comunidades que habitaron el planeta. Fue la forma mágica para conjurar animales, disipar los temores, testimoniar la historia, simbolizar sus creencias y transmitir los patrones culturales. En alguna medida la creación artística es una actividad tan propia de lo humano como el fuego o la palabra, y ese artista que subyace en cada individuo busca formas tradicionales o inéditas para plasmar esa vocación creativa. Tratar de impugnar esa voluntad que emerge en cada obra es ignorar la historia de la humanidad.
Dentro de las posibilidades que dispone la expresión plástica, el medio más recurrido han sido las paredes o muros de edificaciones. Desde las cuevas de Altamira y Lascaux, las pirámides egipcias, los templos medievales y renacentistas la pintura mural ha sido el medio más utilizado para difundir sistemas de creencias o valores tradicionales y, en cierta medida, son los que más han perdurado. El acceso a grandes sectores de la población, la facilidad para decodificar el mensaje visual y las posibilidades para transmitir discursos alegóricos fue considerado por el cristianismo para ilustrar con grandes frescos iglesias y conventos durante el renacimiento y dar a conocer pasajes bíblicos e historia de la fe a una población que no tenía acceso a la lectura.
El maestro mexicano José Vasconcelos, conocedor de las posibilidades de la pintura mural, concitó en 1921, como secretario de Instrucción Pública, a los más relevantes artistas de su país para que testimoniaran en los edificios públicos y en grandes espacios abiertos la saga de los 10 años de revolución que convulsionaron el país y la lucha del pueblo por la tierra, permitiendo que Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros desarrollaran un movimiento con un profundo contenido agrarista, indigenista y proletario dirigido a las masas sin acceso a la educación, que constituye un orgullo de la tradición del arte de ese país y modelo a seguir en otros países del continente.
La historia de la pintura mural en Panamá ha sido una saga de incomprensiones y sometimientos. El desconocimiento de las particularidades del neoexpresionismo figurativo y el informalismo, con su distorsión de la imagen y la agresividad cromática para producir el impacto afectivo en el espectador, no tienen cabida en un público acostumbrado al facilismo visual, y la ligereza en el pensamiento. Educados para no pensar, los panameños prefieren el costumbrismo paisajístico o el folclorismo “cutarrista”, cuya comprensión no requiere grandes esfuerzos mentales. Por otra parte, un miedo cerval de las autoridades a que se muestren las contradicciones que han sacudido la historia del país y sus protagonistas, ha llevado a la desaparición de importantes murales testimoniales de nuestra historia.
El miedo inquisitorial de un rector hizo desaparecer uno alusivo a la lucha antiimperialista de los panameños que el pintor mexicano Leopoldo Leal, de paso por el país, realizó en el Instituto Nacional en 1939, para evitar malos entendidos con los estadounidense; la bola de demolición dio cuenta del mural que Juan Bautista Jeanine hiciera en la antigua Casa del Periodista ante la indiferencia de autoridades y comunicadores; el alusivo al 9 de enero que hiciera Carlos González Palomino en el Artes y Oficios desapareció bajo capas de pintura por revolucionario y provocador, al igual que el conmemorativo a la invasión del 20 de diciembre condenado al sótano del edificio de la Gobernación de la Provincia de Panamá; la veintena de murales que Virgilio Ortega Santizo y su hermano Ignacio Káncer Ortega trabajaron al calor de la lucha nacionalista por el Canal, desaparecieron bajo la mirada austera de gobiernos celosos de la buena relación con los estadounidenses.
Mutilados y testarudos sobreviven trabajos como el de Ciro y Rosie Oduber en la Caja de Seguro Social de calle 17; el gigantesco mural confeccionado por Guillermo Trujillo en el vestíbulo del Complejo Hospitalario Metropolitano y el delicado trabajo informalista hecho con tesetería en el Instituto Justo Arosemena por Juan Bautista Jeanine y los de Palomino en el gimnasio de Barraza. Asilados y a la defensiva se preservan los de este consagrado artista y otros creadores en la Universidad de Panamá. Todo parece indicar que los panameños, comprometidos visualmente con las vallas publicitarias, están impedidos para no ver otra cosa que bebidas espumantes y jóvenes en sedería.
No nos sorprende que el gobierno repintara, por dudosos criterios esteticistas, el mural que un colectivo de jóvenes hiciera en un recién inaugurado paso vehicular. El sometimiento es un mal endémico en los políticos de este “diminuto país de gigantes crímenes” y creo que nada lo cambiará. Pero los artistas tienen medios sutiles de venganza, por eso el obispo de Milán, Biaggio da Cesena, perseguidor implacable de Miguel Ángel, se encuentra desde hace algunos siglos en la esquina dedicada al infierno en El Juicio Final.
http://www.prensa.com/impreso/opinion/muros-murales-y-silencios-pedro-luis-prados-s/239147
sábado, 26 de octubre de 2013
¿Cuán laico es el Estado panameño?
Francisco Díaz Montilla
Históricamente hubo una especie de complicidad con el catolicismo que se tradujo para este grupo en un trato en cierto sentido privilegiado. En fallo de 5 de septiembre de 1997, bajo la ponencia del magistrado Fabián Echevers, el pleno de la Corte Suprema señaló: “Nuestra Carta Fundamental pone en evidencia un ´cristianismo confeso´ del constituyente, que emana del preámbulo (´invocando la protección de Dios´) y del artículo 35 del texto constitucional (´respeto a la moral cristiana´, ´la religión católica es la de la mayoría de los panameños´), valor fundamental que la magistratura constitucional debe tener presente”.
Las huellas constitucionales de ese catolicismo confeso reivindicado por nuestra Corte se remontan a un período anterior a la formación de la República. Ciertamente, la Constitución de Cádiz de 1812, Art. 12, reconocía al catolicismo como el credo perpetuo de la nación española. De igual modo, la Constitución colombiana de 1886 en el Art. 38.
Con la separación en 1903, la católica dejó de ser la religión de la nación y devino en la de la mayoría de los habitantes de la República, según la Constitución de 1904, que contemplaba la posibilidad de auxilios para fundar un seminario conciliar en la capital y para misiones a las tribus indígenas (Art. 26). Esta idea se mantuvo inalterada en la Constitución de 1941 (Art. 27), así como la enseñanza del catolicismo en las escuelas públicas. De igual modo se pronunciaría la Constitución de 1946 (Art. 36). La de 1972 y sus subsiguientes reformas mantuvieron intacto el enunciado estadístico sobre la religión mayoritaria de los panameños, mantuvieron su enseñanza en las escuelas y colegios, y mantuvieron invariante –hasta ahora– el compromiso del Estado con la moral cristiana. Con respecto a la enseñanza del catolicismo, el anteproyecto de Acto Constitucional propuesto por la comisión especial de consulta de las reformas a la Constitución Política de la República de Panamá señala: “Se enseñará la religión católica y valores cívicos, éticos y morales en las escuelas oficiales y particulares”.
En un escenario como el descrito, no es de extrañar la aprobación de una ley que decreta septiembre como el mes de las sagradas escrituras (Ley 26 de 2007) y otra que establece el segundo viernes de este mes como el día del perdón en la República de Panamá (Ley 72 de 2012). Bajo tales parámetros, la idea de edificar un colosal monumento a Santa María la Antigua, destinando bienes públicos, es plenamente concebible. No hay que perder de vista que la religión es un componente cultural y que –en el caso de nuestro país– es innegable la influencia del catolicismo en la historia. Sobre ello se dice en el anteproyecto de Acto Constitucional: “Se reconoce el protagonismo de la religión católica en la formación histórica y cultural de la Nación panameña”. Pese a ello, ¿es deseable que el Estado disponga de bienes públicos para una obra de esta naturaleza? En un Estado que se profese laico, definitivamente no; el problema con el nuestro es que es menos laico de lo que pensamos.
http://www.prensa.com/impreso/opinion/%C2%BFcuan-laico-es-estado-panameno-francisco-diaz-montilla/201310
Históricamente hubo una especie de complicidad con el catolicismo que se tradujo para este grupo en un trato en cierto sentido privilegiado. En fallo de 5 de septiembre de 1997, bajo la ponencia del magistrado Fabián Echevers, el pleno de la Corte Suprema señaló: “Nuestra Carta Fundamental pone en evidencia un ´cristianismo confeso´ del constituyente, que emana del preámbulo (´invocando la protección de Dios´) y del artículo 35 del texto constitucional (´respeto a la moral cristiana´, ´la religión católica es la de la mayoría de los panameños´), valor fundamental que la magistratura constitucional debe tener presente”.
Las huellas constitucionales de ese catolicismo confeso reivindicado por nuestra Corte se remontan a un período anterior a la formación de la República. Ciertamente, la Constitución de Cádiz de 1812, Art. 12, reconocía al catolicismo como el credo perpetuo de la nación española. De igual modo, la Constitución colombiana de 1886 en el Art. 38.
Con la separación en 1903, la católica dejó de ser la religión de la nación y devino en la de la mayoría de los habitantes de la República, según la Constitución de 1904, que contemplaba la posibilidad de auxilios para fundar un seminario conciliar en la capital y para misiones a las tribus indígenas (Art. 26). Esta idea se mantuvo inalterada en la Constitución de 1941 (Art. 27), así como la enseñanza del catolicismo en las escuelas públicas. De igual modo se pronunciaría la Constitución de 1946 (Art. 36). La de 1972 y sus subsiguientes reformas mantuvieron intacto el enunciado estadístico sobre la religión mayoritaria de los panameños, mantuvieron su enseñanza en las escuelas y colegios, y mantuvieron invariante –hasta ahora– el compromiso del Estado con la moral cristiana. Con respecto a la enseñanza del catolicismo, el anteproyecto de Acto Constitucional propuesto por la comisión especial de consulta de las reformas a la Constitución Política de la República de Panamá señala: “Se enseñará la religión católica y valores cívicos, éticos y morales en las escuelas oficiales y particulares”.
En un escenario como el descrito, no es de extrañar la aprobación de una ley que decreta septiembre como el mes de las sagradas escrituras (Ley 26 de 2007) y otra que establece el segundo viernes de este mes como el día del perdón en la República de Panamá (Ley 72 de 2012). Bajo tales parámetros, la idea de edificar un colosal monumento a Santa María la Antigua, destinando bienes públicos, es plenamente concebible. No hay que perder de vista que la religión es un componente cultural y que –en el caso de nuestro país– es innegable la influencia del catolicismo en la historia. Sobre ello se dice en el anteproyecto de Acto Constitucional: “Se reconoce el protagonismo de la religión católica en la formación histórica y cultural de la Nación panameña”. Pese a ello, ¿es deseable que el Estado disponga de bienes públicos para una obra de esta naturaleza? En un Estado que se profese laico, definitivamente no; el problema con el nuestro es que es menos laico de lo que pensamos.
http://www.prensa.com/impreso/opinion/%C2%BFcuan-laico-es-estado-panameno-francisco-diaz-montilla/201310
sábado, 12 de octubre de 2013
Ejecutivo contra Congreso
Roberto Arosemena Jaén
Desde hace días, Estados Unidos viene ofreciendo un espectáculo de ineficacia administrativa. El jefe del Ejecutivo ha caído en el voluntarismo de no querer derogar la ley sobre seguridad social, y el Congreso, “prepotente y amenazador”, exige que no se cumpla con esa ley que ellos mismos aprobaron y que la Corte declaró constitucional.
La presión del Congreso –yo diría la ilegalidad digna de ser perseguida– al no aprobar un presupuesto que garantice el funcionamiento del Estado se está manejando “políticamente”, como si fuese una riña entre demócratas y republicanos.
Lo lamentable de este “ vacío” administrativo es la incapacidad de Barack Obama, presidente de Estados Unidos, para actuar, reactivar la administración y obligar al Congreso a que cumpla con sus funciones constitucionales. Es un principio político universalmente aceptado en una democracia: impedir el funcionamiento de un órgano del Estado es un acto ilegítimo que debe ser perseguido legalmente.
La naturaleza no admite el vacío, decía el filósofo Espinoza. Aristóteles hubiese replicado, el Estado como orden político arquitectónico de una sociedad no admite el vacío ni tácticas para impedir el funcionamiento de la administración pública. Es decir, permitir el vacío estatal es un acto que se debe perseguir sea por acción –caso del Congreso– sea por omisión –caso de Obama–.
El presidente tiene que acudir al poder constitucional de la Corte Suprema como Tribunal Superior de Justicia Federal para presionar jurídica y penalmente a todos los miembros del Senado y de la Cámara de Representantes, porque en lugar de aprobar un presupuesto lo están amenazando para que derogue una ley de forzoso cumplimiento, como es el Plan de Salud.
No entiendo cómo un problema judicial y constitucional el presidente lo maneja como uno interpartidista. Si el Congreso impide el funcionamiento del Estado cae en la ilegitimidad y en la ilegalidad del mandato recibido de sus electores, máxime cuando el pretexto de su reticencia en actuar y legislar es revocar una ley federal que ya está en marcha.
Estas consideraciones no las hago desde el punto de vista de un abogado de profesión, sino en mi condición de filósofo político que conoce el sentido de un Estado democrático constitucional de derecho y que sabe de la discrecionalidad política de la que gozan los jueces estadounidenses.
La funcionalidad de la democracia en esa nación ha sido puesta en entredicho por la debilidad del Ejecutivo y la prepotencia arbitraria de una facción determinante y hegemónica del Partido Republicano. El mundo sabe que no se puede intervenir en los asuntos internos de EU ni presionar a ese Estado para que apruebe su presupuesto de funcionamiento administrativo y financiero, pero sí podemos reflexionar en lo que se puede y debe hacer ante situaciones inéditas, que requieren de innovación y creatividad.
El otro aspecto preocupante tiene que ver con la indiferencia de la ciudadanía ante el colapso de la política bipartidista, indiferencia que puede significar que los votantes estadounidenses dejaron de sentirse ciudadanos y empiezan a comportarse como clientes. Ambas hipótesis son terribles para el funcionamiento de un mundo globalizado, donde Estados Unidos de América, en estos momentos, es un autor imprescindible.
http://impresa.prensa.com/opinion/Ejecutivo-Congreso-Roberto-Arosemena-Jaen_0_3774372588.html
Desde hace días, Estados Unidos viene ofreciendo un espectáculo de ineficacia administrativa. El jefe del Ejecutivo ha caído en el voluntarismo de no querer derogar la ley sobre seguridad social, y el Congreso, “prepotente y amenazador”, exige que no se cumpla con esa ley que ellos mismos aprobaron y que la Corte declaró constitucional.
La presión del Congreso –yo diría la ilegalidad digna de ser perseguida– al no aprobar un presupuesto que garantice el funcionamiento del Estado se está manejando “políticamente”, como si fuese una riña entre demócratas y republicanos.
Lo lamentable de este “ vacío” administrativo es la incapacidad de Barack Obama, presidente de Estados Unidos, para actuar, reactivar la administración y obligar al Congreso a que cumpla con sus funciones constitucionales. Es un principio político universalmente aceptado en una democracia: impedir el funcionamiento de un órgano del Estado es un acto ilegítimo que debe ser perseguido legalmente.
La naturaleza no admite el vacío, decía el filósofo Espinoza. Aristóteles hubiese replicado, el Estado como orden político arquitectónico de una sociedad no admite el vacío ni tácticas para impedir el funcionamiento de la administración pública. Es decir, permitir el vacío estatal es un acto que se debe perseguir sea por acción –caso del Congreso– sea por omisión –caso de Obama–.
El presidente tiene que acudir al poder constitucional de la Corte Suprema como Tribunal Superior de Justicia Federal para presionar jurídica y penalmente a todos los miembros del Senado y de la Cámara de Representantes, porque en lugar de aprobar un presupuesto lo están amenazando para que derogue una ley de forzoso cumplimiento, como es el Plan de Salud.
No entiendo cómo un problema judicial y constitucional el presidente lo maneja como uno interpartidista. Si el Congreso impide el funcionamiento del Estado cae en la ilegitimidad y en la ilegalidad del mandato recibido de sus electores, máxime cuando el pretexto de su reticencia en actuar y legislar es revocar una ley federal que ya está en marcha.
Estas consideraciones no las hago desde el punto de vista de un abogado de profesión, sino en mi condición de filósofo político que conoce el sentido de un Estado democrático constitucional de derecho y que sabe de la discrecionalidad política de la que gozan los jueces estadounidenses.
La funcionalidad de la democracia en esa nación ha sido puesta en entredicho por la debilidad del Ejecutivo y la prepotencia arbitraria de una facción determinante y hegemónica del Partido Republicano. El mundo sabe que no se puede intervenir en los asuntos internos de EU ni presionar a ese Estado para que apruebe su presupuesto de funcionamiento administrativo y financiero, pero sí podemos reflexionar en lo que se puede y debe hacer ante situaciones inéditas, que requieren de innovación y creatividad.
El otro aspecto preocupante tiene que ver con la indiferencia de la ciudadanía ante el colapso de la política bipartidista, indiferencia que puede significar que los votantes estadounidenses dejaron de sentirse ciudadanos y empiezan a comportarse como clientes. Ambas hipótesis son terribles para el funcionamiento de un mundo globalizado, donde Estados Unidos de América, en estos momentos, es un autor imprescindible.
http://impresa.prensa.com/opinion/Ejecutivo-Congreso-Roberto-Arosemena-Jaen_0_3774372588.html
domingo, 6 de octubre de 2013
Clientelismo e insensatez
Roberto Arosemena Jaén
El Presidente de la República falla por exceso de ingenuidad en su actuar político. Ha vuelto a revivir los demonios y los dioses olvidados de la reacción antimilitarista de finales del gobierno norieguista. La ingenuidad es propia de los gobernantes a punto de desmoronarse.
El demonio de la autocracia prolongada que llevó a las masas electorales a identificarse con el triunvirato arnulfista, democristiano y Molirena, puede reactualizarse entre los independientes, los profesionales y el PRD, panameñismo y FAD contra el CD. En 1989, no le fue difícil al electorado independiente y profesional votar por Endara, Arias y Ford. ¿Qué sucederá en 2014?
De otra parte, los dioses o valores compartidos por la sociedad civil, entre 1986 y 1989, como salvar la autonomía de la CSS, garantizar la estabilidad de los funcionarios y el respeto a los gremios, desconocer la deuda pública como tributo a la corrupción y convocar a una constituyente dirigida a institucionalizar un estado democrático de derecho, catapultaron a la oposición anti PRD para desmilitarizar la sociedad y frenar el continuismo de las Fuerzas de Defensa (policía, armada, militares de frontera). Estados Unidos olió la descomposición del país y se aprovechó de la autorización del Tratado de Neutralidad para invadir Panamá.
Ya es hora –van cinco años– para que el Presidente aprenda de sus errores y vicios políticos. El poder mediático y empresarial de que goza actualmente no es lo suficientemente fuerte para transformarlo en Presidente por siempre. El poder mediático puede en horas satanizarlo como hizo, poco a poco, con Noriega. La práctica deportiva del Presidente de ponerse a pelear con los jefes de la oposición, expresidentes, periodistas, empresarios y antiguos procuradores y contralores no es lo mismo que seguir abusando de la paciencia de los gremios y de los profesionales. El derrumbe del torrijismo empezó en 1979 cuando gremios, profesionales y cierto sector empresarial dijeron basta a la reforma educativa de culto a la personalidad.
Toda la década de 1980 fue una lenta y constante movilización popular y gremial hasta que Estados Unidos tuvo que salvar la institucionalización de lo que hoy es la Policía, el Senan y Senafront y el Ministerio de Seguridad, astutamente utilizado por el actual jefe de Estado. El último jefe de Estado panameño fue el malogrado Omar Efraín Torrijos Herrera.
En esto radica la ingenua insensatez del Presidente Martinelli. Pensar y, sobre todo, creer que con millones, amenazas y represión la consigna “Gobierno Nacional–Martinelli Presidente” podrá repetir en mayo de 2014. Decir que la huelga –más bien trabajo a desgano– de docentes, médicos y profesionales es un asunto político, no es falso sino por el contrario, totalmente válido a nivel político. El problema es que la oposición no se atreve a manejarse políticamente frente a la huelga de los trabajadores de la salud. Política es garantizar un servicio público tan esencial como la salud. El responsable de garantizar el servicio de salud no es el médico, sino el Gobierno de turno. El profesional asalariado cumple con una actividad laboral y recibe una contraprestación. Esta contraprestación está en manos del Estado. Si el gobierno presidencial decide pelearse con los profesionales, despedirlos y contratar médicos y enfermeras, laboratoristas y auxiliares es porque cree que al final, políticamente, obtendrá dividendos para su partido y sus candidatos. Frente a este tipo de enfrentamiento, el actual presidente de la República debe considerarse impedido para resolver esta crisis de salud, que no es la primera que ocasiona. En su momento, fue destituido como director de la CSS. Ahora, se cuenta con un vicepresidente de la República que puede asumir la responsabilidad de resolver la crisis. El director de la CSS y el ministro deben ser sustituidos por incompetentes y las nuevas autoridades de salud deben solicitar a la Asamblea Nacional que reinicie los debates para obtener en los próximos meses un nuevo Código Sanitario y una CSS que no pueda publicitar la consigna “gobierno nacional, Martinelli ...”. ¡Ahora o nunca, señor Presidente, actúe con sensatez!
http://impresa.prensa.com/opinion/Clientelismo-insensatez-Roberto-Arosemena-Jaen_0_3769873004.html
El Presidente de la República falla por exceso de ingenuidad en su actuar político. Ha vuelto a revivir los demonios y los dioses olvidados de la reacción antimilitarista de finales del gobierno norieguista. La ingenuidad es propia de los gobernantes a punto de desmoronarse.
El demonio de la autocracia prolongada que llevó a las masas electorales a identificarse con el triunvirato arnulfista, democristiano y Molirena, puede reactualizarse entre los independientes, los profesionales y el PRD, panameñismo y FAD contra el CD. En 1989, no le fue difícil al electorado independiente y profesional votar por Endara, Arias y Ford. ¿Qué sucederá en 2014?
De otra parte, los dioses o valores compartidos por la sociedad civil, entre 1986 y 1989, como salvar la autonomía de la CSS, garantizar la estabilidad de los funcionarios y el respeto a los gremios, desconocer la deuda pública como tributo a la corrupción y convocar a una constituyente dirigida a institucionalizar un estado democrático de derecho, catapultaron a la oposición anti PRD para desmilitarizar la sociedad y frenar el continuismo de las Fuerzas de Defensa (policía, armada, militares de frontera). Estados Unidos olió la descomposición del país y se aprovechó de la autorización del Tratado de Neutralidad para invadir Panamá.
Ya es hora –van cinco años– para que el Presidente aprenda de sus errores y vicios políticos. El poder mediático y empresarial de que goza actualmente no es lo suficientemente fuerte para transformarlo en Presidente por siempre. El poder mediático puede en horas satanizarlo como hizo, poco a poco, con Noriega. La práctica deportiva del Presidente de ponerse a pelear con los jefes de la oposición, expresidentes, periodistas, empresarios y antiguos procuradores y contralores no es lo mismo que seguir abusando de la paciencia de los gremios y de los profesionales. El derrumbe del torrijismo empezó en 1979 cuando gremios, profesionales y cierto sector empresarial dijeron basta a la reforma educativa de culto a la personalidad.
Toda la década de 1980 fue una lenta y constante movilización popular y gremial hasta que Estados Unidos tuvo que salvar la institucionalización de lo que hoy es la Policía, el Senan y Senafront y el Ministerio de Seguridad, astutamente utilizado por el actual jefe de Estado. El último jefe de Estado panameño fue el malogrado Omar Efraín Torrijos Herrera.
En esto radica la ingenua insensatez del Presidente Martinelli. Pensar y, sobre todo, creer que con millones, amenazas y represión la consigna “Gobierno Nacional–Martinelli Presidente” podrá repetir en mayo de 2014. Decir que la huelga –más bien trabajo a desgano– de docentes, médicos y profesionales es un asunto político, no es falso sino por el contrario, totalmente válido a nivel político. El problema es que la oposición no se atreve a manejarse políticamente frente a la huelga de los trabajadores de la salud. Política es garantizar un servicio público tan esencial como la salud. El responsable de garantizar el servicio de salud no es el médico, sino el Gobierno de turno. El profesional asalariado cumple con una actividad laboral y recibe una contraprestación. Esta contraprestación está en manos del Estado. Si el gobierno presidencial decide pelearse con los profesionales, despedirlos y contratar médicos y enfermeras, laboratoristas y auxiliares es porque cree que al final, políticamente, obtendrá dividendos para su partido y sus candidatos. Frente a este tipo de enfrentamiento, el actual presidente de la República debe considerarse impedido para resolver esta crisis de salud, que no es la primera que ocasiona. En su momento, fue destituido como director de la CSS. Ahora, se cuenta con un vicepresidente de la República que puede asumir la responsabilidad de resolver la crisis. El director de la CSS y el ministro deben ser sustituidos por incompetentes y las nuevas autoridades de salud deben solicitar a la Asamblea Nacional que reinicie los debates para obtener en los próximos meses un nuevo Código Sanitario y una CSS que no pueda publicitar la consigna “gobierno nacional, Martinelli ...”. ¡Ahora o nunca, señor Presidente, actúe con sensatez!
http://impresa.prensa.com/opinion/Clientelismo-insensatez-Roberto-Arosemena-Jaen_0_3769873004.html
sábado, 7 de septiembre de 2013
El subsuelo de la opulencia
Pedro Luis Prados
La naturaleza nos ofrece enseñanzas tan sencillas y prácticas que por obstinación racionalista o por indiferencia no aprendemos, pero han sido las lecciones que llevaron a la humanidad de la horda a la civilización en una carrera milenaria que ahora parece tomar camino de regreso. Todas las civilizaciones agrarias comprendieron que la generosidad de las cosechas y la calidad de los frutos dependía de la riqueza del subsuelo, la abundancia del agua y la variedad de los nutrientes, y a esa comprensión se debió el desarrollo de las grandes civilizaciones en China, India, Mesoamérica, Mesopotamia y Egipto, cuyos reductos forman parte del patrimonio de la humanidad.
En la actualidad, una lógica perversa domina los criterios que definen la riqueza de un país o su capacidad de crecimiento. Desde lejos, en oficinas refrigeradas y sin haber pisado las calles y campiñas de los países en referencia, los analistas de las finanzas realizan cálculos macroeconómicos para determinar el producto interno bruto, comparan estadísticas de mercado y producción, sacan la matriz del monto de la inversión con la propensión al consumo, y de golpe, con una vara mágica, sancionan como en un concurso de belleza cuáles son los países más ricos y cuáles los más pobres, sin considerar otros factores, como es el impacto de esa riqueza en la calidad de vida de sus habitantes o el sacrificio futuro que costará esa abundancia; o lo que es peor, sin asomarse siquiera al subsuelo de esa opulencia.
La buena noticia –aplaudida por comerciantes, banqueros e industriales– de que ocupamos el segundo lugar entre los países más ricos de la región y la agorera premonición de políticos y comunicadores oficiosos sobre nuestro inminente ingreso al Primer Mundo, no solo ha provocado sonrisas maliciosas en el grueso de la población, sino que ha obligado a miles de panameños a pisar tierra y observar el suelo que sustenta esa promisoria anunciación para descubrir lo que ocultan los grandes edificios y las megaconstrucciones.
La primera reacción es subirnos a la baqueta más alta o buscar el hidrante más próximo para escapar de las aguas excretas que en democrática materialización se esparcen en El Chorrillo, Calidonia, Curundú, Pueblo Nuevo o los insulares barrios colonenses, hasta extender sus caldos a exclusivas áreas como Punta Pacífica y Paitilla. Pestilentes y abundantes se esparcen por jardines, calles y patios sin discriminar en qué barraca o mansión ha tomado sitial la riqueza que nos catapulta hacia el mundo de los privilegiados. Pero la sorpresa no se detiene en las hídricas sustancias, y de salto en salto avanzamos para eludir las fracturas de calles y aceras o esquivar los drenajes cuyas tapas han servido de fuente de ingreso a algún indigente o algún trabajo inconcluso de ocasional contratista.
Pero secretos más tenebrosos esconde el subsuelo de la opulencia. Maquinaciones y subterfugios legales son el entramado para la transferencia y permuta de tierras que permitan la expansión de la nueva Babilonia en detrimento de parques naturales, reservas ecológicas, sitios históricos o inmuebles icónicos. Convertida en deidad sibarítica, demanda nuevos palacios y templos con los cuales mostrar su rostro de felicidad a los embobados habitantes del reino, y para eso es necesario arrastrar todo lo que se interponga a su geofagosis insaciable.
La nueva deidad requiere, por su propia naturaleza, recursos minerales que sirvan de exponentes a su nueva condición mitológica, y para ello exige tierras, aguas, selvas y toda sustancia que pueda encontrar en el subsuelo capaz de contribuir a la riqueza anunciada en los tabloides financieros. Para ello devasta, estraga y contamina lo que encuentre a su paso sin importar las comunidades de tradicional asiento, los ecosistemas naturales o la compensación climática planetaria, pues en su lucha por lograr el primer lugar, como en las competencias de gladiadores, todo está permitido. De igual forma, y con la misma dinámica del despojo, se extiende sobre la superficie de playas, llanuras y montañas expulsando a quien encuentre a su paso en busca de suelos para centros vacacionales o ciudadelas exclusivas en donde los ricos de otras latitudes disfruten de la riqueza del nuevo reino.
Pero lo que no aflora en el subsuelo de esa anunciada opulencia que promete un utópico reino de bienestar, repartiendo migajas a unos y otros en piadoso gesto de conmiseración, es el resentimiento por la brecha de desigualdad que produce la riqueza acumulada en manos de unos pocos y los mezquinos mendrugos en las manos de las mayorías. Porque la miseria en casa de pobres, en donde se reparten las carencias con generosidad fraterna, no es causa de desalientos ni rencores; pero no hay nada más humillante, que cause más escarnio y dolor y que acumule más resentimiento en el subsuelo de las conciencias colectivas, que la miseria en casa de ricos.
http://impresa.prensa.com/opinion/subsuelo-opulencia-Pedro-Luis-Prados_0_3748125180.html
La naturaleza nos ofrece enseñanzas tan sencillas y prácticas que por obstinación racionalista o por indiferencia no aprendemos, pero han sido las lecciones que llevaron a la humanidad de la horda a la civilización en una carrera milenaria que ahora parece tomar camino de regreso. Todas las civilizaciones agrarias comprendieron que la generosidad de las cosechas y la calidad de los frutos dependía de la riqueza del subsuelo, la abundancia del agua y la variedad de los nutrientes, y a esa comprensión se debió el desarrollo de las grandes civilizaciones en China, India, Mesoamérica, Mesopotamia y Egipto, cuyos reductos forman parte del patrimonio de la humanidad.
En la actualidad, una lógica perversa domina los criterios que definen la riqueza de un país o su capacidad de crecimiento. Desde lejos, en oficinas refrigeradas y sin haber pisado las calles y campiñas de los países en referencia, los analistas de las finanzas realizan cálculos macroeconómicos para determinar el producto interno bruto, comparan estadísticas de mercado y producción, sacan la matriz del monto de la inversión con la propensión al consumo, y de golpe, con una vara mágica, sancionan como en un concurso de belleza cuáles son los países más ricos y cuáles los más pobres, sin considerar otros factores, como es el impacto de esa riqueza en la calidad de vida de sus habitantes o el sacrificio futuro que costará esa abundancia; o lo que es peor, sin asomarse siquiera al subsuelo de esa opulencia.
La buena noticia –aplaudida por comerciantes, banqueros e industriales– de que ocupamos el segundo lugar entre los países más ricos de la región y la agorera premonición de políticos y comunicadores oficiosos sobre nuestro inminente ingreso al Primer Mundo, no solo ha provocado sonrisas maliciosas en el grueso de la población, sino que ha obligado a miles de panameños a pisar tierra y observar el suelo que sustenta esa promisoria anunciación para descubrir lo que ocultan los grandes edificios y las megaconstrucciones.
La primera reacción es subirnos a la baqueta más alta o buscar el hidrante más próximo para escapar de las aguas excretas que en democrática materialización se esparcen en El Chorrillo, Calidonia, Curundú, Pueblo Nuevo o los insulares barrios colonenses, hasta extender sus caldos a exclusivas áreas como Punta Pacífica y Paitilla. Pestilentes y abundantes se esparcen por jardines, calles y patios sin discriminar en qué barraca o mansión ha tomado sitial la riqueza que nos catapulta hacia el mundo de los privilegiados. Pero la sorpresa no se detiene en las hídricas sustancias, y de salto en salto avanzamos para eludir las fracturas de calles y aceras o esquivar los drenajes cuyas tapas han servido de fuente de ingreso a algún indigente o algún trabajo inconcluso de ocasional contratista.
Pero secretos más tenebrosos esconde el subsuelo de la opulencia. Maquinaciones y subterfugios legales son el entramado para la transferencia y permuta de tierras que permitan la expansión de la nueva Babilonia en detrimento de parques naturales, reservas ecológicas, sitios históricos o inmuebles icónicos. Convertida en deidad sibarítica, demanda nuevos palacios y templos con los cuales mostrar su rostro de felicidad a los embobados habitantes del reino, y para eso es necesario arrastrar todo lo que se interponga a su geofagosis insaciable.
La nueva deidad requiere, por su propia naturaleza, recursos minerales que sirvan de exponentes a su nueva condición mitológica, y para ello exige tierras, aguas, selvas y toda sustancia que pueda encontrar en el subsuelo capaz de contribuir a la riqueza anunciada en los tabloides financieros. Para ello devasta, estraga y contamina lo que encuentre a su paso sin importar las comunidades de tradicional asiento, los ecosistemas naturales o la compensación climática planetaria, pues en su lucha por lograr el primer lugar, como en las competencias de gladiadores, todo está permitido. De igual forma, y con la misma dinámica del despojo, se extiende sobre la superficie de playas, llanuras y montañas expulsando a quien encuentre a su paso en busca de suelos para centros vacacionales o ciudadelas exclusivas en donde los ricos de otras latitudes disfruten de la riqueza del nuevo reino.
Pero lo que no aflora en el subsuelo de esa anunciada opulencia que promete un utópico reino de bienestar, repartiendo migajas a unos y otros en piadoso gesto de conmiseración, es el resentimiento por la brecha de desigualdad que produce la riqueza acumulada en manos de unos pocos y los mezquinos mendrugos en las manos de las mayorías. Porque la miseria en casa de pobres, en donde se reparten las carencias con generosidad fraterna, no es causa de desalientos ni rencores; pero no hay nada más humillante, que cause más escarnio y dolor y que acumule más resentimiento en el subsuelo de las conciencias colectivas, que la miseria en casa de ricos.
http://impresa.prensa.com/opinion/subsuelo-opulencia-Pedro-Luis-Prados_0_3748125180.html
viernes, 6 de septiembre de 2013
Ministros de culto y cargos públicos
Francisco Díaz Montilla
Según el artículo 45 de la Constitución, “Los ministros de los cultos religiosos, además de las funciones inherentes a su misión, solo pueden ejercer los cargos públicos que se relacionen con la asistencia social, la educación o la investigación científica”.
El pasaje es claro con respecto a que los ministros de culto no pueden ser elegidos. No obstante, hay que tener presente que ejercer un cargo público y postularse a través de un partido o una candidatura independiente para representante, alcalde, diputado o Presidente de la República denota estados distintos. Mientras que el primero es constitucionalmente imposible, el segundo no lo es, pues que un individuo (un ministro de culto) se postule como candidato para un cargo público no implica necesariamente que lo vaya a ejercer; y siendo favorecido en las urnas, podría perfectamente renunciar al ministerio para desempeñar el cargo público, en consonancia con la disposición constitucional.
La pregunta, por lo tanto, no es si los ministros de culto pueden ejercer cargos públicos, sino si pueden ser postulados por partidos políticos o mediante candidaturas independientes, y si pueden tomar parte a favor de candidatos específicos.
Sobre esto, la Constitución no es tan clara como se pudiera pensar, aunque razonando a fortiori y considerando los fundamentos liberales del Estado panameño, se podría argumentar que no.
Esta posibilidad, sin embargo, es asunto de interpretación constitucional; aunque sobre esta materia, los antecedentes ayudan muy poco.
En fallo de 7 de marzo de 2008, la Corte en pleno analizó la demanda de inconstitucionalidad contra la admisión, por parte del Tribunal Electoral, de la postulación de un reconocido reverendo evangélico que aspiraba a una curul en el circuito 8-9, en las elecciones del 2 de mayo de 2004. Dado que el reverendo en cuestión no resultó elegido, el pleno determinó que se había dado el fenómeno de sustracción de materia, razón por la cual no se analizó el fondo del asunto. De modo tal que no está claro si el Tribunal Electoral puede negarse a admitir postulaciones de ministros de culto ni si les está prohibido a estos participar en actos proselitistas.
El derecho comparado ofrece, sobre este tema, disposiciones clarísimas que debiéramos considerar para tener una idea de la magnitud del problema.
La Constitución mexicana, por ejemplo, establece en el literal d del artículo 130: “En los términos de la ley reglamentaria, los ministros de cultos no podrán desempeñar cargos públicos. Como ciudadanos tendrán derecho a votar, pero no a ser votados. Quienes hubieren dejado de ser ministros de cultos con la anticipación y en la forma que establezca la ley, podrán ser votados”. En este caso, el artículo 14 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Cultos Públicos de dicho país establece un periodo de seis meses hasta cinco años, según el cargo, antes del día de la elección o de la aceptación del cargo respectivo.
A lo anterior, el literal e del citado artículo constitucional mexicano agrega: “Los ministros no podrán asociarse con fines políticos ni realizar proselitismo a favor o en contra de candidato, partido o asociación política alguna...”.
Tal vez es necesario implementar una ley sobre asociaciones religiosas y cultos públicos que desarrolle el contenido del artículo 45, pues están en juego principios en que se fundamenta el Estado panameño.
http://impresa.prensa.com/opinion/Ministros-publicos-Francisco-Diaz-Montilla_0_3747375264.html
Según el artículo 45 de la Constitución, “Los ministros de los cultos religiosos, además de las funciones inherentes a su misión, solo pueden ejercer los cargos públicos que se relacionen con la asistencia social, la educación o la investigación científica”.
El pasaje es claro con respecto a que los ministros de culto no pueden ser elegidos. No obstante, hay que tener presente que ejercer un cargo público y postularse a través de un partido o una candidatura independiente para representante, alcalde, diputado o Presidente de la República denota estados distintos. Mientras que el primero es constitucionalmente imposible, el segundo no lo es, pues que un individuo (un ministro de culto) se postule como candidato para un cargo público no implica necesariamente que lo vaya a ejercer; y siendo favorecido en las urnas, podría perfectamente renunciar al ministerio para desempeñar el cargo público, en consonancia con la disposición constitucional.
La pregunta, por lo tanto, no es si los ministros de culto pueden ejercer cargos públicos, sino si pueden ser postulados por partidos políticos o mediante candidaturas independientes, y si pueden tomar parte a favor de candidatos específicos.
Sobre esto, la Constitución no es tan clara como se pudiera pensar, aunque razonando a fortiori y considerando los fundamentos liberales del Estado panameño, se podría argumentar que no.
Esta posibilidad, sin embargo, es asunto de interpretación constitucional; aunque sobre esta materia, los antecedentes ayudan muy poco.
En fallo de 7 de marzo de 2008, la Corte en pleno analizó la demanda de inconstitucionalidad contra la admisión, por parte del Tribunal Electoral, de la postulación de un reconocido reverendo evangélico que aspiraba a una curul en el circuito 8-9, en las elecciones del 2 de mayo de 2004. Dado que el reverendo en cuestión no resultó elegido, el pleno determinó que se había dado el fenómeno de sustracción de materia, razón por la cual no se analizó el fondo del asunto. De modo tal que no está claro si el Tribunal Electoral puede negarse a admitir postulaciones de ministros de culto ni si les está prohibido a estos participar en actos proselitistas.
El derecho comparado ofrece, sobre este tema, disposiciones clarísimas que debiéramos considerar para tener una idea de la magnitud del problema.
La Constitución mexicana, por ejemplo, establece en el literal d del artículo 130: “En los términos de la ley reglamentaria, los ministros de cultos no podrán desempeñar cargos públicos. Como ciudadanos tendrán derecho a votar, pero no a ser votados. Quienes hubieren dejado de ser ministros de cultos con la anticipación y en la forma que establezca la ley, podrán ser votados”. En este caso, el artículo 14 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Cultos Públicos de dicho país establece un periodo de seis meses hasta cinco años, según el cargo, antes del día de la elección o de la aceptación del cargo respectivo.
A lo anterior, el literal e del citado artículo constitucional mexicano agrega: “Los ministros no podrán asociarse con fines políticos ni realizar proselitismo a favor o en contra de candidato, partido o asociación política alguna...”.
Tal vez es necesario implementar una ley sobre asociaciones religiosas y cultos públicos que desarrolle el contenido del artículo 45, pues están en juego principios en que se fundamenta el Estado panameño.
http://impresa.prensa.com/opinion/Ministros-publicos-Francisco-Diaz-Montilla_0_3747375264.html
martes, 6 de agosto de 2013
Agricultura y canasta básica
Francisco Díaz Montilla
Pareciera que los objetivos de la Ley 25 de 2001, que dicta disposiciones sobre la política nacional para la transformación agropecuaria y su ejecución, distan de haberse realizado.
Durante los últimos 10 años en Panamá se han dejado de cultivar 70 mil 687 hectáreas. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) de la Contraloría General de la República, en un producto tan sensitivo como el arroz, la superficie sembrada pasó de 111 mil 900 hectáreas, entre el año 2009 y 2010, a 98 mil 380, entre 2012 y 2013.
Esta reducción en la superficie de cultivo ha implicado una merma en la cosecha en esos años que asciende al 17%.
Paralelo a lo anterior, la importación de alimentos ha tenido un incremento de 25% en los últimos cinco años. El escenario, pues, es simple: destinamos menos superficie a la producción agrícola e incrementamos las importaciones.
Hay quienes argumentan que la reducción del área de cultivo obedece a las presiones que sobre los productores imponen las importaciones, estas hacen que sus actividades sean poco rentables. Es más, las importaciones se suelen justificar bajo el argumento de que son beneficiosas para los consumidores, pues reducen los precios. Pero, paradójicamente, el estado de cosas es otro: pese a las importaciones (y los tratados de libre comercio), los consumidores pagan cada vez más.
De acuerdo con datos del INEC, el índice de precios al consumidor tuvo un incremento de 4.1% en junio con respecto a mayo de 2013. No es casual, entonces, que las distintas encuestas identifiquen el costo de la canasta básica como el problema más importante que requiere ser atendido. Pero en el escenario actual, es improbable que ese problema sea resuelto por algún político.
¿Qué alternativas explorar?
Se ha dicho en diversas ocasiones que el agro panameño está olvidado y que hay que incentivarlo y protegerlo. No está claro, sin embargo, que se trate meramente de un asunto de incentivos y protección.
Si el lector se diera a la tarea de revisar la legislación en materia agropecuaria, tal vez se sorprenda por la cantidad de normas existentes sobre ese tema. Es cierto que se han reducido –y en algunos casos eliminado– los aranceles a la importación de muchos productos, pero –con respecto a los productos agropecuarios sensitivos– aun persisten niveles de protección significativos. Ello debiera ser, en sí mismo, un elemento incentivador, pero no lo es (tal vez, nunca lo fue).
Adicional a esto, los productores agrícolas tienen beneficios fiscales que no deben desestimarse, tales como el no pago de renta por ingresos brutos menores de 300 mil dólares, ni de ITBMS cuando los ingresos brutos anuales hayan sido inferiores a 36 mil dólares. Otras ventajas derivan de acceso a créditos blandos (Ley 25 de 2001), programa de garantías para la actividad agrícola (Ley 25 de 2005) e incentivos a la agroexportación (Ley 82 de 2009).
Todos estos incentivos, sin embargo, parecen no tener mayores efectos en el proceso de producción, investigación, innovación y desarrollo agropecuario, en parte porque en dicho sector persisten prácticas atávicas ineficientes.
Mientras esto siga así, difícilmente se podrán realizar transformaciones profundas en el sector agrario, y los consumidores no solo tendrán que consumir productos de baja calidad, sino más caros.
http://www.prensa.com/impreso/opinion/agricultura-y-canasta-basica-francisco-diaz-montilla/196775
Pareciera que los objetivos de la Ley 25 de 2001, que dicta disposiciones sobre la política nacional para la transformación agropecuaria y su ejecución, distan de haberse realizado.
Durante los últimos 10 años en Panamá se han dejado de cultivar 70 mil 687 hectáreas. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) de la Contraloría General de la República, en un producto tan sensitivo como el arroz, la superficie sembrada pasó de 111 mil 900 hectáreas, entre el año 2009 y 2010, a 98 mil 380, entre 2012 y 2013.
Esta reducción en la superficie de cultivo ha implicado una merma en la cosecha en esos años que asciende al 17%.
Paralelo a lo anterior, la importación de alimentos ha tenido un incremento de 25% en los últimos cinco años. El escenario, pues, es simple: destinamos menos superficie a la producción agrícola e incrementamos las importaciones.
Hay quienes argumentan que la reducción del área de cultivo obedece a las presiones que sobre los productores imponen las importaciones, estas hacen que sus actividades sean poco rentables. Es más, las importaciones se suelen justificar bajo el argumento de que son beneficiosas para los consumidores, pues reducen los precios. Pero, paradójicamente, el estado de cosas es otro: pese a las importaciones (y los tratados de libre comercio), los consumidores pagan cada vez más.
De acuerdo con datos del INEC, el índice de precios al consumidor tuvo un incremento de 4.1% en junio con respecto a mayo de 2013. No es casual, entonces, que las distintas encuestas identifiquen el costo de la canasta básica como el problema más importante que requiere ser atendido. Pero en el escenario actual, es improbable que ese problema sea resuelto por algún político.
¿Qué alternativas explorar?
Se ha dicho en diversas ocasiones que el agro panameño está olvidado y que hay que incentivarlo y protegerlo. No está claro, sin embargo, que se trate meramente de un asunto de incentivos y protección.
Si el lector se diera a la tarea de revisar la legislación en materia agropecuaria, tal vez se sorprenda por la cantidad de normas existentes sobre ese tema. Es cierto que se han reducido –y en algunos casos eliminado– los aranceles a la importación de muchos productos, pero –con respecto a los productos agropecuarios sensitivos– aun persisten niveles de protección significativos. Ello debiera ser, en sí mismo, un elemento incentivador, pero no lo es (tal vez, nunca lo fue).
Adicional a esto, los productores agrícolas tienen beneficios fiscales que no deben desestimarse, tales como el no pago de renta por ingresos brutos menores de 300 mil dólares, ni de ITBMS cuando los ingresos brutos anuales hayan sido inferiores a 36 mil dólares. Otras ventajas derivan de acceso a créditos blandos (Ley 25 de 2001), programa de garantías para la actividad agrícola (Ley 25 de 2005) e incentivos a la agroexportación (Ley 82 de 2009).
Todos estos incentivos, sin embargo, parecen no tener mayores efectos en el proceso de producción, investigación, innovación y desarrollo agropecuario, en parte porque en dicho sector persisten prácticas atávicas ineficientes.
Mientras esto siga así, difícilmente se podrán realizar transformaciones profundas en el sector agrario, y los consumidores no solo tendrán que consumir productos de baja calidad, sino más caros.
http://www.prensa.com/impreso/opinion/agricultura-y-canasta-basica-francisco-diaz-montilla/196775
domingo, 21 de julio de 2013
Café Filosófico: Entrevista a los miembros de ADS
Redacción digital. La Estrella de Panamá.
¿Alguna vez ha oído hablar del café filosófico? No es una nueva bebida ni un nuevo restaurante. Se trata de un espacio de encuentro que se caracteriza por ser informal y por su apertura y flexibilidad en la presentación y tratamiento de los temas a debatir, como también por su carácter democrático en cuanto al conocimiento, y por su naturaleza dialógica (una modalidad oral y de colaboración entre sus interlocutores)...
http://laestrella.com.pa/estilo/cultura/cafe-filosofico/23492328
¿Alguna vez ha oído hablar del café filosófico? No es una nueva bebida ni un nuevo restaurante. Se trata de un espacio de encuentro que se caracteriza por ser informal y por su apertura y flexibilidad en la presentación y tratamiento de los temas a debatir, como también por su carácter democrático en cuanto al conocimiento, y por su naturaleza dialógica (una modalidad oral y de colaboración entre sus interlocutores)...
http://laestrella.com.pa/estilo/cultura/cafe-filosofico/23492328
viernes, 12 de julio de 2013
Pobreza y subsidios
Francisco Díaz Montilla
El sentido común indica que los subsidios no son sostenibles. Por supuesto, ello no implica que vayan a eliminarse. En efecto, estos llegaron para quedarse y, en vista de que es poco lo que el Gobierno produce (si es que en efecto lo hace), habrá que considerar seriamente cómo se mantendrán. Hasta ahora, la estrategia gubernamental ha sido sencilla y terrible, aunque no lo hayamos advertido: impuestos, venta de activos nacionales y endeudamiento. De los tres hemos tenido suficiente en los últimos lustros y –por el discurso de quienes aspiran a dirigir al país a partir de 2014– difícilmente saldremos de esa dinámica. El problema es que ni los impuestos ni la venta de activos ni la deuda pueden mantenerse indefinidamente.
Además de su insostenibilidad, los subsidios son incapaces de eliminar la pobreza y –según el Diccionario de Economía y Finanzas (vid. http://www.eumed.net/cursecon/dic/S.htm#subsidio)– “crean desincentivos a la actividad productiva y dependencia, siendo útiles en la práctica solo como paliativos de corto plazo ante situaciones de emergencia”.
¿Por qué, entonces, insistir en su vigencia y profundización? La respuesta es obvia. Los subsidios, sobre todo los directos, se traducen en beneficios económicos que no requieren el esfuerzo de quienes los reciben; es decir, que el beneficiario produzca. Además, son un rédito político en el sentido de que un mercado de pobres al que ofrecer dádivas supone potenciales votantes y, sobre todo, permite maquillar las estadísticas al presentar realidades tergiversadas, haciendo ver que las cosas se hacen bien.
En el escenario más pesimista, el 42% de la población panameña vive en condiciones de pobreza, el 29% en condiciones de pobreza extrema y el 13% en la indigencia; en el más optimista (el gubernamental), dicho porcentaje se reduce a 37.3%, 25.8% y 11.5%, como consecuencia de los programas Red de Oportunidades (del gobierno de Torrijos) y el programa 100-70, creado en la presente administración.
Si nos atenemos al escenario más optimista, estamos hablando de 878 mil 699 personas en condiciones de pobreza, es decir, que viven con menos de $3.00 diarios, y 391 mil 668 personas en condición de extrema pobreza o indigencia, es decir, que viven con $1.80 diarios. En otras palabras, hay un millón 270 mil 367 personas que serán (son) destinatarias de un discurso plagado de promesas de dinero constante y sonante, que no le costará absolutamente nada, ni a quien lo da ni a quien lo recibe, pero sí a los contribuyentes.
La propaganda gubernamental (de ahora y del pasado) busca hacernos creer que la pobreza y la pobreza extrema se están reduciendo mediante subsidios. Tal vez las cifras lo confirmen, pues, estadísticamente hablando, es muy fácil salir de una categoría y entrar en otra cuando alguien (el Gobierno) dispone de recursos y los reparte a diestra y siniestra, sin que haya que rendir cuentas. Pero se trata de algo más complejo: más dinero no necesariamente implica mayor capacidad (productiva, autonomía, deliberativa, etc.) ni mejor calidad de vida.
Dado que los subsidios son políticamente redituables, pero insostenibles, los contribuyentes tendrán que prepararse para más impuestos. A fin de cuentas, no se trata tanto de cargar con los pobres, sino con los políticos.
http://www.prensa.com/impreso/opinion/pobreza-y-subsidios-francisco-diaz-montilla/191225
El sentido común indica que los subsidios no son sostenibles. Por supuesto, ello no implica que vayan a eliminarse. En efecto, estos llegaron para quedarse y, en vista de que es poco lo que el Gobierno produce (si es que en efecto lo hace), habrá que considerar seriamente cómo se mantendrán. Hasta ahora, la estrategia gubernamental ha sido sencilla y terrible, aunque no lo hayamos advertido: impuestos, venta de activos nacionales y endeudamiento. De los tres hemos tenido suficiente en los últimos lustros y –por el discurso de quienes aspiran a dirigir al país a partir de 2014– difícilmente saldremos de esa dinámica. El problema es que ni los impuestos ni la venta de activos ni la deuda pueden mantenerse indefinidamente.
Además de su insostenibilidad, los subsidios son incapaces de eliminar la pobreza y –según el Diccionario de Economía y Finanzas (vid. http://www.eumed.net/cursecon/dic/S.htm#subsidio)– “crean desincentivos a la actividad productiva y dependencia, siendo útiles en la práctica solo como paliativos de corto plazo ante situaciones de emergencia”.
¿Por qué, entonces, insistir en su vigencia y profundización? La respuesta es obvia. Los subsidios, sobre todo los directos, se traducen en beneficios económicos que no requieren el esfuerzo de quienes los reciben; es decir, que el beneficiario produzca. Además, son un rédito político en el sentido de que un mercado de pobres al que ofrecer dádivas supone potenciales votantes y, sobre todo, permite maquillar las estadísticas al presentar realidades tergiversadas, haciendo ver que las cosas se hacen bien.
En el escenario más pesimista, el 42% de la población panameña vive en condiciones de pobreza, el 29% en condiciones de pobreza extrema y el 13% en la indigencia; en el más optimista (el gubernamental), dicho porcentaje se reduce a 37.3%, 25.8% y 11.5%, como consecuencia de los programas Red de Oportunidades (del gobierno de Torrijos) y el programa 100-70, creado en la presente administración.
Si nos atenemos al escenario más optimista, estamos hablando de 878 mil 699 personas en condiciones de pobreza, es decir, que viven con menos de $3.00 diarios, y 391 mil 668 personas en condición de extrema pobreza o indigencia, es decir, que viven con $1.80 diarios. En otras palabras, hay un millón 270 mil 367 personas que serán (son) destinatarias de un discurso plagado de promesas de dinero constante y sonante, que no le costará absolutamente nada, ni a quien lo da ni a quien lo recibe, pero sí a los contribuyentes.
La propaganda gubernamental (de ahora y del pasado) busca hacernos creer que la pobreza y la pobreza extrema se están reduciendo mediante subsidios. Tal vez las cifras lo confirmen, pues, estadísticamente hablando, es muy fácil salir de una categoría y entrar en otra cuando alguien (el Gobierno) dispone de recursos y los reparte a diestra y siniestra, sin que haya que rendir cuentas. Pero se trata de algo más complejo: más dinero no necesariamente implica mayor capacidad (productiva, autonomía, deliberativa, etc.) ni mejor calidad de vida.
Dado que los subsidios son políticamente redituables, pero insostenibles, los contribuyentes tendrán que prepararse para más impuestos. A fin de cuentas, no se trata tanto de cargar con los pobres, sino con los políticos.
http://www.prensa.com/impreso/opinion/pobreza-y-subsidios-francisco-diaz-montilla/191225
martes, 25 de junio de 2013
Psiquiatría y globalización
Pedro Luis Prados S.
Este artículo debió titularse “Antipsiquiatría y anarcocapitalismo”, porque en verdad se trata de hurgar más allá de las especulaciones de la prensa sobre el cierre del Instituto Nacional de Salud Mental (Insam), antiguo Hospital Psiquiátrico Nacional, producto de las recomendaciones de una comisión técnica que evaluó la necesidad y cualificación del mismo. Porque de seguro, aquellas personas ignoran los criterios que dicha comisión tenga en materia de las más innovadoras y controvertidas teorías en el tratamiento de personas con padecimientos de salud mental.
Estoy seguro, y apuesto los terrenos que me tocan en las áreas revertidas, que esta comisión acudió a los textos de Ronald Laing y David Cooper sobre antipsiquiatría y la necesidad de establecer nuevos vínculos en la relación médico-paciente que regule el dominio del médico sobre el padecimiento del enfermo. Señalan los autores de Psiquiatría y antipisquiatría y Vieja y nueva psiquiatría, que “no hay personas locas, sino familias enfermas” y con esto engloba todo el entorno del paciente incluyendo la sociedad en que vive.
Por esta razón, la cura no está en los centros hospitalarios, sino en una terapia que incluya el entorno familiar y una inserción del sujeto en el núcleo social-cultural al que pertenece, esto conllevaría necesariamente la desaparición de los centros hospitalarios y la decisión del médico para determinar quién es enfermo mental y quién no.
Señala Laing que, al igual que los delincuentes en una prisión, a los dementes se les encierra (con antecedentes bien precisos en la Edad Media) en reclusorios, con la diferencia de que a los primeros por un juez y la comisión de un delito, y a los segundos por un médico que no tiene parámetros evidentes entre cordura y locura. Este principio debe conducir a la eliminación progresiva de los centros hospitalarios y a la renovación de los vínculos de los pacientes con el entorno familiar y a la reducción sistemática de la intervención clínica del médico. Aunque las tesis y los experimentos de los psiquiatras ingleses no tuvieron total éxito, aún siguen siendo tema de investigación en los centros de Palo Alto, California y en la Universidad de Turín.
Se habla, además, de un proyecto encaminado a “privatizar” los terrenos del Instituto Nacional de Salud Mental, del Centro de Reclusión Femenino y el Asilo Bolívar para un magno proyecto urbanístico a gran escala con los parámetros del anarcocapitalismo de David Friedman, según el cual el Estado no debe poseer bienes ni intervenir en la actividad económica privada, con lo que las fronteras, los controles gubernamentales y las políticas estatales desaparecerían a favor de la mundialización del capital.
¿Por qué no vemos también una sana intención de volver a estos ancianos a sus hogares después de tantos años de aislamiento y resocializar a estas mujeres con programas de inserción familiar y comunitaria?
Debemos ver el proyecto de eliminar el Insam como un esfuerzo gubernamental por lograr la inserción social que desde inicios de este gobierno los panameños han estado esperando y que ahora, con los 85 pacientes psiquiátricos y posiblemente los ancianos y reclusas se inicia antes de finalizar el mandato. Ponerse los zapatos del pueblo en un centro psiquiátrico y caminar –y por qué no si los locos son más– por las vías de la integración social y familiar es una medida prudente y largamente esperada por los panameños.
Pregúntese, mi estimado lector, ¿si los locos son más –y hay pruebas irrefutables de ello– y los médicos dictaminaran su encierro, cuántos miles de kilómetros y millones de dólares necesitaría este país para su cuidado?
Somos de la opinión que la comisión técnica que dictaminó el cierre del centro hospitalario debe explicar en un programa de amplia difusión, ante especialistas en el tema, sus argumentos para esa decisión y, estoy seguro, tal como yo lo visualice en un ejercicio paranormal, que el pueblo panameño terminará por comprenderlo.http://www.prensa.com/impreso/opinion/psiquiatria-y-globalizacion-pedro-luis-prados-s/187330
Este artículo debió titularse “Antipsiquiatría y anarcocapitalismo”, porque en verdad se trata de hurgar más allá de las especulaciones de la prensa sobre el cierre del Instituto Nacional de Salud Mental (Insam), antiguo Hospital Psiquiátrico Nacional, producto de las recomendaciones de una comisión técnica que evaluó la necesidad y cualificación del mismo. Porque de seguro, aquellas personas ignoran los criterios que dicha comisión tenga en materia de las más innovadoras y controvertidas teorías en el tratamiento de personas con padecimientos de salud mental.
Estoy seguro, y apuesto los terrenos que me tocan en las áreas revertidas, que esta comisión acudió a los textos de Ronald Laing y David Cooper sobre antipsiquiatría y la necesidad de establecer nuevos vínculos en la relación médico-paciente que regule el dominio del médico sobre el padecimiento del enfermo. Señalan los autores de Psiquiatría y antipisquiatría y Vieja y nueva psiquiatría, que “no hay personas locas, sino familias enfermas” y con esto engloba todo el entorno del paciente incluyendo la sociedad en que vive.
Por esta razón, la cura no está en los centros hospitalarios, sino en una terapia que incluya el entorno familiar y una inserción del sujeto en el núcleo social-cultural al que pertenece, esto conllevaría necesariamente la desaparición de los centros hospitalarios y la decisión del médico para determinar quién es enfermo mental y quién no.
Señala Laing que, al igual que los delincuentes en una prisión, a los dementes se les encierra (con antecedentes bien precisos en la Edad Media) en reclusorios, con la diferencia de que a los primeros por un juez y la comisión de un delito, y a los segundos por un médico que no tiene parámetros evidentes entre cordura y locura. Este principio debe conducir a la eliminación progresiva de los centros hospitalarios y a la renovación de los vínculos de los pacientes con el entorno familiar y a la reducción sistemática de la intervención clínica del médico. Aunque las tesis y los experimentos de los psiquiatras ingleses no tuvieron total éxito, aún siguen siendo tema de investigación en los centros de Palo Alto, California y en la Universidad de Turín.
Se habla, además, de un proyecto encaminado a “privatizar” los terrenos del Instituto Nacional de Salud Mental, del Centro de Reclusión Femenino y el Asilo Bolívar para un magno proyecto urbanístico a gran escala con los parámetros del anarcocapitalismo de David Friedman, según el cual el Estado no debe poseer bienes ni intervenir en la actividad económica privada, con lo que las fronteras, los controles gubernamentales y las políticas estatales desaparecerían a favor de la mundialización del capital.
¿Por qué no vemos también una sana intención de volver a estos ancianos a sus hogares después de tantos años de aislamiento y resocializar a estas mujeres con programas de inserción familiar y comunitaria?
Debemos ver el proyecto de eliminar el Insam como un esfuerzo gubernamental por lograr la inserción social que desde inicios de este gobierno los panameños han estado esperando y que ahora, con los 85 pacientes psiquiátricos y posiblemente los ancianos y reclusas se inicia antes de finalizar el mandato. Ponerse los zapatos del pueblo en un centro psiquiátrico y caminar –y por qué no si los locos son más– por las vías de la integración social y familiar es una medida prudente y largamente esperada por los panameños.
Pregúntese, mi estimado lector, ¿si los locos son más –y hay pruebas irrefutables de ello– y los médicos dictaminaran su encierro, cuántos miles de kilómetros y millones de dólares necesitaría este país para su cuidado?
Somos de la opinión que la comisión técnica que dictaminó el cierre del centro hospitalario debe explicar en un programa de amplia difusión, ante especialistas en el tema, sus argumentos para esa decisión y, estoy seguro, tal como yo lo visualice en un ejercicio paranormal, que el pueblo panameño terminará por comprenderlo.http://www.prensa.com/impreso/opinion/psiquiatria-y-globalizacion-pedro-luis-prados-s/187330
martes, 4 de junio de 2013
La democracia como ficción
Francisco Díaz Montilla
La democracia, el gobierno del pueblo, es una de las ficciones políticas modernas más influyentes. Ya Jean Rousseau manifestaba que “un gobierno tan perfecto no es propio de hombres”. De hecho, en virtud del teorema de Arrow, tampoco lo sería de dioses.
Pese a ello, el sustantivo “democracia” y el adjetivo “democrático” remiten a estados sin los que no podemos concebirnos, aunque ello es más producto de propaganda que de razonamiento; la democracia promete mucho y es poco lo que realiza.
Tal vez por eso, el genio de Jorge Luis Borges llegó a decir que esta es “... un abuso de la estadística”, al tiempo que se preguntaba “¿por qué suponer que la mayoría de la gente entiende de política?”, a lo que respondía en los siguientes términos: “La verdad es que no entienden, y se dejan embaucar por una secta de sinvergüenzas, que por lo general son los políticos nacionales”. Mientras que E. Hubbart, decía: “La democracia tiene por lo menos un mérito, y es que un miembro del Parlamento [Asamblea] no puede ser más incompetente que aquellos que le han votado” y para G. B. Shaw este sistema “... sustituye el nombramiento hecho por una minoría corrompida, por la elección hecha merced a una mayoría incompetente”.
La democracia es un espectáculo que se realiza cada cierto tiempo y, aunque es una tomadura de pelo, el pueblo –su gran artífice– no puede sustraerse de ella: está en juego su futuro (las prebendas, el nombramiento, la bolsa de comida). Sheldon Wolin lo describe gráficamente: “Y hay, por supuesto, el momento culminante de las elecciones nacionales, cuando la atención de la nación está obligada a hacer una elección de personalidades más que entre alternativas.
Lo que está ausente es la política, el compromiso de encontrar donde se encuentra el bien común en medio de la confusión de los financieros y los altamente organizados... con un solo propósito, los intereses de poder buscan rabiosamente a los favores gubernamentales... y la administración pública por un mar de dinero”.
Se entiende por qué esas personalidades insisten en que hay que preservar la democracia; y por qué lo contrario a ella resulta sospechoso e inaceptable. La democracia en peligro debe ser defendida, impuesta, pues no admite alternativas: es la democracia totalitaria de la mayoría, aunque ejercida por minoría.
Por eso no es extraño que nuestros sistemas políticos sean proclives a eso que Wolin llama totalitarismo invertido, teniendo como resultado que “la ciudadanía, o lo que queda de ella, se practica en medio de un perpetuo estado de preocupación” y que terminen –los ciudadanos– sometiéndose, pues como señalaba Thomas Hobbes “cuando los ciudadanos se sienten inseguros y al mismo tiempo impulsados por aspiraciones competitivas, anhelan estabilidad política más que compromiso cívico; protección más que participación política”.
De eso se trata, de creer que participar políticamente es como avistar un cometa y de que lo demás corre por cuenta de los gobiernos y de los partidos políticos y de sus candidatos. Lo que usted como ciudadano tenga que decir no cuenta porque otro lo ha dicho y otros han decidido cuáles son sus alternativas.
http://impresa.prensa.com/opinion/democracia-ficcion-Francisco-Diaz-Montilla_0_3676882352.html
La democracia, el gobierno del pueblo, es una de las ficciones políticas modernas más influyentes. Ya Jean Rousseau manifestaba que “un gobierno tan perfecto no es propio de hombres”. De hecho, en virtud del teorema de Arrow, tampoco lo sería de dioses.
Pese a ello, el sustantivo “democracia” y el adjetivo “democrático” remiten a estados sin los que no podemos concebirnos, aunque ello es más producto de propaganda que de razonamiento; la democracia promete mucho y es poco lo que realiza.
Tal vez por eso, el genio de Jorge Luis Borges llegó a decir que esta es “... un abuso de la estadística”, al tiempo que se preguntaba “¿por qué suponer que la mayoría de la gente entiende de política?”, a lo que respondía en los siguientes términos: “La verdad es que no entienden, y se dejan embaucar por una secta de sinvergüenzas, que por lo general son los políticos nacionales”. Mientras que E. Hubbart, decía: “La democracia tiene por lo menos un mérito, y es que un miembro del Parlamento [Asamblea] no puede ser más incompetente que aquellos que le han votado” y para G. B. Shaw este sistema “... sustituye el nombramiento hecho por una minoría corrompida, por la elección hecha merced a una mayoría incompetente”.
La democracia es un espectáculo que se realiza cada cierto tiempo y, aunque es una tomadura de pelo, el pueblo –su gran artífice– no puede sustraerse de ella: está en juego su futuro (las prebendas, el nombramiento, la bolsa de comida). Sheldon Wolin lo describe gráficamente: “Y hay, por supuesto, el momento culminante de las elecciones nacionales, cuando la atención de la nación está obligada a hacer una elección de personalidades más que entre alternativas.
Lo que está ausente es la política, el compromiso de encontrar donde se encuentra el bien común en medio de la confusión de los financieros y los altamente organizados... con un solo propósito, los intereses de poder buscan rabiosamente a los favores gubernamentales... y la administración pública por un mar de dinero”.
Se entiende por qué esas personalidades insisten en que hay que preservar la democracia; y por qué lo contrario a ella resulta sospechoso e inaceptable. La democracia en peligro debe ser defendida, impuesta, pues no admite alternativas: es la democracia totalitaria de la mayoría, aunque ejercida por minoría.
Por eso no es extraño que nuestros sistemas políticos sean proclives a eso que Wolin llama totalitarismo invertido, teniendo como resultado que “la ciudadanía, o lo que queda de ella, se practica en medio de un perpetuo estado de preocupación” y que terminen –los ciudadanos– sometiéndose, pues como señalaba Thomas Hobbes “cuando los ciudadanos se sienten inseguros y al mismo tiempo impulsados por aspiraciones competitivas, anhelan estabilidad política más que compromiso cívico; protección más que participación política”.
De eso se trata, de creer que participar políticamente es como avistar un cometa y de que lo demás corre por cuenta de los gobiernos y de los partidos políticos y de sus candidatos. Lo que usted como ciudadano tenga que decir no cuenta porque otro lo ha dicho y otros han decidido cuáles son sus alternativas.
http://impresa.prensa.com/opinion/democracia-ficcion-Francisco-Diaz-Montilla_0_3676882352.html
lunes, 29 de abril de 2013
´La V República´
Roberto Arosemena Jaén
¿Qué puede pasar en Venezuela en los próximos días y meses? Se va a desmantelar el proyecto inicial que adelantó Hugo Chávez con apoyo electoral precipitándose en una especie de fascismo de camisas rojas, o surgirá un cambio para radicalizar la democracia. Un personaje carismático está surgiendo en la figura de Henrique Capriles, al mismo tiempo que el chavismo amenaza, retrocede, extiende la mano y aprieta el puño.
Capriles exige que se cuenten los votos y se le reconozca el triunfo y convoca a una concentración para el 1 de mayo bajo la consigna de aumento general de salarios. ¿Podrán las masas de votantes transformarse en masas de calle; de a pie, diría el viejo historiador del siglo XX? ¿Será cierto que desde la revolución iraní ni el gobierno se mantiene desde arriba ni la última palabra la tienen las fuerzas armadas? Los cambios de la primavera árabe emanaron de la ciudadanía urbana concentrada en las calles y plazas. Es el nuevo fenómeno de cambio político de las últimas décadas del siglo pasado y primeras del siglo XXI. ¿Podrá el pueblo venezolano erigirse en actor político?
Las elecciones del 14 de abril permitieron la organización del Comando Simón Bolívar, extendido por todo el territorio, e hizo emerger el ícono de una oposición creíble que realizó su primer ensayo, en el pasado octubre, en vida del mismísimo comandante. Lo que resta para determinar la lealtad de las Fuerzas Armadas es el votante de a pie que confirme en la calle lo que se dio en las urnas.
Este es el terrible dilema de la V República: ¿configuración de un poder constituido ilegítimo e inconstitucional o, por el contrario, lograr respetar la democracia electoral y multitudinaria?
Reconozco que la situación política de la V República es impredecible y fuertemente crítica. Crisis, como momento de confrontación que tiene que ser solucionado. El problema es que todos saben y reconocen que hay que salir de la crisis, que se va a salir de la misma, pero desconocen el cómo y el cuándo. En México, por ejemplo, se asesinó en la Plaza de Tlatelolco en 1968 y nada pasó políticamente, lo mismo sucedió con la masacre de Tiananmen de 1989. No creo que se vaya a llegar a estos extremos en la Venezuela de 2013. Además, ya existe una alternativa política que reconoce la constitución de la V República y se presume un ejército al servicio de la sociedad y no de la pluralidad de partidos políticos que postularon a Nicolás Maduro.
No obstante, hay miedo de perder la hegemonía política y hay endiosamiento de un caudillo que encarna destinos históricos e imaginarios de inexorables identidades continentales. Este miedo y este endiosamiento están presentes en los poderes constituidos venezolanos y no es fácil, desde el liderazgo del Comando Simón Bolívar, ejercitar el derecho a la democracia de a pie con manifestaciones no violentas.
La esperanza y el continuismo se debaten y se seguirán debatiendo hasta la solución de la crisis de gobernabilidad bolivariana. Impotencia de una parte, impunidad de la otra ante la opinión pública latinoamericana. Que las manos de afuera no se metan a soliviantar ni a enredar las expectativas de un pueblo que empieza a preocuparse de su estabilidad y convivencia futura.
La época de los extremismos debe ceder en beneficio de la época de la reconciliación democrática y del respeto mutuo a la constitucionalidad del derecho y de los poderes constituidos. El signo más alentador es la Constitución de la V República en manos de Maduro y de Capriles. ¡Que se pase de los gestos a las acciones!
http://impresa.prensa.com/opinion/Republica-Roberto-Arosemena-Jaen_0_3649885058.html
¿Qué puede pasar en Venezuela en los próximos días y meses? Se va a desmantelar el proyecto inicial que adelantó Hugo Chávez con apoyo electoral precipitándose en una especie de fascismo de camisas rojas, o surgirá un cambio para radicalizar la democracia. Un personaje carismático está surgiendo en la figura de Henrique Capriles, al mismo tiempo que el chavismo amenaza, retrocede, extiende la mano y aprieta el puño.
Capriles exige que se cuenten los votos y se le reconozca el triunfo y convoca a una concentración para el 1 de mayo bajo la consigna de aumento general de salarios. ¿Podrán las masas de votantes transformarse en masas de calle; de a pie, diría el viejo historiador del siglo XX? ¿Será cierto que desde la revolución iraní ni el gobierno se mantiene desde arriba ni la última palabra la tienen las fuerzas armadas? Los cambios de la primavera árabe emanaron de la ciudadanía urbana concentrada en las calles y plazas. Es el nuevo fenómeno de cambio político de las últimas décadas del siglo pasado y primeras del siglo XXI. ¿Podrá el pueblo venezolano erigirse en actor político?
Las elecciones del 14 de abril permitieron la organización del Comando Simón Bolívar, extendido por todo el territorio, e hizo emerger el ícono de una oposición creíble que realizó su primer ensayo, en el pasado octubre, en vida del mismísimo comandante. Lo que resta para determinar la lealtad de las Fuerzas Armadas es el votante de a pie que confirme en la calle lo que se dio en las urnas.
Este es el terrible dilema de la V República: ¿configuración de un poder constituido ilegítimo e inconstitucional o, por el contrario, lograr respetar la democracia electoral y multitudinaria?
Reconozco que la situación política de la V República es impredecible y fuertemente crítica. Crisis, como momento de confrontación que tiene que ser solucionado. El problema es que todos saben y reconocen que hay que salir de la crisis, que se va a salir de la misma, pero desconocen el cómo y el cuándo. En México, por ejemplo, se asesinó en la Plaza de Tlatelolco en 1968 y nada pasó políticamente, lo mismo sucedió con la masacre de Tiananmen de 1989. No creo que se vaya a llegar a estos extremos en la Venezuela de 2013. Además, ya existe una alternativa política que reconoce la constitución de la V República y se presume un ejército al servicio de la sociedad y no de la pluralidad de partidos políticos que postularon a Nicolás Maduro.
No obstante, hay miedo de perder la hegemonía política y hay endiosamiento de un caudillo que encarna destinos históricos e imaginarios de inexorables identidades continentales. Este miedo y este endiosamiento están presentes en los poderes constituidos venezolanos y no es fácil, desde el liderazgo del Comando Simón Bolívar, ejercitar el derecho a la democracia de a pie con manifestaciones no violentas.
La esperanza y el continuismo se debaten y se seguirán debatiendo hasta la solución de la crisis de gobernabilidad bolivariana. Impotencia de una parte, impunidad de la otra ante la opinión pública latinoamericana. Que las manos de afuera no se metan a soliviantar ni a enredar las expectativas de un pueblo que empieza a preocuparse de su estabilidad y convivencia futura.
La época de los extremismos debe ceder en beneficio de la época de la reconciliación democrática y del respeto mutuo a la constitucionalidad del derecho y de los poderes constituidos. El signo más alentador es la Constitución de la V República en manos de Maduro y de Capriles. ¡Que se pase de los gestos a las acciones!
http://impresa.prensa.com/opinion/Republica-Roberto-Arosemena-Jaen_0_3649885058.html
Poder corrupto
Roberto Arosemena Jaén
Corrupción y poder son categorías históricas propias de toda sociedad. El invento de la ciudadanía en la antigüedad y en la moderna ilustración es el antídoto contra la corrupción de lo político. Su enemigo inherente es el clientelismo que hace del ciudadano un pelele político. El mundo llega a ser un circo y un gran mercado de consumo, lucro, tráfico de influencia y negociado.
Esta desnaturalización del poder ciudadano nos hace retroceder a la época de los mitos y fantasías. El fabricante de publicidad cobra más significado que el diálogo, los debates y la búsqueda del bien común. En este contexto, vuelve a tener sentido, el derecho elemental de “defiéndete tú mismo” y así es natural que cualquiera con autoestima rete al Presidente de la República (ícono del poder) a un duelo a muerte en igualdad de condiciones. Ya lo había sugerido Herbert Spencer en el Individuo contra el Estado (1884).
En Panamá se dan indicios de la hegemonía del poder corrupto que se mantuvo agazapado en los días de la invasión y ahora vuelve a encontrar interlocutores por doquier. La sociedad mediática, de manera acelerada, acaba con la separación de la esfera pública y privada. El invento liberal contra el absolutismo –la vida íntima– se hace añicos por la tecnología de la comunicación. El que no quiere verse perjudicado por su vida privada en la política, que actúe bien moralmente. Ya el secretismo, la vida oculta de los poderos y pretendientes a serlo es una banalidad del liberalismo, que incluso afectó al mismo Vaticano. Lo perverso de nuestro poder corrupto no es lo que se hace, sino que no se sepa ni llegue a conocimientos del gran público. Nuestra sociedad es gobernada por un mandamás de ocasión que desde el poder corrompe y se corrompe, con impunidad. La crisis de credibilidad y gobernabilidad moral es que el clientelismo ni sabe ni puede castigar, porque es resultado de la misma corrupción. Si pensáramos, hablásemos y actuásemos como ciudadanos, nadie se atrevería a tener una vida personal plagada de cuestionamientos y una vida pública de riqueza, poder y reconocimiento.
No se puede ser un ingenuo ciudadano sin caer en el clientelismo y transformarse en pelele político. La división anacrónica liberal de la esfera pública y privada mantiene la ingenuidad de que lo que se es privadamente no influye en lo que se será públicamente. Lo que se quiere es que el gobernante y el aspirante a gobernar decidan, ética y moralmente, que sus actos y sus intenciones puedan ser escrutadas por su público votante. La ley de transparencia y privacidad no es una patente de corso para encubrir voluntades, malas intenciones ni ataques sorpresivos a una ciudadanía consciente de su poder. La magia del candidato del cambio fue haber sorprendido a la ciudadanía con sus actos de clientelismo, sin importarle las promesas, la plata, el palo y hasta el plomo. No afirmo que la privacidad tiene que ser irrespetada, sino que todo político desde que aspira a gobernante está obligado a hacerse conocer tal como es y ha sido. No se trata de ir tirando piedras en el vidrio ajeno, sino de romper el propio para que todo se haga lúcido y transparente. La corrupción de los gobernantes es una basura que la ciudadanía tiene que destruir en los próximos meses de campaña electoral.
El elector no es vulnerable al miedo, a la paliza, a la mentira y menos al buen trozo de jamón, al tanquecito de gas ni a los millones de 100 a los 70, la beca universal y obras de infraestructura. El clientelismo no es un problema jurídico, sino moral por las actitudes implícitas en el poder corrupto como forma de someter a la sociedad. La ciudadanía es paciente y tendrá tiempo para erradicar esta práctica y moralizar la política, con o sin pacto ético, pero eso sí, con un compromiso personal y colectivo de enfrentar el clientelismo en todos los escenarios.
http://impresa.prensa.com/opinion/Poder-corrupto-Roberto-Arosemena-Jaen_0_3681381927.html
Corrupción y poder son categorías históricas propias de toda sociedad. El invento de la ciudadanía en la antigüedad y en la moderna ilustración es el antídoto contra la corrupción de lo político. Su enemigo inherente es el clientelismo que hace del ciudadano un pelele político. El mundo llega a ser un circo y un gran mercado de consumo, lucro, tráfico de influencia y negociado.
Esta desnaturalización del poder ciudadano nos hace retroceder a la época de los mitos y fantasías. El fabricante de publicidad cobra más significado que el diálogo, los debates y la búsqueda del bien común. En este contexto, vuelve a tener sentido, el derecho elemental de “defiéndete tú mismo” y así es natural que cualquiera con autoestima rete al Presidente de la República (ícono del poder) a un duelo a muerte en igualdad de condiciones. Ya lo había sugerido Herbert Spencer en el Individuo contra el Estado (1884).
En Panamá se dan indicios de la hegemonía del poder corrupto que se mantuvo agazapado en los días de la invasión y ahora vuelve a encontrar interlocutores por doquier. La sociedad mediática, de manera acelerada, acaba con la separación de la esfera pública y privada. El invento liberal contra el absolutismo –la vida íntima– se hace añicos por la tecnología de la comunicación. El que no quiere verse perjudicado por su vida privada en la política, que actúe bien moralmente. Ya el secretismo, la vida oculta de los poderos y pretendientes a serlo es una banalidad del liberalismo, que incluso afectó al mismo Vaticano. Lo perverso de nuestro poder corrupto no es lo que se hace, sino que no se sepa ni llegue a conocimientos del gran público. Nuestra sociedad es gobernada por un mandamás de ocasión que desde el poder corrompe y se corrompe, con impunidad. La crisis de credibilidad y gobernabilidad moral es que el clientelismo ni sabe ni puede castigar, porque es resultado de la misma corrupción. Si pensáramos, hablásemos y actuásemos como ciudadanos, nadie se atrevería a tener una vida personal plagada de cuestionamientos y una vida pública de riqueza, poder y reconocimiento.
No se puede ser un ingenuo ciudadano sin caer en el clientelismo y transformarse en pelele político. La división anacrónica liberal de la esfera pública y privada mantiene la ingenuidad de que lo que se es privadamente no influye en lo que se será públicamente. Lo que se quiere es que el gobernante y el aspirante a gobernar decidan, ética y moralmente, que sus actos y sus intenciones puedan ser escrutadas por su público votante. La ley de transparencia y privacidad no es una patente de corso para encubrir voluntades, malas intenciones ni ataques sorpresivos a una ciudadanía consciente de su poder. La magia del candidato del cambio fue haber sorprendido a la ciudadanía con sus actos de clientelismo, sin importarle las promesas, la plata, el palo y hasta el plomo. No afirmo que la privacidad tiene que ser irrespetada, sino que todo político desde que aspira a gobernante está obligado a hacerse conocer tal como es y ha sido. No se trata de ir tirando piedras en el vidrio ajeno, sino de romper el propio para que todo se haga lúcido y transparente. La corrupción de los gobernantes es una basura que la ciudadanía tiene que destruir en los próximos meses de campaña electoral.
El elector no es vulnerable al miedo, a la paliza, a la mentira y menos al buen trozo de jamón, al tanquecito de gas ni a los millones de 100 a los 70, la beca universal y obras de infraestructura. El clientelismo no es un problema jurídico, sino moral por las actitudes implícitas en el poder corrupto como forma de someter a la sociedad. La ciudadanía es paciente y tendrá tiempo para erradicar esta práctica y moralizar la política, con o sin pacto ético, pero eso sí, con un compromiso personal y colectivo de enfrentar el clientelismo en todos los escenarios.
http://impresa.prensa.com/opinion/Poder-corrupto-Roberto-Arosemena-Jaen_0_3681381927.html
miércoles, 10 de abril de 2013
Cultura política y poder
Roberto Arosemena Jaén
Venezuela es una comunidad digna de estudio y reflexión. En estos días, se desangra entre la esperanza del cambio y la desilusión de una revolución inconclusa. Henrique Capriles Radonski encarna el cambio; Nicolás Maduro Moros, el esfuerzo de concluir la revolución chavista. Como corolario a este dilema político surge el discurso “cuasi religioso” de ambos contendientes.
Desde la distancia del observador se diría que la retórica de los candidatos obedece a la mentalidad de la masa de votantes venezolanos. Catorce millones irán a las urnas el 14 de abril para decir quién es el sucesor del expresidente fallecido.
¿Podrá el rosario de Capriles convencer a la mayoría de que él es el hombre de confianza de la heroica república bolivariana? O por el contrario, ¿podrá Maduro, el candidato que recibe la visión del espíritu alado del comandante y repite la oración de Francisco de Asís, concluir la revolución pendiente de Hugo Chávez?
Esta línea de pensamiento termina afirmando que el éxito o fracaso de los aspirantes a Presidente de la V República bolivariana dependerá de la credibilidad que susciten “el flaco” o el hijo de Chávez con sus discursos. Ellos mismos se descalifican como demagogos, farsantes y mentirosos. Cada uno se coloca como portaestandarte del bien y la estabilidad, y amenaza al pueblo con el revanchismo de derecha o el oportunismo de izquierda –los enchufados–.
El problema de la democracia en nuestro continente no es el de la credibilidad ni el poder del voto libre e inteligente. El problema es si el poder constituido está en capacidad de aceptar una derrota o si la oposición está en capacidad de defender el voto popular depositado en las urnas.
En la práctica, la Venezuela de Chávez es la misma de las cuatro repúblicas anteriores. El poder constituido determinante desde los días de Bolívar es el Ejército, si no que examinen la trayectoria de los presidentes venezolanos. Los militares se cuentan en decenas y los civiles en unidades. Es decir, que si no se cuenta con la anuencia y el apoyo abierto del Ejército no se gobierna ni se puede gobernar en Venezuela.
De allí la insistencia de Henrique Capriles de presentarse como una leal oposición en el contexto de la V República, erigirse en la solución del pésimo gobierno de Nicolás Maduro y en presentarse como un equilibrado comandante en jefe del Ejército bolivariano.
¿Qué sucederá social y políticamente en la hermana república la próxima semana? ¿Cuál será la decisión mayoritaria en las urnas y cuál será el comportamiento del poder constituido, fuera y dentro del Ejército?
¿Será Nicolás Maduro capaz de llevar adelante el proyecto de Chávez o internamente su gobierno será liquidado por el fraccionamiento entre las facciones que luchan por el poder burocrático del Estado? Esta interrogante estará pendiente del resultado de las elecciones el día 14. Lo significativo de este posible desmembramiento entre la legitimidad y la eventual legalidad de la V República es el papel que jugarán las Fuerzas Armadas y el nivel de tolerancia o impaciencia de las masas y de los grupos políticos que se han forjado durante estos años de autocracia electoral y de juego formal de la democracia liberal representativa.
En realidad, se tiene una sociedad sin esperanza y con una revolución sin alternativas. Que dicha experiencia pueda ser exorcizada en nuestras elecciones del 4 de mayo de 2014, no tanto en lo militar sino en lo patrimonial por el excesivo poder del dinero y el voraz clientelismo de las masas y esto, sin tomar en cuenta el talante prepotente del jefe del partido Cambio Democrático y la creciente militarización de la fuerza pública.
http://impresa.prensa.com/opinion/Cultura-politica-Roberto-Arosemena-Jaen_0_3635636507.html
Venezuela es una comunidad digna de estudio y reflexión. En estos días, se desangra entre la esperanza del cambio y la desilusión de una revolución inconclusa. Henrique Capriles Radonski encarna el cambio; Nicolás Maduro Moros, el esfuerzo de concluir la revolución chavista. Como corolario a este dilema político surge el discurso “cuasi religioso” de ambos contendientes.
Desde la distancia del observador se diría que la retórica de los candidatos obedece a la mentalidad de la masa de votantes venezolanos. Catorce millones irán a las urnas el 14 de abril para decir quién es el sucesor del expresidente fallecido.
¿Podrá el rosario de Capriles convencer a la mayoría de que él es el hombre de confianza de la heroica república bolivariana? O por el contrario, ¿podrá Maduro, el candidato que recibe la visión del espíritu alado del comandante y repite la oración de Francisco de Asís, concluir la revolución pendiente de Hugo Chávez?
Esta línea de pensamiento termina afirmando que el éxito o fracaso de los aspirantes a Presidente de la V República bolivariana dependerá de la credibilidad que susciten “el flaco” o el hijo de Chávez con sus discursos. Ellos mismos se descalifican como demagogos, farsantes y mentirosos. Cada uno se coloca como portaestandarte del bien y la estabilidad, y amenaza al pueblo con el revanchismo de derecha o el oportunismo de izquierda –los enchufados–.
El problema de la democracia en nuestro continente no es el de la credibilidad ni el poder del voto libre e inteligente. El problema es si el poder constituido está en capacidad de aceptar una derrota o si la oposición está en capacidad de defender el voto popular depositado en las urnas.
En la práctica, la Venezuela de Chávez es la misma de las cuatro repúblicas anteriores. El poder constituido determinante desde los días de Bolívar es el Ejército, si no que examinen la trayectoria de los presidentes venezolanos. Los militares se cuentan en decenas y los civiles en unidades. Es decir, que si no se cuenta con la anuencia y el apoyo abierto del Ejército no se gobierna ni se puede gobernar en Venezuela.
De allí la insistencia de Henrique Capriles de presentarse como una leal oposición en el contexto de la V República, erigirse en la solución del pésimo gobierno de Nicolás Maduro y en presentarse como un equilibrado comandante en jefe del Ejército bolivariano.
¿Qué sucederá social y políticamente en la hermana república la próxima semana? ¿Cuál será la decisión mayoritaria en las urnas y cuál será el comportamiento del poder constituido, fuera y dentro del Ejército?
¿Será Nicolás Maduro capaz de llevar adelante el proyecto de Chávez o internamente su gobierno será liquidado por el fraccionamiento entre las facciones que luchan por el poder burocrático del Estado? Esta interrogante estará pendiente del resultado de las elecciones el día 14. Lo significativo de este posible desmembramiento entre la legitimidad y la eventual legalidad de la V República es el papel que jugarán las Fuerzas Armadas y el nivel de tolerancia o impaciencia de las masas y de los grupos políticos que se han forjado durante estos años de autocracia electoral y de juego formal de la democracia liberal representativa.
En realidad, se tiene una sociedad sin esperanza y con una revolución sin alternativas. Que dicha experiencia pueda ser exorcizada en nuestras elecciones del 4 de mayo de 2014, no tanto en lo militar sino en lo patrimonial por el excesivo poder del dinero y el voraz clientelismo de las masas y esto, sin tomar en cuenta el talante prepotente del jefe del partido Cambio Democrático y la creciente militarización de la fuerza pública.
http://impresa.prensa.com/opinion/Cultura-politica-Roberto-Arosemena-Jaen_0_3635636507.html
sábado, 9 de marzo de 2013
Del amor de masas al terror
Roberto Arosemena Jaén
El término adquiere mayor significado ante el hecho doloroso, con sabor de lágrimas de multitudes, por la desaparición física de Hugo Chávez. No se puede negar; fue amado y es amado colectivamente. Por distorsiones cientificistas, oponemos amor a odio.
Políticamente, la dicotomía de amor no es odio, sino terror de masas. Mal hace la oposición chavista al festejar el odio, cuando en realidad debe prepararse para superar el posible terror que se desate, eventualmente.
La solución de la crisis, por fortuna, tiene una salida pacífica electoral. El líder opositor rechaza la provocación de la ambivalencia masiva y habla de la unidad de todos los venezolanos para derrotar al chavismo en unas próximas elecciones populares. Lo mismo que anticipó el comandante, ante la inminente muerte que se le venía encima. Dejó, testamentariamente, como candidato de su partido a un hombre fiel, que se pone a llorar y llama padre al que considera el “segundo liberador”.
Con este trasfondo, tanto Capriles como Maduro son fieles creyentes –así se espera– en procesos electorales como salida democrática a las rivalidades interpartidistas.
En este contexto, se hace abstracción de la retórica de victoria y muerte y la defensa del socialismo hasta el último soldado.
En estos 30 días, la oposición y el chavismo van a dirimir su hostilidad política en las urnas. Ninguno de los dos promueve la confrontación armada ni la persecución jurídica y constitucional contra su contrincante. El mayor creyente en los poderes constituidos de la quinta república y de su Constitución es Capriles y parece ser que el “bonachón” de Maduro, también apuesta por la Constitución bolivariana. Se espera que la actitud de ambos sea consistente por lo menos iuris tantum (presunción).
El problema es que el amor de masas con facilidad se transforma en odio y cuando alcanza a sus opositores se transforma en “terror de masas”. Eso lo sabía Chávez cuando prefiere dejar a Maduro como heredero del partido y prescindir de sus halcones dispersos en la Asamblea Nacional, las gobernaciones y el ejército bolivariano.
¿Cuál, entonces, es el futuro de la quinta república, que laboriosa y fatigosamente terminó por aceptar un dirigente como Henrique Capriles Radonski? ¿Están los halcones de Chávez, con asesoría cubana o sin su asesoría, dispuestos a liquidar la quinta república e instaurar una dictadura de terror?
La situación, terriblemente frágil y delicada, de nuestra hermana, que se hace llamar bolivariana, es el delirio de las masas por papá Chávez, el odio malsano de sectores importantes de la oposición contra el chavismo y la posibilidad real de los poderes constituidos venezolanos de liquidar la quinta república con la fuerza militar y con el terror de masas.
Este escenario de sobresaltos abre un trágico abanico de alternativas.
¿Qué hacer, entonces, frente a un escenario tan amenazador?
Discretamente, pienso que Capriles actúa como un táctico y estratega digno de imitar. Su objetivo, desde que fue derrotado por el chavismo, fue esperar sin prisa y sin pausa. Dada la brevedad del período electoral de 30 días, la oposición está cerrando filas detrás de Capriles.
Respecto a los poderes constituidos, sospecho la posibilidad de que se fracture “el testamento de Chávez” y que el “bonachón” de Maduro no sea capaz de neutralizar a los halcones.
El trabajo arduo de la construcción del Estado bolivariano en 14 años está en peligro de ser fagocitado por seguidores fanatizados en el próximo escrutinio electoral.
http://impresa.prensa.com/opinion/masas-terror-Roberto-Arosemena-Jaen_0_3611638866.html
El término adquiere mayor significado ante el hecho doloroso, con sabor de lágrimas de multitudes, por la desaparición física de Hugo Chávez. No se puede negar; fue amado y es amado colectivamente. Por distorsiones cientificistas, oponemos amor a odio.
Políticamente, la dicotomía de amor no es odio, sino terror de masas. Mal hace la oposición chavista al festejar el odio, cuando en realidad debe prepararse para superar el posible terror que se desate, eventualmente.
La solución de la crisis, por fortuna, tiene una salida pacífica electoral. El líder opositor rechaza la provocación de la ambivalencia masiva y habla de la unidad de todos los venezolanos para derrotar al chavismo en unas próximas elecciones populares. Lo mismo que anticipó el comandante, ante la inminente muerte que se le venía encima. Dejó, testamentariamente, como candidato de su partido a un hombre fiel, que se pone a llorar y llama padre al que considera el “segundo liberador”.
Con este trasfondo, tanto Capriles como Maduro son fieles creyentes –así se espera– en procesos electorales como salida democrática a las rivalidades interpartidistas.
En este contexto, se hace abstracción de la retórica de victoria y muerte y la defensa del socialismo hasta el último soldado.
En estos 30 días, la oposición y el chavismo van a dirimir su hostilidad política en las urnas. Ninguno de los dos promueve la confrontación armada ni la persecución jurídica y constitucional contra su contrincante. El mayor creyente en los poderes constituidos de la quinta república y de su Constitución es Capriles y parece ser que el “bonachón” de Maduro, también apuesta por la Constitución bolivariana. Se espera que la actitud de ambos sea consistente por lo menos iuris tantum (presunción).
El problema es que el amor de masas con facilidad se transforma en odio y cuando alcanza a sus opositores se transforma en “terror de masas”. Eso lo sabía Chávez cuando prefiere dejar a Maduro como heredero del partido y prescindir de sus halcones dispersos en la Asamblea Nacional, las gobernaciones y el ejército bolivariano.
¿Cuál, entonces, es el futuro de la quinta república, que laboriosa y fatigosamente terminó por aceptar un dirigente como Henrique Capriles Radonski? ¿Están los halcones de Chávez, con asesoría cubana o sin su asesoría, dispuestos a liquidar la quinta república e instaurar una dictadura de terror?
La situación, terriblemente frágil y delicada, de nuestra hermana, que se hace llamar bolivariana, es el delirio de las masas por papá Chávez, el odio malsano de sectores importantes de la oposición contra el chavismo y la posibilidad real de los poderes constituidos venezolanos de liquidar la quinta república con la fuerza militar y con el terror de masas.
Este escenario de sobresaltos abre un trágico abanico de alternativas.
¿Qué hacer, entonces, frente a un escenario tan amenazador?
Discretamente, pienso que Capriles actúa como un táctico y estratega digno de imitar. Su objetivo, desde que fue derrotado por el chavismo, fue esperar sin prisa y sin pausa. Dada la brevedad del período electoral de 30 días, la oposición está cerrando filas detrás de Capriles.
Respecto a los poderes constituidos, sospecho la posibilidad de que se fracture “el testamento de Chávez” y que el “bonachón” de Maduro no sea capaz de neutralizar a los halcones.
El trabajo arduo de la construcción del Estado bolivariano en 14 años está en peligro de ser fagocitado por seguidores fanatizados en el próximo escrutinio electoral.
http://impresa.prensa.com/opinion/masas-terror-Roberto-Arosemena-Jaen_0_3611638866.html
Fuzzy Truth, Consistency and Ontological Vagueness
Francisco Díaz Montilla
The discussion about vagueness inevitable becomes a discussion about truth: Which is the truth-value of a vague sentence? Is ‘truth’ vague? And if so, how can wegive a coherent formulation of such a vague notion?For us in this paper the question of whether ‘truth’
is a sharp or vague notion isnot so important. The important point is that ‘truth’ can be understood as a sharp notionand as a vague notion as well. Our task, then, will be to characterize ‘truth’ as a vaguenotion and derive further consequences of this for ontology...
http://doxa-filosofica.blogspot.com/2013/03/view-fuzzy-truth-consistency-and_9.html
The discussion about vagueness inevitable becomes a discussion about truth: Which is the truth-value of a vague sentence? Is ‘truth’ vague? And if so, how can wegive a coherent formulation of such a vague notion?For us in this paper the question of whether ‘truth’
is a sharp or vague notion isnot so important. The important point is that ‘truth’ can be understood as a sharp notionand as a vague notion as well. Our task, then, will be to characterize ‘truth’ as a vaguenotion and derive further consequences of this for ontology...
http://doxa-filosofica.blogspot.com/2013/03/view-fuzzy-truth-consistency-and_9.html
Verdad sin corrrespondencia
Francisco Díaz Montilla
La teoría de la verdad como correspondencia en su forma mástradicional está basada en la intuición de que algo que es verdadero(una oración) es hecha de tal manera por algo externo (la realidad,los hechos o estados de cosas, etc.) En su formulación más simple,esta teoría nos dice que una oración o proposición es verdadera si ysólo si corresponde a un hecho. Sin embargo, como veremos, estacaracterización no está libre de problemas. Dos interrogantes quesurgen son: ¿Qué se supone que significa “corresponde”? y ¿qué sesupone que es un hecho?
http://doxa-filosofica.blogspot.com/2013/03/view-verdad-sin-correspondencia-on.html
La teoría de la verdad como correspondencia en su forma mástradicional está basada en la intuición de que algo que es verdadero(una oración) es hecha de tal manera por algo externo (la realidad,los hechos o estados de cosas, etc.) En su formulación más simple,esta teoría nos dice que una oración o proposición es verdadera si ysólo si corresponde a un hecho. Sin embargo, como veremos, estacaracterización no está libre de problemas. Dos interrogantes quesurgen son: ¿Qué se supone que significa “corresponde”? y ¿qué sesupone que es un hecho?
http://doxa-filosofica.blogspot.com/2013/03/view-verdad-sin-correspondencia-on.html
Identidad transmundana y mundos posibles
Francisco Díaz Montilla
La noción de mundos posibles ha sido usada de manera efectiva en áreas diversas:modelación de lenguajes naturales, análisis de contrafácticos, entorno de programación, etc. Sin embargo, no pocos son los autores que le han deparado profundas críticas. Entre la mássignificativa está la que pone en duda la relevancia de esta noción señalando que el únicoacceso que se tiene de los mundos posibles es conceptual y que, epistemológicamentehablando, nada tienen que hacer en cadenas causales. Si esta objeción fuera suficiente pararechazar los mundos posibles, entonces también debería serlo para rechazar toda lamatemática pura, ya que la única forma de llegar hasta las más abstractas estructurasmatemáticas es conceptualmente. Además, dado que la matemática no tiene relevanciaempírica alguna, se puede decir igualmente que nada tiene que hacer en cadenas causales...
http://doxa-filosofica.blogspot.com/2013/03/view-mundos-posibles-eidentidad.html
La noción de mundos posibles ha sido usada de manera efectiva en áreas diversas:modelación de lenguajes naturales, análisis de contrafácticos, entorno de programación, etc. Sin embargo, no pocos son los autores que le han deparado profundas críticas. Entre la mássignificativa está la que pone en duda la relevancia de esta noción señalando que el únicoacceso que se tiene de los mundos posibles es conceptual y que, epistemológicamentehablando, nada tienen que hacer en cadenas causales. Si esta objeción fuera suficiente pararechazar los mundos posibles, entonces también debería serlo para rechazar toda lamatemática pura, ya que la única forma de llegar hasta las más abstractas estructurasmatemáticas es conceptualmente. Además, dado que la matemática no tiene relevanciaempírica alguna, se puede decir igualmente que nada tiene que hacer en cadenas causales...
http://doxa-filosofica.blogspot.com/2013/03/view-mundos-posibles-eidentidad.html
domingo, 24 de febrero de 2013
Motivación de la ley
Francisco Díaz Montilla
De acuerdo con el artículo 174 de la Constitución de Panamá, “las Leyes podrán ser motivadas”. Se entiende que la motivación no es meramente decorativa, pues constituye el punto de partida de la iniciativa que llega a la Asamblea. Como ha escrito Carlos Arellano García (La motivación de las leyes en México), la exposición de motivos de la ley “deberá ser muy cuidadosa y clara en la expresión de las razones que han originado las nuevas disposiciones normativas (...). Ese documento debe razonar y justificar los cambios respecto de normas legisladas anteriores y también lo relativo a nuevas disposiciones”.
No siempre es así. En los recientes cambios a la Ley 45 de 1995, esos ideales no solo han sido pasados por alto, sino que –lo que es peor– ahora se dice que los fondos recaudados se usarán para financiar un proyecto que no aparece en ninguna parte del texto legal. El resultado es una ley cuyos fundamentos son realmente frágiles, y las sospechas que genera son válidas y no dejan de ser preocupantes en un supuesto estado de derecho. Veamos:
1. Se ubican en el mismo plano las enfermedades crónicas no transmisibles y el síndrome de alcoholismo fetal, aunque solo este está, por definición, intrínsecamente relacionado con la ingesta alcohólica.
2. Cita instituciones como la OMS, sin considerar que el texto citado implica pragmáticamente que la ingesta alcohólica no necesariamente es perniciosa para la salud.
3. Aunque hay preocupación “por el consumo nocivo de alcohol y por aquellos individuos que consumen alcohol irresponsablemente ante el efecto que tiene sobre ellos y la sociedad en general”; el proponente, sin embargo, no repara en que a pesar de que dicha ingesta tenga efectos sobre los individuos, so pena de la falacia de composición, es dudoso que lo tenga sobre “la sociedad en general”.
4. Como elemento fáctico de justificación, se afirma que “solamente en San Miguelito, en los últimos seis meses, se han registrado 119 casos de violencia intrafamiliar, siendo el consumo irresponsable de alcohol parte de las causas que provocan este tipo particular de violencia”, pero no ofrece referente estadístico alguno que permita evaluar mejor tales casos.
5. Según el proponente, lo anterior se traduce en “gastos para el Estado, ya que en la medida en que se incrementan las enfermedades crónicas no transmisibles y la violencia intrafamiliar, mayores recursos económicos se necesitan”, aunque se pueden considerar otras estrategias.
6. La reforma a la Ley 45 busca “reducir el consumo nocivo e irresponsable de alcohol” y que “la producción de estas bebidas pague lo justo, para ayudar a compensar al Estado por el problema social que está causando el consumo nocivo de alcohol”.
Estas razones presuponen, equivocadamente, que el incremento del impuesto reducirá el “consumo nocivo e irresponsable” y que el incremento propuesto es “lo justo”, aunque no hay forma de determinar por qué lo es (pagar más no implica ni equivale a ser justo). Insólitamente, lo recaudado se usará –palabras del Presidente- para el financiamiento del programa Ángel guardián. ¿Dónde quedó la motivación de la ley? Ante una inconsistencia tan obvia, ¿cuál es el motivo real del incremento impositivo?
http://impresa.prensa.com/opinion/Motivacion-ley-Francisco-Diaz-Montilla_0_3601889839.html
De acuerdo con el artículo 174 de la Constitución de Panamá, “las Leyes podrán ser motivadas”. Se entiende que la motivación no es meramente decorativa, pues constituye el punto de partida de la iniciativa que llega a la Asamblea. Como ha escrito Carlos Arellano García (La motivación de las leyes en México), la exposición de motivos de la ley “deberá ser muy cuidadosa y clara en la expresión de las razones que han originado las nuevas disposiciones normativas (...). Ese documento debe razonar y justificar los cambios respecto de normas legisladas anteriores y también lo relativo a nuevas disposiciones”.
No siempre es así. En los recientes cambios a la Ley 45 de 1995, esos ideales no solo han sido pasados por alto, sino que –lo que es peor– ahora se dice que los fondos recaudados se usarán para financiar un proyecto que no aparece en ninguna parte del texto legal. El resultado es una ley cuyos fundamentos son realmente frágiles, y las sospechas que genera son válidas y no dejan de ser preocupantes en un supuesto estado de derecho. Veamos:
1. Se ubican en el mismo plano las enfermedades crónicas no transmisibles y el síndrome de alcoholismo fetal, aunque solo este está, por definición, intrínsecamente relacionado con la ingesta alcohólica.
2. Cita instituciones como la OMS, sin considerar que el texto citado implica pragmáticamente que la ingesta alcohólica no necesariamente es perniciosa para la salud.
3. Aunque hay preocupación “por el consumo nocivo de alcohol y por aquellos individuos que consumen alcohol irresponsablemente ante el efecto que tiene sobre ellos y la sociedad en general”; el proponente, sin embargo, no repara en que a pesar de que dicha ingesta tenga efectos sobre los individuos, so pena de la falacia de composición, es dudoso que lo tenga sobre “la sociedad en general”.
4. Como elemento fáctico de justificación, se afirma que “solamente en San Miguelito, en los últimos seis meses, se han registrado 119 casos de violencia intrafamiliar, siendo el consumo irresponsable de alcohol parte de las causas que provocan este tipo particular de violencia”, pero no ofrece referente estadístico alguno que permita evaluar mejor tales casos.
5. Según el proponente, lo anterior se traduce en “gastos para el Estado, ya que en la medida en que se incrementan las enfermedades crónicas no transmisibles y la violencia intrafamiliar, mayores recursos económicos se necesitan”, aunque se pueden considerar otras estrategias.
6. La reforma a la Ley 45 busca “reducir el consumo nocivo e irresponsable de alcohol” y que “la producción de estas bebidas pague lo justo, para ayudar a compensar al Estado por el problema social que está causando el consumo nocivo de alcohol”.
Estas razones presuponen, equivocadamente, que el incremento del impuesto reducirá el “consumo nocivo e irresponsable” y que el incremento propuesto es “lo justo”, aunque no hay forma de determinar por qué lo es (pagar más no implica ni equivale a ser justo). Insólitamente, lo recaudado se usará –palabras del Presidente- para el financiamiento del programa Ángel guardián. ¿Dónde quedó la motivación de la ley? Ante una inconsistencia tan obvia, ¿cuál es el motivo real del incremento impositivo?
http://impresa.prensa.com/opinion/Motivacion-ley-Francisco-Diaz-Montilla_0_3601889839.html
miércoles, 9 de enero de 2013
Presidente sin mandato
Roberto Arosemena Jaén
Lo que fue el intento de reactualizar la Colombia de 1819 a 1830, aquella que se perdió cuando murió Bolívar y los generales se tomaron el poder, ha sido un fracaso. Bastó que Hugo Chávez dejase un sucesor para ser elegido democrática y constitucionalmente Presidente de Venezuela, a partir de situaciones emergentes, para que las pasiones de ese ejército venezolano que tuvo a su primer general Páez como árbitro por cuatro décadas, desencadenase una ficción de gobierno “bolivariano”.
Lo lamentable fue la falta de perspicacia del astuto comandante que prefirió al bonachón de Nicolás Maduro antes que al halcón de Diosdado Cabello. Lo que suceda en Venezuela será responsabilidad del “chavismo sin Chávez” y más aún contra Chávez. Da lo mismo, Chávez, por el momento, no tiene mandato.
Me llama la atención no el surgimiento de la Venezuela de Páez sino la incapacidad de la oposición de llegar a un entendimiento con Maduro, a pesar del mismo Maduro. Es el candidato del comandante sobrevenido, es decir, imposibilitado para tomar posesión en un futuro cercano y breve. Noventa días de licencia temporal a un presidente sin mandato es un absurdo que no favorece ni al pueblo ni a las instituciones públicas venezolanas y mucho menos a los compañeros bolivarianos como Correa y Evo Morales. Es abrir la puerta a los arribistas y oportunistas de la política criolla.
El rotundo fracaso del proyecto de Bolívar que enarboló Chávez y que entusiasmó a los países bolivarianos, con excepción de la Nueva Granada de Santos y el Panamá de Martinelli, colapsará inexorablemente en los próximos días. No se vislumbra ningún liderazgo democrático dentro de las filas del chavismo contra Chávez y de la oposición sin Chávez como enemigo visible.
En la actual situación hay que empezar a tirar puentes para una transición democrática sumamente frágil y delicada ante la presencia de un evanescente caudillo ausente.
Se habla del milagro de la recuperación de Chávez, pero ya no se trata de la vida del Presidente que podrá tomar o no posesión en su momento, se trata del mandato del comandante Hugo Chávez que desconoció a Diosdado Cabello para que los venezolanos y el ejército venezolano apostasen por Nicolás Maduro. Si las cosas sobrevenidas se manejan como asuntos advenidos sin coraje político de los que creen en los procesos democráticos, la Venezuela actual se precipitará en situaciones inmanejables y previsiblemente caóticas.
Una alianza constituyente de los venezolanos, sean seguidores de Maduro, o de Capriles, es impostergable para el aseguramiento de la legitimidad electoral. Las ventanas de la sucesión presidencial en la Venezuela bolivariana tienen que pasar por las urnas antes de que sobrevengan situaciones de hecho insostenibles. No se trata de la retórica de la última batalla del comandante ni el triunfo avasallador del Cid Campeador ahora muerto políticamente. Los seguidores de Páez ya se han quitado la máscara y el argumento central es la imposición de un chavismo antielectoral que quiere posponer, indefinidamente, la toma de posesión sin importarle el vacío de poder y autoridad que está ocasionando.
El silencio actual de Chávez tiene solo el apoyo simbólico de ocho millones de electores y la oposición de otros seis millones igualmente de electores. Cuando el pueblo habló y dejó de hablar en las urnas, el 7 de octubre pasado, no delegó el poder soberano ni en la Asamblea Nacional ni en el Tribunal Supremo. La delegación la tenía y la ejercía el presidente Hugo Chávez, en un país terriblemente presidencialista. Antes de su eventual silencio –sea temporal, sea eterno– habló de nuevas elecciones presidenciales y se sumergió en la batalla por su vida no por su presidencia. El poder constituido venezolano dice otra cosa. Decide actuar imprudentemente y la oposición se deja llevar por gritos de confrontación como si el chavismo, con y sin Chávez, tuviese la misma vocación electoral.
En Venezuela ha sobrevenido, por fuerza mayor, un período de crisis de poder y los beligerantes apartan la vista del ejército deliberante. En estos momentos, perder la razón y el cálculo político deja abandonados a 4 millones de electores en el puño del conflicto y de la intervención de múltiples péndulos externos e internos sin vocación democrática.
http://impresa.prensa.com/opinion/Presidente-mandato-Roberto-Arosemena-Jaen_0_3567393318.html
Lo que fue el intento de reactualizar la Colombia de 1819 a 1830, aquella que se perdió cuando murió Bolívar y los generales se tomaron el poder, ha sido un fracaso. Bastó que Hugo Chávez dejase un sucesor para ser elegido democrática y constitucionalmente Presidente de Venezuela, a partir de situaciones emergentes, para que las pasiones de ese ejército venezolano que tuvo a su primer general Páez como árbitro por cuatro décadas, desencadenase una ficción de gobierno “bolivariano”.
Lo lamentable fue la falta de perspicacia del astuto comandante que prefirió al bonachón de Nicolás Maduro antes que al halcón de Diosdado Cabello. Lo que suceda en Venezuela será responsabilidad del “chavismo sin Chávez” y más aún contra Chávez. Da lo mismo, Chávez, por el momento, no tiene mandato.
Me llama la atención no el surgimiento de la Venezuela de Páez sino la incapacidad de la oposición de llegar a un entendimiento con Maduro, a pesar del mismo Maduro. Es el candidato del comandante sobrevenido, es decir, imposibilitado para tomar posesión en un futuro cercano y breve. Noventa días de licencia temporal a un presidente sin mandato es un absurdo que no favorece ni al pueblo ni a las instituciones públicas venezolanas y mucho menos a los compañeros bolivarianos como Correa y Evo Morales. Es abrir la puerta a los arribistas y oportunistas de la política criolla.
El rotundo fracaso del proyecto de Bolívar que enarboló Chávez y que entusiasmó a los países bolivarianos, con excepción de la Nueva Granada de Santos y el Panamá de Martinelli, colapsará inexorablemente en los próximos días. No se vislumbra ningún liderazgo democrático dentro de las filas del chavismo contra Chávez y de la oposición sin Chávez como enemigo visible.
En la actual situación hay que empezar a tirar puentes para una transición democrática sumamente frágil y delicada ante la presencia de un evanescente caudillo ausente.
Se habla del milagro de la recuperación de Chávez, pero ya no se trata de la vida del Presidente que podrá tomar o no posesión en su momento, se trata del mandato del comandante Hugo Chávez que desconoció a Diosdado Cabello para que los venezolanos y el ejército venezolano apostasen por Nicolás Maduro. Si las cosas sobrevenidas se manejan como asuntos advenidos sin coraje político de los que creen en los procesos democráticos, la Venezuela actual se precipitará en situaciones inmanejables y previsiblemente caóticas.
Una alianza constituyente de los venezolanos, sean seguidores de Maduro, o de Capriles, es impostergable para el aseguramiento de la legitimidad electoral. Las ventanas de la sucesión presidencial en la Venezuela bolivariana tienen que pasar por las urnas antes de que sobrevengan situaciones de hecho insostenibles. No se trata de la retórica de la última batalla del comandante ni el triunfo avasallador del Cid Campeador ahora muerto políticamente. Los seguidores de Páez ya se han quitado la máscara y el argumento central es la imposición de un chavismo antielectoral que quiere posponer, indefinidamente, la toma de posesión sin importarle el vacío de poder y autoridad que está ocasionando.
El silencio actual de Chávez tiene solo el apoyo simbólico de ocho millones de electores y la oposición de otros seis millones igualmente de electores. Cuando el pueblo habló y dejó de hablar en las urnas, el 7 de octubre pasado, no delegó el poder soberano ni en la Asamblea Nacional ni en el Tribunal Supremo. La delegación la tenía y la ejercía el presidente Hugo Chávez, en un país terriblemente presidencialista. Antes de su eventual silencio –sea temporal, sea eterno– habló de nuevas elecciones presidenciales y se sumergió en la batalla por su vida no por su presidencia. El poder constituido venezolano dice otra cosa. Decide actuar imprudentemente y la oposición se deja llevar por gritos de confrontación como si el chavismo, con y sin Chávez, tuviese la misma vocación electoral.
En Venezuela ha sobrevenido, por fuerza mayor, un período de crisis de poder y los beligerantes apartan la vista del ejército deliberante. En estos momentos, perder la razón y el cálculo político deja abandonados a 4 millones de electores en el puño del conflicto y de la intervención de múltiples péndulos externos e internos sin vocación democrática.
http://impresa.prensa.com/opinion/Presidente-mandato-Roberto-Arosemena-Jaen_0_3567393318.html
Suscribirse a:
Entradas (Atom)