Racionalidad económica y control de precios

Francisco Díaz Montilla

Siguiendo a Max Weber (Economía y sociedad: Esbozo de sociología comprensiva), el adjetivo “económico” y el sustantivo “economía” podrían entenderse desde un punto de vista formal y/o sustantivo. Mientras que el primer sentido se refiere a una modalidad de la conducta (las acciones motivadas por el cálculo racional que busca maximizar el beneficio u optimizar los medios en relación a los fines), el segundo se refiere a un sector de la cultura (actividades, indicadores o procesos que tienen que ver con la creación, distribución o consumo de bienes y servicios).

A ambos sentidos corresponden especies distintas (complementarias según algunos) de racionalidad: la formal y la material. Según Weber, la racionalidad formal de una gestión económica es “el grado de cálculo que le es técnicamente posible y que aplica realmente”. Mientras que la racionalidad material es “el grado en que el abastecimiento de bienes dentro de un grupo de hombres (cualesquiera que sean sus límites) tiene lugar por medio de una acción social de carácter económico, orientada por determinados postulados de valor (cualquiera que sea su clase), de suerte que en aquella acción fue contemplada, lo será o puede serlo, desde la perspectiva de tales postulados de valor”.

Desde el punto de vista weberiano, la racionalidad económica no solo se refiere a la optimización de medios y fines, sino también al “abastecimiento de bienes dentro de un grupo orientado por postulados de valor”. Ambas racionalidades admiten cálculo, pero mientras que la primera atiende solo a la satisfacción de necesidades individuales, la segunda considera exigencias éticas y políticas. Esta distinción es particularmente importante en la actual coyuntura panameña.

Desde el punto de vista liberal, el “espacio” en el que la racionalidad formal se explaya sería el mercado, en tanto que es una consecuencia natural de necesidades que satisfacer bajo parámetros de optimización, tanto por los demandantes como por lo oferentes. Bajo este supuesto, la consecuencia lógica sería la funcionalidad del mercado; que –bajo dichos criterios– se puede considerar máximamente consistente (estable). Esa consistencia colapsaría cuando elementos ajenos a tales parámetros son agregados.

¿Pero no es eso en lo que desemboca la racionalidad sustantiva o material a la que se refiere Weber? Una estrategia de control de precios, por ejemplo, aspira a que el abastecimiento de bienes tenga lugar por medio de una acción social orientada por determinados postulados de valor, algunos –tal vez– más demagógicos que otros (v.g., la justicia social o económica, poner alto a la especulación, etc.).

¿No obstante, se logran realmente dichos postulados? Pienso que no; de hecho los efectos suelen ser los opuestos: menos producción, menos acceso a productos, precios más altos, entre otros. Por esto, las consecuencias prácticas inmediatas son al menos dos: la primera, los sectores sociales a los que esas estrategias pretenden amparar terminan siendo más perjudicados. La segunda, el sistema económico es menos estable en un contexto de control de precios (léase de intervención gubernamental) a uno en el que la dinámica de las relaciones económicas está determinada por las capacidades reales y potenciales de los individuos; en cuyo caso, serían más los perjudicados que los beneficiados.

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