Un procurador desbocado

Roberto Arosemena Jaén

El Ministerio Público no es un órgano del Estado. Solamente los órganos del Estado emanan de la voluntad soberana de la sociedad panameña. El Ministerio Público a lo sumo es un híbrido constitucional por virtud de las reformas constitucionales improvisadas de 1983.

El procurador está estrictamente sometido a la ley y es un servidor del Estado revestido de la facultad de investigar los delitos, pero no de todos los delitos, por ejemplo de los que cometa un magistrado de la Corte, recuérdese el caso Faúndes, o de los que cometa el presidente de la República y, en un caso más prosaico, de los que cometa un menor de edad, que por virtud de la mora presupuestaria, compete a los mismos jueces de la Niñez y la Adolescencia. Lo que señalo es importante porque el procurador no ha entendido que si un ministro de Estado le solicita que investigue un presunto delito, lo debe investigar sin emitir comentarios previos, tal como lo hace cuando lo denuncia un simple particular.

Hay algunos funcionarios de alto nivel que no han entendido que el responsable de la coordinación de la administración pública es el presidente de la República y que el Ministerio Público es parte de la administración pública.

Y ahora viene el problema de la falta de prudencia administrativa del señor procurador.

A nadie escapa que la Asamblea Legislativa, con la actual directiva, se viene enfrentando al Ejecutivo en los últimos meses. El enfrentamiento los llevó a dos hechos lamentables con efectos políticos irreversibles. El rechazo del presupuesto nacional para la vigencia del 2002, con el congelamiento de todo el presupuesto de funcionamiento e inversiones y la negativa a poner en el orden del día la ratificación de dos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. La junta directiva de la Asamblea Legislativa manifestó una tremenda ingenuidad en esa confrontación legalista con la presidencia de la República. Pero el asunto se resolvió como esa pelea salvaje entre dos elefantes, con el consecuente sufrimiento de la sociedad civil.

 “Cuando dos elefantes pelean, quien sufre es la yerba”, dice la sabiduría popular. Se tiene un presupuesto viejo (el del 2001) para atender los problemas nuevos que no fueron presupuestados en el 2002, y se tuvo que llamar a asamblea extraordinaria para que los legisladores cumpliesen su función constitucional de ratificar a dos magistrados que formarían parte del Organo Judicial.

En estos enfrentamientos se llegó a aseveraciones que bien podrían constituir calumnias, de ser falsos. Millón y medio se había pagado para ratificar a los dos magistrados. En el calor de la ofensa y de la injuria saltó la liebre. Efectivamente había plata, dijo uno, pero no tanto, y procedió a mostrar y posteriormente a entregar la evidencia del delito, 6 mil dólares. Aquí entró el Ministerio Público.

Un caso que parecía transparente se enredó. No sé dónde se perdió el ovillo. Si campañas publicitarias, si desinformación a la opinión pública, si exceso de poder de la actual directiva de la Asamblea Legislativa y del Comité Ejecutivo del PRD, si incapacidad ejecutiva de la administración pública, si reacción hipócrita de la sociedad civil, si oportunismo de potenciales dirigentes políticos. El asunto es que el Ministerio Público hace su solicitud, sabiendo de antemano que la mayoría de los legisladores del pacto META y algunas individualidades afines al Gobierno se habían levantado voluntariamente la inmunidad, no sabemos si para ser juzgados por la Corte Suprema de Justicia como lo establece el artículo 86, numeral 2, acápite b, o solamente para que se investigue su presunta participación en el delito, no sabemos si denunciado por Afú, o de cualquier otro delito que esté investigando el Ministerio Público y se presuma la participación de los 71 legisladores.

 Cualquier observador imparcial se da cuenta de que el procurador se excedió y, en tal forma, se hace eco la junta directiva de la Asamblea que procede a solicitarle al pleno que levante la inmunidad de todos los legisladores.

El resultado es un órgano del Estado paralizado y envuelto en una investigación que tiene como objetivo conducir a los legisladores al pleno de la Corte Suprema de Justicia para que sus miembros los juzguen por cualquier delito común o por cualesquier falta cometida.

Me atrevo a preguntarle al señor procurador para qué está solicitando el levantamiento de la inmunidad de los 71 legisladores; por el simple hecho de investigar o porque ya tiene evidencias del ilícito cometido y trata de completar el sumario para enviárselo a la Corte Suprema de Justicia.

Los miembros de la Asamblea pertenecen y forman el Organo Legislativo; en el momento en que los legisladores se levanten la inmunidad, la Corte puede decidir sustituirlos por los suplentes mientras se investiga y se analiza el mérito del sumario para el llamamiento a juicio.

El otro escenario de la solicitud de la inmunidad no quiero ni pensarlo. Una campaña para que la actual junta directiva del pacto META afirme, demagógicamente, ante la sociedad civil que se levanta la inmunidad porque no teme ni que se le investigue ni que se le juzgue, sabiendo de antemano que la renuncia a la inmunidad termina cuando se concluyan las sumarias y que el procurador –con ignorancia inexcusable– no se haya dado cuenta de que es la yerba que presencia la lucha de los elefantes del Estado panameño.

En el tiempo de Ernesto Pérez Balladares se logró que en un día un legislador fuese sorprendido con un maletín, fuese detenido, se le levantase la inmunidad, se le revocase su mandato en la mejor versión de un despotismo presidencial. Durante su despotismo no hubo disidencia y los órganos del Estado eran cajas de resonancia de la voluntad presidencial. Por fortuna los tiempos han cambiado y estas cosas se discuten entre órganos del Estado y entre nosotros, los ciudadanos de donde emana todo el poder del Estado.

http://impresa.prensa.com/opinion/procurador-desbocado_0_606689394.html