Pobreza y capacidad

Francisco Díaz Montilla

Hace algunos días, el señor Edmund Phelps, premio Nobel de economía de 2006, señalaba que el “mundo no va a progresar si no se introducen los cambios necesarios para equilibrar una buena economía” y por “buena economía”, al parecer, entendía una “economía con justicia social”.

“¿Cuándo una economía es socialmente justa?”, es una pregunta cuya respuesta no se puede determinar con precisión, en parte debido a que como señalara Perelman (De la justicia: 1945) la palabra “justicia” es una palabra con elevada coloración emotiva.

Sin embargo, ha escrito Amartya Sen (Libertad y desarrollo. Cap. IV, La pobreza como privación de capacidades, 2000) “cuando se analiza la justicia social, existen poderosas razones para juzgar la ventaja individual en función de las capacidades que tiene una persona, es decir, de las libertades fundamentales de que disfruta para llevar el tipo de vida que tiene razones para valorar”.

Sen se deshace de la concepción tradicional de la pobreza según la cual esta es un problema de renta, aunque esta –la renta– no se descarta del todo: “Desde esta perspectiva, la pobreza debe concebirse como la privación de capacidades básicas y no meramente como la falta de ingresos (...). La perspectiva de la pobreza basada en las capacidades no entraña el rechazo de la razonable idea de que la falta de renta es una de las principales causas de la pobreza, ya que la falta de renta puede ser una importante razón por la que una persona está privada de capacidades”.

Se podría caracterizar, entonces, un sistema económico justo como aquel en el cual las capacidades, entendiendo estas como libertades fundamentales de las personas son realizables razonablemente.

Basados en lo anterior, podríamos decir que el crecimiento económico que experimenta el país, aunque se ha traducido en mayor renta para un grupo de personas, no se ha traducido necesariamente en mayores capacidades. Programas como la beca universal, 100 a los 70 y la red de oportunidades, aunque implican ingresos para los beneficiarios, no incrementan sus capacidades en el sentido de que no posibilitan el acceso a una mejor educación ni a los servicios médicos y no garantizan una mejor alimentación.

De hecho, con respecto a la educación, los datos indican (y esto no es invento de la Asociación de Educadores de Veragüenses ni de la Asociación de Profesores de la República de Panamá) que hay un desigual acceso a ella y que la calidad del servicio educativo varía según la zona donde se ofrece.

Con respecto a los servicios médicos, el colapso del sistema de atención pública que ofrece la Caja de Seguro Social se traduce, para no pocos, en la imposibilidad de acceder a servicios de salud eficientes.

Con respecto a la alimentación, basta con recordar los estudios que se han realizado y que demuestran que –pese a Jumbo Man– los altos precios de los alimentos han mermado la ya de por sí deficiente dieta de los panameños con menos capacidad adquisitiva.

Muchos pueden pensar o sentir que las políticas asistencialistas que implementan los gobiernos son necesarias. Yo –para ser honesto– no lo tengo tan claro. De hecho, para mí la cuestión fundamental es: ¿se traducen esas políticas en mayores capacidades o por el contrario se traducen en parasitismo social?

Prima facie pareciera que los programas oficiales generan más parásitos que seres capaces. Esto podrá ser beneficioso para los políticos, pero no para el todo social.

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