Disertación del Dr. Roberto Arosemena Jaén con motivo de la condecoración César Quintero de la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá

Disertación del Dr. Roberto Arosemena Jaén por condecoración César Quintero de la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá, recibida el lunes 12 de septiembre de 2016.

Un desafío pendiente : Configurar la Historia Nacional de los Panameños(as) 1

Antecedente

He aquí el dilema de Panamá. Somos una nación configurada, políticamente y con pretensiones de ser cada día más “Estado Nación” respetada y proyectada al reconocimiento internacional. Igualmente, de otra parte, somos una comunidad que acepta pasivamente ser un país de tránsito y canalero. Nos debatimos entre un imaginario y una historia nacional por configurarse.

En efecto, esta tensión histórica no se puede ocultar con un simple espejismo y menos disolver con imaginarios colectivos publicitados como si fuesen cultura popular o idiosincrasia nacional. Los condicionantes históricos tienen que tomarse en cuenta. Nadie puede negar “que desde el momento en que nuestros antepasados  nacidos en este territorio, decidieron asumir su propio futuro, se encontraron con una ocupación pactada a dos bandas, entre Washington y Bogotá".

Esta situación fue aprovechada unilateralmente por Washington para construir, primero un ferrocarril, luego un paso acuático. Lo paradójico del pacto por el canal fue que los Estados Unidos de América tuvieron que desconocer, en 1903, el Tratado Internacional de 1846. Un breve desconocimiento que se apresuraron a eliminar cuando una vez inaugurado el Canal de Esclusas, Washington vuelve a pactar con Bogotá las antiguas prerrogativas de Nueva Granada sobre Panamá ‒ el tratado Thompson-Urrutia.

Olvido historiográfico

Este Tratado decreta la obsolescencia y el anacronismo de la Convención de 1903. Lo sorprendente fue la pervivencia del Hay-Bunau-Varilla hasta 1977, Tratado que hacía del Canal, un bien enajenable en manos de Washington y sin posibilidad de desarrollar su potencial de ampliación y de atractivo comercial a todas las potencias y naciones del mundo. De este modo, el nuevo marco jurídico contractual sobre el Canal tendría que incorporar el arreglo del Thompson-Urrutia a la letra y a las concesiones que se firmaría en el Tratado de Neutralidad permanente del Canal y de Funcionamiento permanente del Canal de Panamá, en 1977.

Panamá aceptó con la firma del tratado Boyd-Liévano, del 20 de noviembre de 1976 y del Tratado de Montería de 23 de agosto de 1979, las prerrogativas que el gobierno estadounidense ya había concedido a Colombia en 1914.

El Hay-Bunau Varilla fue el instrumento del primer canal de Esclusas –además mero pretexto de la exclusión colombiana del control de la zona de tránsito-, mientras que la ampliación del segundo Canal de Esclusas, ratifica la validez del Thompson-Urrutia, fácticamente posible con la sustitución de la Convención Ístmica de 1903 por el Segundo Tratado Carter Torrijos y su reconocimiento internacional por las grandes potencias mundiales. Esta tesis confirma la hipótesis de que Panamá es un negocio canalero que ha determinado y condicionado la historia nacional y sepultado el proyecto nacional de constituir un Estado Soberano e independiente en favor de la identidad nacional.

El distanciamiento de Colombia en 1903 y el distanciamiento de los Estados Unidos de América en 1964, no fueron acontecimientos que tienen como causa el Canal sino la voluntad de liberación de un pueblo, que ya existe sin necesidad y a pesar del canal, y exige el aprovechamiento y la propiedad sobre todo su territorio, incluyendo las vías interoceánicas. Desde, estas perspectivas, es episódico el papel que jugaron y desempeñaron los participantes en los acontecimientos históricos que se dieron en el texto canalero. Lo significativo en la historiografía de la nación panameña  es el contexto de una nación, orientada a ser un Estado y atravesada por el eje Washington-Bogotá.

Efectos del Thompson-Urrutia y el problema internacional entre Nicaragua y Colombia

El sonado caso del fallo del Tribunal de Justicia de la Haya que concede la soberanía sobre San Andrés, Providencia, Santa Catalina y otros islotes a la actual Colombia y cierta porción de Mar territorial a Nicaragua, igualmente, tiene su origen en el tratado de 1914 entre Estados Unidos y Colombia que fija los límites de Panamá en base a la ley neogranadina de junio de 1855.

Cuando la revolución de Mosquera triunfó en 1861, el caudillo liberal envió como su delegado a Panamá a don Manuel Murillo Toro, quien, con el Gobernador Santiago de la Guardia, suscribió el 6 de septiembre del citado año el denominado “Convenio de Colón”, mediante el cual Panamá pasó a formar parte de los Estados Unidos de la Nueva Granada. Vigente en Nueva Granada  la Constitución de Rio Negro, cada Estado procedió a elaborar su propia Carta Fundamental.

La panameña, en su artículo 15, estableció que los límites con el Estado del Cauca estaban constituidos por “el río Atrato, desde su embocadura, aguas arriba, hasta su confluencia con el Napipí, de allí el curso de este río, aguas arriba, hasta su origen, y de allí una línea recta a la bahía de Cupica en el Pacífico”. No obstante el 7 de junio de 1862, Mosquera desconoce el Convenio de Colón y lo actuado en Panamá. Invade a Panamá y Santiago de la Guardia muere en combate. El Presidente del Estado del Cauca años después, solicitó ante la Corte Suprema de Justicia la suspensión del citado artículo de la constitución panameña, por considerar que afectaba la integridad territorial de su Estado. El Procurador General de la Nación aceptó la solicitud y mediante sentencia de la Corte Suprema de Justicia de fecha 12 de enero de 1864, por unanimidad de votos y con base en los artículos 1°, 5° y 72 de la Constitución Federal, suspendió lo dispuesto en el artículo 15 de la Constitución del Estado Soberano de Panamá. La Corte, así mismo, reiteró que los límites del Estado de Panamá eran los establecidos por el artículo 7° de la Ley de 1855” (Tomado de República de Colombia, Ministerio De Relaciones Exteriores. Arreglo de límites entre La República de Colombia y la República de Panamá, Bogotá , D. E. -- Imprenta Nacional de Colombia. 1982)

Es paradójico que el gobierno panameño haya olvidado históricamente este justo derecho a fijar los límites con Colombia y más bien se ponga en contra de las pretensiones  nicaragüenses que abrirían el camino a las nuestras, cuando se trata del  mar territorial que es la entrada marítima al Canal del Anexo A del Tratado de Neutralidad de 1977. Nicaragua procede a responder que respetará que sus aguas territoriales sean utilizadas como servidumbre del Canal de Esclusas, cuando en realidad son aguas territoriales panameñas. Todo se debe al silencio cómplice del gobierno y a la ignorancia de la sociedad panameña sobre el despojo que el Thompson-Urrutia comete contra Panamá.

Esta situación en perjuicio de la soberanía nacional se agrava con el Tratado Boyd-Liévano de 1976 entre Torrijos y López Michelsen, firmado a la víspera del Tratado de Neutralidad. Este Tratado de 1976 determina la línea fronteriza de las jurisdicciones –colombo panameñas- de áreas marinas y submarinas en el Caribe y en el Pacífico. La República de Panamá sigue permitiendo el desmembramiento de su territorio nacional ante las arremetidas del eje hostil, Washington- Bogotá, y el silencio cómplice de sus indignas autoridades.

Ya un profesor en Relaciones Internacionales de la Universidad de Panamá. Euclides E. Tapia (Ver artículo “El Tratado Boyd-Liévano”, La Prensa, 18 de octubre de 2013, p.19ª), sugirió que le corresponde a Panamá denunciar para anular el Tratado Boyd-Liévano y replantear el asuntos de límites marítimos. A partir de la Convención sobre el Derecho del Mar de 10 de diciembre de 1982 Panamá tiene derechos sobre su plataforma continental y no debe permitir que la pequeña Colombia nos impida acceso a aguas internacionales desde el Canal y mantenga preeminencia exclusiva en las aguas exteriores de la República de Panamá.

En reiteradas ocasiones, la historiografía panameña ha señalado la incongruencia de pertenecer geográficamente a Centro América y culturalmente a Sur América. Esta dicotomía se refuerza desde el norte y por designios geopolíticos de mantener el paso interoceánico secuestrado. De donde cobra sentido la combinación del imperialismo estadounidense con el sub imperialismo colombiano en contra de los derechos e intereses de la Patria panameña.

En efecto, el Plan Colombia, entre Washington y Bogotá y el Plan Puebla-Cartagena, que incorpora a México en esta sutil movida estratégica manifiesta esta articulación de los
intereses que conspiran contra la nación panameña. Panamá, sumergido en esta red de alianzas, al menos, debe reconocer dónde y cómo actuar y con quiénes debe articular la defensa de la integridad nacional.

Por ejemplo, el anunciado negocio de la construcción de un canal chino por Nicaragua, motiva al gobierno colombiano a establecer posibles alianzas con el pacto militar del Atlántico Norte (OTAN) como si el Canal fuese suyo y Panamá no se apresura a declarar la necesidad de neutralizar el área del caribe, como se planteó, en 1936 el gobierno panameño. Es oportuno recordar que toda la porción de mar, Islas, Islotes y Peñones se concedieron arbitrariamente por los Estados Unidos a Colombia, en virtud del Tratado Thompson-Urrutia. Una vez más, la garantía de la soberanía panameña en manos de los Estados Unidos se utilizaba en perjuicio de Panamá y los gobernantes de turno panameño se contentaban con recibir dádivas, en lugar de consignar derechos y prerrogativas nacionales y estatales. La soberanía sobre ese mar y sobre esas tierras –cayos, peñas e islas- correspondía ejercerla a Panamá.

Para comparar el silencio panameño y la agresividad nicaragüense basta recordar, que Nicaragua con Somoza acepta la validez de las fronteras fijadas por el Thompson-Urrutia, mediante el Tratado Bárcenas Meneses-Esguerra acordado entre Nicaragua y Colombia y ratificado el 6 de marzo de 1930,  cuando los Estados Unidos de América ocupaba Nicaragua. La Junta de Reconstrucción Nacional, presidida por Violeta Chamorro, denuncia este Tratado, el 29 de febrero de 1980. Esta eventualidad había sido prevista por los estrategas estadounidenses y colombianos cuando el General Torrijos negocia y aprueba el Tratado Boyd-Liévano de 1976, que obliga a Panamá a no exigir jurisdicción sobre esas aguas, tierras y plataformas.

Cualquier observador imparcial, como la Corte Internacional de Justicia de la Haya, reconoce la invalidez de los arreglos “amistosos” entre Panamá y Colombia y la denuncia del Tratado Bárcenas Meneses-Esguerra de 1980. Decir que la nación panameña no ha logrado construir ni configurar un estado soberano, es una hipótesis válida y necesaria para lograrlo en los próximos años. Sí lo logró Nicaragua con un gobierno de conciliación, con el triunfo de los sandinistas, en 1980.

Panamá tendrá iguales y mejores oportunidades cuando logre a través de una Constituyente afirmar una democracia participativa, ajusticiar a los gobernantes corruptos y eliminar la impunidad pública y privada.

MUCHAS GRACIAS

Roberto Arosemena Jaén



1. El fondo de esta ponencia está sustentado por los Ensayos Históricos: Panamá Nación sin Estado, publicado en enero de 2014 y Panamá Nación atravesada por dos Tratados, en proceso de revisión, septiembre 2016. Ambos Ensayos son obras colegiadas suscritas por Roberto Arosemena Jaén, Antonio Cortés Madrid y Domingo González Estévez

Conocer para innovar

Francisco Díaz Montilla

El reconocido filósofo argentino, Mario Bunge, ha escrito algo que debiera alertarnos sobre la necesidad de definir políticas públicas en materia de investigación científica: “El desarrollo integral de una nación moderna involucra el desarrollo de su ciencia. Primero, porque lo necesita la economía del país si aspira a ser múltiple, dinámica e independiente. Segundo, porque no hay cultura moderna sin una vigorosa ciencia al día. Tercero, porque la ciencia puede contribuir a conformar una ideología adecuada al desarrollo…”. (La filosofía de la investigación científica en los países en desarrollo).

Para avanzar necesitamos más conocimiento científico, no menos. Pero la construcción de conocimiento no es fácil. Según la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt) enfrentamos, como país, cuatro desafíos: Alcanzar un mayor grado de desarrollo sostenible, avanzar en el desarrollo inclusivo, consolidar altos niveles de competitividad sostenible, y desarrollar una mayor capacidad de generación, adaptación, difusión, y utilización del conocimiento. Se trata de retos interdependientes que plantean las siguientes interrogantes: ¿cómo puede una sociedad atascada en la tradición y en la superstición desarrollar lo expresado arriba? Con carencias tan ostensibles en materia científica, ¿cómo alcanzar una economía múltiple, dinámica e independiente? ¿Bajo qué condiciones podríamos hablar, razonablemente, de desarrollo en este país?

Según Senacyt, enfrentar los desafíos enunciados no es tarea fácil porque “el país no ha aumentado sus inversiones en investigación; por el contrario, con relación al PIB, las ha reducido de cerca de 0.4% en 1990, al 0.2% en 2012, muy por debajo de la media regional de 0.7%, y es limitado el número de investigadores. Hasta 2012 ellos representaban 142.46 por millón de habitantes, una de las proporciones más bajas de la región”. Además, pareciera que el conocimiento científico no es lo suficientemente valorado en nuestro entorno. Para que tengamos una idea de esto, “las empresas (…), se encuentran fuertemente rezagadas en la realización de esfuerzos de investigación e innovación”. El aporte del sector privado a la investigación es mínimo, por “el orden del 0.2% o 0.3% del gasto total, y el Estado no logra incentivar de manera efectiva su participación”. Por otro lado, “el mercado laboral no exige competencias avanzadas, por su propia condición y, de hecho, las penaliza”.

Es decir, nos encontramos inmersos en una realidad que no constituye un escenario ideal para la generación y desarrollo del conocimiento. ¿Qué hacer, entonces? Algunos cursos de acción son cuasievidentes, por ejemplo, fomentar una cultura científica en todos los niveles de formación. Pero no se puede lograr ese objetivo a menos que se refuerce la cultura científica de los docentes, lo que requiere re-asignar recursos para financiamiento de programas educativos en ciencias. Se me ocurre que el retorno social podría ser mayor destinando fondos al estudio de la ciencia, que financiando la beca universal. Pero, sobre todo, es necesario incorporar al sector privado, ya sea a través de incentivos fiscales o de otros instrumentos financieros.

http://www.prensa.com/opinion/Conocer-innovar_0_4567793273.html