Pobreza y capacidad

Francisco Díaz Montilla

Hace algunos días, el señor Edmund Phelps, premio Nobel de economía de 2006, señalaba que el “mundo no va a progresar si no se introducen los cambios necesarios para equilibrar una buena economía” y por “buena economía”, al parecer, entendía una “economía con justicia social”.

“¿Cuándo una economía es socialmente justa?”, es una pregunta cuya respuesta no se puede determinar con precisión, en parte debido a que como señalara Perelman (De la justicia: 1945) la palabra “justicia” es una palabra con elevada coloración emotiva.

Sin embargo, ha escrito Amartya Sen (Libertad y desarrollo. Cap. IV, La pobreza como privación de capacidades, 2000) “cuando se analiza la justicia social, existen poderosas razones para juzgar la ventaja individual en función de las capacidades que tiene una persona, es decir, de las libertades fundamentales de que disfruta para llevar el tipo de vida que tiene razones para valorar”.

Sen se deshace de la concepción tradicional de la pobreza según la cual esta es un problema de renta, aunque esta –la renta– no se descarta del todo: “Desde esta perspectiva, la pobreza debe concebirse como la privación de capacidades básicas y no meramente como la falta de ingresos (...). La perspectiva de la pobreza basada en las capacidades no entraña el rechazo de la razonable idea de que la falta de renta es una de las principales causas de la pobreza, ya que la falta de renta puede ser una importante razón por la que una persona está privada de capacidades”.

Se podría caracterizar, entonces, un sistema económico justo como aquel en el cual las capacidades, entendiendo estas como libertades fundamentales de las personas son realizables razonablemente.

Basados en lo anterior, podríamos decir que el crecimiento económico que experimenta el país, aunque se ha traducido en mayor renta para un grupo de personas, no se ha traducido necesariamente en mayores capacidades. Programas como la beca universal, 100 a los 70 y la red de oportunidades, aunque implican ingresos para los beneficiarios, no incrementan sus capacidades en el sentido de que no posibilitan el acceso a una mejor educación ni a los servicios médicos y no garantizan una mejor alimentación.

De hecho, con respecto a la educación, los datos indican (y esto no es invento de la Asociación de Educadores de Veragüenses ni de la Asociación de Profesores de la República de Panamá) que hay un desigual acceso a ella y que la calidad del servicio educativo varía según la zona donde se ofrece.

Con respecto a los servicios médicos, el colapso del sistema de atención pública que ofrece la Caja de Seguro Social se traduce, para no pocos, en la imposibilidad de acceder a servicios de salud eficientes.

Con respecto a la alimentación, basta con recordar los estudios que se han realizado y que demuestran que –pese a Jumbo Man– los altos precios de los alimentos han mermado la ya de por sí deficiente dieta de los panameños con menos capacidad adquisitiva.

Muchos pueden pensar o sentir que las políticas asistencialistas que implementan los gobiernos son necesarias. Yo –para ser honesto– no lo tengo tan claro. De hecho, para mí la cuestión fundamental es: ¿se traducen esas políticas en mayores capacidades o por el contrario se traducen en parasitismo social?

Prima facie pareciera que los programas oficiales generan más parásitos que seres capaces. Esto podrá ser beneficioso para los políticos, pero no para el todo social.

http://impresa.prensa.com/opinion/Pobreza-capacidad-Francisco-Diaz-Montilla_0_3238176324.html

Colapso de gobernabilidad

Roberto Arosemena Jaén

El derecho de propiedad que la plebe romana le arranca a los poderosos se mantuvo por milenios. Los españoles la introducen en la colonización, la mantuvo Andrés Bello en los códigos civiles del continente y Panamá la adopta, pragmáticamente, con las constituciones liberales. Se podía pasar de la posesión a la propiedad por un proceso judicial de uso capioni o de prescripción adquisitiva.

Llegó la Alianza del Cambio y se aprueba el hecho arbitrario de la dádiva adquisitiva. La autoridad de titulación de tierras es una institución política sin jueces civiles, sin partes de un proceso y sin recursos de ninguna instancia. Los excesos previsibles explotan en el mismo Palacio de las Garzas. La improvisación de ejecutar promesas demagógicas de campaña se apodera de los medios críticos de comunicación y de un pequeño sector de la sociedad civil que denuncia las irregularidades de la Anati.

Por el contrario, el gran sector de población que se beneficia de la dádiva adquisitiva y el pequeño sector de empresarios especulativos que compra y está dispuesto a pagar por la propiedad acelerada y para evitar el gran rodeo de los trámites judiciales de décadas de duración mantienen silencio y se aprovechan del exabrupto jurídico.

El problema es la inseguridad de una ley ilegítima, inconsulta, demagógica y explosiva a corto plazo. Todavía se está ejecutando y ya produjo una crisis de Gabinete, todo lo disimulada que se quiera, pero crisis de calculables consecuencias para el gobierno del cambio.

¿Qué pasará cuando se hagan público los destinatarios finales de esos miles de titulaciones concedidas a humildes poseedores que nunca llegaron a ser propietarios, porque lo importante no era la tierra que adquirían sino el precio de mercado que pudieron obtener? La dádiva no genera riqueza ni es un factor de producción, como tampoco lo son las regalías que obtienen los especuladores internacionales.

 Lo deleznable de esta operación es la descapitalización del Estado, el incremento del costo de la vida por el aumento del circulante. A nivel político surgen las nuevas lealtades de las masas que recibieron títulos y de las transnacionales de la especulación que saben pagar estos favores, con el financiamiento encubierto de campañas electorales, publicaciones y eventos deportivos de distracción.

Urge reflexionar sobre estas violaciones a tradiciones milenarias sobre el uso y traspaso de la tierra. La propiedad es uno de los elementos esenciales de los derechos individuales frente a las comunidades y a los gobiernos. Todavía los fundamentalistas de la propiedad individual y de la propiedad estatal tienen círculos ideológicos para defender sus pretendidos derechos y ofrecer argumentos de peso sobre la conveniencia e inconveniencias de la propiedad individual o corporativa, pero callan frente a los jefes de la Anati.

Lo sorprendente es la permisividad de la sociedad, sobre todo de nosotros los abogados, por haber mantenido silencio sobre la politización del traspaso de las tierras y la sustracción del ámbito de la administración de justicia.

El derecho civil sigue siendo unos de los pilares del mundo que rechaza la violencia y opta por la convivencia pacífica en base a un estado democrático de derecho. Panamá no puede sustraerse del ámbito del derecho por las simples ocurrencias de un mandamás de turno.

Aquí no se trata de modificar la Ley de la Autoridad de Titulación de Tierras como quieren algunos arrepentidos de la Alianza, aquí se trata de restablecer el procedimiento judicial de la prescripción adquisitiva con el claro objetivo social de favorecer a las partes más débiles que en este caso son los poseedores, pero permitiendo a las partes concurrir en el proceso. El administrador político tiene que renunciar a su voracidad de entregar el futuro de la nación a gente empobrecida y a los audaces especuladores bajo el espejismo de una próxima reelección.

http://impresa.prensa.com/opinion/Colapso-gobernabilidad-Roberto-Arosemena-Jaen_0_3221677927.html