Roberto Arosemena Jaén
Del 14 al 28 de junio pasado la Asamblea debatió la ley para evaluar y acreditar la educación universitaria y aprobó la existencia del Consejo Nacional que va a dar fe de la calidad de los programas educativos que imparten las universidades en Panamá.
Es la función típica de una agencia de acreditación. Certificar ante la sociedad que el producto que se ofrece es de calidad y puede ser aprovechado sin riesgo alguno. El problema de esta agencia de acreditación recién fundada es que va a trabajar adscripta al Ministerio de Educación, responsable de la educación básica y media, y sin experiencia en el manejo de programas y títulos universitarios. De salida se le impone tanto al presupuesto nacional como al Ministro de Educación el titánico esfuerzo de crear una estructura de evaluación y acreditación universitaria, cuando todavía el mismo ministro reconoce que los programas de educación básica y media no están acreditando la capacidad mínima requerida para sus estudiantes.
Qué puede esperar la sociedad panameña de los futuros egresados de las universidades oficiales y particulares certificados y acreditados en virtud de la fe que exige dicho ministerio por imposición del proyecto de Ley 215 ya aprobado en tercer debate y sujeto a la decisión presidencial de convertirlo en ley de la República o devolverlo a la Asamblea por inconveniente e inconstitucional. En efecto, ya lo sugirió el diputado Vladimir Herrera en su intervención del 26 de junio "que no venga nadie y nos diga : -oye, esa ley es inconstitucional-, entonces, el esfuerzo que hemos hecho se puede perder en el camino".
La educación panameña está en crisis porque el país no se está desarrollando como podría hacerlo y todavía no se ha logrado una cobertura de 100% en la educación preescolar y básica cuando ya se debería estar logrando con la educación técnica o media. Esta crisis tendrá que ser afrontada próximamente. Ahora hay que solucionar el problema de la educación superior.
El problema de la educación superior panameña es que la universidad oficial no está cumpliendo con su función constitucional y todavía no ha tomado en serio la puesta en práctica de la Ley Orgánica del 14 de julio de 2005. Todo título o grado que se admite en nuestro país está fiscalizado, acreditado, evaluado y reconocido por la Universidad de Panamá o por la Universidad Tecnológica. No es excusa ante la sociedad panameña la falta de voluntad política o la escasez presupuestaria o de personal para atender las tareas de fiscalización de los programas, títulos y grados que se admiten en nuestro país. La Constitución es clara en el mandato que le impone a la universidad oficial del Estado panameño y no hace falta ninguna ley ni estatuto para garantizarle a la sociedad el crédito, la fe y la confianza que debe tener todo profesional que actúa en territorio nacional.
La discusión de este proyecto de ley ha llevado a ciertas autoridades de la Universidad de Panamá a reconocer la morosidad en el cumplimiento de sus deberes de funcionarios públicos y las interpelaciones realizadas al mismo Ministro de Educación han dejado abierta la interrogante de cómo podía autorizar el funcionamiento de universidades particulares sin la debida fiscalización de parte de la Universidad de Panamá y de cómo funciona la "Ciudad del Saber" en su relación con universidades o centros de educación superior. En resumen, un problema no resuelto de la educación superior.
El Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación ya existe como realidad sistémica en nuestro país por virtud de la constitución y de la Ley Orgánica de las universidades oficiales. La institución rectora del sistema es la Universidad de Panamá que debe ser más efectiva y decidida con sus pares políticos y académicos que son el Ministerio de Educación, las universidades oficiales y particulares y el sector gubernamental y privado. La tarea que se autoimpone el Ministro de Educación con el proyecto de Ley 215 es inviable financiera y operativamente a corto plazo y la sociedad panameña no puede esperar a que exista un consejo que acredite y evalúe permanente y continuamente las idoneidades y las profesiones que se ejercen en nuestro país. Es el papel que le corresponde a la Universidad de Panamá y que la sociedad está demandando. Ya el problema se está haciendo sentir con la acreditación de médicos y odontólogos, luego vendrán los abogados. Que el Presidente de la República actúe con prudencia y devuelva el proyecto 215 a la Asamblea Nacional.
http://mensual.prensa.com/mensual/contenido/2006/07/13/hoy/opinion/667668.html
Departamento de Filosofía, Facultad de Humanidades, Universidad de Panamá
jueves, 13 de julio de 2006
viernes, 14 de abril de 2006
Instituciones fundamentales
Roberto Arosemena Jaén
Lo fundamental a nivel institucional es lo que no puede desaparecer y sí desaparece, a nivel filosófico, crea un caos y hace desaparecer el orden social establecido.
Hacer desaparecer el estado como orden político es caótico. El esfuerzo sostenido de la acracia, el viejo anarquismo decimonónico, por eliminar el Estado fue una fiebre de individuos acalorados y llenos de racionalismo libertario. En este sentido, el Estado, como orden político, es insustituible a mediano plazo. Pareciese que los libertarios de la economía siguen con la calentura -la anacrónica fantasía- de eliminar la injerencia del Estado a corto plazo en la vida económica de los pueblos y de las naciones.
Excluir el Estado de la administración de justicia y privatizarla en manos de árbitros, de Iglesias, de ONGS o de gremios empresariales causaría un terrible caos. La parcialidad y la discrimación desvirtuarían la justicia legal a favor de intereses financieros, confesionales e ideológicos. En este sentido, la administración de justicia en manos de profesionales del derecho y de la ética pública es una institución fundamental a largo plazo para el mundo actual.
Lo mismo sucede con la familia y los hogares sustitutos administrados por religiosas, en el caso específico de los niños afectados por el sida. Las encuestas son claras. El 61% de los niños son húerfanos y, sin embargo, el 100% de esos niños son atendidos -alimentados, protegidos y educados- por su familia y por religiosas. El papel del Ministerio de Desarrollo Social, del Ministerio de Salud y de la Caja de Seguro Social no ha logrado crear una institución para alimentar, proteger y educar a estos niños afectados por el virus letal.
Desde mi perspectiva ética tanto la familia "extensiva y reproductiva" como las religiosas, convencidas de servir a los húerfanos, son instituciones fundamentales en el mundo actual. Las otras fórmulas de esterilizar a los afectados por el sida, de castigarlos penalmente por el intercambio heterosexual, de abortar a los embriones en alto riesgo de infectación o el cometer cualquier acto de infanticidio, aparte de establecer situaciones altamente inmorales, entrarían en la esfera de lo delictivo y de lo sancionable penalmente.
Pensar que en nombre de una falsa retórica contra la vida de embriones -masa celular le llaman algunos agnósticos- y de una vida amenazada letalmente desde su nacimiento, se podrían justificar medidas médicas para que no nazcan los afectados por el sida. Este pensar es en sí mismo reprobable, cruel e inhumano. El rechazo a esa forma de pensar ha dado como resultado las medidas que está tomando la UNICEF, luego de un debate bioético serio y altamente responsable, para desarrollar un programa de atención a las mujeres infectadas por el sida antes y durante el parto con todos los recursos que la técnica ofrece para evitar la infectación de los recién nacidos. La solución de este conflicto ético asumido por el programa respectivo de UNICEF, ha logrado armonizar valores humanos, laicos y liberales, que van desde la intimidad y privacidad de seres autónomos hasta el derecho a vivir de un proyecto o "embrión" de ser humano con la intrínseca posibilidad de ser curado en el momento en que la insuficiencia e ignorancia científica sea superada por el descubrimiento o la invención del antivirus del sida.
No obstante, el problema real de los niños afectados por el sida, la orfandad, está solucionado por su familia genética y por su familia religiosa. La conservación de la familia "reproductiva y extensiva por relación genética y sanguínea", lo mismo que la existencia de órdenes religiosas que identifican a su Dios con el humano necesitado son instituciones fundamentales del mundo globalizado.
Argumentar que tanto la familia como la religión son convenientes en el mundo de hoy no se reduce a un enfoque utilitarista de atención a los huérfanos con sida. Se trata, más bien, de una reflexión para analizar las respuestas que dan y no dan las instituciones actuales y la que siguen dando las instituciones tradicionales como la familia y la iglesia.
La finalidad de este artículo es reflexionar sobre la existencia de instituciones como la familia y la iglesia no en justificar ni aplaudir el fin reproductivo y genético de la familia ni en hacer apologética de la realidad de Dios que nunca se verá, con la humanidad del niño huérfano y afectado de sida que impacta la conciencia laica y liberal de instituciones como UNICEF. Esto último es sólo un ejemplo ilustrativo de instituciones que existirán mientras exista humanidad y no el capricho de seres mal intencionados.
http://impresa.prensa.com/opinion/Instituciones-fundamentales_0_1721078022.html
Lo fundamental a nivel institucional es lo que no puede desaparecer y sí desaparece, a nivel filosófico, crea un caos y hace desaparecer el orden social establecido.
Hacer desaparecer el estado como orden político es caótico. El esfuerzo sostenido de la acracia, el viejo anarquismo decimonónico, por eliminar el Estado fue una fiebre de individuos acalorados y llenos de racionalismo libertario. En este sentido, el Estado, como orden político, es insustituible a mediano plazo. Pareciese que los libertarios de la economía siguen con la calentura -la anacrónica fantasía- de eliminar la injerencia del Estado a corto plazo en la vida económica de los pueblos y de las naciones.
Excluir el Estado de la administración de justicia y privatizarla en manos de árbitros, de Iglesias, de ONGS o de gremios empresariales causaría un terrible caos. La parcialidad y la discrimación desvirtuarían la justicia legal a favor de intereses financieros, confesionales e ideológicos. En este sentido, la administración de justicia en manos de profesionales del derecho y de la ética pública es una institución fundamental a largo plazo para el mundo actual.
Lo mismo sucede con la familia y los hogares sustitutos administrados por religiosas, en el caso específico de los niños afectados por el sida. Las encuestas son claras. El 61% de los niños son húerfanos y, sin embargo, el 100% de esos niños son atendidos -alimentados, protegidos y educados- por su familia y por religiosas. El papel del Ministerio de Desarrollo Social, del Ministerio de Salud y de la Caja de Seguro Social no ha logrado crear una institución para alimentar, proteger y educar a estos niños afectados por el virus letal.
Desde mi perspectiva ética tanto la familia "extensiva y reproductiva" como las religiosas, convencidas de servir a los húerfanos, son instituciones fundamentales en el mundo actual. Las otras fórmulas de esterilizar a los afectados por el sida, de castigarlos penalmente por el intercambio heterosexual, de abortar a los embriones en alto riesgo de infectación o el cometer cualquier acto de infanticidio, aparte de establecer situaciones altamente inmorales, entrarían en la esfera de lo delictivo y de lo sancionable penalmente.
Pensar que en nombre de una falsa retórica contra la vida de embriones -masa celular le llaman algunos agnósticos- y de una vida amenazada letalmente desde su nacimiento, se podrían justificar medidas médicas para que no nazcan los afectados por el sida. Este pensar es en sí mismo reprobable, cruel e inhumano. El rechazo a esa forma de pensar ha dado como resultado las medidas que está tomando la UNICEF, luego de un debate bioético serio y altamente responsable, para desarrollar un programa de atención a las mujeres infectadas por el sida antes y durante el parto con todos los recursos que la técnica ofrece para evitar la infectación de los recién nacidos. La solución de este conflicto ético asumido por el programa respectivo de UNICEF, ha logrado armonizar valores humanos, laicos y liberales, que van desde la intimidad y privacidad de seres autónomos hasta el derecho a vivir de un proyecto o "embrión" de ser humano con la intrínseca posibilidad de ser curado en el momento en que la insuficiencia e ignorancia científica sea superada por el descubrimiento o la invención del antivirus del sida.
No obstante, el problema real de los niños afectados por el sida, la orfandad, está solucionado por su familia genética y por su familia religiosa. La conservación de la familia "reproductiva y extensiva por relación genética y sanguínea", lo mismo que la existencia de órdenes religiosas que identifican a su Dios con el humano necesitado son instituciones fundamentales del mundo globalizado.
Argumentar que tanto la familia como la religión son convenientes en el mundo de hoy no se reduce a un enfoque utilitarista de atención a los huérfanos con sida. Se trata, más bien, de una reflexión para analizar las respuestas que dan y no dan las instituciones actuales y la que siguen dando las instituciones tradicionales como la familia y la iglesia.
La finalidad de este artículo es reflexionar sobre la existencia de instituciones como la familia y la iglesia no en justificar ni aplaudir el fin reproductivo y genético de la familia ni en hacer apologética de la realidad de Dios que nunca se verá, con la humanidad del niño huérfano y afectado de sida que impacta la conciencia laica y liberal de instituciones como UNICEF. Esto último es sólo un ejemplo ilustrativo de instituciones que existirán mientras exista humanidad y no el capricho de seres mal intencionados.
http://impresa.prensa.com/opinion/Instituciones-fundamentales_0_1721078022.html
domingo, 12 de marzo de 2006
Estadistas y ladrones
Roberto Arosemena Jaén
Cuando la sociedad toma distancia de la justicia se roba en grande. Políticos y empresarios se transforman en bandas de ladrones y el ciudadano se siente autorizado a jugar vivo. El grito de los ingenuos y permisivos es "sálvese quien pueda". No obstante, aparece uno o varios rebeldes al mal y leales al bien que empiezan a correr la voz hasta que logran consolidar un frente de cambio y renovación. Es cierto, que aparecerán demagogos y toda una ola de oportunistas y farsantes que hablarán de cambio para que nada cambie. La idea de un Estado sin justicia igual a una banda de ladrones la menciona Benedicto XVI en su última encíclica. El escenario de mafias gobernantes en lugar de políticos justos es una experiencia común en el mundo liberal y científico de los últimos siglos y también lo era en el siglo IV cuando Agustín acuña la frase.
La justicia, como caridad política, más que un valor cristiano es una condición determinante para la existencia de una sociedad libre, estable y provechosa para las mayorías. La técnica gubernamental para lograr un universo de sociedades justas, solidarias e igualitarias no se reduce a la aplicación de un derecho universalizante, sino que exige la vida justa del gobernante y del ciudadano. Además, de un sistema de justicia capaz de condenar a los corruptos y a todo hijo de mujer que delinque no porque lesiona la ley, sino porque falta a la justicia lesionando la dignidad de su vecino.
La justicia fue un valor cuestionado y casi olvidado de la vida política del siglo XX. La misma teoría jurídica basada en el positivismo científico y estudiada en las universidades desconocía el fundamento racional de la justicia. La justicia como virtud moral era emocional, sentimental y como tal una expresión irracional subjetiva que no podía fundamentar el estado de derecho. La norma era el objeto del derecho y la coerción, el instrumento práctico para lograr comportamientos legalmente admitidos por el Estado. La justicia como caridad política que obligaba moralmente era un asunto particular, de conciencia y buena fe. A tal grado llegó el "desprestigio científico" de la justicia que se le consideró un invento de la Iglesia, y el mismo Hans Kelsen consideró que el derecho ni necesitaba de la justicia ni podía invocar su relevancia doctrinal.
El derrumbe de la ilusión científica del mundo moderno de que la razón técnica y el sistema de derecho todo lo solucionaría obligó a retornar a los viejos esquemas filosóficos para fundamentar la ciencia, la técnica, el derecho y la política. Las olvidadas virtudes griegas asimiladas por el cristianismo como fue el temple y la fortaleza del carácter, el uso prudente de la inteligencia y la razón, y las relaciones justas entre individuos y gobernantes volvieron a tener prensa y a utilizarse en los currículos de estudios. A tal grado ha llegado la moda ética y moral de nuestro tiempo, que la medicina introduce en 1970 el término de bio- ética. J.Rawls, filósofo estadounidense, conmueve al mundo científico, volviendo a reinterpretar la política como el arte de hacer justicia.
Además, eventos políticos impactantes subrayan el fundamento ético de las sociedades humanas como la revolución iraní del 80 y el colapso del imperio soviético. La moral política en el mundo globalizado y sus contrastantes interpretaciones laicas y religiosas nos obliga a tomar en serio la ética y la integridad y su enemigo jurado: la corrupción sistémica de empresas y gobernantes.
Tan fuerte es la necesidad de moralizar el universo que las ideologías del poder están en retroceso. El mismo gobierno del segundo Torrijos se apresura a aprobar un Código de Ética para todos los funcionarios del Estado sin preocuparse de su efectividad ni de su contenido. Nadie se atreve a comunicarse públicamente si no hace profesión de fe en la justicia, la equidad y la solidaridad. La moda científica que ayer solo admitía normas positivas y un derecho coactivo para determinar las expectativas de comportamiento de la ciudadanía hoy, se avergüenza de hacer sorna de la moral por su naturaleza excesivamente subjetiva, sentimental y cristiana. Un derecho sin moral es una técnica de discriminación, y una moral sin derecho es un mito y una fantasía.
La justicia como caridad política ejercida como bien ciudadano es el único instrumento conocido para barrer a los grupos de bandoleros que, impunemente, roban en grande.
http://impresa.prensa.com/opinion/Estadistas-ladrones_0_1696330544.html
Cuando la sociedad toma distancia de la justicia se roba en grande. Políticos y empresarios se transforman en bandas de ladrones y el ciudadano se siente autorizado a jugar vivo. El grito de los ingenuos y permisivos es "sálvese quien pueda". No obstante, aparece uno o varios rebeldes al mal y leales al bien que empiezan a correr la voz hasta que logran consolidar un frente de cambio y renovación. Es cierto, que aparecerán demagogos y toda una ola de oportunistas y farsantes que hablarán de cambio para que nada cambie. La idea de un Estado sin justicia igual a una banda de ladrones la menciona Benedicto XVI en su última encíclica. El escenario de mafias gobernantes en lugar de políticos justos es una experiencia común en el mundo liberal y científico de los últimos siglos y también lo era en el siglo IV cuando Agustín acuña la frase.
La justicia, como caridad política, más que un valor cristiano es una condición determinante para la existencia de una sociedad libre, estable y provechosa para las mayorías. La técnica gubernamental para lograr un universo de sociedades justas, solidarias e igualitarias no se reduce a la aplicación de un derecho universalizante, sino que exige la vida justa del gobernante y del ciudadano. Además, de un sistema de justicia capaz de condenar a los corruptos y a todo hijo de mujer que delinque no porque lesiona la ley, sino porque falta a la justicia lesionando la dignidad de su vecino.
La justicia fue un valor cuestionado y casi olvidado de la vida política del siglo XX. La misma teoría jurídica basada en el positivismo científico y estudiada en las universidades desconocía el fundamento racional de la justicia. La justicia como virtud moral era emocional, sentimental y como tal una expresión irracional subjetiva que no podía fundamentar el estado de derecho. La norma era el objeto del derecho y la coerción, el instrumento práctico para lograr comportamientos legalmente admitidos por el Estado. La justicia como caridad política que obligaba moralmente era un asunto particular, de conciencia y buena fe. A tal grado llegó el "desprestigio científico" de la justicia que se le consideró un invento de la Iglesia, y el mismo Hans Kelsen consideró que el derecho ni necesitaba de la justicia ni podía invocar su relevancia doctrinal.
El derrumbe de la ilusión científica del mundo moderno de que la razón técnica y el sistema de derecho todo lo solucionaría obligó a retornar a los viejos esquemas filosóficos para fundamentar la ciencia, la técnica, el derecho y la política. Las olvidadas virtudes griegas asimiladas por el cristianismo como fue el temple y la fortaleza del carácter, el uso prudente de la inteligencia y la razón, y las relaciones justas entre individuos y gobernantes volvieron a tener prensa y a utilizarse en los currículos de estudios. A tal grado ha llegado la moda ética y moral de nuestro tiempo, que la medicina introduce en 1970 el término de bio- ética. J.Rawls, filósofo estadounidense, conmueve al mundo científico, volviendo a reinterpretar la política como el arte de hacer justicia.
Además, eventos políticos impactantes subrayan el fundamento ético de las sociedades humanas como la revolución iraní del 80 y el colapso del imperio soviético. La moral política en el mundo globalizado y sus contrastantes interpretaciones laicas y religiosas nos obliga a tomar en serio la ética y la integridad y su enemigo jurado: la corrupción sistémica de empresas y gobernantes.
Tan fuerte es la necesidad de moralizar el universo que las ideologías del poder están en retroceso. El mismo gobierno del segundo Torrijos se apresura a aprobar un Código de Ética para todos los funcionarios del Estado sin preocuparse de su efectividad ni de su contenido. Nadie se atreve a comunicarse públicamente si no hace profesión de fe en la justicia, la equidad y la solidaridad. La moda científica que ayer solo admitía normas positivas y un derecho coactivo para determinar las expectativas de comportamiento de la ciudadanía hoy, se avergüenza de hacer sorna de la moral por su naturaleza excesivamente subjetiva, sentimental y cristiana. Un derecho sin moral es una técnica de discriminación, y una moral sin derecho es un mito y una fantasía.
La justicia como caridad política ejercida como bien ciudadano es el único instrumento conocido para barrer a los grupos de bandoleros que, impunemente, roban en grande.
http://impresa.prensa.com/opinion/Estadistas-ladrones_0_1696330544.html
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