Cogobierno, sociedad civil y democracia

Ela Urriola

El Banco Mundial –organismo que por su cobertura no podemos calificar como sedicioso o antigubernamental– define la sociedad civil como: “… una amplia gama de organizaciones no gubernamentales y sin fines de lucro que están presentes en la vida pública, expresan los intereses y valores de sus miembros y de otros, según consideraciones éticas, culturales, políticas, científicas, religiosas o filantrópicas”.

La finalidad de la misma, lejos de prohijar el paternalismo y la dependencia del Estado, es concebida como medio para que la persona crezca moralmente autónoma, independiente, autogobernada y responsable de su propia vida.

Según Habermas, la sociedad civil posee un núcleo constituido por asociaciones de voluntarios ajenas al Estado y a la economía y abarcan iglesias, agrupaciones productivas, culturales, deportivas, filantrópicas y de debates, medios de comunicación independientes, academias, grupos de ciudadanos, iniciativas populares, organizaciones de género, raza y sexualidad, hasta las asociaciones profesionales, estudiantiles, ambientalistas, al igual que partidos políticos y sindicatos.

Contrario a las opiniones de quienes consideran a la sociedad civil como una molesta creación contemporánea para contrariar las directrices gubernamentales, sus orígenes se remontan al antiguo Imperio Tebano (3000 a.C.), en donde luego de las masivas ceremonias religiosas se debatían problemas agrícolas, comerciales y del gobierno, a pesar de la rígida estratificación social.

El modelo fue perfeccionado en la Atenas del siglo V a.C, donde los ciudadanos reunidos en el Ágora discutían la política de la Ciudad–Estado, y dio origen a la democracia directa, precursora de nuestra democracia representativa.

Sin embargo, la acepción más próxima al concepto contemporáneo se le debe a uno de los padres de la democracia norteamericana, Alexis de Tocqueville, quien en su obra La democracia en América (1835) destaca el papel de la participación ciudadana como garantía en una democracia basada en la cooperación, solidaridad y correspondencia social.

Este planteamiento, que se sobrepone a la sociedad civil contractual (Rousseau, Hobbes, Locke), la sociedad jurídica (Monstesquieu, Kelsen), la sociedad clasista (Marx, Gramsci) sienta el principio de participación y gobierno de mayorías en la política norteamericana que, con altibajos y distorsiones cíclicas, ha regulado la experiencia democrática de aquel país.

Experiencia que algunos políticos y gobernantes nuestros invocan como modelo, pero de la cual solo perciben un destello ignorando la fuerza que la ilumina.

En una democracia participativa y pluralista la iniciativa de organizarse en asociaciones tiene como finalidad redefinir las relaciones entre la sociedad y el Estado, para garantizar la equidad social y la democratización de las instituciones, sin las cuales las actuaciones colectivas no tendrían repercusión y el Gobierno sería un núcleo absorbente de los derechos ciudadanos.

Los derechos de los más humildes, de los trabajadores agrícolas, billeteros, padres de familia y obreros; al igual que los intereses de los empresarios, profesionales y usuarios de los servicios públicos son las semillas que motiva las agrupaciones de la sociedad civil.

Los últimos 50 años han sido decisivos en la expansión de lo que Vaclav Havel, dramaturgo y ex presidente checo, denominó “la sociedad civil fuerte”, aquella que ha rebasado el ámbito de simple autosatisfacción, para convertirse en actora del cambio y rectificaciones de la vida política, tal es el caso de la revolución de terciopelo que se gestó en la plaza más importante de Praga y que acaparó la atención del mundo.

En Estados Unidos las organizaciones cívicas fueron decisivas para acelerar la ley de derechos civiles y ponerle fin a la guerra de Vietnam. En el caso de nuestro país, la Cruzada Civilista fue determinante en la lucha contra la dictadura militar.

El presente es alentador para el crecimiento de la sociedad civil, gracias a la incorporación masiva de los ciudadanos en agrupaciones representativas en todas partes del mundo, conscientes de su derecho y deber de cogobernar debido a que la representatividad no es garantía de equidad social ni democracia institucional.

La manipulación, la cooptación de la oposición política, el control de los órganos del Estado y la experiencia de los totalitarismos de izquierda y derecha que dominaron la escena política del siglo pasado y que rondan golosos en el presente, pesan demasiado en la memoria ciudadana de todos los países.

Actualmente, este cogobierno ejercido desde fuera mediante recursos tradicionales de crítica y reorientación, se expande con la incorporación de nuevas tecnologías y los medios de comunicación y logra alcances inusitados favoreciendo la inclusión de sectores tradicionalmente marginados de la vida política de la nación.

Rechazar el cogobierno con la sociedad civil es cercenar a la ciudadanía organizada –la misma que individualmente ejerció el derecho al sufragio y depositó su confianza en los gobernantes– el legítimo derecho a disentir, solicitar rectificaciones y proponer opciones alternas en las acciones políticas del gobierno.

Por medio de la sociedad civil la masa dispersa y serializada de los individuos en el colectivo social toma forma, se concentra y se convierte en la sustancia misma de la vida democrática, pues en ella –citando a Rousseau– “la voluntad de todos se convierte en la voluntad general”.

Desconocer este logro de las sociedades modernas es dejar abierto el camino a la autocracia y a la más rudimentaria forma de totalitarismo.

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