La educación superior

Roberto Arosemena Jaén

Del 14 al 28 de junio pasado la Asamblea debatió la ley para evaluar y acreditar la educación universitaria y aprobó la existencia del Consejo Nacional que va a dar fe de la calidad de los programas educativos que imparten las universidades en Panamá.

Es la función típica de una agencia de acreditación. Certificar ante la sociedad que el producto que se ofrece es de calidad y puede ser aprovechado sin riesgo alguno. El problema de esta agencia de acreditación recién fundada es que va a trabajar adscripta al Ministerio de Educación, responsable de la educación básica y media, y sin experiencia en el manejo de programas y títulos universitarios. De salida se le impone tanto al presupuesto nacional como al Ministro de Educación el titánico esfuerzo de crear una estructura de evaluación y acreditación universitaria, cuando todavía el mismo ministro reconoce que los programas de educación básica y media no están acreditando la capacidad mínima requerida para sus estudiantes.

Qué puede esperar la sociedad panameña de los futuros egresados de las universidades oficiales y particulares certificados y acreditados en virtud de la fe que exige dicho ministerio por imposición del proyecto de Ley 215 ya aprobado en tercer debate y sujeto a la decisión presidencial de convertirlo en ley de la República o devolverlo a la Asamblea por inconveniente e inconstitucional. En efecto, ya lo sugirió el diputado Vladimir Herrera en su intervención del 26 de junio "que no venga nadie y nos diga : -oye, esa ley es inconstitucional-, entonces, el esfuerzo que hemos hecho se puede perder en el camino".

La educación panameña está en crisis porque el país no se está desarrollando como podría hacerlo y todavía no se ha logrado una cobertura de 100% en la educación preescolar y básica cuando ya se debería estar logrando con la educación técnica o media. Esta crisis tendrá que ser afrontada próximamente. Ahora hay que solucionar el problema de la educación superior.

El problema de la educación superior panameña es que la universidad oficial no está cumpliendo con su función constitucional y todavía no ha tomado en serio la puesta en práctica de la Ley Orgánica del 14 de julio de 2005. Todo título o grado que se admite en nuestro país está fiscalizado, acreditado, evaluado y reconocido por la Universidad de Panamá o por la Universidad Tecnológica. No es excusa ante la sociedad panameña la falta de voluntad política o la escasez presupuestaria o de personal para atender las tareas de fiscalización de los programas, títulos y grados que se admiten en nuestro país. La Constitución es clara en el mandato que le impone a la universidad oficial del Estado panameño y no hace falta ninguna ley ni estatuto para garantizarle a la sociedad el crédito, la fe y la confianza que debe tener todo profesional que actúa en territorio nacional.

La discusión de este proyecto de ley ha llevado a ciertas autoridades de la Universidad de Panamá a reconocer la morosidad en el cumplimiento de sus deberes de funcionarios públicos y las interpelaciones realizadas al mismo Ministro de Educación han dejado abierta la interrogante de cómo podía autorizar el funcionamiento de universidades particulares sin la debida fiscalización de parte de la Universidad de Panamá y de cómo funciona la "Ciudad del Saber" en su relación con universidades o centros de educación superior. En resumen, un problema no resuelto de la educación superior.

El Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación ya existe como realidad sistémica en nuestro país por virtud de la constitución y de la Ley Orgánica de las universidades oficiales. La institución rectora del sistema es la Universidad de Panamá que debe ser más efectiva y decidida con sus pares políticos y académicos que son el Ministerio de Educación, las universidades oficiales y particulares y el sector gubernamental y privado. La tarea que se autoimpone el Ministro de Educación con el proyecto de Ley 215 es inviable financiera y operativamente a corto plazo y la sociedad panameña no puede esperar a que exista un consejo que acredite y evalúe permanente y continuamente las idoneidades y las profesiones que se ejercen en nuestro país. Es el papel que le corresponde a la Universidad de Panamá y que la sociedad está demandando. Ya el problema se está haciendo sentir con la acreditación de médicos y odontólogos, luego vendrán los abogados. Que el Presidente de la República actúe con prudencia y devuelva el proyecto 215 a la Asamblea Nacional.

http://mensual.prensa.com/mensual/contenido/2006/07/13/hoy/opinion/667668.html