De la contaminación a la ineficacia

Roberto Arosemena Jaén

En un artículo anterior, definí la contaminación universitaria como el centralismo institucional configurado por tres rectores emblemáticos: Octavio Méndez Pereira, Rómulo Escobar Bethancourt y Gustavo García de Paredes. La pregunta esclarecedora es: “¿En dónde radica la centralización y por qué ese vicio en la gestión universitaria se traduce en ineficacia administrativa? Ubiquemos el contenido de la centralización como vicio del poder universitario.

En consulta a la Defensoría de los Universitarios, pregunté si el sistema actual de evaluación docente garantizaba el derecho a recurrir de los docentes afectados, es decir, si garantizaba el debido proceso, como figura jurídica esencial de una democracia. La respuesta me introdujo a un sistema perverso de servidumbre a un rector con ínfulas de patrón. El susodicho sistema de evaluación a los profesores que trabajan tiempo completo en la Universidad de Panamá se reduce a lo siguiente:

El Decanato nombra una comisión de evaluadores y la Vicerrectoría Académica informa, sobre todo, al rector, el resultado de la evaluación. El resultado deficiente, discrecionalmente, puede ser sancionado con pérdida de tiempo completo, que el propio rector concede. En esta institución rige el principio de que “jefe es el que nombra y bota”. Vale advertir que este tipo de evaluación solo tiene efectos para los académicos que sirven 40 horas a la universidad en labores de docencia, investigación, extensión y gestión. Este proceso es sencillo y sus repercusiones son estremecedoras. Los sometidos a este régimen de evaluación están pendientes del decanato y de la decisión del rector. De esto depende hacer carrera, ascender, recibir aumento, permanecer como tiempo completo o, negativamente, ver reducir su ingreso y, por último, abandonar su vocación universitaria.

El objetivo administrativo legítimo de la evaluación, por el contrario, es asumir y rendir cuentas por el ejercicio de las funciones académicas: docencia, investigación, extensión y gestión de los recursos que la universidad pone a disposición nuestra. Se evalúa para ser mejores y más competentes y para hacerse merecedor de una retribución. Para esos fines y no para erigir una ridícula autocracia. La Universidad de Panamá tiene un presupuesto de más de $200 millones y cuenta con un personal académico-administrativo de más de 4 mil funcionarios. Las autoridades no son legítimas, sino cumplen con sus deberes constitucionales y legales.

Lo incomprensible es por qué, teniendo una organización académica administrativa que agrupa a los académicos en departamentos de 30 a 40 personas, no les permite a sus directores evaluar a sus colaboradores. El jefe del departamento es uno de los pocos funcionarios cuya designación es resultado de la junta del departamento con la intervención directa del decano, como autoridad elegida de forma democrática por los miembros de la facultad.

¿Perderían influencia los decanos (as) y el rector (ra) en el manejo de los académicos (as) de la universidad, si renuncian a la facultad de evaluar? El principio de subsidiaridad es claro. Corresponde a la autoridad más cercana evaluar la ejecución de las actividades de docencia, investigación, extensión y gestión académica, y de ninguna manera a la autoridad máxima que ejecuta las políticas globales de la institución. Con un sistema de evaluación correcto, se lograría de manera efectiva separar el ámbito de lo académico de lo político y erradicar el deleznable tráfico de influencia que perpetua la mediocridad de los magníficos. Se espera que los aspirantes a rector magnífico tomen en serio sus pretensiones y depositen una fianza de cumplimiento de que serán los primeros servidores del claustro universitario.

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