Miguel A. Candanedo
A raíz de la circulación por las redes sociales de comentarios vertidos por una sobrina de la principal dirigente de Movin, se evidencia la naturaleza y el carácter lumpemburgués del sector de la “yeyesada”, que convocó la concurrida concentración de panameños en la cinta costera el pasado martes 9 de enero, supuestamente en rechazo de la corrupción imperante en la sociedad panameña, especialmente en el sector de la denominada dirigencia política y empresarial.
El lenguaje y expresiones y tono vulgar de la aludida joven retratan el cuerpo entero, la naturaleza deformada y decadente de la conducta de las concepciones y del pensamiento pedestre y chabacano de algunos de los convocantes a la concentración, que le restan credibilidad como voceros del descontento mayoritario de los panameños frente a la descomposición moral de los que equivocadamente son denominados como “la clase política de la sociedad panameña”.
Si agregamos el deprimente acto de gritos, improperios e insultos frente a la residencia del presidente de la República, protagonizado por un grupo de asistentes a la concentración, se evidencia de cuerpo entero la carencia de autoridad moral de la lumpemburguesía convocante para pretender erigirse en los catones, en los censores, en la conciencia crítica y moral de los panameños.
Lamentamos que un crecido número de panameños, inclusive familias enteras de respetables ciudadanos, se dejaran seducir por los llamados de sectores decadentes de la lumpemburguesía, que a falta de un proyecto alternativo de democracia popular no encuentran otra salida que el anteproyecto de la ley sobre la muerte civil. Si los sectores convocantes hubiesen realmente rendido homenaje póstumo a los mártires de enero, habrían convocado igualmente a los dirigentes estudiantiles, obreros, campesinos e indígenas y a las organizaciones profesionales de capas medias, a que todos unitariamente hiciéramos el homenaje cívico a los mártires, una ocasión para replantear la democracia panameña y la erradicación de todas las prácticas corruptas en ejercicio político de gobernar al país.
La Prensa, 26 de enero 2018
Departamento de Filosofía, Facultad de Humanidades, Universidad de Panamá
viernes, 26 de enero de 2018
sábado, 6 de enero de 2018
La hora del proyecto nacional
Roberto Arosemena Jaén
Existimos, hace 170 años, bajo el yugo de las relaciones entre Estados Unidos y la actual Colombia. El interés de estos dos Estados es el control de la zona de tránsito. Obtener el máximo beneficio del transporte de gente, productos, dinero y soldados.
Lo terrible de estas relaciones fue que en 1903 una decisión unilateral de Estados Unidos –construir el Canal– fue razón suficiente para iniciar un conflicto bélico entre esas dos naciones y acantonar fuerzas militares en Panamá.
Los grandes se entienden y en 1914 restablecen las relaciones amistosas con el tratado Thompson–Urrutia y deciden mutuamente seguir usufructuando del Canal recién construido. No obstante, las tropas estadounidenses permanecen en Panamá, hasta que se desencadenó el conflicto del 9 de enero de 1964.
Se puede decir que en esta fecha empezó a ejercerse la soberanía popular y Estados Unidos decidió que los panameños administrarían el Canal, pero dentro de los parámetros del tratado de 1914. Este es el sentido del Tratado de Neutralidad permanente del Canal –definido en el Anexo A– y del Tratado de Funcionamiento permanente del Canal de Panamá–o Canal de esclusas–, además de los tratados colaterales de Montería y el Boyd–Liévano de límites marítimos que Panamá se ha visto forzado a pactar con el Gobierno colombiano, sin reciprocidad alguna.
El 9 de enero de 1964 es un hito histórico que altera la inercia de la nación panameña en el tema de la soberanía. De no ejercer soberanía sobre la Zona del Canal de esclusas, se pasó a exigir el retiro inmediato de las fuerzas militares, acantonadas en suelo panameño, como si la soberanía fuese erradicar la presencia física de la gendarmería yanqui.
Con base en esta expresión restringida de soberanía se negoció la abrogación del tratado Bunau–Varilla entre 1964 y 1977. Lo lamentable de estas negociaciones era erradicar la ocupación militar estadounidense para defender a Panamá de Colombia, que ya había perdido su sentido práctico desde 1914.
Los gobernantes panameños ignoraron que el mandato del 9 de enero era desmantelar el imaginario de que Panamá era una graciosa concesión del imperio del norte que había raptado parte del territorio de Nueva Granada o la pequeña Colombia para cedérselo a los istmeños. Positivamente, la voluntad soberana de 1964 era el dominio perpetuo de Panamá como zona de tránsito, sin incluir las prerrogativas de Estados Unidos y Colombia.
A eso apunta el concepto de zona de tránsito como patrimonio inalienable de la nación panameña y el contenido de la neutralización defendido por los panameños, que por lo demás, está en abierta contraposición con el concepto de neutralidad contenido en los tratados canaleros de 1977.
Este aniversario del 9 de enero nos obliga a debatir si la nación panameña puede adquirir las características de un Estado nacional soberano o seguir con la pésima figura de ser un sitio de negocio e inversión a las orillas de un Canal.
Decir que el 31 de diciembre de 1999 es el mejor homenaje que la patria panameña puede entregar a los mártires de la soberanía no solo es una burla a la dignidad de los panameños, sino una falsa concepción historiográfica de lo que hemos sido, somos y seremos como pueblo.
Nuestra lucha soberana no es una lucha de banderas ni de símbolos patrios, sino una esperanza de poder controlar toda nuestra zona de tránsito sin tutelaje extranjero y ponerla al servicio de esta y las futuras generaciones.
La Prensa, 6 de enero 2018
Existimos, hace 170 años, bajo el yugo de las relaciones entre Estados Unidos y la actual Colombia. El interés de estos dos Estados es el control de la zona de tránsito. Obtener el máximo beneficio del transporte de gente, productos, dinero y soldados.
Lo terrible de estas relaciones fue que en 1903 una decisión unilateral de Estados Unidos –construir el Canal– fue razón suficiente para iniciar un conflicto bélico entre esas dos naciones y acantonar fuerzas militares en Panamá.
Los grandes se entienden y en 1914 restablecen las relaciones amistosas con el tratado Thompson–Urrutia y deciden mutuamente seguir usufructuando del Canal recién construido. No obstante, las tropas estadounidenses permanecen en Panamá, hasta que se desencadenó el conflicto del 9 de enero de 1964.
Se puede decir que en esta fecha empezó a ejercerse la soberanía popular y Estados Unidos decidió que los panameños administrarían el Canal, pero dentro de los parámetros del tratado de 1914. Este es el sentido del Tratado de Neutralidad permanente del Canal –definido en el Anexo A– y del Tratado de Funcionamiento permanente del Canal de Panamá–o Canal de esclusas–, además de los tratados colaterales de Montería y el Boyd–Liévano de límites marítimos que Panamá se ha visto forzado a pactar con el Gobierno colombiano, sin reciprocidad alguna.
El 9 de enero de 1964 es un hito histórico que altera la inercia de la nación panameña en el tema de la soberanía. De no ejercer soberanía sobre la Zona del Canal de esclusas, se pasó a exigir el retiro inmediato de las fuerzas militares, acantonadas en suelo panameño, como si la soberanía fuese erradicar la presencia física de la gendarmería yanqui.
Con base en esta expresión restringida de soberanía se negoció la abrogación del tratado Bunau–Varilla entre 1964 y 1977. Lo lamentable de estas negociaciones era erradicar la ocupación militar estadounidense para defender a Panamá de Colombia, que ya había perdido su sentido práctico desde 1914.
Los gobernantes panameños ignoraron que el mandato del 9 de enero era desmantelar el imaginario de que Panamá era una graciosa concesión del imperio del norte que había raptado parte del territorio de Nueva Granada o la pequeña Colombia para cedérselo a los istmeños. Positivamente, la voluntad soberana de 1964 era el dominio perpetuo de Panamá como zona de tránsito, sin incluir las prerrogativas de Estados Unidos y Colombia.
A eso apunta el concepto de zona de tránsito como patrimonio inalienable de la nación panameña y el contenido de la neutralización defendido por los panameños, que por lo demás, está en abierta contraposición con el concepto de neutralidad contenido en los tratados canaleros de 1977.
Este aniversario del 9 de enero nos obliga a debatir si la nación panameña puede adquirir las características de un Estado nacional soberano o seguir con la pésima figura de ser un sitio de negocio e inversión a las orillas de un Canal.
Decir que el 31 de diciembre de 1999 es el mejor homenaje que la patria panameña puede entregar a los mártires de la soberanía no solo es una burla a la dignidad de los panameños, sino una falsa concepción historiográfica de lo que hemos sido, somos y seremos como pueblo.
Nuestra lucha soberana no es una lucha de banderas ni de símbolos patrios, sino una esperanza de poder controlar toda nuestra zona de tránsito sin tutelaje extranjero y ponerla al servicio de esta y las futuras generaciones.
La Prensa, 6 de enero 2018
Suscribirse a:
Entradas (Atom)