Roberto Arosemena Jaén
Es un viejo clamor. Desde 1981, hace 33 años, se sintió un grito: ¡Constituyente ya! En 2004, producto de inquietudes recogidas en el Grupo de Concertación Nacional, 20-20, Néstor Jaén S.I., ya resucitado en la fe, recogió firmas para sensibilizar a la opinión pública con la conveniencia de una convocatoria constitucional que constituyese un nuevo orden político y jurídico en Panamá.
Producto de esta iniciativa moral, el gobierno entrante de Martín Torrijos y el saliente de Mireya Moscoso acuerdan una reforma constitucional, que entre otras cosas modificó el título sobre Reforma Constitucional e incluyó el artículo 314 que dice: “Podrá adoptarse una nueva Constitución a través de una asamblea constituyente paralela, que podrá ser convocada por decisión del Órgano Ejecutivo, ratificada por la mayoría absoluta del Órgano Legislativo”.
Según este texto, el próximo Presidente, por sí solo, no está facultado para convocar a una constituyente, se requiere la ratificación por dos tercios de los diputados –48 de 71–. Esto significa ponerse de acuerdo con los jefes políticos de la Asamblea Nacional sin abandonar la agenda del pueblo sobre intereses, ambiciones y negociaciones.
La otra limitante de la constituyente paralela, a la luz de la ciudadanía independiente, es mantener y consolidar la estructura de los partidos políticos que hay. Su convocatoria se hace, sobre todo, por postulación partidaria que admite subsidiariamente la libre postulación.
Bajo estas condiciones, la iniciativa de convocar a una constituyente paralela más que una solución es una distracción que mantendrá el vicio de la partidocracia desprestigiada para elegir al Presidente de la República. Igual expectativa tuvo Martín Torrijos cuando acordó con el gobierno arnulfista la fórmula de la constituyente paralela para adormecer la necesidad de refundir el Estado panameño con una constituyente soberana. Hoy, el problema es semejante al comprometerse el mandatario electo con reformas a la Constitución.
¿Qué hacer en las actuales circunstancias? Tomar el texto de reformas que los “notables” entregaron a Martinelli y aprobarlos en esta y la próxima Asamblea y así ahorrarnos dos años de elecciones y debates. Esto no funcionaría. Sería una prepotencia más de los gobernantes y una burla cruel a la ciudadanía.
Por el contrario, reformar el artículo 314 de la Constitución parece ser la medida más eficaz en este período de transición. En efecto, se puede lograr, empinándose sobre los errores del pasado y, sobre todo, anticipando el fracaso de una constituyente con dominio total de los partidos políticos, tanto en su origen, desarrollo como en su aplicación práctica.
Los plazos apremian y la magia del mandatario electo puede desaparecer, una vez que inicie su gestión gubernamental. La hostilidad del gobierno saliente y el apetito de negociación de los jefes partidistas y de sus presuntos leales diputados irán creciendo. Juan Carlos Varela tiene que anticipar ahora su ímpetu de adecentamiento de lo público y lo político y apostar a que la Asamblea Nacional realice una reforma constitucional expedita, que establezca una constituyente electa por libre postulación y que compromete a la ciudadanía escogida a servir a la nación, no a los partidos políticos ni a los poderosos contribuyentes.
Estas expeditas reformas deberán garantizar además que el texto aprobado en la constituyente tenga efectos jurídicos inmediatos, sin someterla a un referendo popular aprobatorio o revocatorio, como se hizo en el año 2004.
Somos del criterio de que una constituyente expresa la voluntad soberana del Estado más que las fórmulas partidistas que establece la actual Constitución presidencialista de 1972. Se admite que una constituyente no usurpe funciones de gobierno, sino que se concentre en cimentar los pilares de un Estado democrático participativo de derecho que garantice una convivencia equitativa.
Esta expectativa ciudadana solo será posible en las actuales circunstancias de sustitución de gobiernos, si Martinelli, Navarro y Varela, como jefes de sus respectivos partidos políticos, se atreven a fundamentar procedimentalmente los cambios futuros necesarios para lograr un Panamá con ingresos decentes y una ciudadanía que resista a la demagogia y a los populismos que enfrentan a pueblo contra pueblo.
http://www.prensa.com/impreso/opinion/constituyente-alternativa-nacional-roberto-arosemena-jaen/331881
Departamento de Filosofía, Facultad de Humanidades, Universidad de Panamá
martes, 27 de mayo de 2014
sábado, 17 de mayo de 2014
Para renovar la filosofía en la UP
Ruling Barragán
Desde hace un tiempo, docentes y estudiantes vemos con preocupación la situación del Departamento de Filosofía de la Universidad de Panamá (UP). Con dos licenciaturas bajo su administración, “Historia y Filosofía” y “Filosofía, Ética y Valores”, de escasa matrícula y cuyos planes de estudio no parecen ir acorde al mercado laboral, más allá de la labor docente.
Si bien se ha planteado y discutido en muchas ocasiones la renovación o actualización de los planes de estudio de estas licenciaturas, la toma de decisiones al respecto es difícil. Una parte del problema consiste en la falta de consenso sobre cómo deberían configurarse estos planes. Así, por ejemplo, no hay acuerdos entre todos sobre qué cursos se podrían eliminar o reducir en horas, cuáles añadir en reemplazo, o si se debiese prescindir definitivamente de una de las licenciaturas. Con relación a esta falta de consenso, ayudaría mucho abandonar la idea de que debe haber un acuerdo total con cada quien en esta discusión. No creo que podemos esperar eso, siempre habrá algún disenso e inconformidad. Para fines prácticos, bastaría con que se aprobase lo que decidiera la mayoría de los involucrados, tal como sucede en todo mecanismo democrático.
Tal vez, el único acuerdo en este asunto sea que el principal afectado es el estudiantado del Departamento de Filosofía. Si la carrera no se renueva pronto, de manera pertinente y eficiente, los nuevos egresados pudieran ser marginados o excluidos de un mercado laboral cada vez más dinámico, diversificado y competitivo.
Otra parte del problema podría ser el perfil laboral con que se ha identificado al egresado de filosofía: demasiadas veces se le ha limitado a la docencia en premedia y media, cuando en realidad –como ocurre en muchos países– su ámbito laboral es mucho mas amplio y diverso. Sea a nivel de pregrado o posgrado, los graduados en filosofía hallan oportunidades laborales en el área de comunicación, periodismo, promoción cultural, derechos humanos y casi cualquier espacio que requiera del análisis (o tan siquiera del comentario bien informado) social y político, por ejemplo.
¿Por qué seguimos limitando su campo laboral con planes de estudios básicamente diseñados para que sean profesores de secundaria, sin prestar mayor atención a otros campos o áreas profesionales? Es bien sabido que la enseñanza de asignaturas filosóficas en la educación media (y también a nivel superior) se reduce cada vez más. En este contexto, resulta razonable y saludable redescubrir que los espacios laborales en que tienen cabida los egresados de filosofía están más allá del colegio o la academia. En consecuencia, sus planes de estudios a nivel universitario deberían responder a esta realidad. Estos podrían maximizar habilidades comunicativas, analíticas y argumentativas, especialmente valoradas en el contexto político, económico, social y cultural del país.
Así, por ejemplo, los nuevos planes podrían hacer énfasis en “filosofías aplicadas” como filosofía del derecho, filosofía política, o ética de las empresas, entre otras. Asimismo, en refuerzo de esas habilidades, cursos de lenguas modernas –en particular el inglés y/o francés– solicitados en muchos organismos, empresas e instituciones. Confío en que algo de lo expresado aquí contribuya a la renovación de los planes de estudios, y al bienestar académico y laboral de los futuros egresados. Quizá no sea demasiado tarde y la renovación de la filosofía en la Universidad de Panamá pueda hacerse con prontitud y pertinencia, para bien de todos sus miembros, en especial, de los estudiantes.
https://impresa.prensa.com/opinion/renovar-filosofia-UP-Ruling-Barragan_0_3937106314.html
Desde hace un tiempo, docentes y estudiantes vemos con preocupación la situación del Departamento de Filosofía de la Universidad de Panamá (UP). Con dos licenciaturas bajo su administración, “Historia y Filosofía” y “Filosofía, Ética y Valores”, de escasa matrícula y cuyos planes de estudio no parecen ir acorde al mercado laboral, más allá de la labor docente.
Si bien se ha planteado y discutido en muchas ocasiones la renovación o actualización de los planes de estudio de estas licenciaturas, la toma de decisiones al respecto es difícil. Una parte del problema consiste en la falta de consenso sobre cómo deberían configurarse estos planes. Así, por ejemplo, no hay acuerdos entre todos sobre qué cursos se podrían eliminar o reducir en horas, cuáles añadir en reemplazo, o si se debiese prescindir definitivamente de una de las licenciaturas. Con relación a esta falta de consenso, ayudaría mucho abandonar la idea de que debe haber un acuerdo total con cada quien en esta discusión. No creo que podemos esperar eso, siempre habrá algún disenso e inconformidad. Para fines prácticos, bastaría con que se aprobase lo que decidiera la mayoría de los involucrados, tal como sucede en todo mecanismo democrático.
Tal vez, el único acuerdo en este asunto sea que el principal afectado es el estudiantado del Departamento de Filosofía. Si la carrera no se renueva pronto, de manera pertinente y eficiente, los nuevos egresados pudieran ser marginados o excluidos de un mercado laboral cada vez más dinámico, diversificado y competitivo.
Otra parte del problema podría ser el perfil laboral con que se ha identificado al egresado de filosofía: demasiadas veces se le ha limitado a la docencia en premedia y media, cuando en realidad –como ocurre en muchos países– su ámbito laboral es mucho mas amplio y diverso. Sea a nivel de pregrado o posgrado, los graduados en filosofía hallan oportunidades laborales en el área de comunicación, periodismo, promoción cultural, derechos humanos y casi cualquier espacio que requiera del análisis (o tan siquiera del comentario bien informado) social y político, por ejemplo.
¿Por qué seguimos limitando su campo laboral con planes de estudios básicamente diseñados para que sean profesores de secundaria, sin prestar mayor atención a otros campos o áreas profesionales? Es bien sabido que la enseñanza de asignaturas filosóficas en la educación media (y también a nivel superior) se reduce cada vez más. En este contexto, resulta razonable y saludable redescubrir que los espacios laborales en que tienen cabida los egresados de filosofía están más allá del colegio o la academia. En consecuencia, sus planes de estudios a nivel universitario deberían responder a esta realidad. Estos podrían maximizar habilidades comunicativas, analíticas y argumentativas, especialmente valoradas en el contexto político, económico, social y cultural del país.
Así, por ejemplo, los nuevos planes podrían hacer énfasis en “filosofías aplicadas” como filosofía del derecho, filosofía política, o ética de las empresas, entre otras. Asimismo, en refuerzo de esas habilidades, cursos de lenguas modernas –en particular el inglés y/o francés– solicitados en muchos organismos, empresas e instituciones. Confío en que algo de lo expresado aquí contribuya a la renovación de los planes de estudios, y al bienestar académico y laboral de los futuros egresados. Quizá no sea demasiado tarde y la renovación de la filosofía en la Universidad de Panamá pueda hacerse con prontitud y pertinencia, para bien de todos sus miembros, en especial, de los estudiantes.
https://impresa.prensa.com/opinion/renovar-filosofia-UP-Ruling-Barragan_0_3937106314.html
viernes, 16 de mayo de 2014
La sociedad civil
Roberto Arosemena Jaén
Lo opuesto a sociedad partidista es la sociedad civil que no aspira al poder de turno en disputa. El triunfo de Juan Carlos Varela no se debe a los partidos que lo postularon –apenas llegan a los 300 mil inscritos– sino a los independientes que confiadamente votaron por él. Sorprende que la independiente de Ana Matilde Gómez sobrepasó los votos de los partidos panameñistas y popular para diputados en el circuito 8.7.
Interpretar correctamente el voto del 4 de mayo es una tarea imprescindible para el Ejecutivo electo. La sociedad civil panameña ha señalado que quiere cogobernar sin la mediación de los actuales partidos políticos. En la práctica, el nuevo gobierno debería ser leal a sus electores. Legislar teniendo en cuenta a la sociedad civil y convocar la próxima constituyente sin la representatividad de los partidos políticos.
Asumir este compromiso significa enfrentar las presiones partidistas en la Asamblea y tomar distancia de las reformas constitucionales de 2004, que autorizan el llamado a una Asamblea Nacional constituyente con los partidos políticos vigentes. Conclusiones duras en un país con una fuerte tradición partidista y un Ejecutivo que debe renunciar al “presidencialismo absolutista y corruptible”. Entre tanto, hay que enfrentar el período de transición. La tarea fundamental es lograr instalarse, eficazmente, en el poder Ejecutivo, con plena delegación de las obras en marcha y con toda la documentación pertinente.
En segundo lugar, prepararse con una fuerte alianza con la sociedad civil a lidiar con una Asamblea errática que presenció la manera como los presidentes de sus partidos fueron decapitados en las urnas y, al mismo tiempo, coexistir con una Contraloría, Ministerio Público y Corte Suprema de Justicia dependientes del gobierno saliente. ¿Permitirá, el Ejecutivo electo, la nueva y sorprendente beligerancia de la sociedad civil frente a los partidos políticos? ¿Podrán, los jefes políticos del nuevo Ejecutivo leer y entender la voluntad de sus electores independientes? Un gobierno de unidad nacional solo se constituye de acuerdo con la voluntad popular expresada en las pasadas elecciones.
No obstante, la partidocracia del candidato triunfante se percibe ganadora y la partidocracia de los perdedores se siente blindada, tanto en la Asamblea Nacional, las Alcaldías, los Consejos Municipales y los poderes públicos con brazos largos para los próximos meses y años.
La crisis de gobernabilidad tiene una hoja de ruta determinada por el gobierno electo. La solución a esta crisis de gobernabilidad se debería mover en el escenario que propusieron los electores independientes el pasado 4 de mayo. El modelo representativo fue desconocido y se impuso el modelo participativo a nivel del Ejecutivo. En los otros niveles, no hubo tiempo para discernir lo conveniente y tomar distancia del clientelismo utilitario. El clientelismo partidista dio, llegó y finalmente, se impuso.
La pelota está en el campo del Presidente electo. La sociedad civil espera y reaccionará en el momento que los acontecimientos lo requieran. Las formas lingüísticas de expresar el nuevo contexto social y cultural siguen en manos de los medios y de los estrategas de la publicidad y la propaganda.
En manos de la sociedad civil, inorgánica por el momento, está la realidad histórica que Panamá continúa viviendo y padeciendo. Por el contrario, la senda emancipadora está en la habilidad y en la sabiduría que pueda generar el nuevo equipo de gobierno, parte del cual, empezó a gobernar en el quinquenio pasado. Su desafío es grande y en esto se basa la oportunidad que la sociedad civil le ha puesto nuevamente en sus decisiones. El tiempo señalará los momentos del aplauso, de la crítica y de la escoba.
http://impresa.prensa.com/opinion/sociedad-civil-Roberto-Arosemena-Jaen_0_3936356417.html
Lo opuesto a sociedad partidista es la sociedad civil que no aspira al poder de turno en disputa. El triunfo de Juan Carlos Varela no se debe a los partidos que lo postularon –apenas llegan a los 300 mil inscritos– sino a los independientes que confiadamente votaron por él. Sorprende que la independiente de Ana Matilde Gómez sobrepasó los votos de los partidos panameñistas y popular para diputados en el circuito 8.7.
Interpretar correctamente el voto del 4 de mayo es una tarea imprescindible para el Ejecutivo electo. La sociedad civil panameña ha señalado que quiere cogobernar sin la mediación de los actuales partidos políticos. En la práctica, el nuevo gobierno debería ser leal a sus electores. Legislar teniendo en cuenta a la sociedad civil y convocar la próxima constituyente sin la representatividad de los partidos políticos.
Asumir este compromiso significa enfrentar las presiones partidistas en la Asamblea y tomar distancia de las reformas constitucionales de 2004, que autorizan el llamado a una Asamblea Nacional constituyente con los partidos políticos vigentes. Conclusiones duras en un país con una fuerte tradición partidista y un Ejecutivo que debe renunciar al “presidencialismo absolutista y corruptible”. Entre tanto, hay que enfrentar el período de transición. La tarea fundamental es lograr instalarse, eficazmente, en el poder Ejecutivo, con plena delegación de las obras en marcha y con toda la documentación pertinente.
En segundo lugar, prepararse con una fuerte alianza con la sociedad civil a lidiar con una Asamblea errática que presenció la manera como los presidentes de sus partidos fueron decapitados en las urnas y, al mismo tiempo, coexistir con una Contraloría, Ministerio Público y Corte Suprema de Justicia dependientes del gobierno saliente. ¿Permitirá, el Ejecutivo electo, la nueva y sorprendente beligerancia de la sociedad civil frente a los partidos políticos? ¿Podrán, los jefes políticos del nuevo Ejecutivo leer y entender la voluntad de sus electores independientes? Un gobierno de unidad nacional solo se constituye de acuerdo con la voluntad popular expresada en las pasadas elecciones.
No obstante, la partidocracia del candidato triunfante se percibe ganadora y la partidocracia de los perdedores se siente blindada, tanto en la Asamblea Nacional, las Alcaldías, los Consejos Municipales y los poderes públicos con brazos largos para los próximos meses y años.
La crisis de gobernabilidad tiene una hoja de ruta determinada por el gobierno electo. La solución a esta crisis de gobernabilidad se debería mover en el escenario que propusieron los electores independientes el pasado 4 de mayo. El modelo representativo fue desconocido y se impuso el modelo participativo a nivel del Ejecutivo. En los otros niveles, no hubo tiempo para discernir lo conveniente y tomar distancia del clientelismo utilitario. El clientelismo partidista dio, llegó y finalmente, se impuso.
La pelota está en el campo del Presidente electo. La sociedad civil espera y reaccionará en el momento que los acontecimientos lo requieran. Las formas lingüísticas de expresar el nuevo contexto social y cultural siguen en manos de los medios y de los estrategas de la publicidad y la propaganda.
En manos de la sociedad civil, inorgánica por el momento, está la realidad histórica que Panamá continúa viviendo y padeciendo. Por el contrario, la senda emancipadora está en la habilidad y en la sabiduría que pueda generar el nuevo equipo de gobierno, parte del cual, empezó a gobernar en el quinquenio pasado. Su desafío es grande y en esto se basa la oportunidad que la sociedad civil le ha puesto nuevamente en sus decisiones. El tiempo señalará los momentos del aplauso, de la crítica y de la escoba.
http://impresa.prensa.com/opinion/sociedad-civil-Roberto-Arosemena-Jaen_0_3936356417.html
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