Por Roberto Arosemena Jaén
El proyecto Universidad de Panamá no es eterno y puede colapsar. Actualmente es una institución de 85 años de existencia y ha dado como resultado miles de egresados en múltiples áreas de conocimiento.
Los profesionales de la República, en números significativos, salieron de la Universidad de Panamá. Entraron estudiantes y ahora son profesionales con diferentes grados de excelencia y dedicación. Lo importante es que siguen entrando estudiantes con entusiasmo y expectativas de superación. Lo significativo es que el Estado panameño sigue asignándole un presupuesto de más de doscientos millones anuales y que profesores, estudiantes y administrativos trabajan diariamente para formar ciudadanos y ciudadanas capacitados, formados y educados.
La Universidad como institución es un sistema humano, social constituido por seres humanos sometidos a un conjunto de disposiciones, normas, leyes que pretenden garantizar la misión, fines y objetivos que hicieron posible su constitución, pero al mismo tiempo, regular comportamientos, restringir ambiciones y reducir arbitrariedades de los miembros libres e inteligentes que la constituyen.
La Universidad, dentro del Estado, es una institución autónoma, gobernada democráticamente, por dos instancias administrativas: el rector y los decanos y varios órganos de gobierno donde los más influyentes son el Consejo General Universitario, el Consejo Académico y el Consejo Administrativo.
La Universidad de Panamá ha sido contaminada por el poder centralizado en el rector. Es un problema que se inició con Octavio Méndez Pereira, se desbordó con Rómulo Escobar Bethancourt y se burocratizo en la persona de Gustavo García de Paredes.
La contaminación burocrática de la Universidad como institución, que construye competencias ciudadanas y profesionales, es tal, que con motivo de la sustitución electoral del Rector y de los Decanos y Decanas, se consideran dos opciones y posibilidades: el sistema es tan rígido que se prepara el surgimiento de un nuevo señor universitario con la natural lucha burocrática pasajera, o por el contrario, se elegirán autoridades de transición, que repetirá los ciclos de los rectores, iconos, anteriormente mencionados. Esta segunda opción llena de inquietud a los interesados por el devenir de la Universidad de Panamá.
Hay dos variables intervinientes que podrían catalizar el enorme potencial de la institución universitaria: una de carácter negativo y represivo como la que derivó en el escogimiento del rector, entre 1968 y 1979, que consistió en la injerencia del poder público: llámese, en estos momentos, Contraloría y Ministerio Público y, otro de carácter positivo, como sería el empoderamiento de los Departamentos que integran a los responsables de la docencia, investigación, extensión y gestión universitaria.
El despertar de la democracia participativa de los profesores y la convicción de los mismos de asumir las funciones secuestradas por el rector, vice rectores y decanos en detrimento de la excelencia académica y de la efectiva autonomía universitaria, sería un esfuerzo necesario e impostergable, que la Comunidad de profesores, administrativos y estudiantes debería asumir en este contexto electoral.
Efectivamente, no se trata de escoger a un rector(a) ni a varios decanos o decanas, se trata más bien de debatir sobre un modelo de gobierno, donde lo académico determine la visión y la misión de la universidad, necesaria para el siglo XXI panameño.
http://impresa.prensa.com/opinion/Contaminacion-universitaria_0_4450804910.html
Departamento de Filosofía, Facultad de Humanidades, Universidad de Panamá
jueves, 31 de marzo de 2016
sábado, 19 de marzo de 2016
El nuevo rector de la Universidad de Panamá
Miguel Montiel Guevara
El próximo 29 de junio se realizarán elecciones en la Universidad de Panamá para escoger al nuevo rector a la sombra de un gigante, como es el Dr. Gustavo García de Paredes, quien dejará un imborrable legado de expansión y modernización de la institución.
En el año 2000 publiqué en los diarios El Panamá América y El Universal sendos artículos, sin insultar a nadie, en los que sostuve que el rector de la Universidad de Panamá debería cumplir con una condición ‘sine qua non': poseer el título académico de doctor. Hoy existen muchas más razones para que sea así, por lo que me reafirmo en lo mismo.
El panorama universitario presenta, hasta ahora, como aspirantes a la Rectoría a los doctores Justo Medrano, Gilberto Boutin y Eduardo Flores; y a los magísteres Dorindo Cortez, Nicolás Jerome y José Chen Barría. A la vista pues, solo Medrano, Boutin y Flores poseen el grado académico de doctor, no así Cortez, Jerome ni Chen Barría.
El Dr. Justo Medrano se graduó de Bachiller en Ciencias en el Glorioso Instituto Nacional. Obtuvo la Licenciatura en Química en la Universidad de Panamá y el Doctorado en Química en la Universidad Complutense de Madrid, con altos honores. Su vida profesional la ha dedicado por completo a la educación.
Tiene 45 años en la Universidad de Panamá como docente e investigador. Ha sido director nacional de Educación del país, viceministro de Educación encargado, director del Instituto Especializado de Análisis, decano dos veces de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, primer vicerrector de Extensión, vicerrector académico y muchas veces rector encargado. Además, sería un ‘rector de transición', y quienes aspiren a reemplazarlo no tendrían los temores de reelección.
El Dr. Gilberto Boutin, actual decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas; por su parte, exhibe una sólida base académica y vasta formación cultural universal, pero pareciera no ser su momento; y mientras que el Dr. Eduardo Flores, exdecano de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, se presenta, según se desprende de sus propios discursos y de sus colaboradores, como ‘candidato del revanchismo'. Sea.
http://laestrella.com.pa/opinion/columnistas/nuevo-rector-universidad-panama/23928870
El próximo 29 de junio se realizarán elecciones en la Universidad de Panamá para escoger al nuevo rector a la sombra de un gigante, como es el Dr. Gustavo García de Paredes, quien dejará un imborrable legado de expansión y modernización de la institución.
En el año 2000 publiqué en los diarios El Panamá América y El Universal sendos artículos, sin insultar a nadie, en los que sostuve que el rector de la Universidad de Panamá debería cumplir con una condición ‘sine qua non': poseer el título académico de doctor. Hoy existen muchas más razones para que sea así, por lo que me reafirmo en lo mismo.
El panorama universitario presenta, hasta ahora, como aspirantes a la Rectoría a los doctores Justo Medrano, Gilberto Boutin y Eduardo Flores; y a los magísteres Dorindo Cortez, Nicolás Jerome y José Chen Barría. A la vista pues, solo Medrano, Boutin y Flores poseen el grado académico de doctor, no así Cortez, Jerome ni Chen Barría.
El Dr. Justo Medrano se graduó de Bachiller en Ciencias en el Glorioso Instituto Nacional. Obtuvo la Licenciatura en Química en la Universidad de Panamá y el Doctorado en Química en la Universidad Complutense de Madrid, con altos honores. Su vida profesional la ha dedicado por completo a la educación.
Tiene 45 años en la Universidad de Panamá como docente e investigador. Ha sido director nacional de Educación del país, viceministro de Educación encargado, director del Instituto Especializado de Análisis, decano dos veces de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, primer vicerrector de Extensión, vicerrector académico y muchas veces rector encargado. Además, sería un ‘rector de transición', y quienes aspiren a reemplazarlo no tendrían los temores de reelección.
El Dr. Gilberto Boutin, actual decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas; por su parte, exhibe una sólida base académica y vasta formación cultural universal, pero pareciera no ser su momento; y mientras que el Dr. Eduardo Flores, exdecano de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, se presenta, según se desprende de sus propios discursos y de sus colaboradores, como ‘candidato del revanchismo'. Sea.
http://laestrella.com.pa/opinion/columnistas/nuevo-rector-universidad-panama/23928870
jueves, 10 de marzo de 2016
¿Intolerancia religiosa en Panamá?
Ruling Barragán
De acuerdo con el más reciente Resumen Ejecutivo sobre Libertad de Culto en Panamá (2014), del Departamento de Estado de Estados Unidos, nuestro país ya no es tan tolerante en materia de religión; en particular, en cuanto a minorías religiosas se refiere. En él se registran por primera vez algunos brotes de intolerancia religiosa a nivel de prácticas gubernamentales y actitudes sociales.
Así, por ejemplo, en cuanto a las primeras, menciona que “algunos grupos religiosos no católicos dijeron que percibían que el catolicismo romano tenía ciertas ventajas sancionadas por el Estado sobre las demás denominaciones, tales como el uso exclusivo de celebrantes católicos romanos para realizar las invocaciones religiosas en algunos eventos del Gobierno”. Asimismo, señala que “los líderes religiosos no católicos expresaron su inquietud en cuanto a que el Gobierno le concedió trato preferencial a las escuelas católicas al momento de asignar los subsidios para las escuelas religiosas”.
Por otra parte, en relación con las segundas, indica que “tanto las comunidades rastafari como las comunidades musulmana y afropanameña informaron sobre discriminación social hacia sus miembros debido a su apariencia. Indicaron que empleadores potenciales tendían a discriminar, especialmente si los que realizaban las entrevistas eran evangélicos”.
Adicionalmente, el Resumen informa que a pesar de unas invitaciones del Comité Ecuménico de Panamá para realizar varios eventos que promovían el aprecio y el respeto entre varios grupos religiosos, aquellas no fueron recibidas por una comunidad musulmana y dos congregaciones judías. “No se unieron al comité, a pesar de recibir invitaciones para hacerlo”, señala el documento.
Si bien el Resumen también menciona algunos loables episodios, notablemente, la carta pública titulada: “Judíos, cristianos y musulmanes: unidos por la paz y la dignidad humana”, los incidentes mencionados (y otros que no menciono aquí) no dejan lugar a dudas de que las cosas comienzan a cambiar en nuestra nación en materia de libertad religiosa. Y no precisamente para bien. Si esto es así, tanto el Estado como su sociedad civil deberán realizar algunos esfuerzos para corregir los incipientes brotes de intolerancia religiosa que aparecen. Aunque poco notada (y para muchos, ignorada), la diversidad religiosa en Panamá es culturalmente rica y fascinante. Y lo es en gran medida por el hecho de que las más distintas confesiones religiosas han coexistido durante toda nuestra historia en relativa paz, sin mayores problemas. Al menos, hasta donde nos dice el citado Resumen.
Al respecto, es increíble que, con la posible excepción del número 511 (nov./dic. 2013) de la Revista Lotería, titulado “La libertad de culto en Panamá”, aparentemente, no existe publicación en el país, sea sociológica, histórica, antropológica o filosófica, que trate la diversidad religiosa, desde una perspectiva neutral y pluralista. Ni instituciones gubernamentales ni universidades públicas o privadas parecen ocuparse o preocuparse por este tema, desde tal perspectiva. Como si el pluralismo religioso e ideológico istmeño (que incluiría a minorías no creyentes) no tuviera relevancia en nuestro ser y quehacer nacional.
Ojalá pudiéramos conocer, comprender y valorar mejor la diversidad religiosa que constituye nuestra identidad cultural como nación. Si no lo hacemos, corremos el riesgo de caer en la intolerancia religiosa, en especial, contra las religiones minoritarias y las minorías no creyentes que existen en Panamá. O, igualmente, intolerancia por parte de minorías religiosas o no creyentes hacia otras minorías o mayorías religiosas.
http://impresa.prensa.com/opinion/Intolerancia-religiosa-Panama-Ruling-Barragan_0_4434306586.html
De acuerdo con el más reciente Resumen Ejecutivo sobre Libertad de Culto en Panamá (2014), del Departamento de Estado de Estados Unidos, nuestro país ya no es tan tolerante en materia de religión; en particular, en cuanto a minorías religiosas se refiere. En él se registran por primera vez algunos brotes de intolerancia religiosa a nivel de prácticas gubernamentales y actitudes sociales.
Así, por ejemplo, en cuanto a las primeras, menciona que “algunos grupos religiosos no católicos dijeron que percibían que el catolicismo romano tenía ciertas ventajas sancionadas por el Estado sobre las demás denominaciones, tales como el uso exclusivo de celebrantes católicos romanos para realizar las invocaciones religiosas en algunos eventos del Gobierno”. Asimismo, señala que “los líderes religiosos no católicos expresaron su inquietud en cuanto a que el Gobierno le concedió trato preferencial a las escuelas católicas al momento de asignar los subsidios para las escuelas religiosas”.
Por otra parte, en relación con las segundas, indica que “tanto las comunidades rastafari como las comunidades musulmana y afropanameña informaron sobre discriminación social hacia sus miembros debido a su apariencia. Indicaron que empleadores potenciales tendían a discriminar, especialmente si los que realizaban las entrevistas eran evangélicos”.
Adicionalmente, el Resumen informa que a pesar de unas invitaciones del Comité Ecuménico de Panamá para realizar varios eventos que promovían el aprecio y el respeto entre varios grupos religiosos, aquellas no fueron recibidas por una comunidad musulmana y dos congregaciones judías. “No se unieron al comité, a pesar de recibir invitaciones para hacerlo”, señala el documento.
Si bien el Resumen también menciona algunos loables episodios, notablemente, la carta pública titulada: “Judíos, cristianos y musulmanes: unidos por la paz y la dignidad humana”, los incidentes mencionados (y otros que no menciono aquí) no dejan lugar a dudas de que las cosas comienzan a cambiar en nuestra nación en materia de libertad religiosa. Y no precisamente para bien. Si esto es así, tanto el Estado como su sociedad civil deberán realizar algunos esfuerzos para corregir los incipientes brotes de intolerancia religiosa que aparecen. Aunque poco notada (y para muchos, ignorada), la diversidad religiosa en Panamá es culturalmente rica y fascinante. Y lo es en gran medida por el hecho de que las más distintas confesiones religiosas han coexistido durante toda nuestra historia en relativa paz, sin mayores problemas. Al menos, hasta donde nos dice el citado Resumen.
Al respecto, es increíble que, con la posible excepción del número 511 (nov./dic. 2013) de la Revista Lotería, titulado “La libertad de culto en Panamá”, aparentemente, no existe publicación en el país, sea sociológica, histórica, antropológica o filosófica, que trate la diversidad religiosa, desde una perspectiva neutral y pluralista. Ni instituciones gubernamentales ni universidades públicas o privadas parecen ocuparse o preocuparse por este tema, desde tal perspectiva. Como si el pluralismo religioso e ideológico istmeño (que incluiría a minorías no creyentes) no tuviera relevancia en nuestro ser y quehacer nacional.
Ojalá pudiéramos conocer, comprender y valorar mejor la diversidad religiosa que constituye nuestra identidad cultural como nación. Si no lo hacemos, corremos el riesgo de caer en la intolerancia religiosa, en especial, contra las religiones minoritarias y las minorías no creyentes que existen en Panamá. O, igualmente, intolerancia por parte de minorías religiosas o no creyentes hacia otras minorías o mayorías religiosas.
http://impresa.prensa.com/opinion/Intolerancia-religiosa-Panama-Ruling-Barragan_0_4434306586.html
domingo, 6 de marzo de 2016
Retos en materia de derechos humanos
Francisco Díaz Montilla
A propósito de la selección de la persona que dirigirá la Defensoría del Pueblo el próximo quinquenio, la mirada se dirige a una institución desacreditada y de la que no pocos dudan de su relevancia en materia de protección de derechos humanos. No hay que soslayar que en esta materia el Estado panameño, en tanto que estado de derecho, tiene importantes retos que no debe eludir. Primero, porque se trata de cumplir con instrumentos internacionales, según lo enunciado en el Art. 4 del texto constitucional; segundo, porque está en juego la protección de derechos fundamentales de los habitantes de la República; y tercero, porque la estatura moral del Estado es proporcional al grado de cumplimiento de estos derechos. Para ello, la labor de la Defensoría es esencial, a pesar de la poca –tal vez nula– relevancia que hasta ahora ha tenido. Los retos son diversos, algunos de ellos son los siguientes:
http://impresa.prensa.com/opinion/Retos-derechos-Francisco-Diaz-Montilla_0_4431306868.html
A propósito de la selección de la persona que dirigirá la Defensoría del Pueblo el próximo quinquenio, la mirada se dirige a una institución desacreditada y de la que no pocos dudan de su relevancia en materia de protección de derechos humanos. No hay que soslayar que en esta materia el Estado panameño, en tanto que estado de derecho, tiene importantes retos que no debe eludir. Primero, porque se trata de cumplir con instrumentos internacionales, según lo enunciado en el Art. 4 del texto constitucional; segundo, porque está en juego la protección de derechos fundamentales de los habitantes de la República; y tercero, porque la estatura moral del Estado es proporcional al grado de cumplimiento de estos derechos. Para ello, la labor de la Defensoría es esencial, a pesar de la poca –tal vez nula– relevancia que hasta ahora ha tenido. Los retos son diversos, algunos de ellos son los siguientes:
- Panamá tiene una de las tasas de privados de libertad más altas de América Latina. Sin embargo, ello no significa que la finalidad de la privación se haya logrado. Es necesario revisar la política penitenciaria en consonancia con los valores constitucionales (cfr. Art. 28 de la Constitución) y los parámetros consignados en los principios y buenas prácticas sobre la protección de las personas privadas de libertad en las Américas (Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos, 2008).
- Derechos de los pueblos indígenas. Según el Censo de 2010, el 12% de la población del país es indígena. Pese a que hay un aparato normativo que recoge algunas aspiraciones de estos grupos (v.g., las leyes comarcales), las relaciones con el Estado han sido más bien tensas. Es necesario replantear la naturaleza de la relación Estado-pueblos indígenas; un paso importante sería la ratificación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
- Derechos de los inmigrantes. Este es un país expuesto a la inmigración. En los últimos años ha habido un significativo movimiento de personas provenientes de Centro y Sudamérica. Con frecuencia estas son explotadas laboralmente y no se les reconocen prestaciones sociales. Es imperativo que el Estado defina una política migratoria cónsona con el respeto de derechos fundamentales del trabajador migrante. Esto implica la ratificación de la convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familias.
- Derechos de segunda y tercera generación. Aunque hay avances en la protección de estos derechos, es innegable que quedan retos pendientes para hacerlos efectivos. Es necesario desarrollar e implementar mecanismos que permitan a los ciudadanos el pleno disfrute de dichos derechos, ya sea para exigir y obtener atención médica inmediata en centros hospitalarios, acceso a medicamentos, o la protección contra prácticas ambientalmente perniciosas.
http://impresa.prensa.com/opinion/Retos-derechos-Francisco-Diaz-Montilla_0_4431306868.html
Suscribirse a:
Entradas (Atom)