A propósito de la selección de la persona que dirigirá la Defensoría del Pueblo el próximo quinquenio, la mirada se dirige a una institución desacreditada y de la que no pocos dudan de su relevancia en materia de protección de derechos humanos. No hay que soslayar que en esta materia el Estado panameño, en tanto que estado de derecho, tiene importantes retos que no debe eludir. Primero, porque se trata de cumplir con instrumentos internacionales, según lo enunciado en el Art. 4 del texto constitucional; segundo, porque está en juego la protección de derechos fundamentales de los habitantes de la República; y tercero, porque la estatura moral del Estado es proporcional al grado de cumplimiento de estos derechos. Para ello, la labor de la Defensoría es esencial, a pesar de la poca –tal vez nula– relevancia que hasta ahora ha tenido. Los retos son diversos, algunos de ellos son los siguientes:
- Panamá tiene una de las tasas de privados de libertad más altas de América Latina. Sin embargo, ello no significa que la finalidad de la privación se haya logrado. Es necesario revisar la política penitenciaria en consonancia con los valores constitucionales (cfr. Art. 28 de la Constitución) y los parámetros consignados en los principios y buenas prácticas sobre la protección de las personas privadas de libertad en las Américas (Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos, 2008).
- Derechos de los pueblos indígenas. Según el Censo de 2010, el 12% de la población del país es indígena. Pese a que hay un aparato normativo que recoge algunas aspiraciones de estos grupos (v.g., las leyes comarcales), las relaciones con el Estado han sido más bien tensas. Es necesario replantear la naturaleza de la relación Estado-pueblos indígenas; un paso importante sería la ratificación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
- Derechos de los inmigrantes. Este es un país expuesto a la inmigración. En los últimos años ha habido un significativo movimiento de personas provenientes de Centro y Sudamérica. Con frecuencia estas son explotadas laboralmente y no se les reconocen prestaciones sociales. Es imperativo que el Estado defina una política migratoria cónsona con el respeto de derechos fundamentales del trabajador migrante. Esto implica la ratificación de la convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familias.
- Derechos de segunda y tercera generación. Aunque hay avances en la protección de estos derechos, es innegable que quedan retos pendientes para hacerlos efectivos. Es necesario desarrollar e implementar mecanismos que permitan a los ciudadanos el pleno disfrute de dichos derechos, ya sea para exigir y obtener atención médica inmediata en centros hospitalarios, acceso a medicamentos, o la protección contra prácticas ambientalmente perniciosas.
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