Ejecutivo contra Congreso

Roberto Arosemena Jaén

Desde hace días, Estados Unidos viene ofreciendo un espectáculo de ineficacia administrativa. El jefe del Ejecutivo ha caído en el voluntarismo de no querer derogar la ley sobre seguridad social, y el Congreso, “prepotente y amenazador”, exige que no se cumpla con esa ley que ellos mismos aprobaron y que la Corte declaró constitucional.

La presión del Congreso –yo diría la ilegalidad digna de ser perseguida– al no aprobar un presupuesto que garantice el funcionamiento del Estado se está manejando “políticamente”, como si fuese una riña entre demócratas y republicanos.

Lo lamentable de este “ vacío” administrativo es la incapacidad de Barack Obama, presidente de Estados Unidos, para actuar, reactivar la administración y obligar al Congreso a que cumpla con sus funciones constitucionales. Es un principio político universalmente aceptado en una democracia: impedir el funcionamiento de un órgano del Estado es un acto ilegítimo que debe ser perseguido legalmente.

La naturaleza no admite el vacío, decía el filósofo Espinoza. Aristóteles hubiese replicado, el Estado como orden político arquitectónico de una sociedad no admite el vacío ni tácticas para impedir el funcionamiento de la administración pública. Es decir, permitir el vacío estatal es un acto que se debe perseguir sea por acción –caso del Congreso– sea por omisión –caso de Obama–.

El presidente tiene que acudir al poder constitucional de la Corte Suprema como Tribunal Superior de Justicia Federal para presionar jurídica y penalmente a todos los miembros del Senado y de la Cámara de Representantes, porque en lugar de aprobar un presupuesto lo están amenazando para que derogue una ley de forzoso cumplimiento, como es el Plan de Salud.

No entiendo cómo un problema judicial y constitucional el presidente lo maneja como uno interpartidista. Si el Congreso impide el funcionamiento del Estado cae en la ilegitimidad y en la ilegalidad del mandato recibido de sus electores, máxime cuando el pretexto de su reticencia en actuar y legislar es revocar una ley federal que ya está en marcha.

Estas consideraciones no las hago desde el punto de vista de un abogado de profesión, sino en mi condición de filósofo político que conoce el sentido de un Estado democrático constitucional de derecho y que sabe de la discrecionalidad política de la que gozan los jueces estadounidenses.

La funcionalidad de la democracia en esa nación ha sido puesta en entredicho por la debilidad del Ejecutivo y la prepotencia arbitraria de una facción determinante y hegemónica del Partido Republicano. El mundo sabe que no se puede intervenir en los asuntos internos de EU ni presionar a ese Estado para que apruebe su presupuesto de funcionamiento administrativo y financiero, pero sí podemos reflexionar en lo que se puede y debe hacer ante situaciones inéditas, que requieren de innovación y creatividad.

El otro aspecto preocupante tiene que ver con la indiferencia de la ciudadanía ante el colapso de la política bipartidista, indiferencia que puede significar que los votantes estadounidenses dejaron de sentirse ciudadanos y empiezan a comportarse como clientes. Ambas hipótesis son terribles para el funcionamiento de un mundo globalizado, donde Estados Unidos de América, en estos momentos, es un autor imprescindible.

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