Constituyente, alternativa nacional

Roberto Arosemena Jaén

Es un viejo clamor. Desde 1981, hace 33 años, se sintió un grito: ¡Constituyente ya! En 2004, producto de inquietudes recogidas en el Grupo de Concertación Nacional, 20-20, Néstor Jaén S.I., ya resucitado en la fe, recogió firmas para sensibilizar a la opinión pública con la conveniencia de una convocatoria constitucional que constituyese un nuevo orden político y jurídico en Panamá.

Producto de esta iniciativa moral, el gobierno entrante de Martín Torrijos y el saliente de Mireya Moscoso acuerdan una reforma constitucional, que entre otras cosas modificó el título sobre Reforma Constitucional e incluyó el artículo 314 que dice: “Podrá adoptarse una nueva Constitución a través de una asamblea constituyente paralela, que podrá ser convocada por decisión del Órgano Ejecutivo, ratificada por la mayoría absoluta del Órgano Legislativo”.

Según este texto, el próximo Presidente, por sí solo, no está facultado para convocar a una constituyente, se requiere la ratificación por dos tercios de los diputados –48 de 71–. Esto significa ponerse de acuerdo con los jefes políticos de la Asamblea Nacional sin abandonar la agenda del pueblo sobre intereses, ambiciones y negociaciones.

La otra limitante de la constituyente paralela, a la luz de la ciudadanía independiente, es mantener y consolidar la estructura de los partidos políticos que hay. Su convocatoria se hace, sobre todo, por postulación partidaria que admite subsidiariamente la libre postulación.

Bajo estas condiciones, la iniciativa de convocar a una constituyente paralela más que una solución es una distracción que mantendrá el vicio de la partidocracia desprestigiada para elegir al Presidente de la República. Igual expectativa tuvo Martín Torrijos cuando acordó con el gobierno arnulfista la fórmula de la constituyente paralela para adormecer la necesidad de refundir el Estado panameño con una constituyente soberana. Hoy, el problema es semejante al comprometerse el mandatario electo con reformas a la Constitución.

¿Qué hacer en las actuales circunstancias? Tomar el texto de reformas que los “notables” entregaron a Martinelli y aprobarlos en esta y la próxima Asamblea y así ahorrarnos dos años de elecciones y debates. Esto no funcionaría. Sería una prepotencia más de los gobernantes y una burla cruel a la ciudadanía.

Por el contrario, reformar el artículo 314 de la Constitución parece ser la medida más eficaz en este período de transición. En efecto, se puede lograr, empinándose sobre los errores del pasado y, sobre todo, anticipando el fracaso de una constituyente con dominio total de los partidos políticos, tanto en su origen, desarrollo como en su aplicación práctica.

Los plazos apremian y la magia del mandatario electo puede desaparecer, una vez que inicie su gestión gubernamental. La hostilidad del gobierno saliente y el apetito de negociación de los jefes partidistas y de sus presuntos leales diputados irán creciendo. Juan Carlos Varela tiene que anticipar ahora su ímpetu de adecentamiento de lo público y lo político y apostar a que la Asamblea Nacional realice una reforma constitucional expedita, que establezca una constituyente electa por libre postulación y que compromete a la ciudadanía escogida a servir a la nación, no a los partidos políticos ni a los poderosos contribuyentes.

Estas expeditas reformas deberán garantizar además que el texto aprobado en la constituyente tenga efectos jurídicos inmediatos, sin someterla a un referendo popular aprobatorio o revocatorio, como se hizo en el año 2004.

Somos del criterio de que una constituyente expresa la voluntad soberana del Estado más que las fórmulas partidistas que establece la actual Constitución presidencialista de 1972. Se admite que una constituyente no usurpe funciones de gobierno, sino que se concentre en cimentar los pilares de un Estado democrático participativo de derecho que garantice una convivencia equitativa.

Esta expectativa ciudadana solo será posible en las actuales circunstancias de sustitución de gobiernos, si Martinelli, Navarro y Varela, como jefes de sus respectivos partidos políticos, se atreven a fundamentar procedimentalmente los cambios futuros necesarios para lograr un Panamá con ingresos decentes y una ciudadanía que resista a la demagogia y a los populismos que enfrentan a pueblo contra pueblo.

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