La nueva neutralidad

Roberto Arosemena Jaén

Panamá, descubierto por Bolívar, era lo que Corintio para los Griegos. Una franja de terreno que unía dos mares con un poder comercial y militar envidiable para cualquiera potencia. Imperios seculares, fueron destruido por su incapacidad de mantener el control militar del Peloponeso y de su estrecho Canal. Lo curioso de este Canal fue que el promotor, Ferdinand de Lesseps es el mismo que proyectó el Canal de Panamá. La diferencia fue la osadía y el atrevimiento de Theodore Roosevelt de transformar el Canal de Panamá en territorio propio bajo fuerzas militares estadounidenses acantonadas en Panamá contra el ejército colombiano. Esta situación permaneció hasta la firma del Thompson Urrutia y se extendió anacrónicamente hasta el Tratado de Neutralidad y Funcionamiento de 1977. En este período bajo el simulacro libertario de Omar Torrijos Herrera se diseñó el nuevo sistema de neutralidad garantizada por los Estados Unidos.

"Nada en este Tratado impedirá a la República de Panamá ni a los Estados Unidos de América, de acuerdo con sus respectivos procedimientos constitucionales, concertar cualquier acuerdo o arreglo entre los dos países para facilitar, en cualquier momento posterior al 31 de diciembre de 1999, el cumplimiento de sus responsabilidades para mantener el régimen de neutralidad establecido en el Tratado, incluyendo acuerdos o arreglos para el estacionamiento (sic) de cualesquiera fuerzas militares estadounidenses o el mantenimiento en la República de Panamá de sitios de defensa con posterioridad a dicha fecha, que la República de Panamá y los Estados Unidos de América puedan considerar necesarios o apropiados."

Ahora, estamos en el primer cuarto del siglo XXI. China ha llegado al Mar Caribe. Rusia busca acuerdos con países que van delimitando el antiguo “Mare Nostrum estadounidense” Cuba, Venezuela, Nicaragua, posiblemente República Dominicana, países mesoamericanos y el mismo Panamá van estrechando vínculos, unos militares, otros comerciales con China y Rusia y los estrategas estadounidenses que no son mancos ven amenazados los ejercicios Panamax y el control comercial y militar del Canal.

La conclusión para este siclo agitado de nuevos planteamiento geoestratégicos es la necesidad de llega a un nuevo pacto, al primer pacto internacional, de neutralizar las riberas del Canal y el mismo territorio panameño, bajo un protocolo ratificado por el Consejo de Seguridad y aprobado por la Asamblea General de Naciones Unidas.

El problema de la soberanía es la sabiduría de los istmeños de insertar el concepto restringido y limitado de soberanía de un país, en el seno de Naciones Unidas, en forma tal que jamás vuelva a ondear en nuestro territorio el pabellón de los Estados Unidos, sino el pabellón de Panamá junto al pabellón de Naciones Unidas.

Este planteamiento requiere la profundización de nuestros principios nacionales. Como punto de partida, pueden servir los conceptos primarios de autonomía como lo ideo en su momento Justo Arosemena, pero estos conceptos tienen que ser enriquecidos por la experiencia independentista después de 1903 y sobre todo por la efervescencia nacionalista de 1931 en adelante.

El problema de la soberanía panameña entra en una etapa difícil y sumamente compleja en este primer cuarto del siglo XXI. El Tratado Torrijos Carter es insuficiente para el momento actual. El político panameño o se adentra en la paradoja de un país pequeño con la dignidad de una gran potencia mundial o sigue vegetando en el dilema de “quítate tú, porque vengo yo”. En esto consiste la política cultural de los panameños en la actualidad.

Fuero Electoral

Roberto Arosemena Jaén

Todo fuero es un privilegio que la sociedad asigna a ciertas categorías de personas para facilitarle una función pública que beneficie a la comunidad. La constitución política del estado panameño es reticente a conceder fueros: No habrá fueros o privilegios ni discriminación por razón de raza, nacimiento, discapacidad, clase social, sexo, religión o ideas políticas.

¿Por qué, entonces, el fuero electoral para individuos que se postulen a cargo de elección popular sin importar que estén presos, declarados en rebeldía, extraditados y atraviesen una audiencia preliminar de imputación de cargos?

Los magistrados son “tontos especializados” que no logran distinguir el principio que sustenta una norma con el abuso de la norma sobre el principio. Esto sería, al menos, una infracción ética.

Es cierto que la constitución autoriza al Tribunal Electoral a interpretar y aplicar privativamente

la Ley Electoral de acuerdo con los principios que la misma Constitución Política del Estado establece. Dicha interpretación, sin embargo, ni puede ser absurda ni puede equiparar derechos de ciudadanos que gocen, por su conducta, de toda la protección que ofrece la Ley, con ciudadanos en proceso de rendir cuenta a la justicia por sus presuntos actos delictivos, realizados, todos estos, previamente a su postulación.

La interpretación del Tribunal Electoral de que pueden gozar del fuero electoral, incluso, los privados de libertad por virtud de mandamiento escrito, que estén investigados por el Ministerio Público y que están sometidos a medidas cautelares para evitar sustraerse a las consecuencias de un eventual enjuiciamiento, es una forma laza o banal de aplicar la Ley. Con esta decisión se está violando el principio consignado en el siguiente artículo: Artículo 50 de la Constitución. Cuando de la aplicación de una Ley expedida por motivos de utilidad pública o de interés social, resultaren en conflicto los derechos de particulares con la necesidad reconocida por la misma Ley, el interés privado deberá ceder al interés público o social. ¿Es el fuero electoral una ley de utilidad pública e interés social para la vigencia de un estado de derecho y del ejercicio pleno de la democracia?

El Tribunal Electoral, con la concesión banal de establecer fueros electorales, sin examinar la trayectoria previa de individuos al menos sospechosos de cometer ilícitos, está abriendo la puerta a la impunidad y a los sinvergüenzas, además de escandalizar a los ciudadanos que aún tienen credibilidad en un Estado de Derecho.

El fuero electoral es una figura jurídica para garantizar que los ciudadanos puedan participar de procesos electorales sin temor y libres de denuncias penales, civiles y administrativas sobrevinientes al hecho de ser postulados a cargo de elección.

Esa garantía procesal es conveniente y necesaria en una sociedad donde la influencia política, el poder del dinero y de la posición social son mecanismos de acoso a los buenos ciudadanos que aspiran a ser elegidos mediante el voto popular. En este contexto el fuero electoral es legítimo y digno de ser defendido por todo aquel ciudadano demócrata y vigilante de su propia reputación.

En el contexto actual, en un ambiente democrático cada vez más enrarecido, donde posibles delincuentes a punto de ser juzgados se candidatizan a puestos de elección con el objetivo de revestirse de impunidad durante el proceso electoral, la admisibilidad de dichas candidaturas y el inmediato goce del fuero electoral, no sólo es una mala práctica falsamente democrática, sino un escándalo intolerable para la buena conciencia de las mayorías.

Alertamos a los magistrados del Tribunal Electoral de no dejarse llevar por los nefastos precedentes de aplicar de esa manera el fuero electoral. Toda aplicación de la ley tiene como

fundamento su racionalidad, su impacto benéfico a la comunidad, la conservación de los valores democráticos y la sustentación de un régimen de derecho alumbrado por la justicia.

Yo quiero, nosotros queremos

Roberto Arosemena Jaén

El sistema electoral panameño programa nueve meses de agitación política para que la sociedad pueda conocer a su próximo Presidente de la República. El proceso se inicia con un “yo quiero”. El individualismo rampante en búsqueda del poder político supremo.

Si quiero ser presidente empiezo a buscar apoyo, recoger adherentes, mejorar mi imagen pública y conseguir financiamiento. Es un querer con implicaciones sociales, culturales, familiares y sobre todo políticas y económicas. Es un querer que se potencializa por senderos inimaginables. Ya se tiene un Rómulo Roux, un Laurentino Cortizo y una Zulay Rodríguez en la carrera presidencial. Vendrán otros marginales que en los próximos meses tomarán notoriedad. El querer la presidencia es el tema, no el decidirse a ser presidente. La presidencia es un poderoso imán que cobra vigencia cuando no se tiene, cuando se logra tener produce cambios personales y familiares que a veces aterran al votante. Allí se tiene a un Ortega y a un Macri, por mencionar dos ejemplares de la izquierda y la derecha latinoamericana.

Actualmente en Panamá, se ha iniciado la epidemia electoral del “Yo Quiero la Presidencia de la República”. En la peor de las hipótesis se requieren 18 mil votos, en la cínica hipótesis partidista, basta el 30 o el 60% de los adherentes del colectivo. A lo mejor menos, en el caso de partidos sin maquinarias electorales. Lo curioso de estos sistemas electorales es la brevedad del tiempo de divulgación y promoción. Antes era terrible y cansón dicho período que empezaba desde el día uno de la toma de posesión del gobernante elegido. Ahora, apenas se tiene tiempo para imaginarse a un de Rouz a un Cortizo o a un Flores, el Independiente, dirigiendo el órgano Ejecutivo Por lo sorpresivo, el proceso electoral es mediocre y malsano. Se diseñó para improvisar candidatos con visos de legitimidad y para conducir a la mayoría silenciosa al matadero del futuro. No es casual que en 1987 la República del General había colapsado, que en 2009, la República del bipartidismo: PRD-Panameñismo, había logrado tal grado de desprestigio y desbandada, que un Empresario cualquiera, pero ambicioso, se toma el poder presidencial y ahora, está a punto de ser condenado. Después de la perorata del “legítimo torrijista” , el diputado de solidaridad, hay que aceptar la incapacidad y la rapiña del gobierno panameñista sólo emulada por la rapiña de Cambio Democrático, dijo Nito.

Ya faltan siete meses y el torneo electoral mantiene la tónica de desprestigio escatológico del y de los contrincantes. Es sintomático el nivel de seguridad y confianza del colectivo PRD y del nuevo liderazgo emergente de las redes sociales que se expresan en una fogosa y errática dirigente, que en breve podría heredar el “partido de Omar”. Partido creado para darle fiel cumplimiento al Tratado Carter-Torrijos

El problema de este contexto electoral panameño se da en medio de una lucha por banderas en la ribera del Canal. Si el Canal es “pro mundi beneficio” nada más simbólico que en las riberas del canal se desplieguen las banderas de todos los países miembros de Naciones Unidas. Esas más de cien banderas, enarboladas en la Avenida Primera de la Ciudad de Nueva York podrán venir a

Panamá, como testigos de que la Neutralidad del Canal es un asunto de todo el mundo y no sólo de Estados Unidos y Panamá. Nosotros los panameños tenemos que ser conscientes que el mundo actual, orientado cada vez más hacia el belicismo, no puede tener un Canal ampliado, al servicio del paso expedito de uno de los Estados política, comercial y bélicamente más poderosos del Planeta. La venida de China a Panamá subraya nuestra vocación pacifista y nuestra impostergable decisión de hacer de Panamá un Estado Soberano.

Este es el contexto nacional que todo candidato a Presidente de la República debe enfrentar con dignidad y patriotismo, sin dejar espacio para una quinta o sexta frontera.

Dignidad contra pusilanimidad

Roberto Arosemena Jaén

Hace años, un grupo significativo de ciudadanía panameña se enfrentó al poder usurpador de Torrijos-Noriega. En esos años actuamos con independencia, verticalidad y transparencia. Cuando el gobernante de ocasión, un tal señor Delvalle, indultó al movimiento nacionalista de sedición contra Noriega, muchos panameños lo consideraron una farsa más. Sin embargo, el poder oficial se sale con la suya.

Vino la invasión, vinieron nuevos gobernantes, pero la pusilanimidad siguió caracterizando la fibra íntima de presidentes y diputados. Existen iniciativas de crear un Museo de la Democracia. En ese sepulcro arqueológico de la historia se me dijo que sería representado.

En reciente escala en Los Ángeles-EU, entendí que yo era un ex convicto, detenido por sedición en octubre de 1987, en una cárcel de máxima seguridad en Panamá. Por ese motivo se me sustrajo del grupo de visitantes legales a Estados Unidos, y en la práctica fui deshonrado con una detención. A preguntas necias, oídos sordos.

Entre bromas y cosas serias, un exmarine que trabajó, supongo que en el Comando Sur, me dijo que mi problema era con el Gobierno panameño. Sospecho que la información de los delincuentes peligrosos, de lo cual se vanagloria el maleante Martinelli para suplicar clemencia, forma parte del mismo paquete. ¿Por qué el Gobierno panameño actual me deshonra en grado que tenga que justificar mi conducta política ante un gobierno extranjero? ¿Por qué tras 28 años de la invasión, Varela consiente que los organismos de seguridad mantengan las acusaciones del régimen Torrijos-Noriega?

¡A qué grado de pusilanimidad han descendido nuestros gobernantes! Constitucionalmente, son gobernantes por el soporte ideológico y filosófico que le dan nuestras leyes. El artículo 17 de la Constitución Política es al respecto diáfano, inexorable y definitivo; en grado tal, que la Corte Suprema de Justicia casi no se atreve a usarlo en sus fallos de garantías constitucionales. “ Las autoridades de la República están instituidas para proteger en su vida, honra y bienes a los nacionales…”.

En el caso de múltiples panameños y panameñas, el gobierno no protege ni la honra y, en algunos casos, ni la vida.

La única seguridad jurídica por las cuales se rompe las vestiduras la sociedad es la seguridad jurídica de bienes, propiedades e inversiones.

Utilizo este artículo de opinión, que espero La Prensa publique, como una denuncia de la hipocresía gubernamental y de la tolerancia civil respecto al tema de la honra ciudadana.

Lo negativo de las sociedades actuales es su poder de ocultamiento y simulación. Estamos distraídos por cosas pasajeras y por afanes diarios. Poco podemos hacer contra estas tendencias, pasiones, decían los filósofos antiguos, si no estamos dispuestos a reflexionar y a hacernos cargo de nuestros poderes: poder de pensar, poder de deliberar, poder de decidir y finalmente, poder de actuar.

Esos poderes configuran la dignidad de cada mujer y de cada hombre en su condición genérica de persona.

De esos valores del mundo de la vida, la honra como conciencia del propio ser individual, es básica y fundamental. La conservación de la honra propia es potencia y poder. Potencia que le da sentido a la vida, y poder que pone bienes y propiedades al servicio de una existencia mundana y trascendente.

Nuestra misión actual: suprimir la pusilanimidad de nuestros gobernantes y aprender a elegir a la gente digna que sepa responder por sus decisiones y actos sin mendigar clemencia al poderoso por traicionar a sus conciudadanos.

La Prensa, 13 de junio de 2018.

Sin perspectivas

Roberto Arosemena Jaén

En el plano político partidista la nación se ha quedado sin atractivos. Ya no deslumbra el eslogan “soy empresario y no político”. Ni se vislumbra la brillantez de un joven pleno de entusiasmo y con proyecciones creíbles a corto y mediano plazo. Los malos ejemplos han penetrado profundamente la mentalidad general que se tienen que considerar, resultado de comportamientos institucionales y no de conductas individuales.

El ejemplo en que un diputado, por su ocurrencia legislativa, casi hace tambalear la cacareada “seguridad jurídica”, es terrible y estremecedor.

Quién es Roberto Ayala para hacer que su derecho constitucional de intervenir y proponer en el pleno de la Asamblea la introducción de un artículo para derogar una ley, se transforme en un “delito constitucional”, un llamado “camarón legislativo”, ante la mirada impávida de una mayoría unánime de diputados que representan los intereses de la nación panameña.

La propuesta del diputado Ayala sería intrascendente si la Asamblea hubiese sido responsable de sus actos. El delito se perpetró por consentimiento unánime de los diputados y de su junta directiva. No importó el principio constitucional que impide esas ocurrencias.

Las leyes tienen que pasar por tres debates en días distintos. No se trata de ahorrar tiempo, suprimir lecturas, delegar funciones: se trata, precisamente, de impedir no solo camarones legislativos, sino leyes improvisadas, injustas e interesadas en servir a particulares y no a la comunidad. Si los diputados tienen alguna obligación, es la de hacer leyes justas mediante la consulta democrática en días distintos. Es un mandato democrático y constitucional.

Bajo estas consideraciones, deben ser juzgados por la Corte y por la ciudadanía. No son los diputados aislados los que salvarán a la Asamblea Nacional, sino el mismo cuerpo legislativo, en pleno, que deberá pedir perdón por este exabrupto y proceder a una renuncia masiva para facilitar una convocatoria a una constituyente.

Este análisis sobre responsabilidades que no solo ha desprestigiado la seguridad jurídica, sino que ha transformado al responsable de su tutela en un cuerpo errático y violador de los principios constitucionales, nos conduce a concluir lo siguiente: La hora de los partidos políticos y de sus propuestas electorales ha pasado.

Estamos en la hora de la ciudadanía que va a resurgir desde su inercia en un movimiento de rescate nacional. Se levantarán líderes que se ganarán la confianza para configurar nuevas instituciones políticas, sociales, gremiales y culturales.

Lo primero que se ha de lograr es una capacidad de análisis y crítica que no se deje manipular ni aconductar por conductores de opinión como ha sucedido en países vecinos y distantes.

Lo segundo es revisar la publicidad y la propaganda política. Esta no puede ser tan restrictiva y tan a corto plazo que solo permita reconocer a lo expuesto mediáticamente. Este fenómeno, diseñado para proteger a la ciudadanía, ha dado como resultado que locutores se transformen en líderes políticos de 24 horas.

La vida es esperanza del advenimiento de una mejor situación, de un mundo mejor de relaciones y de convivencia.

La Prensa, 7 de mayo 2018.

La hora del proyecto nacional

Roberto Arosemena Jaén

Existimos, hace 170 años, bajo el yugo de las relaciones entre Estados Unidos y la actual Colombia. El interés de estos dos Estados es el control de la zona de tránsito. Obtener el máximo beneficio del transporte de gente, productos, dinero y soldados.

Lo terrible de estas relaciones fue que en 1903 una decisión unilateral de Estados Unidos –construir el Canal– fue razón suficiente para iniciar un conflicto bélico entre esas dos naciones y acantonar fuerzas militares en Panamá.

Los grandes se entienden y en 1914 restablecen las relaciones amistosas con el tratado Thompson–Urrutia y deciden mutuamente seguir usufructuando del Canal recién construido. No obstante, las tropas estadounidenses permanecen en Panamá, hasta que se desencadenó el conflicto del 9 de enero de 1964.

Se puede decir que en esta fecha empezó a ejercerse la soberanía popular y Estados Unidos decidió que los panameños administrarían el Canal, pero dentro de los parámetros del tratado de 1914. Este es el sentido del Tratado de Neutralidad permanente del Canal –definido en el Anexo A– y del Tratado de Funcionamiento permanente del Canal de Panamá–o Canal de esclusas–, además de los tratados colaterales de Montería y el Boyd–Liévano de límites marítimos que Panamá se ha visto forzado a pactar con el Gobierno colombiano, sin reciprocidad alguna.

El 9 de enero de 1964 es un hito histórico que altera la inercia de la nación panameña en el tema de la soberanía. De no ejercer soberanía sobre la Zona del Canal de esclusas, se pasó a exigir  el retiro inmediato de las fuerzas militares, acantonadas en suelo panameño, como si la soberanía fuese erradicar la presencia física de la gendarmería yanqui.

Con base en esta expresión restringida de soberanía se negoció la abrogación del tratado Bunau–Varilla entre 1964 y 1977. Lo lamentable de estas negociaciones era erradicar la ocupación militar estadounidense para defender a Panamá de Colombia, que ya había perdido su sentido práctico desde 1914.

Los gobernantes panameños ignoraron que el mandato del 9 de enero era desmantelar el imaginario de que Panamá era una graciosa concesión del imperio del norte que había raptado parte del territorio de Nueva Granada o la pequeña Colombia para cedérselo a los istmeños.  Positivamente,  la voluntad soberana de 1964 era el dominio perpetuo de Panamá como zona de tránsito, sin incluir las prerrogativas de Estados Unidos y Colombia.

A eso apunta el concepto de zona de tránsito como patrimonio inalienable de la nación panameña y  el contenido de la neutralización  defendido por los panameños, que por lo demás, está en abierta contraposición con el concepto de neutralidad contenido en los tratados canaleros de 1977.

Este  aniversario del 9 de enero nos obliga a debatir si la nación panameña puede adquirir las características de un Estado nacional soberano o seguir con la pésima figura de ser un sitio de negocio e inversión a las orillas de un Canal.

Decir que el 31 de diciembre de 1999 es el mejor homenaje que la patria panameña puede entregar a los mártires de la soberanía no solo es una burla a la dignidad de los panameños, sino una falsa concepción historiográfica de lo que hemos sido, somos y seremos como pueblo.

Nuestra lucha soberana no es una lucha de banderas ni de símbolos patrios, sino una esperanza de poder controlar toda nuestra zona de tránsito sin tutelaje extranjero y ponerla al servicio de esta y las futuras generaciones.

La Prensa, 6 de enero 2018

Reflexión y esperanza

Roberto Arosemena Jaén

Sométanlo todo a prueba y quédense con lo bueno. Es un mandato humano sin efecto jurídico que se fundamenta en la sabiduría de los “jedi” (abuelos), diría Francisco en Roma.

Absténganse de hacer el mal es el mismo mandato, pero en su expresión negativa. A nivel de convicción personal, no se trata de hacer el bien y rechazar el mal, ya que esto parece un asunto connatural. El tema es qué consideramos bueno y malo, para ser atraído por lo bueno y estar incómodo con lo malo.

Esta vivencia analizada, existencialmente, llevó a un filósofo-literato a proclamar que el “humano está condenado a ser libre”. De la lucha por la libertad y la tolerancia de la época moderna, nos precipitamos al sometimiento a la libertad de la posguerra. Actualmente, con la incredulidad en un Dios presente, nuestro infierno es decidir por formas de vida que van condicionando nuestro presente y determinando nuestro futuro. Son esas decisiones de vida y muerte que nos dejan marcados como el hierro candente del propietario. El pasado se presenta irreversible y como tal requiere de purificaciones costosas y de olvidos dramáticos, que va produciendo adicción y parálisis con olor a féretro.

Urge retornar a los orígenes del mandato “deóntico” de someterlo todo a prueba para quedarnos con lo bueno. El mandato es nítido y simple, pero nos arroja de lleno en la aventura de nuestra libertad. ¿Quién nos obliga a someter nuestra libre conducta a prueba? ¿Qué argumento es tan fuerte y concluyente para decidir quedarnos con lo bueno, que por lo demás, no conocemos.

La aventura de la libertad es un asunto tan errático que unos se sienten condenados a ser libres y otros a practicar el libertinaje. La mayoría, por el contrario, ni se siente obstaculizada ni se considera comprometida a detenerse antes de precipitarse al vacío. Sabemos por intuición que los grandes espectáculos continuarán y los ricos, famosos y poderosos se sucederán ininterrumpidamente. El espectáculo es función del espectador que espera y visualiza el desborde de emociones, sentimientos y realizaciones.

El año finaliza con un retorno acelerado hacia las cosas que sucedieron y que nunca hubiésemos querido que sucediesen. Esa misma noche vieja es el inicio del año nuevo. El momento de oscurecerse es el mismo instante del alumbramiento y del amanecer. El que se queda rezagado en el pasado y en lo viejo ni vislumbra lo bueno de lo luminoso y lo inmenso, y anida en lo más íntimo de su ser el pensamiento ruin, el desquite y la venganza del prohibido olvidar.

Lo significativo de este teatro del mundo es la posibilidad que tenemos de cambiarlo para lo mejor o para lo peor, somos autores, no espectadores, de escenarios legítimos donde la justicia enfrenta la perversión y la esperanza enfrenta la frustración. Las cosas humanas y naturales evolucionan y revolucionan al compás de esa capacidad de examinar y probarlo todo para irnos quedando con lo bueno e ir dejando lo menos bueno para todos. Somos herederos y partícipes de los años idos y por venir y hacemos de sus fechas asuntos reiterativos, dignos de ser vividos y asuntos delirantes, que conviene superar.

La Prensa, 24 dic 2017

Imperio universal de justicia

Roberto Arosemena Jaén

Hay una utopía, lugar que no existe en ninguna parte, pero todos anhelamos que exista pronto, que viene siendo anunciada hace miles de años: Jerusalén.

Fue, primero, una tierra prometida para los herederos de Abraham. Tierra que al llegar el pueblo escogido estaba en manos de otros. Ese pueblo en diáspora logró asentarse y en un momento formó una monarquía más de guerreros que de sacerdotes, bajo el imperio del rey David. La capital fue Jerusalén.

Esa Jerusalén se convirtió en símbolo sobre todo cuando fue conquistada por el imperio persa y mucho más cuando no quedó piedra sobre piedra al ser destruida por Tito, que luego llegaría a ser emperador romano. Esta radical destrucción sucedió después de la crucifixión de Jesús, un habitante de estas tierras que formó una comunidad religiosa que se extendió por toda le región.

Al transformarse el poder islámico en imperio, los límites del ya desaparecido Jerusalén fueron ocupados y sacralizados por los seguidores del profeta, que lo convirtieron en el tercer lugar más importante del islam. La disputa por esa “tierra prometida” al final del primer milenio de la era cristiana se hizo escenario de las Cruzadas, donde príncipes cristianos y musulmanes lucharon por la ocupación de la renovada Ciudad Santa.

El siglo XX retorna a crear el poder judío-Estado de Israel, con las mismas pretensiones de las 12 tribus guiadas por Moisés y reinterpreta la promesa hecha a Abraham en favor de los descendientes de Isaac. En este contexto el apoyo del poder estadounidense es determinante. Se está en capacidad de desalojar y erradicar a todo aquel que desconozca al sionismo como propietario de Jerusalén y de los límites de la monarquía del rey David.

El contexto y el trasfondo interpretativo de este accidente de declaración del impulsivo Trump, de que Jerusalén es la capital de Israel, es el siguiente:

Pablo de Tarso, el fariseo, devenido en apóstol de Jesucristo, establece que la promesa hecha al legendario patriarca Abraham, sobre su descendencia, que ocupará y dominará la tierra prometida, no es según la carne, entendida como la descendencia de Isaac (mundo judío) ni de Ismael (mundo islámico) sino de la descendencia espiritual divina que es Jesucristo.

Esa Jerusalén, tierra prometida, se configura en un símbolo de justicia por la labor insistente de los profetas -Isaías, entre otros- de la diáspora cristiana y del dominio islámico de la región.

Jerusalén es tierra de Dios (Jehová, Alá, Cristo), allí se revelará la gloria del Señor y todos los hombres la verán. No es tierra de reconquista, ni de revancha y tampoco de ira, violencia y muerte.

Pedro divulga la buena nueva de que “nosotros –los cristianos- confiamos en la promesa del Señor y esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva –la nueva Jerusalén-, en que habite la justicia.”

La visión más acertada de Jerusalén, compartida por Naciones Unidas, es la de que la tierra prometida “hará de árbitro entre las naciones y a los pueblos dará lecciones. Harán arados de sus espadas y sacarán ‘machetes’ de sus lanzas. Una nación no levantará la espada contra otra y no se adiestrarán para la guerra”. ¿No es, acaso, el fin del Consejo de Seguridad de la ONU preservar la paz y garantizar la justicia internacional entre los Estados?

El debate sobre el “estatus de la Ciudad Eterna” no tiene sentido a nivel de territorio nacional de ningún Estado, ni de israelitas ni de palestinos. Es un emplazamiento o localización devenido en símbolo de justicia permanente y de paz perpetua por designios de las ciencias históricas, de las convicciones religiosas y ahora de los debates políticos de altura de las Naciones Unidas, gracias a la decisión intempestiva del provocador Trump.

La Prensa, 14 de diciembre 2017

Administración del engaño

Roberto Arosemena Jaén

Mucho se habla, se comenta e incluso se protesta por la deficiente administración de justicia. Los poderes públicos descargan su culpabilidad en el otro y hasta el jefe del Ejecutivo interviene tímidamente descargando en la ciudadanía su responsabilidad de hacerse cargo por sí solo de la coordinación de la administración pública, como si la administración de justicia fuese una configuración extraterrestre.

La respuesta, propia de la navaja de Ockham a esta problemática, es responsabilizar al sistema. En efecto, el sistema de fueros, privilegios, excepciones, dilataciones, postergaciones y finalmente prescripciones del cuerpo jurídico penal panameño es la causa de la corrupción y la impunidad. Por esta razón, los sagaces y astutos abogados y litigantes se hacen pagar con creces y con facilidad transforman a fiscales, jueces, magistrados y procuradores de justicia en mediocres “opinadores” e intermediarios de una jurisprudencia errática, permisiva y por consecuencia, contradictoria, ineficaz, confusa y paralizante.

¿Qué ha pasado con ese valor innato y connatural en las sociedades decentes que han superado la corrupción? ¿Es realmente la justicia un valor que descubren los niños y niñas cuando están jugando? ¿Por qué dejamos de practicarla? ¿A qué se debe que nuestros legisladores, desde 1903, no han superado las maniobras de Nueva Granada en el ámbito político y constitucional?

Esto lo pregunto porque la administración del engaño es más eficiente y eficaz que la administración de justicia. No solo por la existencia de la venalidad del funcionario que se derrite ante la “sagrada coima”, sino porque la argucia y triquiñuelas legales están a disposición del astuto litigante.

El escenario del derecho penal panameño es un sistema jurídico que facilita la impunidad de los poderosos propietarios del dinero y del capital. La administración de la justicia penal es una mercancía con valor comercial que la moral del abogado sabe aprovechar. Estos astutos jurisconsultos hacen todo lo que la ley no prohíbe y saben acomodarse a las facilidades que la ley permite. El caso Odebrecht y el caso del expresidente Martinelli son impactantes y demoledores para los creyentes ciudadanos en la moralidad del Estado. Por ejemplo, es insostenible, a nivel de principio, que un sujeto, notoriamente corrupto, como el expresidente Martinelli, siga gozando de la presunción de inocencia cuando es un fugitivo, y siga adquiriendo fueros electorales cuando es un rebelde recalcitrante a los llamados de los tribunales. El grupo Odebrecht, por su parte, la justicia la transforma en compensaciones y multas que nada le cuestan y paga y sigue pagando millones ante el asombro de un continente que se resiste a aceptar que todo puede ser vendido y comprado.

Nadie con conocimiento del proceso penal panameño puede afirmar que estos dos escándalos públicos contravengan la legalidad de nuestra administración de justicia, aunque su contenido ético y racional sea ilegítimo y destructor de la buena fe ciudadana.

Es hora de que los poderes públicos propongan un régimen que no permita más la administración del engaño en una sociedad que necesita y exige de una administración de justicia expedita, confiable y rigurosa, sobre todo para los políticos y gobernantes que han legislado a favor de sus fueros, privilegios, excepciones, dilataciones, postergaciones y finalmente de sus prescripciones para seguir actuando como responsables ciudadanos y buenos padres y madres de familia. A esto se añade la impunidad de los grupos empresariales con capacidad de contaminar con arreglos bancarios y judiciales a la clase política de coimeros y demagogos.

Si los diputados no se ponen a legislar en serio sobre los contenidos racionales y éticos del derecho penal, evitando postergaciones de los procesos hasta la prescripción, se seguirá con el grosero y ridículo espectáculo de los poderes públicos inculpándose entre sí y con una mayoría nacional descreída, maliciosa, confusa y, sobre todo, distraída.

https://www.prensa.com/opinion/Administracion-engano_0_4898510200.html

Los intelectuales y el derecho

Roberto Arosemena Jaén y Francisco Díaz Montilla

Cuestionar la práctica del derecho está al alcance de todos, pues a todos –directa o indirectamente- nos afecta. Pero dicho cuestionamiento ha de darse basado en razones convincentes, y esto no siempre ocurre.

Con frecuencia sucede que si el juez o el magistrado fallan y dicho fallo favorece a una parte, la contraparte argumenta vicios, y el juzgador se ve expuesto a un escarnio público por no fallar de acuerdo con la ley.

Aunque en principio el contradictorio entre las partes es natural y conveniente, cuando dista de fundamentarse en razones convincentes, es nefasto para la administración de justicia.

Por supuesto, los cuestionamientos –incluso aquellos en los que no hay razones convincentes- son comprensibles, máxime cuando –repetimos- no se ha sido favorecido. Aunque pareciera que hay casos en los que se es más tolerable: Lo que el lego dice sin mayor fundamento se tolera –posiblemente- como una expresión del desconocimiento de lo jurídico; pero cuando es el intelectual quien asume posiciones jurídicas sobre situaciones que desconoce o conociéndolas, las sesga deliberadamente para manipular, confundir e indisponer, entonces hay razones para preocuparse.

Es necesario considerar los fallos del juzgador con base en la ley, teniendo en cuenta elementales principios de lógica jurídica y de ética. Estos factores han de servir de base para el cuestionamiento de la práctica del derecho, pero suelen ignorarse. Es en parte lo que ha ocurrido a propósito del desprestigio de los fallos de la Corte Suprema de Justicia y del enaltecimiento del Ministerio Público.

El tema fundamental es la ley, como norma escrita, y en este caso, el segundo ha distado de actuar conforme a ella; sin que ello signifique que la primera siempre lo ha hecho.

No está claro dónde radica el fraude a la ley del que han hablado los “intelectuales” panameños. Pareciera que la militancia política –más que la convicción jurídica- son el sustento de esta rasgadura de vestiduras: El “exabrupto” de la Corte favorece a los delincuentes y exigen que esta sea axiomática y no errática, disparatada y contradictoria.

En toda esta trama, se ha obviado que la otra cara de la moneda es la normativa constitucional, la cual no obliga a la Corte a ser consistente en su jurisprudencia, y más aún garantiza que sus fallos –no interesa que se contradigan- sean definitivos e inapelables.

La preocupación de los redactores de la Constitución era establecer una autoridad absoluta como “Roma habló y el problema finalizó”.

Más allá del histrionismo mediático, la conclusión sobre este debate no es salir a la calle y exigir la destitución del pleno de la Corte; hay caminos para subsanar constitucionalmente lo que haya que subsanar, por ejemplo, a través de una asamblea constituyente originaria; pues al fin de cuentas el poder público emana del pueblo.

La importancia de este debate jurídico de principios, debería mantenerse a pesar de que la sociedad política alista fuerzas y recursos para el inminente torneo electoral que se avecina. Frente a estas urgencias del imaginario de que el voto popular es más efectivo en la medida en que el votante se mantenga más distraído, nosotros insistimos en que la creación y fortalecimiento de una democracia depende de la convicción ciudadana de que la justicia es resultado del querer mayoritario y no de claustros selectivos y excluyentes.

http://www.prensa.com/opinion/intelectuales-derecho_0_4860263986.html

Política permanente

Roberto Arosemena

La política tiene un contenido justo o despótico. Es el debate entre corrupción y justicia. Lo significativo es encubrir despotismo –una forma de imponer el poder- con corrupción –un método de lucrar del poder. El monarca llegó a ser déspota y por tal motivo se le cortó la cabeza. Lo importante de los déspotas modernos es que son corruptos. Al corrupto no se le aplica la pena de muerte, se le ponen multas, fianzas, compensaciones, inhabilitaciones y se les deja en manos de tribunales indulgentes y de magistrados ansiosos de buenos ingresos. El temor del delincuente político es el “linchamiento” -una forma de justicia que aplica el pueblo para hacerse justicia con sus propias manos-. Para evitarlo se aplica, mediante leyes, el “debido proceso”. Medio de juzgar al ciudadano con presunción de inocencia, extensivo al juzgamiento de los déspotas y corruptos. Este dilema se presentó a la asamblea revolucionaria francesa y esta dictaminó que el juicio y debido proceso eran para los seres humanos y que los déspotas debían morir.

¿Qué tipo de seres humanos son los déspotas?

El déspota corrupto es un ser humano, revestido de autoridad por voto popular. La condición de gobernante se adquiere en tal forma que se deja de ser, en la práctica, un ciudadano con limitada discrecionalidad. En esto consiste el riesgo del que se erige sobre la ley, la posibilidad de ser juzgado, directamente, por los tribunales populares. La autoridad sería aquel humano digno de reconocimiento y honor si es efectivo, justo y respetuoso de la ley, y merecedor de la pena de muerte si es déspota y corrupto.

La administración de justicia de este siglo XXI tiene los ojos bien abiertos para identificar a déspotas y corruptos como ciudadanos comunes, cuando en realidad, son representantes del poder soberano, utilizado en beneficio propio y con el uso de la fuerza, la intimidación y el engaño. El caso de Ricardo Martinelli Berrocal, presunto delincuente político, entra en esa categoría de individuos que tomaron distancia de los humanos corrientes y por el voto popular fueron revestidos de la sacralidad del poder. Notoriamente se organizó políticamente para corromperse y ejercer la autoridad como déspota. Actualmente, sin embargo, ninguna autoridad judicial se atreve a considerarlo delincuente, si previamente no se le imputan los cargos en un tribunal competente.

Pregunto, ¿si precipitadamente, se le concedió a Ricardo Martinelli todo el poder de la Presidencia de la República, por el mero hecho del sufragio mayoritario –hecho eminentemente político- por qué ahora rehúsa un juzgamiento político y exige ser juzgado como un corriente ciudadano? Presumo, que no obstante haber sido condenado como “rebelde”, mantiene todo el poder mediático y recursos multimillonarios para continuar intimidando y engañando, de la misma manera como logró posesionarse, en mayo de 2009-2014, de un puesto político que lo colocó por encima de las ciudadanas y ciudadanos panameños.

Aquí radica la inconsistente premisa que puede hacer de la política un ejercicio de corrupción y despotismo, cuando en realidad debería ser una premisa de justicia y régimen de derecho. Ya se está a punto de iniciar un proceso electoral para elegir un nuevo presidente de la República, con la carga onerosa de la impunidad del equipo de gobierno pasado.

El problema de la política no son ni los partidos políticos ni los individuos aislados que pretenden llegar al poder político como independientes. Es aleccionadora la disputa legendaria entre Yahveh y Samuel para nombrar un rey. Israel ha querido tener un rey y Dios le impone una condición: no será un profano, sino un líder religioso de su pueblo. Esta situación no evita ni la corrupción ni el despotismo del rey designado por el profeta. La teocracia no se escapa de la corrupción del gobernante, sino que facilita el despotismo religioso. Concluimos que el problema político es un asunto primordialmente popular y humano.

http://www.prensa.com/opinion/Politica-permanente_0_4834016627.html

Una reflexión sobre el mundo de hoy

Roberto Arosemena Jaén

La sabiduría milenaria de ayer afirmaba, soberbiamente: no hay nada nuevo bajo el sol. La de hoy supone que todo lo nuevo es creatura de la tecno-ciencia. No solo lo supone, sino que lo demuestra. Desaparecen los límites de la naturaleza, sobre todo de esa naturaleza identificada con Dios. Hasta el siglo XVIII, lo más ridículo era pensar un mundo sin naturaleza, es decir, sin Dios. Ninguno con dos dedos de frente se atrevía a decir que la naturaleza era un invento de la inteligencia humana; sin naturaleza no podía existir un conocimiento científico.

El mito de Ícaro, de la Torre de Babel y ahora de los Twitter de Trump demuestran que la “sabiduría” de ayer y de hoy tiene lugares comunes. Hay que ponerle límites a la naturaleza no como lo intentó hacer el mito, sino como lo hace la tecno-ciencia actualmente. La verificación es el secreto entre la superstición, el mito, la fantasía y la estupidez. El conocimiento avanza no porque se cree, sino porque se verifica. El problema es que los “verificadores” son minorías, la gran masa, y vivimos en la era de la masificación, son creyentes que no distinguen realidad de constructos virtuales.

De la misma manera que la humanidad le puso límites a la naturaleza y a sus leyes mediante el conocimiento verdadero –la verificación científica- la tecno-ciencia tiene que imponerse límites. Ni la naturaleza fue realmente Dios, ni la tecno-ciencia puede levantarse contra la naturaleza. Ambas son categorías para calificar el potencial humano y no la existencia divina.

Por ejemplo, la tecno-ciencia de las redes de comunicación, como el Twitter del jefe del Ejército de Armas Apocalípticas tiene límites que la inteligencia de TRUMP no percibe. Trump tiene el pensamiento simple de que si el Twitter fue un buen instrumento para ganarse el voto estadounidense, también le servirá para arrodillar a Europa, China y Rusia.

Esas bravuconadas de la tecno-ciencia tienen la virtud de crear dioses y demonios; para la gente sensata, cosas virtuales; para la otra generación de humanos, ideologías reales por las cuales vale la pena morir y hasta matar. Allí está la prepotencia de los dueños de las armas de destrucción apocalípticas y de su contraparte natural, el terrorismo. Allí está la ideología del género y su contraparte, el fundamentalismo reproductivo. El mundo de hoy no puede ser más de excesos, sino de límites y respetos.

La naturaleza y la tecno-ciencia enloquecen a los promotores de excesos. Los antiguos cultivadores de la ya anacrónica soberbia.

La aparente perversión del mundo de hoy mantiene el germen de su recuperación. La única actividad humana más corrupta, la política, es la actividad que todavía llena de esperanzas a los indignados, a los violentos protestatarios y a las masas silenciosas. No se trata del viejo mesianismo de que vendrá el “Ungido” a renovar el mundo perdido. Las religiones de libro y revelación han insistido en que la redención es una misión divina, no obstante, un líder carismático, surgido en la periferia del Imperio Romano, nos dice que somos nosotros mismos los que tenemos que sobrellevar la carga de la naturaleza y de las civilizaciones.

La misión de cambiar y mejorar es un objetivo de la humanidad de seres libres e inteligentes. No obstante, se sabe que la responsabilidad de la humanidad en su conjunto tiene que ser asumida por individuos y comunidades que sepan actuar con sentido de bien universal compartido, que precisamente es el objetivo pragmático de la política.

Esta propuesta es sumamente compleja y algunos dirán utópica, porque no se encuentra en ninguna experiencia, ni de la sabiduría antigua sometida a la naturaleza, ni de la sabiduría contemporánea sometida a la tecno-ciencia. La única palanca capaz de iniciar el movimiento para remover la corrupción de los políticos es nuestra decisión y convencimiento de hacer política coherente y sanamente.

http://www.prensa.com/opinion/reflexion-mundo-hoy_0_4801019973.html

Verdades del poder y la ley

Roberto Arosemena Jaén

El poder es el imperio de la libertad y la arbitrariedad. La ley es la restricción y la domesticación del poder. Las sociedades funcionan cuando se reconoce que la ley fundamental –la Constitución– es la restricción del poder. La relación entre el binomio poder y ley es la legitimación social de las autoridades, aceptada individual y colectivamente.

En 1999 se constituyó el nuevo sistema político venezolano. Fue una iniciativa de Hugo Chávez. Esta aceptación de la Constitución de 1999 permite que la oposición venezolana controle democráticamente la Asamblea Nacional en diciembre de 2015. Desde ese momento, la Constitución chavista toma distancia del poder, que se transforma rápidamente en arbitrariedad y dictadura. La principal arma de legitimidad del sistema democrático de la quinta república venezolana se transforma en demoledor recurso para el ascenso al poder de la oposición chavista.

Es curioso constatar que los venezolanos en la calle han erigido el respeto a la Constitución como su principal recurso para oponerse a las pretensiones del gobierno, que preside Nicolás Maduro, que se ha quedado sin argumentos de legitimidad y legalidad.

¿Qué sucede en la actualidad? ¿Hasta cuándo el poder real venezolano desafiará la propia ley fundamental que le dio vida? En esto consiste la crisis política de gobernabilidad que sabemos tiene que finalizar, pero ninguno sabe cómo y cuándo. Los escenarios que se vislumbran son complejos por la ruptura del binomio poder-ley. Los que ejercen el poder saben que la ley –su aplicación, por supuesto– no le permite seguir abusando de las prerrogativas de gobernar que tenían hasta finales del año de 2015, por la sencilla razón de que han desactivado el poder constitucional del parlamento, el llamado a revocatorio del pueblo y el ejercicio pacífico del derecho a disentir.

La salida de los usurpadores de la Constitución ha sido menos constitución y un retroceso a los finales de la cuarta república para realizar el salto al vacío del llamado reciente a una constituyente. El grito del poder venezolano de querer ponerse el bozal de la ley constituyente no es creíble. Es un fraude, como lo han calificado los opositores.

El grito de los defensores de la Constitución es una salida electoral anticipada para la elección de los gobernantes. Estas elecciones tienen que ser consensuadas por los interlocutores políticos por la vía del diálogo, por la vía de la confrontación que cada vez exige una mayor beligerancia del poder disuasorio del Estado, que son las fuerzas armadas, o por la vía de la conformación de un gobierno de transición.

No obstante, el escenario real son las convocatorias de las masas a favor o en contra de las autoridades, con el resultado de muerte, provocaciones, miedo, desesperación y caos.

La sociedad venezolana tiene que actuar. En esto consiste el fenómeno de la soberanía y la dignidad nacional, que nadie externamente puede sustituir.

La libre determinación de los pueblos no es la arbitraria decisión del poder, sino el sometimiento al poder constituyente de elaborar, aprobar y sujetarse a su propia ley fundamental.

Venezuela está en la encrucijada. Confiamos en que supere su crisis de gobernabilidad, con la seguridad de que es un bravo pueblo con la prudencia que requiere la historia política del continente y que Chávez intentó conocer.

http://www.prensa.com/opinion/Verdades-poder-ley_0_4753774703.html

Rendición de cuentas sobre uno mismo

Roberto Arosemena Jaén

Escribir para no olvidar es lo propio de las historias mediocres. La gran historia humana implica las vivencias de personas que no se enfrentaron al dilema de escribir para sobrevivir. Es el caso de Abraham, Sócrates, Jesús, sobre quienes los testigos, descendientes y discípulos han escritos miles y miles de vivencias, enseñanzas y exageraciones, que cada generación humana, críticamente, examina, revisa y vuelve a interpretar.

Recordar es vivir, es lo propio de los espectadores que reinterpretan esas individualidades que han dado qué pensar y sobre las que se debate, incesantemente. El problema es diferenciar a los que han dado motivos para narrar y escribir sobre sus vidas ejemplares o sus vidas heroicas. Vidas heroicas –no interesa si han sido buenas o malas– como la de Alejandro Magno, Julio César, Saladino, Napoleón, Hitler y, posiblemente, Trump.

Las intenciones y la narrativa histórica son pasajeras y circunstanciales. El gran espectáculo histórico del universo humanizado son las vidas vividas que lograron institucionalizarse. Abraham, como el padre de la religiosidad, dejó de ser una vida desaparecida, porque sobre él se configuraron miles de historias, creencias y fidelidades.

Cosas o eventos similares pasaron con Sócrates y Jesús, en estos dos milenios de occidentalización. Sus personalidades se consolidaron como promotoras del juicio racional y epistémico-científico, como del juicio religioso, sometido a la crítica exegética y hermenéutica. En ambos casos no hay espacio ni tiempo para los fundamentalismos.

Las vidas, señaladas como heroicas –la de Donald Trump podría ser una prematura exageración– han sido malas tendencias que solo se pueden combatir cuando afirmamos los principios que sustentaron la vida de Sócrates y Jesús, y que humanizaron las radicalizaciones de los descendientes, según la carne, de Abraham.

La gran paradoja existencial es que el mundo de los principios requiere para sobrevivir de las vidas heroicas. Pragmática y utilitariamente, son los héroes reconocidos, políticamente, los que logran materializar las costumbres, normas e instituciones.

Esta es la famosa inquietud de la descendencia de Abraham. El pueblo escogido y la tierra prometida solo se logrará cuando aparezca un rey monarca, que levante el poder de la espada de Dios para instaurar sus mandatos. Frente a esta situación doctrinaria se levanta Jesús, como el terrible iconoclasta que destruye el mito del Estado imperial, por la creencia de que la universalización de la verdad y justicia solo es posible cuando los individuos, libremente, entiendan que Dios es padre de los buenos y los malos, y que la universalización de todo ser y persona humana se justificará con el apoyo racional de una filosofía como la socrática, evolucionada y criticada hasta nuestros días.

El mundo sigue su marcha. Las vidas particulares exigen un sentido y una intención de expansión y desarrollo. De allí, el imperativo de “rendición de cuentas sobre uno mismo”.

La opción simple –que no es tan simple ni básica– es vivir y seguir viviendo para escribir sobre sus memorias o crear las situaciones para que las generaciones actuales den testimonio de uno o escriban sobre la ejemplaridad de las vidas singulares o de las vidas heroicas.

Escribir sobre estos asuntos es una actividad compleja que se puede lograr haciéndose cargo de la realidad. Realidad que tiene que ser pensada, reflexionada, decidida y, sobre todo, realizada por nuestras acciones y las acciones de nuestros contemporáneos.

http://www.prensa.com/opinion/Rendicion-cuentas-mismo_0_4690780981.html

Conocimiento, realidad y buen vivir

Roberto Arosemena Jaén

El vivir bien es una fantasía o una convicción que hay que realizar. Lo convincente es realizable, lo ilusorio se escapa de la realidad, se desgasta y, finalmente, se desvanece. Lo realizable es el conocimiento del conjunto de los hechos posibles y se presenta como una creencia o conocimiento bien fundamentada. La ilusión, por el contrario, es una creencia sin fundamento e irrealizable y se le descalifica como una superstición.

Es significativo distinguir la superstición, como falsedad, y la creencia, como conocimientos convincentes, que se transmiten de generación en generación. Toda creencia se fundamenta en la tradición, en los aciertos, en las comprobaciones que pasan de comunidad en comunidad o de padres a hijos y nietos.

Hay ingenuos, apresurados, que asimilan, identifican y confunden superstición con creencias. En este sentido, un testimonio tradicional, como que los seguidores de Jesús lo vieron y lo tocaron resucitado, lo califican como superstición porque es un hecho reservado para los creyentes y para nadie más. Pero, no satisfechos con ese término de “creyentes”, se apresuran a descalificarlos, como grupúsculo de fanáticos dispuestos a morir por su fantasía. Fanáticos, aprovechados, mentirosos, farsantes, maliciosos, malignos y malvados. En este contexto o círculo hermenéutico es imposible desarrollar la acción comunicativa y el principio del discurso que promueven los pensadores del estado democrático constitucional de derecho.

El problema no es descalificar los buenos conocimientos. El problema son las consecuencias de la confusión. La consecuencia de la confusa ignorancia conduce a la ley, del ojo por ojo, a principios erróneos de que no hay seguridad si no te has preparado para la guerra; que toda paz construida con el perdón es efímera; que el único mundo positivo es el de los “intercombatientes y no el de los interlocutores. Que renunciar a la violencia es de débiles y cobardes. Que Sócrates, Cristo y Mahatma son los peores ejemplos de una humanidad pusilánime. En este contexto de fundamentalismos, propio del mundo hegemónico actual, sobresale la prepotencia, y que la guerra y el belicismo son la mejor estrategia de volver a ser grande.

De estas vivencias surge la dialéctica de ganar–perder, ganar–ganar y, finalmente, perder–perder. El viejo Thomas Hobbes enfrentó la situación y propuso la solución: el pacto social de sumisión a un poder que se abstiene de matar, para que todos vivan sometidos a la ley. Con esta fórmula superó el estado de guerra permanente del “hombre, lobo del hombre”, hasta que llegó el horror del 11 de septiembre de 2001.

El pacto de sumisión se fracturó a tal nivel que todos proclamaron la “guerra contra el terrorismo” para generar más terror y más actos de indignidad. Es la geopolítica actual de legiones de gobernantes que marchan abrazados –en falanges– en París, a favor de la guerra contra el terrorismo, y ordenan bombardeos con el objetivo de paralizar y doblegar la voluntad de seguir matando. La hostilidad del perder–perder se extiende inexorable. La civilización de la tecnociencia somete a las culturas de la tradición religiosa. El terror por el terror es la respuesta primitiva, ya profetizada en el preámbulo de los derechos humanos.

El mundo iluminado por la razón y la creencia es el mismo mundo oscurecido por la razón y la fe.

http://www.prensa.com/opinion/Conocimiento-realidad-buen-vivir_0_4650284992.html

El amanecer de los cristales

Roberto Arosemena Jaén

El “depravado y malvado Trump”, descalificado por Barack Obama: “no puede ser presidente de los Estados Unidos”. No obstante, el 9 de noviembre, al amanecer, se había transfigurado en Presidente constitucional, gracias al sistema electoral de la “democracia estadounidense”.

Bastó una noche angustiosa de conteo y revisiones para ir realizando la metamorfosis. El malo se hizo bueno, el depravado se hará virtuoso, así lo afirmaron –el día después- los portaestandarte de los acusadores de Trump. La sorpresa no es la posibilidad de que unas elecciones haga sabio al imprudente, ni veraz al mentiroso; la sorpresa fue, por el contrario, que el
veraz y creíble de Obama se nos presentase como un farsante. El mero hecho de ocupar el cargo de Presidente de los Estados Unidos, lo obligó a esconderse debajo de un velo de ignorancia sobre todas las ejecutorias de Donald Trump, así lo creyó, ingenuamente, el señor Obama.

El 50% de los más de cien millones de votantes que votaron por Hillary, Presidente, votaron contra Trump. Ahora, sólo los oportunistas, aceptan las debilidades de Hillary y Obama de gritar “Trump es Nuestro Presidente”. Mientras, millones indignados, los desprecian cada vez que gritan: “Trump no es mi presidente”. La resignación de Hillary, pocos la entienden, de mantenerse en su urna de cristal, sin percibir, que su claudicación ante Trump, la sepulta a un pronto olvido y ponen en peligro la continuidad del partido demócrata que se ha transformado en un aparato de ambiciones presidenciables y ha dejado de ser un movimiento de decencia y honestidad democrática. Ojala que el dicho de Trump sobre la “corrupción del sistema partidista” sea, realmente, una mentira.

Entiendo, no obstante,  que Obama no pueda declararse rebelde al Presidente institucional electo, pero no acepto que se niegue a encabezar la oposición anti Trump. Es lo menos que se puede esperar. Si no se atreve a ir más allá de una leal oposición, por lo menos que no se transforme en un “consejero bien pagado” del hombre que no puede manejar la seguridad atómica del planeta.

El riesgo Trump presidente es doble. De una parte su temperamento impetuoso y su carácter voluntarioso. Con esa personalidad ha logrado triunfar en acumular riquezas y ahora, inicia el camino de utilizar el imperio planetario de Estados Unidos. De otra parte, la crisis que padece el poder estadounidense ante el desarrollo devastador de la globalización de la inversión, producción, distribución y consumo no es una pequeña crisis, sino una grave crisis que puede hacer colapsar el sistema económico, pero, al mismo tiempo, puede catapultar a Trump a un poder irracional incontenible.

Esta crisis que crece y se desborda día a día no ha sido ni siquiera entendida por el Grupo de los 8, de los 22, ni por los omnipotentes del FMI, de las trasnacionales y los incógnitos de Davos. En contraste, con esta ineficacia sostenida y subrayada, surge el tozudo e irracional Donald Trump que cree y sostiene que él si puede volver hacer grande el sueño y la fantasía americana. Para eso cuenta con la soberanía imperial del país y la sociedad que el concibe la más grande, la más potente y la única con derechos a ser el destino manifiesto.

Ni Trump es Hitler, ni los Estados Unidos del siglo XXI, es la Alemania de los años treinta. Sin embargo, la maldad tiene múltiples senderos. Por ejemplo, una fue la noche de los cristales rotos (Kristallnacht) del 9 de noviembre de 1938. Los días siguientes, la prepotencia del líder nazi congeló el liderazgo mundial y colocó al mundo a la defensiva. Dos años necesitó el mundo para iniciar el contra ataque y esto gracias a figuras emblemáticas como Churchill, De Gaulle y el anciano de Franklin D. Roosevelt. ¿Qué sucederá cuando Trump diga que terroristas están matando patriotas estadounidense y exija el juramento de que nadie residente en Estados Unidos de América puede desconocer a su Presidente?

Nuestra calidad de vida y nuestra dignidad es tan trascendente que no se puede admitir que sea alterada por la pusilanimidad de los poderosos que coquetean con el poder imperial.

Disertación del Dr. Roberto Arosemena Jaén con motivo de la condecoración César Quintero de la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá

Disertación del Dr. Roberto Arosemena Jaén por condecoración César Quintero de la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá, recibida el lunes 12 de septiembre de 2016.

Un desafío pendiente : Configurar la Historia Nacional de los Panameños(as) 1

Antecedente

He aquí el dilema de Panamá. Somos una nación configurada, políticamente y con pretensiones de ser cada día más “Estado Nación” respetada y proyectada al reconocimiento internacional. Igualmente, de otra parte, somos una comunidad que acepta pasivamente ser un país de tránsito y canalero. Nos debatimos entre un imaginario y una historia nacional por configurarse.

En efecto, esta tensión histórica no se puede ocultar con un simple espejismo y menos disolver con imaginarios colectivos publicitados como si fuesen cultura popular o idiosincrasia nacional. Los condicionantes históricos tienen que tomarse en cuenta. Nadie puede negar “que desde el momento en que nuestros antepasados  nacidos en este territorio, decidieron asumir su propio futuro, se encontraron con una ocupación pactada a dos bandas, entre Washington y Bogotá".

Esta situación fue aprovechada unilateralmente por Washington para construir, primero un ferrocarril, luego un paso acuático. Lo paradójico del pacto por el canal fue que los Estados Unidos de América tuvieron que desconocer, en 1903, el Tratado Internacional de 1846. Un breve desconocimiento que se apresuraron a eliminar cuando una vez inaugurado el Canal de Esclusas, Washington vuelve a pactar con Bogotá las antiguas prerrogativas de Nueva Granada sobre Panamá ‒ el tratado Thompson-Urrutia.

Olvido historiográfico

Este Tratado decreta la obsolescencia y el anacronismo de la Convención de 1903. Lo sorprendente fue la pervivencia del Hay-Bunau-Varilla hasta 1977, Tratado que hacía del Canal, un bien enajenable en manos de Washington y sin posibilidad de desarrollar su potencial de ampliación y de atractivo comercial a todas las potencias y naciones del mundo. De este modo, el nuevo marco jurídico contractual sobre el Canal tendría que incorporar el arreglo del Thompson-Urrutia a la letra y a las concesiones que se firmaría en el Tratado de Neutralidad permanente del Canal y de Funcionamiento permanente del Canal de Panamá, en 1977.

Panamá aceptó con la firma del tratado Boyd-Liévano, del 20 de noviembre de 1976 y del Tratado de Montería de 23 de agosto de 1979, las prerrogativas que el gobierno estadounidense ya había concedido a Colombia en 1914.

El Hay-Bunau Varilla fue el instrumento del primer canal de Esclusas –además mero pretexto de la exclusión colombiana del control de la zona de tránsito-, mientras que la ampliación del segundo Canal de Esclusas, ratifica la validez del Thompson-Urrutia, fácticamente posible con la sustitución de la Convención Ístmica de 1903 por el Segundo Tratado Carter Torrijos y su reconocimiento internacional por las grandes potencias mundiales. Esta tesis confirma la hipótesis de que Panamá es un negocio canalero que ha determinado y condicionado la historia nacional y sepultado el proyecto nacional de constituir un Estado Soberano e independiente en favor de la identidad nacional.

El distanciamiento de Colombia en 1903 y el distanciamiento de los Estados Unidos de América en 1964, no fueron acontecimientos que tienen como causa el Canal sino la voluntad de liberación de un pueblo, que ya existe sin necesidad y a pesar del canal, y exige el aprovechamiento y la propiedad sobre todo su territorio, incluyendo las vías interoceánicas. Desde, estas perspectivas, es episódico el papel que jugaron y desempeñaron los participantes en los acontecimientos históricos que se dieron en el texto canalero. Lo significativo en la historiografía de la nación panameña  es el contexto de una nación, orientada a ser un Estado y atravesada por el eje Washington-Bogotá.

Efectos del Thompson-Urrutia y el problema internacional entre Nicaragua y Colombia

El sonado caso del fallo del Tribunal de Justicia de la Haya que concede la soberanía sobre San Andrés, Providencia, Santa Catalina y otros islotes a la actual Colombia y cierta porción de Mar territorial a Nicaragua, igualmente, tiene su origen en el tratado de 1914 entre Estados Unidos y Colombia que fija los límites de Panamá en base a la ley neogranadina de junio de 1855.

Cuando la revolución de Mosquera triunfó en 1861, el caudillo liberal envió como su delegado a Panamá a don Manuel Murillo Toro, quien, con el Gobernador Santiago de la Guardia, suscribió el 6 de septiembre del citado año el denominado “Convenio de Colón”, mediante el cual Panamá pasó a formar parte de los Estados Unidos de la Nueva Granada. Vigente en Nueva Granada  la Constitución de Rio Negro, cada Estado procedió a elaborar su propia Carta Fundamental.

La panameña, en su artículo 15, estableció que los límites con el Estado del Cauca estaban constituidos por “el río Atrato, desde su embocadura, aguas arriba, hasta su confluencia con el Napipí, de allí el curso de este río, aguas arriba, hasta su origen, y de allí una línea recta a la bahía de Cupica en el Pacífico”. No obstante el 7 de junio de 1862, Mosquera desconoce el Convenio de Colón y lo actuado en Panamá. Invade a Panamá y Santiago de la Guardia muere en combate. El Presidente del Estado del Cauca años después, solicitó ante la Corte Suprema de Justicia la suspensión del citado artículo de la constitución panameña, por considerar que afectaba la integridad territorial de su Estado. El Procurador General de la Nación aceptó la solicitud y mediante sentencia de la Corte Suprema de Justicia de fecha 12 de enero de 1864, por unanimidad de votos y con base en los artículos 1°, 5° y 72 de la Constitución Federal, suspendió lo dispuesto en el artículo 15 de la Constitución del Estado Soberano de Panamá. La Corte, así mismo, reiteró que los límites del Estado de Panamá eran los establecidos por el artículo 7° de la Ley de 1855” (Tomado de República de Colombia, Ministerio De Relaciones Exteriores. Arreglo de límites entre La República de Colombia y la República de Panamá, Bogotá , D. E. -- Imprenta Nacional de Colombia. 1982)

Es paradójico que el gobierno panameño haya olvidado históricamente este justo derecho a fijar los límites con Colombia y más bien se ponga en contra de las pretensiones  nicaragüenses que abrirían el camino a las nuestras, cuando se trata del  mar territorial que es la entrada marítima al Canal del Anexo A del Tratado de Neutralidad de 1977. Nicaragua procede a responder que respetará que sus aguas territoriales sean utilizadas como servidumbre del Canal de Esclusas, cuando en realidad son aguas territoriales panameñas. Todo se debe al silencio cómplice del gobierno y a la ignorancia de la sociedad panameña sobre el despojo que el Thompson-Urrutia comete contra Panamá.

Esta situación en perjuicio de la soberanía nacional se agrava con el Tratado Boyd-Liévano de 1976 entre Torrijos y López Michelsen, firmado a la víspera del Tratado de Neutralidad. Este Tratado de 1976 determina la línea fronteriza de las jurisdicciones –colombo panameñas- de áreas marinas y submarinas en el Caribe y en el Pacífico. La República de Panamá sigue permitiendo el desmembramiento de su territorio nacional ante las arremetidas del eje hostil, Washington- Bogotá, y el silencio cómplice de sus indignas autoridades.

Ya un profesor en Relaciones Internacionales de la Universidad de Panamá. Euclides E. Tapia (Ver artículo “El Tratado Boyd-Liévano”, La Prensa, 18 de octubre de 2013, p.19ª), sugirió que le corresponde a Panamá denunciar para anular el Tratado Boyd-Liévano y replantear el asuntos de límites marítimos. A partir de la Convención sobre el Derecho del Mar de 10 de diciembre de 1982 Panamá tiene derechos sobre su plataforma continental y no debe permitir que la pequeña Colombia nos impida acceso a aguas internacionales desde el Canal y mantenga preeminencia exclusiva en las aguas exteriores de la República de Panamá.

En reiteradas ocasiones, la historiografía panameña ha señalado la incongruencia de pertenecer geográficamente a Centro América y culturalmente a Sur América. Esta dicotomía se refuerza desde el norte y por designios geopolíticos de mantener el paso interoceánico secuestrado. De donde cobra sentido la combinación del imperialismo estadounidense con el sub imperialismo colombiano en contra de los derechos e intereses de la Patria panameña.

En efecto, el Plan Colombia, entre Washington y Bogotá y el Plan Puebla-Cartagena, que incorpora a México en esta sutil movida estratégica manifiesta esta articulación de los
intereses que conspiran contra la nación panameña. Panamá, sumergido en esta red de alianzas, al menos, debe reconocer dónde y cómo actuar y con quiénes debe articular la defensa de la integridad nacional.

Por ejemplo, el anunciado negocio de la construcción de un canal chino por Nicaragua, motiva al gobierno colombiano a establecer posibles alianzas con el pacto militar del Atlántico Norte (OTAN) como si el Canal fuese suyo y Panamá no se apresura a declarar la necesidad de neutralizar el área del caribe, como se planteó, en 1936 el gobierno panameño. Es oportuno recordar que toda la porción de mar, Islas, Islotes y Peñones se concedieron arbitrariamente por los Estados Unidos a Colombia, en virtud del Tratado Thompson-Urrutia. Una vez más, la garantía de la soberanía panameña en manos de los Estados Unidos se utilizaba en perjuicio de Panamá y los gobernantes de turno panameño se contentaban con recibir dádivas, en lugar de consignar derechos y prerrogativas nacionales y estatales. La soberanía sobre ese mar y sobre esas tierras –cayos, peñas e islas- correspondía ejercerla a Panamá.

Para comparar el silencio panameño y la agresividad nicaragüense basta recordar, que Nicaragua con Somoza acepta la validez de las fronteras fijadas por el Thompson-Urrutia, mediante el Tratado Bárcenas Meneses-Esguerra acordado entre Nicaragua y Colombia y ratificado el 6 de marzo de 1930,  cuando los Estados Unidos de América ocupaba Nicaragua. La Junta de Reconstrucción Nacional, presidida por Violeta Chamorro, denuncia este Tratado, el 29 de febrero de 1980. Esta eventualidad había sido prevista por los estrategas estadounidenses y colombianos cuando el General Torrijos negocia y aprueba el Tratado Boyd-Liévano de 1976, que obliga a Panamá a no exigir jurisdicción sobre esas aguas, tierras y plataformas.

Cualquier observador imparcial, como la Corte Internacional de Justicia de la Haya, reconoce la invalidez de los arreglos “amistosos” entre Panamá y Colombia y la denuncia del Tratado Bárcenas Meneses-Esguerra de 1980. Decir que la nación panameña no ha logrado construir ni configurar un estado soberano, es una hipótesis válida y necesaria para lograrlo en los próximos años. Sí lo logró Nicaragua con un gobierno de conciliación, con el triunfo de los sandinistas, en 1980.

Panamá tendrá iguales y mejores oportunidades cuando logre a través de una Constituyente afirmar una democracia participativa, ajusticiar a los gobernantes corruptos y eliminar la impunidad pública y privada.

MUCHAS GRACIAS

Roberto Arosemena Jaén



1. El fondo de esta ponencia está sustentado por los Ensayos Históricos: Panamá Nación sin Estado, publicado en enero de 2014 y Panamá Nación atravesada por dos Tratados, en proceso de revisión, septiembre 2016. Ambos Ensayos son obras colegiadas suscritas por Roberto Arosemena Jaén, Antonio Cortés Madrid y Domingo González Estévez

Carta al rector magnífico

Roberto Arosemena Jaén

Ante la intempestiva derrota electoral del rector Gustavo García de Paredes se han creado expectativas muy positivas sobre la renovación de la Universidad de Panamá. Dr. Eduardo Flores Castro, usted ha querido y ha logrado, después de dos laudables esfuerzos, el apoyo irrestricto de los tres estamentos universitarios para asumir el cargo de rector.

Esto significa en “buen panameño” que usted está dispuesto y preparado para asumir los retos que implica ser la máxima autoridad de la Universidad de Panamá y su representante legal. De la Universidad de Panamá, dice la ley, no de la mal llamada Casa de Octavio Méndez Pereira y menos, “Casa de Gustavo García de Paredes”. El momento de llamar a las instituciones por su nombre ha llegado, y hay que dejar de acudir a simbolismos e íconos del pasado.

Estimado, Dr. Flores, sé y conozco de su crítica directa al centralismo del anacrónico rector magnífico, que podría estar en su puesto hasta el 1 de octubre del presente. Le recuerdo el irracional e inviable artículo 86, del Estatuto Universitario: 

“Son funciones del rector de la Universidad de Panamá: a) Convocar y presidir el Consejo General Universitario, el Consejo Académico, el Consejo Administrativo, el Consejo de Investigación, el Consejo de Centros Universitarios, los Consejos de Facultades y la Junta de Institutos”.

Como si estas atribuciones no fuesen suficientes, estimado próximo rector, el artículo 57 que obliga a los otros órganos de gobierno, que no son presididos por el rector (junta de facultad, juntas de escuelas, junta departamental, juntas de coordinación de facultades) 

“que una medida por ella acordada (se refiere a las cuatro juntas indicadas), deba ser conocida a la mayor brevedad por el rector, autorizará al decano (y a cualquiera de los directores de estas respectivas juntas) para que se le comunique antes de que sea aprobada el acta de la respectiva sesión, y el rector podrá hacer uso de su derecho de objeción o aprobación ante la junta de facultad (o cualquiera de las cuatro juntas mencionadas)”. 

¡El centralismo impúdico alcanza un horizonte casi absoluto, con esta normativa!

Independientemente, Dr. Flores, de su voluntad de liquidar el centralismo señalado en el manejo de los órganos de gobierno de la Universidad de Panamá, que por mandato de la ley es una institución democrática, usted está obligado –iuris tantum– a cumplir con el Estatuto Universitario, patológicamente afectado de centralismo.

Usted debe saber cómo evitar esta desvergüenza. La pregunta que le hago es: ¿Cómo vamos a lograr sustituir esta normativa? Está su núcleo de colaboradores dispuesto a renunciar a estas prerrogativas. Espero que todos hayan sido consultados al respecto.

Otro aspecto que me atrevo a presentar en esta carta abierta es el absurdo de la gestión universitaria, basada en comisiones de libre nombramiento y remoción de los decanos, para asuntos tan importantes como el reclutamiento de los profesores, para la docencia, investigación y extensión. Esto se llama “banco de datos”. El profesor que se someterá a concurso debe pertenecer a un banco de datos por cinco años. Estos son síntomas de corporativismo.

Otro síntoma de tráfico de influencia es la Comisión de Evaluación del Desempeño y Ejecutorias del Docente. Esta evalúa, en nombre del decanato, y sus resultados son de libre administración de la Vicerrectoría Académica y, en última instancia, como se ha visto, bajo control del mismo rector magnífico.

Estimado próximo rector magnífico, por su esfuerzo desplegado, usted se merece una transición fluida y responsable. Su equipo debería estar proyectando el próximo presupuesto que se aprobará a fin de año. Usted debería recibir, directamente, los informes de rendición de cuentas de todos los órganos de gobierno y de todas las autoridades que finalizan en septiembre de este año. Creo que el apoyo recibido electoralmente le faculta a tomar estas decisiones.

http://impresa.prensa.com/opinion/Carta-magnifico-Roberto-Arosemena-Jaen_0_4533296682.html

Nuestro canal: reflexiones que deben ser recordadas después del 26 de junio de 2016

Roberto Arosemena Jaén

El imaginario colectivo ha declarado que el Canal de Esclusas es panameño. Este alarde de propietario se alimenta de declaraciones oficiales, mediáticas y de redes sociales de información. Estamos esperanzados que el 26 de junio de 2016 el futuro de riquezas y bienestar se derramarán sobre la sociedad panameña. Ya no se trata de la vieja fantasía de 1903, sino de la realidad aclamada del Canal Ampliado. Por desgracia, es una horrible falacia.

No obstante, el país está de fiesta y las celebraciones se comparten selectiva y masivamente en pequeños y grandes festines. Todos estamos invitados, pero nunca dejan de faltar los aguafiestas, y yo me incluyo entre ellos. Me opuse al Tratado de neutralidad permanente, votado en dictadura; me opuse al Referendo de la Ampliación, donde más de la mitad se abstuvo y casi un tercio votó en contra. En efecto, el 70% de los que votaron, votaron por la Ampliación.

Por otra parte, me cuento entre los ciudadanos que aspiran y luchan, en la medida de sus posibilidades, por una patria soberana y una comunidad próspera y digna. Somos dueños no sólo del Canal, sino de la Zona de Tránsito, de sus aguas ribereñas, de sus minas y cuencas hidrográficas. En esto consiste, la verdad histórica de la lucha de los panameños. Sólo la verdad de este proyecto histórico de nación, nos hará libres.

Urge insistir en la verdad histórica para ser libres. Es un hecho notorio que se tiene un pacto de funcionamiento permanente del Canal. Los Instrumentos de Ratificación –prohíben a Panamá a hacer un presupuesto para que los peajes beneficien a su población. El objetivo de los peajes es autofinanciar al Canal. No existe incertidumbre sobre los Ingresos del Canal. La Reserva 4 y Entendimiento 1 del Tratado de Neutralidad y Funcionamiento permanente son de estricto cumplimiento. De qué sirve ser dueño formal y hasta constitucional de todo nuestro territorio, sino tenemos libertad ni arbitrio para establecer un presupuesto canalero que produzca ingresos fiscales. Los excedentes del Canal son migajas para un país empobrecido.

Armadores, compañías navieras, inversionistas, mandatarios, emprendedores y especuladores mundiales están deslumbrados por esta magna obra que beneficia a los dueños del transporte marítimo de la costa este y oeste de los Estados Unidos de América y al resto de los comerciantes y armadores del mundo. Este plan deliberado y perverso de beneficiar a los fuertes fue vislumbrado por Jimmy Carter y Omar Torrijos cuando firmaron los criterios y los factores a considerar para determinar los ingresos del Canal.

La realidad y la seguridad jurídica del manejo del Canal Ampliado se basa en un protocolo ya pactado y que las autoridades panameñas no se atreven a debatir. Todo lo contrario, quieren sepultar nuestras claudicaciones en ese imaginario masivo de que el Canal es Nuestro.

Algunos defensores oficiosos de la administración canalera, en rigor, tendrán que proponer alternativas beneficiosas para la población panameña. Estas oportunidades colaterales tendrán que surgir no de las migajas de los excedentes, sino de las inversiones que se desarrollen en las riberas del Canal para darle apoyo logístico al aumento del tráfico.

Hay que superar el protocolo del manejo actual que imponen los tratados canaleros. Es una labor difícil pero impostergable. El tema del canal no es de imaginarios sino de realizaciones. Es un tema político de realismo fáctico –no mágico-. Además, es un tema de la esfera pública. Tema que requiere de una cultura de reciprocidad y equilibrio diplomático que tiene que distanciarse del exhibicionismo publicitario y del reduccionismo administrativo, que blinda de la consulta democrática y ciudadana todo lo concerniente al mito del Canal. Gritar que somos dueños del Canal es repetir esa paradoja que Justo Arosemena señaló 150 años atrás: saludar en los puertos a buques con banderas que no son nuestras.

El autor es filósofo y abogado panameño.

¿Elección o gestión democrática?

Roberto Arosemena Jaén

Gobernar significa, actualmente, “corrupción”. La democracia ejercida desde la ciudadanía, como poder de elegir y ser elegido, no ha evitado la corrupción del gobernante demócrata opuesto al gobernante dinástico, impuesto o sostenido por una clase social, por un partido político o por una mafia internacional.

Elegir mediante el voto igualitario legaliza y legitima a cualquier gobernante, sobre todo, cuando el escrutinio se realiza bajo la observación de los organismos de la sociedad civil, tanto nacional como internacionalmente constituidos.

Lo terrible de estas elecciones democráticas, incuestionables, transparentes y aplaudidas es que abren el abanico de la corrupción, cuando la cultura y los valores democráticos son poder elegir y ser elegidos. Ni se rinde cuentas ni se paga por sus delitos.

El expresidente Ricardo Martinelli es el caso emblemático.

El tema de la democracia es relativizar al ciudadano elector y transformarlo en el ciudadano gestor y protagonista de la rendición de cuentas. Este hecho político de la rendición de cuentas tiene que ser institucionalizado y judicializado como lo lograron los nobles normandos del rey inglés en la Edad Media o la burguesía americana y francesa en la revolución libertaria de finales del siglo XVIII.

El problema de la corrupción del gobernante y de los Estados, actualmente, es el papel pasivo de la ciudadanía en la gestión administrativa del gobierno y el rol o papel excesivo y definitorio del dinero en manos de la banca, los consorcios empresariales y las compañías offshore.

No se trata de satanizar a los paraísos fiscales y de divinizar a los Estados de bienestar que suponen Estados enriquecidos fiscalmente y ciudadanos empobrecidos; se trata de comprender el colapso de la democracia electoral en el siglo XXI y el empobrecimiento creciente de la ciudadanía, que sigue incentivada a votar periódicamente y desalentada a gestionar la rendición de cuentas de los poderosos dueños del dinero, de la tecnología y de la administración gubernamental.

La reingeniería del siglo XXI es colocar el poder administrativo universal de los Estados y de ese factor mediático, llamado capital, dinero, riqueza, que etimológicamente en el tiempo del imperio cultural grecorromano, se denominó“plutocracia”, en manos de la ciudadanía.

Es determinante cambiar del paradigma electoral al paradigma de la gestión y la rendición de cuentas. Todo individuo e institución que ejerce poder administrativo, tecnológico y de dinero tiene que ser controlado y su distribución regulada por la misma ciudadanía que consume, elige y permite la producción y acumulación de riquezas.

El tiempo de conceptualizar el mundo en base a las virtudes campesinas de trabajo o de las virtudes burguesas de esfuerzo e iniciativa, es repetir la versión calvinista renacentista, y la versión libertaria contemporánea. Esta mentalidad, no solamente, es reiterativa y fundamentalista, sino amenazante y peligrosa para el desarrollo y crecimiento de cada país y de la misma comunidad internacional.

Revisar los presupuestos del anacronismo ideológico de la democracia representativa y la actualidad de la democracia participativa es iniciar un proceso de debate y discusión, que desafortunadamente, el presidente Juan Carlos Varela desvió hacia un convivio de sabios con la participación del creador del centro financiero internacional y un Nobel progresista de Economía. La profundidad de la crisis actual exige, algo así como una constituyente por la gestión ciudadana en el marco multilateral de las Naciones Unidas.

¡Panamá tiene la iniciativa!

http://impresa.prensa.com/opinion/Eleccion-democratica-Roberto-Arosemena-Jaen_0_4486801335.html