Roberto Arosemena Jaén
Dada la dinámica de la intervención y de la elección partidista de 1989, se establece un rápido retorno al orden constitucional torrijista -remozado en 1983- con los resultados vividos en estos últimos 14 años.
Afirmo que la intervención -invasión estadounidense- desarticuló el movimiento ciudadano democratizador, por la sencilla razón que después de la instalación del gobierno de triunvirato fue imposible organizar alternativas partidistas por convicción y sin clientelismo político. La década del ochenta, cuando al calor de la ingobernabilidad del régimen torrijista los ciudadanos se organizaban políticamente para la Constituyente (PAPO) y para el establecimiento de un liderazgo nuevo (PNP) o para la difusión de una plataforma ideológica (PST) había perdido significado popular luego del colapso del régimen torrijista.
El liderazgo combativo contra el torrijismo -que se consolidaba bajo el peligro de muerte, y de carcelazos y secuestros- había sido sustituido por el liderazgo del dinero y del tráfico de influencias. Allí estaban los mártires del panameñismo y de algunos marxistas, la golpiza a Miguel Antonio Bernal, la inmolación de Leopoldo Aragón, el secuestro de Mauro Zúñiga y finalmente la horrorosa presencia del cuerpo decapitado de Hugo Spadafora. Los líderes nuevos de la década del noventa van a ser los directorios de los partidos políticos en el poder o personalidades reconocidas de antemano en la sociedad como Rubén Darío Carles, Rubén Blades y Alberto Vallarino. La época de los luchadores de barricada había sido superada.
El escenario político actual es un escenario desgastado por un régimen torrijista reacio a renunciar a sus instituciones, creadas en 1983: un sistema presidencialista con posibilidad de actuar despóticamente, un Organo Legislativo diseñado para el tráfico de influencias y obligado a someterse al Ejecutivo, unos magistrados proclives a servir a los poderes de turno o a los influyentes bufetes de abogados, unos empleados públicos sujetos al libre nombramiento y remoción, y derechos políticos secuestrados por la partidocracia a la ciudadanía independiente.
Ese desgaste del régimen torrijista, los ilusos lo interpretan como un desgaste de los gobiernos de turno. Endara se desgastó en el poder y por eso ganó Pérez Balladares, éste se desgastó y por eso ganó Mireya Moscoso y así se piensa que ahora deberá ganar Endara o cualquier otro creíble de ser oposición. Tremenda equivocación que ya la inteligencia del panameño empieza a corregir: lo que se ha venido desgastando de manera incontenible es el sistema torrijista remozado en 1983. De allí que, desde el año pasado, el movimiento a favor de una constituyente ha venido tomando cuerpo.
El problema ha sido la ambigüedad y debilidad política de los promotores de una nueva Constitución. Se dice querer una constituyente cuando en realidad se quiere una nueva Constitución. Allí está la propuesta de Endara a todas luces autoritaria y presidencialista tanto en su explicación como en la forma en que se obtendrá dicha nueva Constitución. Allí está el esfuerzo abortado por el Foro 2020 por su mecanismo poco democrático de tomar decisiones, por consenso, es decir se admite el veto calificado de cualquiera de sus miembros para descalificar una propuesta. Allí está la buena fe del grupo ecuménico que hace sus pinitos en la vida política nacional y se convierte por virtud de sus 100 mil firmas en la cuarta fuerza detrás del PRD, del arnulfismo y del MOLIRENA.
La falta de claridad en la configuración de la constituyente, la camisa de fuerza que de antemano se le pone al soberano de no cuestionar a los poderes constituidos y la plena discrecionalidad en que se deja a los órganos del Estado para declarar improcedente tanto la convocatoria a una constituyente como la nulidad de la Constitución que se haya aprobado por este método. Recurrir al soberano y negarle a éste la facultad de sustituir a los poderes constituidos es un juicio incoherente, ya que supone que el poder constituido puede establecerle límites al soberano.
Entiendo que el recurrir a esa ficción de soberanía se debe a la debilidad de los ideólogos de la nueva constituyente, tanto para obtenerla por los mecanismos que establece la Constitución torrijista de 1983 como para obligar al poder constituido que se disuelva y le entregue el poder a una constituyente, como podría suceder en los próximos meses en Haití y en Bolivia.
No obstante, esa debilidad es el compás de espera que abre el proceso electoral actual al deterioro del régimen torrijista. Independientemente de quién resulte vencedor en las elecciones de mayo próximo, la demanda por la constituyente tomará expresiones más democráticas y más políticas, y la ingobernabilidad tomará cuerpo a menos que, responsablemente, los poderes constituidos decidan romper con las estructuras del régimen torrijista y establezcan las bases para una expedita Asamblea Nacional Constituyente.
La discusión actual sobre la quinta papeleta es una propuesta de gente de buena fe que cree que las cosas del poder se pueden solucionar dándole al poder constituido carta blanca para gobernar hasta septiembre de 2009, y al soberano poder para establecer nuevos órganos del Estado de esa fecha en adelante. Por desgracia, las constituyentes surgen siempre impacientes y deseosas de cambios radicales. Es cierto que en Panamá, ni las constituyentes de 1904, de 1946 y 1972 han sido impacientes, antes por el contrario, dóciles: En 1904, dóciles al pacto separatista de la pequeña Colombia; en 1946, dóciles al pacto de los golpistas de octubre de 1941, y en 1972, dóciles a la imposición del 11 de octubre de 1968.
El escenario político del 3 de mayo en adelante ofrecerá oportunidades para barrer con el desgastado régimen torrijista que ya dura 36 años o, por el contrario, nos impondrá un nuevo fardo para hacer de la actividad política una misión ardua, compleja y peligrosa.
http://impresa.prensa.com/opinion/mejor-puede_0_1136886386.html
Departamento de Filosofía, Facultad de Humanidades, Universidad de Panamá
