Educación superior universitaria

Roberto Arosemena Jaén

La crisis educativa produce desempleo, salarios insuficientes, pérdida del sentido empresarial y un sabor de deterioro social y nacional. De nada sirvieron las reformas constitucionales, las tributarias y las de las pensiones. De nada sirve enterrar el cuello atacando a los magistrados de corrupción generalizada. De nada sirve hacer batidas y privar a los menores infractores de libertad si no educamos a la ciudadanía. Lo único que se ha obtenido es fortalecer el gobierno torrijista, aumentar la pobreza en más de mil millones anuales y fomentar el espejismo de que el progreso acaricia las riberas del Canal en el 2006.. El problema de nuestro país ha sido la ignorancia, la falta de preparación técnica y profesional de la juventud, la indiferencia de los más preparados, el oportunismo de la sociedad civil y de los políticos improvisados. Tenemos un país con ley y sin moral, con poderes públicos sin ciudadanía, con iglesias y empresas sin práctica política y comunitaria. El resultado es una sociedad civil en competencia abierta con una sociedad gubernamental para acceder a puestos de influencia y de autoridad. El Estado es un botín a disposición de las ONGs y de los partidos políticos.

La respuesta es educar y educar hasta el nivel superior. Eso sí, con excelencia moral, académica y cultural. Lo académico tiene que ver con el conocimiento y la práctica del saber instrumental para transformar recursos en bienes. Lo cultural, tiene que ver, con el sistema de valores éticos, cívicos y comunitarios que se comparten socialmente para lograr el bienestar personal, familiar y nacional. Finalmente, lo moral se refiere a los principios universales que sustenta Naciones Unidas y que las religiones vienen divulgando desde hace siglos. Esa triangulación educativa que golpea hasta la educación universitaria producirá ciudadanos competentes más que competitivos, estables más que estresados, autónomos, transparentes y morales más que supeditados a listas negras, a secretos militares y a un sistema de corrupción creciente y generalizado.

 El perfil del ciudadano eficiente y efectivo "eficaz", coincide con el perfil del técnico y profesional competente y con el ser humano idóneo para convivir en Panamá y en cualquier punto del planeta. Esta es la única misión aceptable para las universidades privadas y estatales: formar -no producir- profesionales, ciudadanos y personas humanas de primer nivel. De allí que ninguna universidad pública, sea privada o estatal, puede tener como fin el lucro, la confesión religiosa o ideológica, ni el interés de una burocracia que se devora sus propias entrañas -caso de la Universidad de Panamá-. Toda universidad debe ser intervenida por la ciudadanía para que cumpla con esa misión de formar seres humanos "humanizados" en el mundo de la ciencia y la tecnología, en el mundo de las comunidades nacionales y en el mundo cada vez más interelacionado y mundializado de los principios morales.

Entre las instituciones de educación superior, la Universidad de Panamá tiene mucho peso. 129 millones de funcionamiento, 70 mil estudiantes y más de 6 mil docentes y administrativos. Desde hace un año, la "U" fijó sus prioridades: actualizar y fortalecer sus carreras técnicas y profesionales. El currículo tiene que responder al entorno social, nacional y mundial. Por ejemplo, si en Guatemala y El Salvador un profesor especializado en educación media, se gradúa con 120 créditos porqué la "U", le exige licenciatura y profesorado con cerca de 200 créditos. O los títulos son pertinentes con la población y el entorno a que se debe o la "U" es una burocracia inútil que devora decenas de millones. El perfil del graduado tiene que ser de óptima competencia profesional, de máxima estabilidad personal y de conveniente integridad cívica, moral y política. La inversión que realiza el gobierno y los particulares en educación superior tiene que producir los mejores frutos para una sociedad más íntegra y menos corrupta.

 La "U", desde su reapertura en 1969, es la universidad masa y colchón de Rómulo Escobar Bethancourt. El derrotero que le imprimieron Harmodio Arias y su ministro José Pezet hace 70 años urge recuperarlo. Las autoridades universitarias se han dejado llevar por la inercia autocrática de un rector con poder exorbitante y los seis mil empleados, entre docentes y administrativos, ejercen un poder autonómico poco responsable. El asunto no es nombrar un administrador con vínculos con el gobierno y garante de prerrogativas con una buena dote presupuestaria. El asunto es asumir la autonomía para servir a la ciudadanía interesada en educarse "óptimamente" a bajo costo y en tiempo prudencial. La responsabilidad de cada docente y administrativo es cumplir con su trabajo y no ser leal a un jefe de turno que dispone de carga horaria, de medidas disciplinarias, discrecionalidad para asignar cátedras, seminarios e investigaciones y nombrar a sus incondicionales en puestos administrativos.

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