Roberto Arosemena Jaén
El imaginario colectivo ha declarado que el Canal de Esclusas es panameño. Este alarde de propietario se alimenta de declaraciones oficiales, mediáticas y de redes sociales de información. Estamos esperanzados que el 26 de junio de 2016 el futuro de riquezas y bienestar se derramarán sobre la sociedad panameña. Ya no se trata de la vieja fantasía de 1903, sino de la realidad aclamada del Canal Ampliado. Por desgracia, es una horrible falacia.
No obstante, el país está de fiesta y las celebraciones se comparten selectiva y masivamente en pequeños y grandes festines. Todos estamos invitados, pero nunca dejan de faltar los aguafiestas, y yo me incluyo entre ellos. Me opuse al Tratado de neutralidad permanente, votado en dictadura; me opuse al Referendo de la Ampliación, donde más de la mitad se abstuvo y casi un tercio votó en contra. En efecto, el 70% de los que votaron, votaron por la Ampliación.
Por otra parte, me cuento entre los ciudadanos que aspiran y luchan, en la medida de sus posibilidades, por una patria soberana y una comunidad próspera y digna. Somos dueños no sólo del Canal, sino de la Zona de Tránsito, de sus aguas ribereñas, de sus minas y cuencas hidrográficas. En esto consiste, la verdad histórica de la lucha de los panameños. Sólo la verdad de este proyecto histórico de nación, nos hará libres.
Urge insistir en la verdad histórica para ser libres. Es un hecho notorio que se tiene un pacto de funcionamiento permanente del Canal. Los Instrumentos de Ratificación –prohíben a Panamá a hacer un presupuesto para que los peajes beneficien a su población. El objetivo de los peajes es autofinanciar al Canal. No existe incertidumbre sobre los Ingresos del Canal. La Reserva 4 y Entendimiento 1 del Tratado de Neutralidad y Funcionamiento permanente son de estricto cumplimiento. De qué sirve ser dueño formal y hasta constitucional de todo nuestro territorio, sino tenemos libertad ni arbitrio para establecer un presupuesto canalero que produzca ingresos fiscales. Los excedentes del Canal son migajas para un país empobrecido.
Armadores, compañías navieras, inversionistas, mandatarios, emprendedores y especuladores mundiales están deslumbrados por esta magna obra que beneficia a los dueños del transporte marítimo de la costa este y oeste de los Estados Unidos de América y al resto de los comerciantes y armadores del mundo. Este plan deliberado y perverso de beneficiar a los fuertes fue vislumbrado por Jimmy Carter y Omar Torrijos cuando firmaron los criterios y los factores a considerar para determinar los ingresos del Canal.
La realidad y la seguridad jurídica del manejo del Canal Ampliado se basa en un protocolo ya pactado y que las autoridades panameñas no se atreven a debatir. Todo lo contrario, quieren sepultar nuestras claudicaciones en ese imaginario masivo de que el Canal es Nuestro.
Algunos defensores oficiosos de la administración canalera, en rigor, tendrán que proponer alternativas beneficiosas para la población panameña. Estas oportunidades colaterales tendrán que surgir no de las migajas de los excedentes, sino de las inversiones que se desarrollen en las riberas del Canal para darle apoyo logístico al aumento del tráfico.
Hay que superar el protocolo del manejo actual que imponen los tratados canaleros. Es una labor difícil pero impostergable. El tema del canal no es de imaginarios sino de realizaciones. Es un tema político de realismo fáctico –no mágico-. Además, es un tema de la esfera pública. Tema que requiere de una cultura de reciprocidad y equilibrio diplomático que tiene que distanciarse del exhibicionismo publicitario y del reduccionismo administrativo, que blinda de la consulta democrática y ciudadana todo lo concerniente al mito del Canal. Gritar que somos dueños del Canal es repetir esa paradoja que Justo Arosemena señaló 150 años atrás: saludar en los puertos a buques con banderas que no son nuestras.
El autor es filósofo y abogado panameño.
Departamento de Filosofía, Facultad de Humanidades, Universidad de Panamá
