Roberto Arosemena Jaén
Gobernar significa, actualmente, “corrupción”. La democracia ejercida desde la ciudadanía, como poder de elegir y ser elegido, no ha evitado la corrupción del gobernante demócrata opuesto al gobernante dinástico, impuesto o sostenido por una clase social, por un partido político o por una mafia internacional.
Elegir mediante el voto igualitario legaliza y legitima a cualquier gobernante, sobre todo, cuando el escrutinio se realiza bajo la observación de los organismos de la sociedad civil, tanto nacional como internacionalmente constituidos.
Lo terrible de estas elecciones democráticas, incuestionables, transparentes y aplaudidas es que abren el abanico de la corrupción, cuando la cultura y los valores democráticos son poder elegir y ser elegidos. Ni se rinde cuentas ni se paga por sus delitos.
El expresidente Ricardo Martinelli es el caso emblemático.
El tema de la democracia es relativizar al ciudadano elector y transformarlo en el ciudadano gestor y protagonista de la rendición de cuentas. Este hecho político de la rendición de cuentas tiene que ser institucionalizado y judicializado como lo lograron los nobles normandos del rey inglés en la Edad Media o la burguesía americana y francesa en la revolución libertaria de finales del siglo XVIII.
El problema de la corrupción del gobernante y de los Estados, actualmente, es el papel pasivo de la ciudadanía en la gestión administrativa del gobierno y el rol o papel excesivo y definitorio del dinero en manos de la banca, los consorcios empresariales y las compañías offshore.
No se trata de satanizar a los paraísos fiscales y de divinizar a los Estados de bienestar que suponen Estados enriquecidos fiscalmente y ciudadanos empobrecidos; se trata de comprender el colapso de la democracia electoral en el siglo XXI y el empobrecimiento creciente de la ciudadanía, que sigue incentivada a votar periódicamente y desalentada a gestionar la rendición de cuentas de los poderosos dueños del dinero, de la tecnología y de la administración gubernamental.
La reingeniería del siglo XXI es colocar el poder administrativo universal de los Estados y de ese factor mediático, llamado capital, dinero, riqueza, que etimológicamente en el tiempo del imperio cultural grecorromano, se denominó“plutocracia”, en manos de la ciudadanía.
Es determinante cambiar del paradigma electoral al paradigma de la gestión y la rendición de cuentas. Todo individuo e institución que ejerce poder administrativo, tecnológico y de dinero tiene que ser controlado y su distribución regulada por la misma ciudadanía que consume, elige y permite la producción y acumulación de riquezas.
El tiempo de conceptualizar el mundo en base a las virtudes campesinas de trabajo o de las virtudes burguesas de esfuerzo e iniciativa, es repetir la versión calvinista renacentista, y la versión libertaria contemporánea. Esta mentalidad, no solamente, es reiterativa y fundamentalista, sino amenazante y peligrosa para el desarrollo y crecimiento de cada país y de la misma comunidad internacional.
Revisar los presupuestos del anacronismo ideológico de la democracia representativa y la actualidad de la democracia participativa es iniciar un proceso de debate y discusión, que desafortunadamente, el presidente Juan Carlos Varela desvió hacia un convivio de sabios con la participación del creador del centro financiero internacional y un Nobel progresista de Economía. La profundidad de la crisis actual exige, algo así como una constituyente por la gestión ciudadana en el marco multilateral de las Naciones Unidas.
¡Panamá tiene la iniciativa!
http://impresa.prensa.com/opinion/Eleccion-democratica-Roberto-Arosemena-Jaen_0_4486801335.html
Departamento de Filosofía, Facultad de Humanidades, Universidad de Panamá
