¿Presidente o jefe de Gobierno?

Roberto Arosemena Jaén

El presidencialismo panameño le da al Presidente de la República la máxima jerarquía dentro del Estado. Es el representante jurídico de los nacidos en territorio panameño. Es el coordinador de la administración pública, responsable del orden público y, como tal, Presidente de todos los panameños; es decir, garante de la dignidad de la Nación, vida, honra y bienes de todos los habitantes (nacidos, residentes y visitantes) en la jurisdicción panameña.

En la práctica, Ricardo Martinelli, y su equipo ejecutivo, insiste en ser jefe de un gobierno de corte empresarial. Garante de las inversiones y de todo proyecto aprobado (incluso inconstitucionalmente) bajo la ficción jurídica.

El resultado de no entender la función del Presidente de la República, como garante y vigilante del Estado democrático constitucional de derechos, lo tiene empantanado en la cuestión de las hidroeléctricas en áreas anexas a las comarcas indígenas.

Es falaz la conclusión del equipo de gobierno de Martinelli de que los “originarios” rechazan el desarrollo, que el costo de la energía eléctrica será impagable y que el pago de indemnizaciones será terriblemente oneroso.

Igualmente, es falaz decir que el Gobierno lo ha dado todo y que los indígenas piden más y más. Lo cierto de la crisis de las hidroeléctricas es la prepotencia del Ejecutivo, de creerse dueño y representante de la soberanía estatal. El Gobierno es solo el administrador circunstancial del Estado y su poder está constreñido a cumplir con la Constitución y las leyes. Por el contrario, los ciudadanos son el poder estatal directo y sin mediadores, cuando actúan como poder constituyente, en este caso, afirmando el derecho de que los recursos naturales se explotan solo para beneficiar a los pobladores. Ese grito de protesta de los ciudadanos panameños que pueblan la comarca Ngäbe Buglé, y cualquier gobierno democrático constitucional de derecho debe atender, positivamente, esta exigencia.

 ¿Por qué el Gobierno no se hace eco de que la concesión a Barro Blanco es nula, que se dio con base a posibles violaciones a la ley, que hubo tráfico de influencia y que se han negociado cesiones de la concesión?

Todo Gobierno, por principio, tiene que velar para que el bien público prive sobre el particular. El gobierno de Martinelli, por el contrario –y aquí reside su error–, se siente garante de los intereses privados del inversionista, aunque tenga que usar la fuerza letal contra sus ciudadanos comarcales. Nos estamos avocando a una situación análoga a la que vivimos con el caso de los terrenos de Punta Paitilla, pero con el agravante de que el interlocutor no es un vendedor de flores, sino un colectivo del Estado nacional, dueño de las tierras en donde se pretende desarrollar el proyecto de marras.

Llama la atención la presencia en la mesa de negociación de la concesionaria de Barro Blanco y de funcionarios de las Naciones Unidas, como si el gobierno de Martinelli se rehusase a representar al Estado panameño –en este caso la colectividad comarcal– y se empeñase en defender intereses antinacionales bajo el paraguas de inversionistas que se siguen adueñando de las empresas más rentables de nuestro país.

Vale la pena introducir el terrible error que cometió Pérez Balladares cuando privatizó la generación de energía eléctrica y que ahora, con la resistencia indígena, puede empezar a revertirse. El interlocutor para todo proyecto de inversión en servicios públicos es el ciudadano. La ciudadanía es el nuevo factor constituyente del Estado nacional que empieza a cogobernar con los poderes públicos constituidos.

Este es el desafío actual que el gobierno de Martinelli no ha querido entender y que los partidos políticos no se atreven a pensar. La crisis se resolverá cuando la ciudadanía logre cogobernar con cualquier administrador elegido democráticamente y el Estado nacional sea la instancia del bien público y no la sede de grupos animados por el lucro y la oportunidad de hacer buenos negocios.

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