Francisco Díaz Montilla
Los Papeles de Panamá han dejado en evidencia al menos tres cosas. Primera, que la información fue ilegalmente obtenida; segunda, que probablemente haya sociedades offshore involucradas en actos ilícitos; tercera, que el estado de cosas generado por la divulgación de información ha desbordado la capacidad de acción y/o de respuestas de las autoridades ante el país que anunció inmediatas medidas contra Panamá.
Sobre los dos primeros se ha escrito y comentado bastante, y ya se adelantan investigaciones formales sobre ello. Sobre lo último, quisiera emitir algunas reflexiones. Al menos por la forma en que se han dado las cosas con Francia, pareciera que estamos en presencia de lo que en teoría de juegos se conoce como el juego del halcón y la paloma. La situación es más o menos la siguiente: Hay un conflicto que enfrenta a dos jugadores, los cuales pueden realizar dos cursos de acción posibles: responder de manera agresiva (halcón) o cooperar (paloma). Los jugadores halcones siempre atacan, hasta que la contraparte es herida o se retira; los jugadores palomas farolean, hasta que el halcón ataca, y entonces se retiran ilesos.
Hay, por tanto, cuatro posibilidades: Halcón-halcón, halcón-paloma, paloma-halcón y paloma-paloma. Tras la publicación de los Papeles, la respuesta francesa fue inmediata: Panamá volvería a una de esas listas en las que nadie quiere estar. Se trata, evidentemente, de una respuesta típica de un jugador halcón. Y esto, de plano, tiene interesantes consecuencias.
En los juegos del halcón y la paloma, el jugador que inicia la partida tiene ventajas, pues, de seguro, asumirá la estrategia halcón, ya que la matriz de pago le favorecería; a menos que la contraparte asuma igual estrategia. ¿Qué opciones tiene Panamá? Obviamente dos: Responder como halcón, o responder como paloma.
En algún momento, el presidente de la República respondió anunciando posibles medidas de retorsión contra Francia. Esta sería una respuesta halcón. Por lo tanto, la inicial respuesta panameña implicaba una solución halcón-halcón al juego; es decir, una solución con la más desfavorable matriz de pago. Dado que las probabilidades de éxito panameño en esa estrategia son –al menos en sentido bayesiano– pocas o iguales a cero, recurrir a una estrategia halcón no era lo más razonable; al parecer la contraparte francesa era consciente de ello, por lo cual implícitamente mantuvo su posición halcón cuando respondió que no le preocupaban las medidas panameñas. Es decir, pese a que la estrategia halcón-halcón comprende una matriz de pago menos atractiva, era ventajosa para Francia. Moraleja: Un halcón no renuncia a su condición de halcón, no si está ante una paloma.
Las opciones panameñas, por tanto, son realmente limitadas. De hecho, la posición original ha pasado de halcón a paloma, aunque manteniendo algunas posiciones más próximas a lo primero que a lo segundo, v.g., intercambios de información bajo estándares OCDE, pero de manera bilateral. En síntesis, las opciones para Panamá implican un auténtico dilema que se puede enunciar así: Independientemente de si coopero o no coopero, saldremos afectados. Posiblemente la salida paloma implique menos afectaciones. Habría que esperar cómo se comporta el halcón francés, aunque la moraleja es clara. Al margen de ese comportamiento, lo que no debemos esperar, es que Panamá salga ilesa de todo esto.
impresa.prensa.com/opinion/juegos-Panama-Francisco-Diaz-Montilla_0_4472552724.html
Departamento de Filosofía, Facultad de Humanidades, Universidad de Panamá
sábado, 30 de abril de 2016
viernes, 22 de abril de 2016
De la contaminación a la ineficacia
Roberto Arosemena Jaén
En un artículo anterior, definí la contaminación universitaria como el centralismo institucional configurado por tres rectores emblemáticos: Octavio Méndez Pereira, Rómulo Escobar Bethancourt y Gustavo García de Paredes. La pregunta esclarecedora es: “¿En dónde radica la centralización y por qué ese vicio en la gestión universitaria se traduce en ineficacia administrativa? Ubiquemos el contenido de la centralización como vicio del poder universitario.
En consulta a la Defensoría de los Universitarios, pregunté si el sistema actual de evaluación docente garantizaba el derecho a recurrir de los docentes afectados, es decir, si garantizaba el debido proceso, como figura jurídica esencial de una democracia. La respuesta me introdujo a un sistema perverso de servidumbre a un rector con ínfulas de patrón. El susodicho sistema de evaluación a los profesores que trabajan tiempo completo en la Universidad de Panamá se reduce a lo siguiente:
El Decanato nombra una comisión de evaluadores y la Vicerrectoría Académica informa, sobre todo, al rector, el resultado de la evaluación. El resultado deficiente, discrecionalmente, puede ser sancionado con pérdida de tiempo completo, que el propio rector concede. En esta institución rige el principio de que “jefe es el que nombra y bota”. Vale advertir que este tipo de evaluación solo tiene efectos para los académicos que sirven 40 horas a la universidad en labores de docencia, investigación, extensión y gestión. Este proceso es sencillo y sus repercusiones son estremecedoras. Los sometidos a este régimen de evaluación están pendientes del decanato y de la decisión del rector. De esto depende hacer carrera, ascender, recibir aumento, permanecer como tiempo completo o, negativamente, ver reducir su ingreso y, por último, abandonar su vocación universitaria.
El objetivo administrativo legítimo de la evaluación, por el contrario, es asumir y rendir cuentas por el ejercicio de las funciones académicas: docencia, investigación, extensión y gestión de los recursos que la universidad pone a disposición nuestra. Se evalúa para ser mejores y más competentes y para hacerse merecedor de una retribución. Para esos fines y no para erigir una ridícula autocracia. La Universidad de Panamá tiene un presupuesto de más de $200 millones y cuenta con un personal académico-administrativo de más de 4 mil funcionarios. Las autoridades no son legítimas, sino cumplen con sus deberes constitucionales y legales.
Lo incomprensible es por qué, teniendo una organización académica administrativa que agrupa a los académicos en departamentos de 30 a 40 personas, no les permite a sus directores evaluar a sus colaboradores. El jefe del departamento es uno de los pocos funcionarios cuya designación es resultado de la junta del departamento con la intervención directa del decano, como autoridad elegida de forma democrática por los miembros de la facultad.
¿Perderían influencia los decanos (as) y el rector (ra) en el manejo de los académicos (as) de la universidad, si renuncian a la facultad de evaluar? El principio de subsidiaridad es claro. Corresponde a la autoridad más cercana evaluar la ejecución de las actividades de docencia, investigación, extensión y gestión académica, y de ninguna manera a la autoridad máxima que ejecuta las políticas globales de la institución. Con un sistema de evaluación correcto, se lograría de manera efectiva separar el ámbito de lo académico de lo político y erradicar el deleznable tráfico de influencia que perpetua la mediocridad de los magníficos. Se espera que los aspirantes a rector magnífico tomen en serio sus pretensiones y depositen una fianza de cumplimiento de que serán los primeros servidores del claustro universitario.
http://impresa.prensa.com/opinion/contaminacion-ineficacia-Roberto-Arosemena-Jaen_0_4466553369.html
En un artículo anterior, definí la contaminación universitaria como el centralismo institucional configurado por tres rectores emblemáticos: Octavio Méndez Pereira, Rómulo Escobar Bethancourt y Gustavo García de Paredes. La pregunta esclarecedora es: “¿En dónde radica la centralización y por qué ese vicio en la gestión universitaria se traduce en ineficacia administrativa? Ubiquemos el contenido de la centralización como vicio del poder universitario.
En consulta a la Defensoría de los Universitarios, pregunté si el sistema actual de evaluación docente garantizaba el derecho a recurrir de los docentes afectados, es decir, si garantizaba el debido proceso, como figura jurídica esencial de una democracia. La respuesta me introdujo a un sistema perverso de servidumbre a un rector con ínfulas de patrón. El susodicho sistema de evaluación a los profesores que trabajan tiempo completo en la Universidad de Panamá se reduce a lo siguiente:
El Decanato nombra una comisión de evaluadores y la Vicerrectoría Académica informa, sobre todo, al rector, el resultado de la evaluación. El resultado deficiente, discrecionalmente, puede ser sancionado con pérdida de tiempo completo, que el propio rector concede. En esta institución rige el principio de que “jefe es el que nombra y bota”. Vale advertir que este tipo de evaluación solo tiene efectos para los académicos que sirven 40 horas a la universidad en labores de docencia, investigación, extensión y gestión. Este proceso es sencillo y sus repercusiones son estremecedoras. Los sometidos a este régimen de evaluación están pendientes del decanato y de la decisión del rector. De esto depende hacer carrera, ascender, recibir aumento, permanecer como tiempo completo o, negativamente, ver reducir su ingreso y, por último, abandonar su vocación universitaria.
El objetivo administrativo legítimo de la evaluación, por el contrario, es asumir y rendir cuentas por el ejercicio de las funciones académicas: docencia, investigación, extensión y gestión de los recursos que la universidad pone a disposición nuestra. Se evalúa para ser mejores y más competentes y para hacerse merecedor de una retribución. Para esos fines y no para erigir una ridícula autocracia. La Universidad de Panamá tiene un presupuesto de más de $200 millones y cuenta con un personal académico-administrativo de más de 4 mil funcionarios. Las autoridades no son legítimas, sino cumplen con sus deberes constitucionales y legales.
Lo incomprensible es por qué, teniendo una organización académica administrativa que agrupa a los académicos en departamentos de 30 a 40 personas, no les permite a sus directores evaluar a sus colaboradores. El jefe del departamento es uno de los pocos funcionarios cuya designación es resultado de la junta del departamento con la intervención directa del decano, como autoridad elegida de forma democrática por los miembros de la facultad.
¿Perderían influencia los decanos (as) y el rector (ra) en el manejo de los académicos (as) de la universidad, si renuncian a la facultad de evaluar? El principio de subsidiaridad es claro. Corresponde a la autoridad más cercana evaluar la ejecución de las actividades de docencia, investigación, extensión y gestión académica, y de ninguna manera a la autoridad máxima que ejecuta las políticas globales de la institución. Con un sistema de evaluación correcto, se lograría de manera efectiva separar el ámbito de lo académico de lo político y erradicar el deleznable tráfico de influencia que perpetua la mediocridad de los magníficos. Se espera que los aspirantes a rector magnífico tomen en serio sus pretensiones y depositen una fianza de cumplimiento de que serán los primeros servidores del claustro universitario.
http://impresa.prensa.com/opinion/contaminacion-ineficacia-Roberto-Arosemena-Jaen_0_4466553369.html
domingo, 17 de abril de 2016
Simone de Beauvoir, su obra y la verdad de su condición humana
Urania Atenea Ungo M.
Este año, el 14 de abril, se ajustan 30 años del fallecimiento de Simone de Beauvoir, la irreemplazable filósofa francesa que inició el modo contemporáneo de pensar la condición de las mujeres. Filosofía, política, feminismo y literatura fueron para Simone parte de su vida y esenciales dimensiones de su obra. Su obra y su hacer merecen a 30 años de su muerte, una nueva visita.
http://laestrella.com.pa/panama/politica/simone-beauvoir-obra-verdad-condicion-humana/23934419
Este año, el 14 de abril, se ajustan 30 años del fallecimiento de Simone de Beauvoir, la irreemplazable filósofa francesa que inició el modo contemporáneo de pensar la condición de las mujeres. Filosofía, política, feminismo y literatura fueron para Simone parte de su vida y esenciales dimensiones de su obra. Su obra y su hacer merecen a 30 años de su muerte, una nueva visita.
http://laestrella.com.pa/panama/politica/simone-beauvoir-obra-verdad-condicion-humana/23934419
viernes, 1 de abril de 2016
Noticia: Cuando la poesía es el hilo conductor
Rosalina Orocú Mojica
Javier Alvarado, Premio nacional de literatura Ricardo Miró 2015 en poesía, Premio centroamericano de literatura Rogelio Sinán 2011 y varias veces galardonado con el Premio nacional de poesía joven Gustavo Batista Cedeño opina que el papel de la poesía en la sociedad es transformar, llevar valores y una conciencia patriótica.
Para él la poesía es "mi cualidad vital, mi modus".
La noche del Día Mundial de la Poesía, 21 de marzo, en el Arco Chato, en el Casco Antiguo de Panamá, se escuchó poesía de Javier, Magdalena Camarco, Edilberto Trejos, Javier Alvarado, David Robinson, Ela Urriola y Moravia Ochoa.
Más información:
http://www.panamaamerica.com.pa/ey/cuando-la-poesia-es-el-hilo-conductor-1020190
Javier Alvarado, Premio nacional de literatura Ricardo Miró 2015 en poesía, Premio centroamericano de literatura Rogelio Sinán 2011 y varias veces galardonado con el Premio nacional de poesía joven Gustavo Batista Cedeño opina que el papel de la poesía en la sociedad es transformar, llevar valores y una conciencia patriótica.
Para él la poesía es "mi cualidad vital, mi modus".
La noche del Día Mundial de la Poesía, 21 de marzo, en el Arco Chato, en el Casco Antiguo de Panamá, se escuchó poesía de Javier, Magdalena Camarco, Edilberto Trejos, Javier Alvarado, David Robinson, Ela Urriola y Moravia Ochoa.
Más información:
http://www.panamaamerica.com.pa/ey/cuando-la-poesia-es-el-hilo-conductor-1020190
jueves, 31 de marzo de 2016
Contaminación Universitaria
Por Roberto Arosemena Jaén
El proyecto Universidad de Panamá no es eterno y puede colapsar. Actualmente es una institución de 85 años de existencia y ha dado como resultado miles de egresados en múltiples áreas de conocimiento.
Los profesionales de la República, en números significativos, salieron de la Universidad de Panamá. Entraron estudiantes y ahora son profesionales con diferentes grados de excelencia y dedicación. Lo importante es que siguen entrando estudiantes con entusiasmo y expectativas de superación. Lo significativo es que el Estado panameño sigue asignándole un presupuesto de más de doscientos millones anuales y que profesores, estudiantes y administrativos trabajan diariamente para formar ciudadanos y ciudadanas capacitados, formados y educados.
La Universidad como institución es un sistema humano, social constituido por seres humanos sometidos a un conjunto de disposiciones, normas, leyes que pretenden garantizar la misión, fines y objetivos que hicieron posible su constitución, pero al mismo tiempo, regular comportamientos, restringir ambiciones y reducir arbitrariedades de los miembros libres e inteligentes que la constituyen.
La Universidad, dentro del Estado, es una institución autónoma, gobernada democráticamente, por dos instancias administrativas: el rector y los decanos y varios órganos de gobierno donde los más influyentes son el Consejo General Universitario, el Consejo Académico y el Consejo Administrativo.
La Universidad de Panamá ha sido contaminada por el poder centralizado en el rector. Es un problema que se inició con Octavio Méndez Pereira, se desbordó con Rómulo Escobar Bethancourt y se burocratizo en la persona de Gustavo García de Paredes.
La contaminación burocrática de la Universidad como institución, que construye competencias ciudadanas y profesionales, es tal, que con motivo de la sustitución electoral del Rector y de los Decanos y Decanas, se consideran dos opciones y posibilidades: el sistema es tan rígido que se prepara el surgimiento de un nuevo señor universitario con la natural lucha burocrática pasajera, o por el contrario, se elegirán autoridades de transición, que repetirá los ciclos de los rectores, iconos, anteriormente mencionados. Esta segunda opción llena de inquietud a los interesados por el devenir de la Universidad de Panamá.
Hay dos variables intervinientes que podrían catalizar el enorme potencial de la institución universitaria: una de carácter negativo y represivo como la que derivó en el escogimiento del rector, entre 1968 y 1979, que consistió en la injerencia del poder público: llámese, en estos momentos, Contraloría y Ministerio Público y, otro de carácter positivo, como sería el empoderamiento de los Departamentos que integran a los responsables de la docencia, investigación, extensión y gestión universitaria.
El despertar de la democracia participativa de los profesores y la convicción de los mismos de asumir las funciones secuestradas por el rector, vice rectores y decanos en detrimento de la excelencia académica y de la efectiva autonomía universitaria, sería un esfuerzo necesario e impostergable, que la Comunidad de profesores, administrativos y estudiantes debería asumir en este contexto electoral.
Efectivamente, no se trata de escoger a un rector(a) ni a varios decanos o decanas, se trata más bien de debatir sobre un modelo de gobierno, donde lo académico determine la visión y la misión de la universidad, necesaria para el siglo XXI panameño.
http://impresa.prensa.com/opinion/Contaminacion-universitaria_0_4450804910.html
El proyecto Universidad de Panamá no es eterno y puede colapsar. Actualmente es una institución de 85 años de existencia y ha dado como resultado miles de egresados en múltiples áreas de conocimiento.
Los profesionales de la República, en números significativos, salieron de la Universidad de Panamá. Entraron estudiantes y ahora son profesionales con diferentes grados de excelencia y dedicación. Lo importante es que siguen entrando estudiantes con entusiasmo y expectativas de superación. Lo significativo es que el Estado panameño sigue asignándole un presupuesto de más de doscientos millones anuales y que profesores, estudiantes y administrativos trabajan diariamente para formar ciudadanos y ciudadanas capacitados, formados y educados.
La Universidad como institución es un sistema humano, social constituido por seres humanos sometidos a un conjunto de disposiciones, normas, leyes que pretenden garantizar la misión, fines y objetivos que hicieron posible su constitución, pero al mismo tiempo, regular comportamientos, restringir ambiciones y reducir arbitrariedades de los miembros libres e inteligentes que la constituyen.
La Universidad, dentro del Estado, es una institución autónoma, gobernada democráticamente, por dos instancias administrativas: el rector y los decanos y varios órganos de gobierno donde los más influyentes son el Consejo General Universitario, el Consejo Académico y el Consejo Administrativo.
La Universidad de Panamá ha sido contaminada por el poder centralizado en el rector. Es un problema que se inició con Octavio Méndez Pereira, se desbordó con Rómulo Escobar Bethancourt y se burocratizo en la persona de Gustavo García de Paredes.
La contaminación burocrática de la Universidad como institución, que construye competencias ciudadanas y profesionales, es tal, que con motivo de la sustitución electoral del Rector y de los Decanos y Decanas, se consideran dos opciones y posibilidades: el sistema es tan rígido que se prepara el surgimiento de un nuevo señor universitario con la natural lucha burocrática pasajera, o por el contrario, se elegirán autoridades de transición, que repetirá los ciclos de los rectores, iconos, anteriormente mencionados. Esta segunda opción llena de inquietud a los interesados por el devenir de la Universidad de Panamá.
Hay dos variables intervinientes que podrían catalizar el enorme potencial de la institución universitaria: una de carácter negativo y represivo como la que derivó en el escogimiento del rector, entre 1968 y 1979, que consistió en la injerencia del poder público: llámese, en estos momentos, Contraloría y Ministerio Público y, otro de carácter positivo, como sería el empoderamiento de los Departamentos que integran a los responsables de la docencia, investigación, extensión y gestión universitaria.
El despertar de la democracia participativa de los profesores y la convicción de los mismos de asumir las funciones secuestradas por el rector, vice rectores y decanos en detrimento de la excelencia académica y de la efectiva autonomía universitaria, sería un esfuerzo necesario e impostergable, que la Comunidad de profesores, administrativos y estudiantes debería asumir en este contexto electoral.
Efectivamente, no se trata de escoger a un rector(a) ni a varios decanos o decanas, se trata más bien de debatir sobre un modelo de gobierno, donde lo académico determine la visión y la misión de la universidad, necesaria para el siglo XXI panameño.
http://impresa.prensa.com/opinion/Contaminacion-universitaria_0_4450804910.html
sábado, 19 de marzo de 2016
El nuevo rector de la Universidad de Panamá
Miguel Montiel Guevara
El próximo 29 de junio se realizarán elecciones en la Universidad de Panamá para escoger al nuevo rector a la sombra de un gigante, como es el Dr. Gustavo García de Paredes, quien dejará un imborrable legado de expansión y modernización de la institución.
En el año 2000 publiqué en los diarios El Panamá América y El Universal sendos artículos, sin insultar a nadie, en los que sostuve que el rector de la Universidad de Panamá debería cumplir con una condición ‘sine qua non': poseer el título académico de doctor. Hoy existen muchas más razones para que sea así, por lo que me reafirmo en lo mismo.
El panorama universitario presenta, hasta ahora, como aspirantes a la Rectoría a los doctores Justo Medrano, Gilberto Boutin y Eduardo Flores; y a los magísteres Dorindo Cortez, Nicolás Jerome y José Chen Barría. A la vista pues, solo Medrano, Boutin y Flores poseen el grado académico de doctor, no así Cortez, Jerome ni Chen Barría.
El Dr. Justo Medrano se graduó de Bachiller en Ciencias en el Glorioso Instituto Nacional. Obtuvo la Licenciatura en Química en la Universidad de Panamá y el Doctorado en Química en la Universidad Complutense de Madrid, con altos honores. Su vida profesional la ha dedicado por completo a la educación.
Tiene 45 años en la Universidad de Panamá como docente e investigador. Ha sido director nacional de Educación del país, viceministro de Educación encargado, director del Instituto Especializado de Análisis, decano dos veces de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, primer vicerrector de Extensión, vicerrector académico y muchas veces rector encargado. Además, sería un ‘rector de transición', y quienes aspiren a reemplazarlo no tendrían los temores de reelección.
El Dr. Gilberto Boutin, actual decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas; por su parte, exhibe una sólida base académica y vasta formación cultural universal, pero pareciera no ser su momento; y mientras que el Dr. Eduardo Flores, exdecano de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, se presenta, según se desprende de sus propios discursos y de sus colaboradores, como ‘candidato del revanchismo'. Sea.
http://laestrella.com.pa/opinion/columnistas/nuevo-rector-universidad-panama/23928870
El próximo 29 de junio se realizarán elecciones en la Universidad de Panamá para escoger al nuevo rector a la sombra de un gigante, como es el Dr. Gustavo García de Paredes, quien dejará un imborrable legado de expansión y modernización de la institución.
En el año 2000 publiqué en los diarios El Panamá América y El Universal sendos artículos, sin insultar a nadie, en los que sostuve que el rector de la Universidad de Panamá debería cumplir con una condición ‘sine qua non': poseer el título académico de doctor. Hoy existen muchas más razones para que sea así, por lo que me reafirmo en lo mismo.
El panorama universitario presenta, hasta ahora, como aspirantes a la Rectoría a los doctores Justo Medrano, Gilberto Boutin y Eduardo Flores; y a los magísteres Dorindo Cortez, Nicolás Jerome y José Chen Barría. A la vista pues, solo Medrano, Boutin y Flores poseen el grado académico de doctor, no así Cortez, Jerome ni Chen Barría.
El Dr. Justo Medrano se graduó de Bachiller en Ciencias en el Glorioso Instituto Nacional. Obtuvo la Licenciatura en Química en la Universidad de Panamá y el Doctorado en Química en la Universidad Complutense de Madrid, con altos honores. Su vida profesional la ha dedicado por completo a la educación.
Tiene 45 años en la Universidad de Panamá como docente e investigador. Ha sido director nacional de Educación del país, viceministro de Educación encargado, director del Instituto Especializado de Análisis, decano dos veces de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, primer vicerrector de Extensión, vicerrector académico y muchas veces rector encargado. Además, sería un ‘rector de transición', y quienes aspiren a reemplazarlo no tendrían los temores de reelección.
El Dr. Gilberto Boutin, actual decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas; por su parte, exhibe una sólida base académica y vasta formación cultural universal, pero pareciera no ser su momento; y mientras que el Dr. Eduardo Flores, exdecano de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, se presenta, según se desprende de sus propios discursos y de sus colaboradores, como ‘candidato del revanchismo'. Sea.
http://laestrella.com.pa/opinion/columnistas/nuevo-rector-universidad-panama/23928870
jueves, 10 de marzo de 2016
¿Intolerancia religiosa en Panamá?
Ruling Barragán
De acuerdo con el más reciente Resumen Ejecutivo sobre Libertad de Culto en Panamá (2014), del Departamento de Estado de Estados Unidos, nuestro país ya no es tan tolerante en materia de religión; en particular, en cuanto a minorías religiosas se refiere. En él se registran por primera vez algunos brotes de intolerancia religiosa a nivel de prácticas gubernamentales y actitudes sociales.
Así, por ejemplo, en cuanto a las primeras, menciona que “algunos grupos religiosos no católicos dijeron que percibían que el catolicismo romano tenía ciertas ventajas sancionadas por el Estado sobre las demás denominaciones, tales como el uso exclusivo de celebrantes católicos romanos para realizar las invocaciones religiosas en algunos eventos del Gobierno”. Asimismo, señala que “los líderes religiosos no católicos expresaron su inquietud en cuanto a que el Gobierno le concedió trato preferencial a las escuelas católicas al momento de asignar los subsidios para las escuelas religiosas”.
Por otra parte, en relación con las segundas, indica que “tanto las comunidades rastafari como las comunidades musulmana y afropanameña informaron sobre discriminación social hacia sus miembros debido a su apariencia. Indicaron que empleadores potenciales tendían a discriminar, especialmente si los que realizaban las entrevistas eran evangélicos”.
Adicionalmente, el Resumen informa que a pesar de unas invitaciones del Comité Ecuménico de Panamá para realizar varios eventos que promovían el aprecio y el respeto entre varios grupos religiosos, aquellas no fueron recibidas por una comunidad musulmana y dos congregaciones judías. “No se unieron al comité, a pesar de recibir invitaciones para hacerlo”, señala el documento.
Si bien el Resumen también menciona algunos loables episodios, notablemente, la carta pública titulada: “Judíos, cristianos y musulmanes: unidos por la paz y la dignidad humana”, los incidentes mencionados (y otros que no menciono aquí) no dejan lugar a dudas de que las cosas comienzan a cambiar en nuestra nación en materia de libertad religiosa. Y no precisamente para bien. Si esto es así, tanto el Estado como su sociedad civil deberán realizar algunos esfuerzos para corregir los incipientes brotes de intolerancia religiosa que aparecen. Aunque poco notada (y para muchos, ignorada), la diversidad religiosa en Panamá es culturalmente rica y fascinante. Y lo es en gran medida por el hecho de que las más distintas confesiones religiosas han coexistido durante toda nuestra historia en relativa paz, sin mayores problemas. Al menos, hasta donde nos dice el citado Resumen.
Al respecto, es increíble que, con la posible excepción del número 511 (nov./dic. 2013) de la Revista Lotería, titulado “La libertad de culto en Panamá”, aparentemente, no existe publicación en el país, sea sociológica, histórica, antropológica o filosófica, que trate la diversidad religiosa, desde una perspectiva neutral y pluralista. Ni instituciones gubernamentales ni universidades públicas o privadas parecen ocuparse o preocuparse por este tema, desde tal perspectiva. Como si el pluralismo religioso e ideológico istmeño (que incluiría a minorías no creyentes) no tuviera relevancia en nuestro ser y quehacer nacional.
Ojalá pudiéramos conocer, comprender y valorar mejor la diversidad religiosa que constituye nuestra identidad cultural como nación. Si no lo hacemos, corremos el riesgo de caer en la intolerancia religiosa, en especial, contra las religiones minoritarias y las minorías no creyentes que existen en Panamá. O, igualmente, intolerancia por parte de minorías religiosas o no creyentes hacia otras minorías o mayorías religiosas.
http://impresa.prensa.com/opinion/Intolerancia-religiosa-Panama-Ruling-Barragan_0_4434306586.html
De acuerdo con el más reciente Resumen Ejecutivo sobre Libertad de Culto en Panamá (2014), del Departamento de Estado de Estados Unidos, nuestro país ya no es tan tolerante en materia de religión; en particular, en cuanto a minorías religiosas se refiere. En él se registran por primera vez algunos brotes de intolerancia religiosa a nivel de prácticas gubernamentales y actitudes sociales.
Así, por ejemplo, en cuanto a las primeras, menciona que “algunos grupos religiosos no católicos dijeron que percibían que el catolicismo romano tenía ciertas ventajas sancionadas por el Estado sobre las demás denominaciones, tales como el uso exclusivo de celebrantes católicos romanos para realizar las invocaciones religiosas en algunos eventos del Gobierno”. Asimismo, señala que “los líderes religiosos no católicos expresaron su inquietud en cuanto a que el Gobierno le concedió trato preferencial a las escuelas católicas al momento de asignar los subsidios para las escuelas religiosas”.
Por otra parte, en relación con las segundas, indica que “tanto las comunidades rastafari como las comunidades musulmana y afropanameña informaron sobre discriminación social hacia sus miembros debido a su apariencia. Indicaron que empleadores potenciales tendían a discriminar, especialmente si los que realizaban las entrevistas eran evangélicos”.
Adicionalmente, el Resumen informa que a pesar de unas invitaciones del Comité Ecuménico de Panamá para realizar varios eventos que promovían el aprecio y el respeto entre varios grupos religiosos, aquellas no fueron recibidas por una comunidad musulmana y dos congregaciones judías. “No se unieron al comité, a pesar de recibir invitaciones para hacerlo”, señala el documento.
Si bien el Resumen también menciona algunos loables episodios, notablemente, la carta pública titulada: “Judíos, cristianos y musulmanes: unidos por la paz y la dignidad humana”, los incidentes mencionados (y otros que no menciono aquí) no dejan lugar a dudas de que las cosas comienzan a cambiar en nuestra nación en materia de libertad religiosa. Y no precisamente para bien. Si esto es así, tanto el Estado como su sociedad civil deberán realizar algunos esfuerzos para corregir los incipientes brotes de intolerancia religiosa que aparecen. Aunque poco notada (y para muchos, ignorada), la diversidad religiosa en Panamá es culturalmente rica y fascinante. Y lo es en gran medida por el hecho de que las más distintas confesiones religiosas han coexistido durante toda nuestra historia en relativa paz, sin mayores problemas. Al menos, hasta donde nos dice el citado Resumen.
Al respecto, es increíble que, con la posible excepción del número 511 (nov./dic. 2013) de la Revista Lotería, titulado “La libertad de culto en Panamá”, aparentemente, no existe publicación en el país, sea sociológica, histórica, antropológica o filosófica, que trate la diversidad religiosa, desde una perspectiva neutral y pluralista. Ni instituciones gubernamentales ni universidades públicas o privadas parecen ocuparse o preocuparse por este tema, desde tal perspectiva. Como si el pluralismo religioso e ideológico istmeño (que incluiría a minorías no creyentes) no tuviera relevancia en nuestro ser y quehacer nacional.
Ojalá pudiéramos conocer, comprender y valorar mejor la diversidad religiosa que constituye nuestra identidad cultural como nación. Si no lo hacemos, corremos el riesgo de caer en la intolerancia religiosa, en especial, contra las religiones minoritarias y las minorías no creyentes que existen en Panamá. O, igualmente, intolerancia por parte de minorías religiosas o no creyentes hacia otras minorías o mayorías religiosas.
http://impresa.prensa.com/opinion/Intolerancia-religiosa-Panama-Ruling-Barragan_0_4434306586.html
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