La crisis de gobernabilidad

Roberto Arosemena Jaén

El problema del Seguro Social ha perdido su masa crítica explosiva y vuelve a redimensionarse como un problema institucional administrativo. El Presidente habló y decidió prudentemente. Se espera que haya aprendido la lección: el gobernante necesita más que valentía, prudencia, si quiere gobernar en una democracia. La crisis de gobernabilidad ahora depende de los buenos o malos propósitos del PRD y de la capacidad de movilización que mantenga el frente de médicos, docentes y obreros de la construcción.

La crisis tuvo una causa que requiere de mayor análisis y comprensión de la ciudadanía. La partidocracia panameña es la causante de la crisis de gobernabilidad, máxime cuando el partido dominante es experto en imposiciones y en uso abusivo y desproporcionado de la fuerza de policía. Su fortaleza es exorbitante en la medida en que el Ejecutivo sea errático y mientras mantenga su unidad de piedra en la Asamblea Nacional. Nos guste o no nos guste, lo importante en la mesa de diálogo por el Seguro Social es la capacidad de concertación que tenga el PRD y el frente de médicos, docentes y obreros de la construcción. Los otros interlocutores juegan un papel secundario pero no menos significativo.

El Consejo de la Empresa Privada y sus aliados con intereses de coadministrar, no del Seguro Social, sino las multimillonarias reservas del programa de pensiones, va a participar con una visión a larguísimo plazo. No les basta unas reservas saneadas para los próximos treinta y cinco años sino que aspira al uso de fondos inagotables el mayor tiempo posible. Si mantiene esa actitud orientada a la especulación lucrativa no realizará ninguna aportación positiva para el logro de la concertación.

Otros interlocutores, como los sectores profesionales y gremiales no incorporados al frente, pueden asumir una posición equidistantes de los interlocutores válidos o por el contrario, inclinarse a favor de uno u otro. De allí que su participación podría descalificarse dependiendo de las alianzas que establezcan.

Los facilitadores y animadores de la concertación tendrán sentido, únicamente mientras actúen con criterio firme sea ante el gobierno como ante el frente. De perder esa capacidad de arbitraje su participación será inútil. Por ejemplo, la posición atrevida de la Iglesia católica de exigirle al Ejecutivo que derogase la ley y al frente de que suspendiese sus medidas de fuerza, le dio credibilidad para servir de garante confiable, no sólo ante los interlocutores válidos sino ante la comunidad nacional. Ser garante, sin embargo. no es ser facilitador ni participar activamente en el diálogo. Ser garante es hacer cumplir los acuerdos de mesa entre el PRD y el frente a la luz de la misión de la Caja de Seguro Social. En este sentido, el primer trabajo del garante es entender cuál es la misión institucional de la Caja de Seguro Social a pesar de las historias intervencionistas de los gobiernos de turno. La Caja no es palanca financiera de ningún gobierno ni tampoco fondo operativo de contingencias gubernamentales. Si la Iglesia no entiende la misión de la Caja perderá credibilidad como árbitro garante de los acuerdos o denunciante de la falta de voluntad (del PRD o del frente) de llegar a dichos acuerdos.

La crisis administrativa de la Caja de Seguro Social no está resuelta. El diálogo se puede frustrar en cualquier momento. La mayoría tiene confianza que se realice y según se ha dicho, dentro de noventa días, es decir, a principio de octubre, la ciudadanía tenga la nueva ley.

Ley que sea el resultado óptimo de un acuerdo que haga de la Caja de Seguro Social una institución modelo, eficiente y eficaz, para cubrir riesgos y dar prestaciones según las expectativas realistas de los asegurados. En este sentido, el primer punto de la Mesa de Diálogo, sea reconocido o no por los interlocutores, es el fin de la Caja de Seguro Social, sus objetivos como institución del Estado panameño, en palabras de la tecnocracia internacional, fijar la misión de la Caja de Seguro Social.

El PRD tiene que convencerse que el Seguro no es un intermediario financiero ni sus reservas soporte para ninguna aventura financiera. El Seguro Social no tiene que apuntalar ningunas finanzas públicas. Su misión es atender a los asegurados y, por ley, debe contar para los próximos cinco años con las reservas para cubrir las pensiones y jubilaciones que se darán en estos años.

 Cualquier cálculo actuarial, financiero y económico que vaya más allá de cinco años es pura conjetura. Sobre el futuro remoto -más allá de cinco años- nadie tiene control, menos los actuarios y los economistas. Los fines y objetivos de la Caja de Seguro Social, por lo demás, no deben ser ni siquiera materia de debate. Ya están debidamente señalados en la Constitución y en las leyes. Se supone que la Ley 17 ya ha sido derogada políticamente aunque jurídicamente sólo haya sido suspendida.

Llama la atención que el PRD como partido dominante en el Ejecutivo y en la Asamblea Nacional no tenga una representación efectiva en la mesa de concertación, mientras que los representantes del frente han sido fraccionados de antemano. Esto significa que al darse una eventual ruptura del diálogo, FRENADESSO aparecerá como una instancia inoportuna e ineficaz, mientras que el PRD será la pieza fresca de recambio que dictará cátedra. Se volverá a la Asamblea Nacional, alrededor del 11 de octubre y la chispa de la ingobernabilidad se volverá a encender.

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