Agricultura y canasta básica

Francisco Díaz Montilla

Pareciera que los objetivos de la Ley 25 de 2001, que dicta disposiciones sobre la política nacional para la transformación agropecuaria y su ejecución, distan de haberse realizado.

Durante los últimos 10 años en Panamá se han dejado de cultivar 70 mil 687 hectáreas. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) de la Contraloría General de la República, en un producto tan sensitivo como el arroz, la superficie sembrada pasó de 111 mil 900 hectáreas, entre el año 2009 y 2010, a 98 mil 380, entre 2012 y 2013.

Esta reducción en la superficie de cultivo ha implicado una merma en la cosecha en esos años que asciende al 17%.

Paralelo a lo anterior, la importación de alimentos ha tenido un incremento de 25% en los últimos cinco años. El escenario, pues, es simple: destinamos menos superficie a la producción agrícola e incrementamos las importaciones.

Hay quienes argumentan que la reducción del área de cultivo obedece a las presiones que sobre los productores imponen las importaciones, estas hacen que sus actividades sean poco rentables. Es más, las importaciones se suelen justificar bajo el argumento de que son beneficiosas para los consumidores, pues reducen los precios. Pero, paradójicamente, el estado de cosas es otro: pese a las importaciones (y los tratados de libre comercio), los consumidores pagan cada vez más.

De acuerdo con datos del INEC, el índice de precios al consumidor tuvo un incremento de 4.1% en junio con respecto a mayo de 2013. No es casual, entonces, que las distintas encuestas identifiquen el costo de la canasta básica como el problema más importante que requiere ser atendido. Pero en el escenario actual, es improbable que ese problema sea resuelto por algún político.

¿Qué alternativas explorar?

Se ha dicho en diversas ocasiones que el agro panameño está olvidado y que hay que incentivarlo y protegerlo. No está claro, sin embargo, que se trate meramente de un asunto de incentivos y protección.

Si el lector se diera a la tarea de revisar la legislación en materia agropecuaria, tal vez se sorprenda por la cantidad de normas existentes sobre ese tema. Es cierto que se han reducido –y en algunos casos eliminado– los aranceles a la importación de muchos productos, pero –con respecto a los productos agropecuarios sensitivos– aun persisten niveles de protección significativos. Ello debiera ser, en sí mismo, un elemento incentivador, pero no lo es (tal vez, nunca lo fue).

Adicional a esto, los productores agrícolas tienen beneficios fiscales que no deben desestimarse, tales como el no pago de renta por ingresos brutos menores de 300 mil dólares, ni de ITBMS cuando los ingresos brutos anuales hayan sido inferiores a 36 mil dólares. Otras ventajas derivan de acceso a créditos blandos (Ley 25 de 2001), programa de garantías para la actividad agrícola (Ley 25 de 2005) e incentivos a la agroexportación (Ley 82 de 2009).

Todos estos incentivos, sin embargo, parecen no tener mayores efectos en el proceso de producción, investigación, innovación y desarrollo agropecuario, en parte porque en dicho sector persisten prácticas atávicas ineficientes.

Mientras esto siga así, difícilmente se podrán realizar transformaciones profundas en el sector agrario, y los consumidores no solo tendrán que consumir productos de baja calidad, sino más caros.

http://www.prensa.com/impreso/opinion/agricultura-y-canasta-basica-francisco-diaz-montilla/196775