Un ser humano

Roberto Arosemena Jaén

Calificar a un individuo de ser humano no es evidente, ni hoy ni en la antigüedad, ni siquiera en todos los territorios del planeta. No vamos a calificar qué son los extranjeros infieles para Estado Islámico, ni los palestinos para Israel. En la antigüedad Aristóteles solo consideraba humana la estirpe del mundo helénico. Los otros eran bárbaros u orientales. Es decir, el helénico tenía las atribuciones de ser racional con temple y voluntad. Era un ser humano con todas las características, atribuciones y libertades. Los demás, carecían de las virtudes del género humano.

En Occidente, al decir de un filósofo, primero se reconoce la libertad de los ciudadanos griegos, luego, en Oriente, solo es reconocida la libertad de los reyes y déspotas y, últimamente, en el mundo germánico se reconoce la libertad e igualdad de todos los hombres. Más tarde, la mujer sería una persona humana de derechos y libertades, luego los niños…

La falacia de los abogados de Ricardo Martinelli es calificarlo con todos los derechos de los ciudadanos –de los seres humanos comunes y corrientes–, olvidándose de que tiene un fuero de diputado o legislador panameño. Martinelli, como diputado es más que un ser humano, es un sujeto revestido de privilegios. Mientras que yo, como ser humano cualquiera, debo ser juzgado mediante un debido proceso que puede demorar meses y, con argucias, años. ¿Por qué, un diputado debe ser llevado a juicio en 60 días y si no, dejado libre y declarado inocente o vulgarmente, sobreseído?

¿Será posible, que en Panamá, se condene a “los subalternos del jefe” y se deje libre al señor expresidente?

La contestación es contundente, el expresidente, ahora es “diputado del Parlacen” con las mismas prerrogativas de cualquier diputado panameño. El exlegislador Hernán Delgado sí sabía lo que estaba haciendo cuando proyectó esa ley de marras. No se trata de derogarla porque el mal ya está hecho, y la ley penal que se aplica es siempre la más favorable al delincuente. Eso lo sabe cualquier aprendiz de “jurisconsulto”.

Si queremos que el expresidente, hoy diputado, sea juzgado en tiempo prudencial y no en términos perentorios, angustiosos e inviables, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tiene que entrar a considerar, desde ya, la demanda de inconstitucional de la Ley 55 de 2012 o las advertencias que sobrevengan. Con todo, es casi una “necedad” entrar a juzgar a un expresidente legislador con el actual orden constitucional.

Lo sorprendente es la pasividad de los nueve magistrados de la CSJ para detener los términos angustiosos que concluirían con la plena libertad de Martinelli. En conclusión, se sigue jugando con la pasividad y distracción de las masas como si nunca adquirirá el rostro duro y austero de un pueblo.

La permisividad de las autoridades judiciales constituidas en el Estado panameño nos presenta un escenario probable de complicidad y encubrimiento a favor de que el proceso contra el expresidente 2009-2014 pierda validez y se declare ilegal. De suceder, se puede concluir que nuestra sociedad está sometida al tráfico de influencias, que las autoridades constituidas son ilegítimas y en una acelerada descomposición jurídica, y que nuestro pueblo, distraído, todavía no pisa el acelerador de su propia redención.

A Martinelli no se le puede aplicar igual tratamiento que a todos los seres humanos, porque la ley le da prerrogativas exorbitantes para colocarse por encima de todos sus fieles ministros y súbditos. El juicio contra Martinelli debe ser político, y sus juzgadores, todo aquel que se sienta agraviado por su conducta.

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