Francisco Díaz Montilla
Siguiendo a M. Hauriou (Compendio de derecho administrativo y derecho público general) se podría suponer que en el ejercicio de sus funciones el agente público debe discernir entre lo legal e ilegal, entre lo justo e injusto. Este deber es más exigible cuando el agente toma decisiones que implican el uso de recursos públicos, porque de esas decisiones derivan consecuencias diversas (jurídicas, sociales, económicas, institucionales, etc.).
Pero no siempre las cosas ocurren así. Con frecuencia, los criterios de legalidad y justicia no constituyen parámetros desde los que el agente público actúa, y apelar a preceptos constitucionales o legales sobre transparencia y rendición de cuentas en la gestión no garantiza su eficacia. Incluso la Constitución y la ley se minimizan ante los intereses (personales o de grupo), de hecho no pueden ser sustraídos de estos. Escribía Kautilya (Significado de las reglas) que: “Así como es imposible que alguien no perciba el sabor de la miel o el veneno que se encuentra en la punta de su lengua, así también, para el que se enfrenta a los fondos de gobierno, es imposible no saborear, al menos de forma mínima, la riqueza del rey”.
Como atinadamente apunta J. B. Coelho (Derecho tributario y ética), el escritor y ministro de Hacienda exterioriza: “La existencia de una inclinación innata, en mayor o menor escala, de aquellos que usufructúan de los fondos públicos a incurrir invariablemente en la práctica de la corrupción administrativa”. Si nos atenemos a los medios de comunicación y a las actuaciones del Ministerio Público, específicamente en las fiscalías anticorrupción, pareciera que en el quinquenio pasado saborear (y no de forma mínima) “la riqueza del rey” fue la regla. Escándalos como el de la Defensoría del Pueblo por sobrecostos en la contratación de servicios profesionales, el fantasmal proyecto de riego en Tonosí, el Programa de Ayuda Nacional, y el desmedido uso de recursos públicos para favorecer a candidatos a puestos de elección, entre otros, implicaron una seria erosión de los fondos estatales en beneficio de los servidores públicos y de un selecto grupo de amigos y allegados al poder.
Pero las prácticas de corrupción del quinquenio pasado no pueden considerarse atípicas o contingentes, son una especie de constante en la historia nacional (véase, por ejemplo, de Celestino Araúz, La corrupción institucional en Panamá). Y aunque muchos hoy vuelven la mirada hacia lo ocurrido en el pasado reciente, demandan justicia e ingenuamente se regocijan ante la posibilidad de procesar a un diputado en fuga, nos olvidamos del presente. ¿El agente público de hoy realmente desempeña mejor sus funciones que el de hace 5, 10 o 15 años?
En un estado de derecho es de esperar que estos escándalos se resuelvan y se determinen las sanciones o absoluciones que correspondan. Esto, en efecto, para los casos ocurridos. Pero para los que ocurren o pudieran ocurrir, se requiere algo más que el derecho. Sobre ello los guatemaltecos nos han enseñado mucho en estos días.
http://impresa.prensa.com/opinion/Corrupcion-institucional-Francisco-Diaz-Montilla_0_4310568958.html
Departamento de Filosofía, Facultad de Humanidades, Universidad de Panamá
domingo, 27 de septiembre de 2015
jueves, 24 de septiembre de 2015
Hacia la identidad filosófica del Departamento
Roberto Arosemena Jaén
Pongo a consideración de los estimados docentes de Filosofía asuntos administrativos y académicos que compartimos en la Comunidad Universitaria. Ustedes, revestidos como están, de la autoridad de la Junta Departamental y mi persona, de las facultades que me da
el Estatuto Universitario, debemos ponernos a pensar para resolver los problemas que enfrenta la departamentalización actual y la forma como la Universidad pretende atenderlos vía el Estatuto.
Estas consideraciones tienden a reforzar el papel del Departamento de Filosofía y abrirlo, en la medida de nuestras potencialidades, a servir a las carreras que imparte la Universidad y a la comunidad nacional, necesitada de reafirmar su vocación ciudadana y nacional. En esto consiste la visión diaria de nuestro compromiso profesional y la misión a que se nos ha llamado como miembros de un Departamento.
El desafío de la Filosofía en la Universidad de Panamá y en el Estado panameño es profundizar en los asuntos de identidad. Identidad personal, identidad profesional, identidad ciudadana e identidad nacional. No obstante, lo fundamental de la identidad desde la reflexión filosófica universalizable es la identidad humana y las humanidades como horizonte de desempeño.
Atender este desafío exige hacer una reingeniería estratégica sobre la departamentalización de la Universidad de Panamá como objetivo general y del Departamento de Filosofía como objetivo realizable en este bienio (2015-2016).
En este año 2015 nos planteamos la urgencia de apoderarnos de la misión que nos encomienda el Estatuto de la Universidad de Panamá – realizar el DIEG como actividades- y agruparnos de acuerdo a las áreas de conocimiento según prioridades y necesidades y sobre todo en base a la dinámica que exige la comunidad universitaria y la sociedad en general.
https://drive.google.com/file/d/0B9BhKT04jIZ7Um5RV1Q4NVR5M1U/view?usp=sharing
INDICE
HACIA LA IDENTIDAD FILOSÓFICA DEL DEPARTAMENTO
Pongo a consideración de los estimados docentes de Filosofía asuntos administrativos y académicos que compartimos en la Comunidad Universitaria. Ustedes, revestidos como están, de la autoridad de la Junta Departamental y mi persona, de las facultades que me da
el Estatuto Universitario, debemos ponernos a pensar para resolver los problemas que enfrenta la departamentalización actual y la forma como la Universidad pretende atenderlos vía el Estatuto.
Estas consideraciones tienden a reforzar el papel del Departamento de Filosofía y abrirlo, en la medida de nuestras potencialidades, a servir a las carreras que imparte la Universidad y a la comunidad nacional, necesitada de reafirmar su vocación ciudadana y nacional. En esto consiste la visión diaria de nuestro compromiso profesional y la misión a que se nos ha llamado como miembros de un Departamento.
El desafío de la Filosofía en la Universidad de Panamá y en el Estado panameño es profundizar en los asuntos de identidad. Identidad personal, identidad profesional, identidad ciudadana e identidad nacional. No obstante, lo fundamental de la identidad desde la reflexión filosófica universalizable es la identidad humana y las humanidades como horizonte de desempeño.
Atender este desafío exige hacer una reingeniería estratégica sobre la departamentalización de la Universidad de Panamá como objetivo general y del Departamento de Filosofía como objetivo realizable en este bienio (2015-2016).
En este año 2015 nos planteamos la urgencia de apoderarnos de la misión que nos encomienda el Estatuto de la Universidad de Panamá – realizar el DIEG como actividades- y agruparnos de acuerdo a las áreas de conocimiento según prioridades y necesidades y sobre todo en base a la dinámica que exige la comunidad universitaria y la sociedad en general.
https://drive.google.com/file/d/0B9BhKT04jIZ7Um5RV1Q4NVR5M1U/view?usp=sharing
INDICE
HACIA LA IDENTIDAD FILOSÓFICA DEL DEPARTAMENTO
- Aspectos Jurídicos
- ACTIVIDADES BÁSICAS DEL DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA
- Especialidad del Departamento y Áreas de conocimiento específicas de la Filosofía
- PROPUESTA A LA JUNTA DE FACULTAD
- Razones para una gestión viable y pertinente del Departamento de Filosofía
- A manera de resumen sobre problemática de las áreas de conocimiento
- Consideraciones generales
- Especialidad como área de Concurso
- Restricciones de las áreas de conocimientos del Departamento de Filosofía
- Conceptualización para la fundamentación de las áreas de conocimiento
- FILOSOFIA PRÁCTICA Y FILOSOFIA APLICADA
- FILOSOFÍA TEÓRICA O TEORÉTICA
- LÓGICA Y TEORÍA DE LA CIENCIA
- ASIGNATURAS ASIGNADAS A CADA UNA DE LAS ÁREAS DE CONOCIMIENTO
- Clasificación de Docentes por área de conocimiento
viernes, 11 de septiembre de 2015
Tres legados universitarios
Miguel Montiel Guevara
Después de 43 años ejerciendo la docencia en la Universidad de Panamá (UP) y otros tantos como estudiante, sería contra natura no sentir que soy parte de ella en cuerpo y alma. Somos miles de panameñas y panameños que le debemos lo que somos.
La UP ha sido una institución emblemática de la nación panameña. De sus anhelos, de sus luchas, de sus conquistas. Sobre el papel que ha jugado en el desarrollo nacional y quienes la han conducido siempre habrá apasionados apologistas y detractores a ultranza. Sobre unos y otros la verdad histórica prevalecerá con hechos. En tal sentido apuntan los tres momentos universitarios que voy a consignar.
La fundación de la Universidad de Panamá es un legado histórico que nos dejó la visión del Dr. Octavio Méndez Pereira, su primer rector; y la voluntad del presidente de la República, Dr. Harmonio Arias Madrid, quienes hicieron posible su creación, luego de superadas objeciones y discrepancias al respecto.
Desde entonces hasta la década de 1970 sus aulas acogieron, poco a poco, varios miles de estudiantes, lo que cambiará con la llegada, en 1971, del Dr. Rómulo Escobar Bethancourt como rector. Suyo será el legado de la masificación de la educación universitaria, que incorporará explosivamente decenas de miles de estudiantes, llegando a 75 mil en 1995.
Esa masificación fue resultado de una estrategia de masas del general Omar Torrijos Herrera para vincular todas las fuerzas populares posibles al programa de descolonización para la recuperación de la soberanía total sobre el territorio nacional.
El rector Escobar Bethancourt fue su artífice en la universidad y así nació su bien ganado calificativo de “Universidad del pueblo panameño”.
La UP se convierte en la Primera Casa de Estudios Superiores del país. Sin embargo, quedaban aún amplios sectores de la población sin acceso a ella por razones geográficas y costo económico, que hacían muy difícil acudir a sus aulas en la capital y centros urbanos.
En 1994 llega a la rectoría Gustavo García de Paredes e inicia, con hechos, una espectacular expansión académica y territorial, ampliando su oferta académica y presencia. Es su legado.
Crea las facultades de Medicina Veterinaria, Psicología, Informática, Electrónica y Comunicación, e Ingeniería; igual que los centros regionales de Bocas del Toro, Chepo y Darién, y las extensiones universitarias de Aguadulce y Soná.
Como en Darién el costo del transporte acuático desde Garachiné hasta puerto Quimba oscila entre los 25 y 35 dólares, para de allí tomar la carretera hasta el Centro Regional de Metetí, la UP creó programas anexos en Unión Chocó y Sambú en la comarca Emberá Wounaan; en Garachiné y Yaviza, en el sector afrodescendiente; también en Ocú, Las Tablas, Isla Colón, Chiriquí Grande, Kankintú, Kusapin, El Valle de Antón, Olá, Churuquita Chiquita, San Miguel Centro, El Copé, Nombre de Dios, Río Indio, Portobelo, Tonosí, Macaracas, Tortí, Arraiján, Chame, San Carlos, Sitio Prado, Cerro Puerco, Guabal, Cartí, Narganá y Ustupu, entre otros.
Como vemos, son más los programas anexos creados que abarcan toda la geografía nacional. Son más las transformaciones académicas, como la curricular, llevadas a cabo por el rector Gustavo García de Paredes.
Fundación, masificación y expansión: tres legados universitarios históricos. Como antes dije, siempre habrá apologistas apasionados y detractores a ultranza de todo. Por mi parte, me declaro apologista apasionado de la Universidad de Panamá. Sea.
http://impresa.prensa.com/opinion/legados-universitarios-Miguel-Montiel-Guevara_0_4298570167.html
Después de 43 años ejerciendo la docencia en la Universidad de Panamá (UP) y otros tantos como estudiante, sería contra natura no sentir que soy parte de ella en cuerpo y alma. Somos miles de panameñas y panameños que le debemos lo que somos.
La UP ha sido una institución emblemática de la nación panameña. De sus anhelos, de sus luchas, de sus conquistas. Sobre el papel que ha jugado en el desarrollo nacional y quienes la han conducido siempre habrá apasionados apologistas y detractores a ultranza. Sobre unos y otros la verdad histórica prevalecerá con hechos. En tal sentido apuntan los tres momentos universitarios que voy a consignar.
La fundación de la Universidad de Panamá es un legado histórico que nos dejó la visión del Dr. Octavio Méndez Pereira, su primer rector; y la voluntad del presidente de la República, Dr. Harmonio Arias Madrid, quienes hicieron posible su creación, luego de superadas objeciones y discrepancias al respecto.
Desde entonces hasta la década de 1970 sus aulas acogieron, poco a poco, varios miles de estudiantes, lo que cambiará con la llegada, en 1971, del Dr. Rómulo Escobar Bethancourt como rector. Suyo será el legado de la masificación de la educación universitaria, que incorporará explosivamente decenas de miles de estudiantes, llegando a 75 mil en 1995.
Esa masificación fue resultado de una estrategia de masas del general Omar Torrijos Herrera para vincular todas las fuerzas populares posibles al programa de descolonización para la recuperación de la soberanía total sobre el territorio nacional.
El rector Escobar Bethancourt fue su artífice en la universidad y así nació su bien ganado calificativo de “Universidad del pueblo panameño”.
La UP se convierte en la Primera Casa de Estudios Superiores del país. Sin embargo, quedaban aún amplios sectores de la población sin acceso a ella por razones geográficas y costo económico, que hacían muy difícil acudir a sus aulas en la capital y centros urbanos.
En 1994 llega a la rectoría Gustavo García de Paredes e inicia, con hechos, una espectacular expansión académica y territorial, ampliando su oferta académica y presencia. Es su legado.
Crea las facultades de Medicina Veterinaria, Psicología, Informática, Electrónica y Comunicación, e Ingeniería; igual que los centros regionales de Bocas del Toro, Chepo y Darién, y las extensiones universitarias de Aguadulce y Soná.
Como en Darién el costo del transporte acuático desde Garachiné hasta puerto Quimba oscila entre los 25 y 35 dólares, para de allí tomar la carretera hasta el Centro Regional de Metetí, la UP creó programas anexos en Unión Chocó y Sambú en la comarca Emberá Wounaan; en Garachiné y Yaviza, en el sector afrodescendiente; también en Ocú, Las Tablas, Isla Colón, Chiriquí Grande, Kankintú, Kusapin, El Valle de Antón, Olá, Churuquita Chiquita, San Miguel Centro, El Copé, Nombre de Dios, Río Indio, Portobelo, Tonosí, Macaracas, Tortí, Arraiján, Chame, San Carlos, Sitio Prado, Cerro Puerco, Guabal, Cartí, Narganá y Ustupu, entre otros.
Como vemos, son más los programas anexos creados que abarcan toda la geografía nacional. Son más las transformaciones académicas, como la curricular, llevadas a cabo por el rector Gustavo García de Paredes.
Fundación, masificación y expansión: tres legados universitarios históricos. Como antes dije, siempre habrá apologistas apasionados y detractores a ultranza de todo. Por mi parte, me declaro apologista apasionado de la Universidad de Panamá. Sea.
http://impresa.prensa.com/opinion/legados-universitarios-Miguel-Montiel-Guevara_0_4298570167.html
viernes, 7 de agosto de 2015
Minorías religiosas: un estudio pendiente y necesario
Ruling Barragán
Sabemos que Panamá es un país predominantemente cristiano, independientemente del hecho de que sus fieles sean practicantes o no. Su primera denominación cristiana en cifras de adherentes es el catolicismo. Se estima que su porcentaje oscila entre el 75% y 77% de la población, aunque aún hoy día no se tienen cifras oficiales acerca de quiénes se adhieren a él.
El catolicismo tiene además el privilegio de ser reconocido constitucionalmente como "la religión de la mayoría de los panameños". Esta mención que, en sentido lato, no es nada más que la descripción de un hecho sociogeográfico (que sigue siendo válido), tiene algunas implicaciones políticas y jurídicas, por ser parte de la Carta Magna panameña.
El segundo grupo cristiano en Panamá por número de adherentes (también, sin cifras oficiales) lo constituye el conjunto de iglesias evangélicas (e.g. Asambleas de Dios, Iglesia Cuadrangular, Iglesia de Dios), denominaciones protestantes tradicionales (e.g., luteranos, anglicanos, metodistas, bautistas), la Iglesia ortodoxa (griega y rusa) y varias iglesias cristianas que, por ciertas diferencias doctrinales, no se identifican con las anteriores denominaciones (e.g., mormones, adventistas, Testigos de Jehová y la Iglesia de la Unificación). Se estima que todos los anteriores grupos podrían constituir entre el 18% y 20% de la población panameña.
Si las anteriores cifras son correctas, nos queda un remanente que oscila entre el 3% y 7% para las minorías religiosas no cristianas. Estas denominaciones agrupan principalmente a judíos, musulmanes, budistas, hindúes, rastafaris, bahaís, sijs, y religiones aborígenes de origen indígena (e.g. Mama-Tatda) o africano (e.g., Yoruba). Existen también otros grupos que no suelen denominarse a sí mismos como "religiones", al menos, en el sentido convencional del término "religión". Para fines académicos, algunos especialistas las clasifican bajo el concepto de "tradiciones esotéricas occidentales". Entre estas podemos mencionar a los masones, rosacruces, grupos teosóficos (e.g., Nueva Acrópolis), y posteosóficos (e.g, Serapis Bey), así como grupos espirituales independientes, los cuales integran convicciones de diversas religiones (sincretismo).
Por último, fuera de la gama de religiones que existen en el país, encontramos a agrupaciones agnósticas y ateas (o humanistas), quienes quizá constituyen menos del 1% de la población panameña.
Por supuesto, todos los grupos mencionados no agotan la diversidad religiosa (y no religiosa) que hay en Panamá. Aparte, las cifras indicadas, como ya hemos señalado, no son precisas u oficiales. No obstante, en términos generales, estimamos que no están lejos de ser correctas.
La anterior apreciación es en cierto modo corroborada por el ensayo "Religión en Panamá", de la portentosa Enciclopedia de Grupos Religiosos en las Américas y la Península Ibérica, iniciativa del consultor e investigador independiente Clifton L. Holland. Si bien Holland realiza un minucioso trabajo en identificar, clasificar, cuantificar y reseñar históricamente a todos los grupos religiosos de Panamá, solo menciona muy superficialmente a las minorías religiosas no cristianas que existen en el país. Esto se debe en parte al enfoque disciplinario del trabajo de Holland (y su formación evangélica), que opta por una taxología, sociogeografía, estadística y reseña histórica de las religiones, dejando de lado ?al menos en el ensayo mencionado ? estudios comparativos, antropológicos o filosóficos aplicados a las "otras religiones" de Panamá.
A todo esto, el lector se preguntará ¿qué importancia tiene el estudio de las minorías religiosas panameñas? ¿Acaso no tenemos suficientes problemas importantes que atender como la violencia, la inequidad social o la corrupción, sin dejar de mencionar la educación, el agua y el transporte? ¿Por qué no dedicar esfuerzos y recursos a las ciencias y las tecnologías, en vez de dedicarlos al estudio de minorías religiosas?
Sin menoscabar la importancia de todos los problemas mencionados, las minorías religiosas, como parte integral de la sociedad y cultura panameña, pueden realizar no menos relevantes aportes para la vida y desarrollo de nuestra nación. Tienen el potencial de contribuir a la cohesión y colaboración social, al ser fuentes de sentido, edificación y esperanza para sus fieles. Las minorías religiosas, al igual que las mayorías, tienen iguales derechos de ser conocidas, comprendidas y valoradas por sus contribuciones sociales, económicas y culturales. Los problemas de un país no se resuelven solamente con poder, dinero, ciencia y técnica. Hace falta un aprecio por los valores espirituales, que es lo que intentan cultivar todas las religiones, a pesar de sus fallos e imperfecciones. Si no entendemos esto, poco avanzaremos como individuos y sociedad.
http://www.panamaamerica.com.pa/opinion/minorias-religiosas-un-estudio-pendiente-y-necesario-987072
Sabemos que Panamá es un país predominantemente cristiano, independientemente del hecho de que sus fieles sean practicantes o no. Su primera denominación cristiana en cifras de adherentes es el catolicismo. Se estima que su porcentaje oscila entre el 75% y 77% de la población, aunque aún hoy día no se tienen cifras oficiales acerca de quiénes se adhieren a él.
El catolicismo tiene además el privilegio de ser reconocido constitucionalmente como "la religión de la mayoría de los panameños". Esta mención que, en sentido lato, no es nada más que la descripción de un hecho sociogeográfico (que sigue siendo válido), tiene algunas implicaciones políticas y jurídicas, por ser parte de la Carta Magna panameña.
El segundo grupo cristiano en Panamá por número de adherentes (también, sin cifras oficiales) lo constituye el conjunto de iglesias evangélicas (e.g. Asambleas de Dios, Iglesia Cuadrangular, Iglesia de Dios), denominaciones protestantes tradicionales (e.g., luteranos, anglicanos, metodistas, bautistas), la Iglesia ortodoxa (griega y rusa) y varias iglesias cristianas que, por ciertas diferencias doctrinales, no se identifican con las anteriores denominaciones (e.g., mormones, adventistas, Testigos de Jehová y la Iglesia de la Unificación). Se estima que todos los anteriores grupos podrían constituir entre el 18% y 20% de la población panameña.
Si las anteriores cifras son correctas, nos queda un remanente que oscila entre el 3% y 7% para las minorías religiosas no cristianas. Estas denominaciones agrupan principalmente a judíos, musulmanes, budistas, hindúes, rastafaris, bahaís, sijs, y religiones aborígenes de origen indígena (e.g. Mama-Tatda) o africano (e.g., Yoruba). Existen también otros grupos que no suelen denominarse a sí mismos como "religiones", al menos, en el sentido convencional del término "religión". Para fines académicos, algunos especialistas las clasifican bajo el concepto de "tradiciones esotéricas occidentales". Entre estas podemos mencionar a los masones, rosacruces, grupos teosóficos (e.g., Nueva Acrópolis), y posteosóficos (e.g, Serapis Bey), así como grupos espirituales independientes, los cuales integran convicciones de diversas religiones (sincretismo).
Por último, fuera de la gama de religiones que existen en el país, encontramos a agrupaciones agnósticas y ateas (o humanistas), quienes quizá constituyen menos del 1% de la población panameña.
Por supuesto, todos los grupos mencionados no agotan la diversidad religiosa (y no religiosa) que hay en Panamá. Aparte, las cifras indicadas, como ya hemos señalado, no son precisas u oficiales. No obstante, en términos generales, estimamos que no están lejos de ser correctas.
La anterior apreciación es en cierto modo corroborada por el ensayo "Religión en Panamá", de la portentosa Enciclopedia de Grupos Religiosos en las Américas y la Península Ibérica, iniciativa del consultor e investigador independiente Clifton L. Holland. Si bien Holland realiza un minucioso trabajo en identificar, clasificar, cuantificar y reseñar históricamente a todos los grupos religiosos de Panamá, solo menciona muy superficialmente a las minorías religiosas no cristianas que existen en el país. Esto se debe en parte al enfoque disciplinario del trabajo de Holland (y su formación evangélica), que opta por una taxología, sociogeografía, estadística y reseña histórica de las religiones, dejando de lado ?al menos en el ensayo mencionado ? estudios comparativos, antropológicos o filosóficos aplicados a las "otras religiones" de Panamá.
A todo esto, el lector se preguntará ¿qué importancia tiene el estudio de las minorías religiosas panameñas? ¿Acaso no tenemos suficientes problemas importantes que atender como la violencia, la inequidad social o la corrupción, sin dejar de mencionar la educación, el agua y el transporte? ¿Por qué no dedicar esfuerzos y recursos a las ciencias y las tecnologías, en vez de dedicarlos al estudio de minorías religiosas?
Sin menoscabar la importancia de todos los problemas mencionados, las minorías religiosas, como parte integral de la sociedad y cultura panameña, pueden realizar no menos relevantes aportes para la vida y desarrollo de nuestra nación. Tienen el potencial de contribuir a la cohesión y colaboración social, al ser fuentes de sentido, edificación y esperanza para sus fieles. Las minorías religiosas, al igual que las mayorías, tienen iguales derechos de ser conocidas, comprendidas y valoradas por sus contribuciones sociales, económicas y culturales. Los problemas de un país no se resuelven solamente con poder, dinero, ciencia y técnica. Hace falta un aprecio por los valores espirituales, que es lo que intentan cultivar todas las religiones, a pesar de sus fallos e imperfecciones. Si no entendemos esto, poco avanzaremos como individuos y sociedad.
http://www.panamaamerica.com.pa/opinion/minorias-religiosas-un-estudio-pendiente-y-necesario-987072
miércoles, 29 de julio de 2015
De lo pasional a la demagogia
Urania Atenea Ungo M.
Lamentablemente, tal y como preveíamos cuando se realizaba la investigación regional Feminicidios en Centroamérica, los casos han aumentado. Se ha incrementado, además, la saña, la tortura y, en general, la violencia contra las mujeres, tanto que entre los últimos se debate si figura el de una muy joven mujer embarazada. ¿No es casi sagrada la maternidad en Panamá?
¿Hay una manera fácil, sencilla de explicar el fenómeno? Por supuesto que no. ¿Se trata solo de un asunto de políticas públicas? Tampoco. La explicación y en seguida la asunción de un hacer frente a ello es un asunto muy complejo. Porque, solo para mencionarlo en un breve artículo como este, hay que indicar el enorme entramado del que el feminicidio es parte: el creciente trasfondo de inequidad, injusticia y desigualdades que se constituyen como la articulación última de nuestro tejido social.
Pero hay otros elementos de no menor importancia, la cultura general y cotidiana que se esconde tras lo de “pueblo tropical y alegre”, la cultura de lo banal, lo simple y lo risible que se establece como nuestra marca socioantropológica y que se ve magnificada por y en el escenario global por ese síndrome, que Mario Vargas Llosa ha llamado la “civilización del espectáculo”, en ella casi nada es realmente importante, tampoco la vida humana y menos la de las mujeres.
Pero aún si ello fuera poco, hay que mencionar también lo que algunos han llamado la “crisis de la masculinidad” carga identitaria históricamente plena de privilegios cada vez más difícil de realizar, y que es evidente solo se ve ejercida y reproducida, en serio, en la violencia contra los demás y sobre todo contra las “otras”, en especial aquellas que han desaprendido cuál debe ser su verdadero lugar.
La violencia, la demostración de la fuerza se constituye como el último e inexpugnable bastión de la masculinidad tradicional… Se trata de un fenómeno emergente que se expresó, por poner un ejemplo, en la global fascinación por el arquetipo viril “rápido y furioso” en los filmes del mismo nombre.
Sería larga la exploración de todos los fenómenos que se conectan en la violencia contra las mujeres y en los feminicidios, que hacen de la vida social y cotidiana un anudado objeto cuya complejidad, dice Rita Laura Segato, siempre hace que las acciones públicas y las leyes parezcan bordear un objeto-hecho que escapa a su comprensión exacta y más a su total captura conceptual que fundamente con acierto la práctica y la acción.
Por consiguiente, es muy bueno, loable que se extienda la preocupación por el aumento de los feminicidios y de todas las formas de violencia contra las mujeres. Pero como quedó evidenciado en las elecciones generales de mayo de 2014 es malo cuando la creciente importancia mediática del tema de la condición femenina es un instrumento publicitario al servicio de quienes detrás de pretendidas preocupaciones hacen política en beneficio del gobierno anterior.
Y más aún con asuntos como la violencia contra las mujeres y el feminicidio, que afectan de modo tan hondo y brutal la vida de personas y de familias enteras. Como sabemos este tipo de violencia ha sido puesta en el escenario de lo público por las mujeres y sus organizaciones y los movimientos luchan para que se creen las instituciones, las acciones y los recursos, siempre insuficientes. Faltan más recursos, voluntad política y acción estratégica, en la que se atienda lo urgente: impedir el aumento de la escalada feminicida, pero también lo importante: destinar recursos para crear más conciencia, formación e información.
Y a pesar de ello, hemos reconocido los diversos avances realizados por distintas gestiones gubernamentales. Desconocer el esfuerzo que se realiza ahora, tras la Ley 82 de 2013, por parte del Instituto Nacional de la Mujer (Inamu), es profundamente insolidario con las víctimas y con la historia del proceso de hacer de la nota roja y pasional, un delito y un objeto de pensamiento y acción para la sociedad y el Estado. Tampoco es verdad que con menos presupuesto la entidad Inamu antes hacía más.
Menos que una explicación mínimamente seria, este es un simple ataque político, una demagógica y oportunista utilización de un grave asunto que estremece a la sociedad, deja en la orfandad a niñez inocente y amenaza con marcar para toda la vida a seres humanos, para una infinita e indeseable reproducción en espiral del feminicidio y de todas las terribles formas de la violencia patriarcal.
http://impresa.prensa.com/opinion/pasional-demagogia-Urania-Atenea-Ungo_0_4265573439.html
Lamentablemente, tal y como preveíamos cuando se realizaba la investigación regional Feminicidios en Centroamérica, los casos han aumentado. Se ha incrementado, además, la saña, la tortura y, en general, la violencia contra las mujeres, tanto que entre los últimos se debate si figura el de una muy joven mujer embarazada. ¿No es casi sagrada la maternidad en Panamá?
¿Hay una manera fácil, sencilla de explicar el fenómeno? Por supuesto que no. ¿Se trata solo de un asunto de políticas públicas? Tampoco. La explicación y en seguida la asunción de un hacer frente a ello es un asunto muy complejo. Porque, solo para mencionarlo en un breve artículo como este, hay que indicar el enorme entramado del que el feminicidio es parte: el creciente trasfondo de inequidad, injusticia y desigualdades que se constituyen como la articulación última de nuestro tejido social.
Pero hay otros elementos de no menor importancia, la cultura general y cotidiana que se esconde tras lo de “pueblo tropical y alegre”, la cultura de lo banal, lo simple y lo risible que se establece como nuestra marca socioantropológica y que se ve magnificada por y en el escenario global por ese síndrome, que Mario Vargas Llosa ha llamado la “civilización del espectáculo”, en ella casi nada es realmente importante, tampoco la vida humana y menos la de las mujeres.
Pero aún si ello fuera poco, hay que mencionar también lo que algunos han llamado la “crisis de la masculinidad” carga identitaria históricamente plena de privilegios cada vez más difícil de realizar, y que es evidente solo se ve ejercida y reproducida, en serio, en la violencia contra los demás y sobre todo contra las “otras”, en especial aquellas que han desaprendido cuál debe ser su verdadero lugar.
La violencia, la demostración de la fuerza se constituye como el último e inexpugnable bastión de la masculinidad tradicional… Se trata de un fenómeno emergente que se expresó, por poner un ejemplo, en la global fascinación por el arquetipo viril “rápido y furioso” en los filmes del mismo nombre.
Sería larga la exploración de todos los fenómenos que se conectan en la violencia contra las mujeres y en los feminicidios, que hacen de la vida social y cotidiana un anudado objeto cuya complejidad, dice Rita Laura Segato, siempre hace que las acciones públicas y las leyes parezcan bordear un objeto-hecho que escapa a su comprensión exacta y más a su total captura conceptual que fundamente con acierto la práctica y la acción.
Por consiguiente, es muy bueno, loable que se extienda la preocupación por el aumento de los feminicidios y de todas las formas de violencia contra las mujeres. Pero como quedó evidenciado en las elecciones generales de mayo de 2014 es malo cuando la creciente importancia mediática del tema de la condición femenina es un instrumento publicitario al servicio de quienes detrás de pretendidas preocupaciones hacen política en beneficio del gobierno anterior.
Y más aún con asuntos como la violencia contra las mujeres y el feminicidio, que afectan de modo tan hondo y brutal la vida de personas y de familias enteras. Como sabemos este tipo de violencia ha sido puesta en el escenario de lo público por las mujeres y sus organizaciones y los movimientos luchan para que se creen las instituciones, las acciones y los recursos, siempre insuficientes. Faltan más recursos, voluntad política y acción estratégica, en la que se atienda lo urgente: impedir el aumento de la escalada feminicida, pero también lo importante: destinar recursos para crear más conciencia, formación e información.
Y a pesar de ello, hemos reconocido los diversos avances realizados por distintas gestiones gubernamentales. Desconocer el esfuerzo que se realiza ahora, tras la Ley 82 de 2013, por parte del Instituto Nacional de la Mujer (Inamu), es profundamente insolidario con las víctimas y con la historia del proceso de hacer de la nota roja y pasional, un delito y un objeto de pensamiento y acción para la sociedad y el Estado. Tampoco es verdad que con menos presupuesto la entidad Inamu antes hacía más.
Menos que una explicación mínimamente seria, este es un simple ataque político, una demagógica y oportunista utilización de un grave asunto que estremece a la sociedad, deja en la orfandad a niñez inocente y amenaza con marcar para toda la vida a seres humanos, para una infinita e indeseable reproducción en espiral del feminicidio y de todas las terribles formas de la violencia patriarcal.
http://impresa.prensa.com/opinion/pasional-demagogia-Urania-Atenea-Ungo_0_4265573439.html
lunes, 1 de junio de 2015
Duplicidad de salarios y diputados suplentes
Francisco Díaz Montilla
En nota SCAJ-65-15, de 21 de mayo de 2015, la Procuraduría General de la Nación le informa al presidente de la Asamblea Nacional que a “los diputados principales y/o suplentes, en el momento en que se encuentren ejerciendo el cargo de diputados de la República, le son aplicables las incompatibilidades establecidas en el artículo 156 de la Constitución Política, por lo que no podrán ejercer, simultáneamente, ningún empleo en el sector público que sea remunerado, ya que al hacerlo se produciría la vacante absoluta del cargo de diputado (principal o suplente) que ocupan”. También se advierte que: “Cada vez que un diputado o diputada suplente que esté nombrado en un organismo oficial, tenga que asumir la responsabilidad como diputado (a) de la República, comunicará a su jefe inmediato que se acogerá a una licencia sin sueldo, previo a que el principal solicite una licencia para poder separarse temporalmente del cargo”. Y que: “El empleado público que asuma el cargo de diputado suplente, solo podrá recibir remuneración económica fija por parte de la Asamblea Nacional, luego de haberse acogido a la licencia sin sueldo del cargo que desempeña en el otro organismo oficial…”.
La nota señala que se debe verificar qué diputados suplentes ocupan cargos en otros organismos del Gobierno, para que se acredite que están en licencia sin sueldo de estos; asimismo, que las prerrogativas que poseen, les son concedidas “exclusivamente, por razón del cargo que ejerzan”. Lo primero que cabe decir es que las opiniones de la Procuraduría de la Nación no son vinculantes. Considero que la decisión de la Contraloría ha sido apresurada y que antes debió tener un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia. Pienso que ni el artículo 156 ni el 303 de la Constitución Política son suficientes para la medida sugerida e implementada subrepticiamente por la Contraloría. Dos razones para esta apreciación son:
1. Aunque de acuerdo con el Art. 156, la aceptación de empleo público remunerado producirá la vacante absoluta del cargo, en el caso de los diputados suplentes, ello es posible cuando ejercen el cargo, tras habilitación del diputado principal. Además, hay plazas –como maestro o profesor en centros de educación oficial o particular– compatibles con la calidad de diputado. La propia disposición constitucional establece excepciones en las que no se sigue necesariamente la vacante absoluta por la aceptación de empleo público remunerado en otro organismo estatal.
2. El artículo 303, que prohíbe la duplicidad de sueldos pagados por el Estado y la imposibilidad de desempeñar puestos en jornadas simultáneas de trabajo, abre una ventana para “casos especiales que determine la ley”. En mi opinión, la Ley 49 de 1984, que dicta el Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional comprende expresamente esos casos especiales a los que alude el texto constitucional, al disponer el derecho de los diputados suplentes a devengar una dieta y emolumentos (Art. 224) y al proteger laboralmente a los diputados suplentes (Art. 227). No hay contradicción, entonces, entre la disposición constitucional y la norma legal. Por lo cual, reitero, la decisión de la Contraloría se tomó de forma apresurada y hay visos de ilegalidad en la misma.
http://impresa.prensa.com/opinion/Duplicidad-suplentes-Francisco-Diaz-Montilla_0_4222077827.html
En nota SCAJ-65-15, de 21 de mayo de 2015, la Procuraduría General de la Nación le informa al presidente de la Asamblea Nacional que a “los diputados principales y/o suplentes, en el momento en que se encuentren ejerciendo el cargo de diputados de la República, le son aplicables las incompatibilidades establecidas en el artículo 156 de la Constitución Política, por lo que no podrán ejercer, simultáneamente, ningún empleo en el sector público que sea remunerado, ya que al hacerlo se produciría la vacante absoluta del cargo de diputado (principal o suplente) que ocupan”. También se advierte que: “Cada vez que un diputado o diputada suplente que esté nombrado en un organismo oficial, tenga que asumir la responsabilidad como diputado (a) de la República, comunicará a su jefe inmediato que se acogerá a una licencia sin sueldo, previo a que el principal solicite una licencia para poder separarse temporalmente del cargo”. Y que: “El empleado público que asuma el cargo de diputado suplente, solo podrá recibir remuneración económica fija por parte de la Asamblea Nacional, luego de haberse acogido a la licencia sin sueldo del cargo que desempeña en el otro organismo oficial…”.
La nota señala que se debe verificar qué diputados suplentes ocupan cargos en otros organismos del Gobierno, para que se acredite que están en licencia sin sueldo de estos; asimismo, que las prerrogativas que poseen, les son concedidas “exclusivamente, por razón del cargo que ejerzan”. Lo primero que cabe decir es que las opiniones de la Procuraduría de la Nación no son vinculantes. Considero que la decisión de la Contraloría ha sido apresurada y que antes debió tener un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia. Pienso que ni el artículo 156 ni el 303 de la Constitución Política son suficientes para la medida sugerida e implementada subrepticiamente por la Contraloría. Dos razones para esta apreciación son:
1. Aunque de acuerdo con el Art. 156, la aceptación de empleo público remunerado producirá la vacante absoluta del cargo, en el caso de los diputados suplentes, ello es posible cuando ejercen el cargo, tras habilitación del diputado principal. Además, hay plazas –como maestro o profesor en centros de educación oficial o particular– compatibles con la calidad de diputado. La propia disposición constitucional establece excepciones en las que no se sigue necesariamente la vacante absoluta por la aceptación de empleo público remunerado en otro organismo estatal.
2. El artículo 303, que prohíbe la duplicidad de sueldos pagados por el Estado y la imposibilidad de desempeñar puestos en jornadas simultáneas de trabajo, abre una ventana para “casos especiales que determine la ley”. En mi opinión, la Ley 49 de 1984, que dicta el Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional comprende expresamente esos casos especiales a los que alude el texto constitucional, al disponer el derecho de los diputados suplentes a devengar una dieta y emolumentos (Art. 224) y al proteger laboralmente a los diputados suplentes (Art. 227). No hay contradicción, entonces, entre la disposición constitucional y la norma legal. Por lo cual, reitero, la decisión de la Contraloría se tomó de forma apresurada y hay visos de ilegalidad en la misma.
http://impresa.prensa.com/opinion/Duplicidad-suplentes-Francisco-Diaz-Montilla_0_4222077827.html
lunes, 11 de mayo de 2015
Sobre política y moral
Roberto Arosemena Jaén
Que cualquiera ignore que el nepotismo es un pecado es aceptable, máxime en un mundo en el que se prescinde del valor divino. Pero que el nepotismo no sea un delito en Panamá es motivo de escándalo público, sobre todo, cuando un partido como Cambio Democrático (CD) se atrevió a postular, de forma desvergonzada, a la esposa del expresidente (2009-2014).Nombrar a familiares en puestos públicos es una falta que daña la credibilidad y la seriedad de cualquier gobierno. El que practique el nepotismo debe ser destituido de inmediato y deberá pagar de su patrimonio todos los salarios devengados por el familiar y el daño moral que ha causado al Gobierno y a la sociedad.
Ya es hora de distinguir entre la ética y el derecho. Desde el siglo XVI se sostuvo que la ética se concentraba en la felicidad del individuo; que ninguna autoridad podía incursionar en el ámbito de la conciencia, y que la ley solo debía castigar las malas acciones, no los malos pensamientos. El derecho, por el contrario, se restringía al ámbito público. Esta tenía que ver con la justicia y no con el bien particular que era privativo de cada individuo.
Por fortuna, el mundo del siglo XXI no es como el liberal de los siglos pasados. El mundo de los derechos humanos y de la reciprocidad del respeto a la dignidad de uno y de todos, poco a poco, ha logrado carta de naturaleza. Los filósofos afirman que no hay valores universales, pero sí universalizables. Es decir, que nadie ni siquiera una autoridad máxima puede decretar la universalidad de un valor. Por el contrario, estos tienen que hacerse universales por el querer de la humanidad. De este modo, el mundo excelente no existe sino que está supeditado a la voluntad y a la racionalidad de todos los pueblos, naciones, civilizaciones y, por qué no, de todas las religiones.
El predominio del derecho sobre la ética no es un principio deóntico y menos un dogma del mundo globalizado del dinero financiero. Las multinacionales han inventado el arbitraje como instrumento para burlarse de las leyes nacionales, pero aún no se ha logrado un derecho internacional público de forzoso cumplimiento y menos un organismo con poder fáctico, aceptado universalmente. De ahí, el fenómeno de la ética y la moral universalizable para supeditar el derecho en todas sus formas, incluso de los llamados arbitrajes internacionales.
No estoy diciendo que la ética debe predominar sobre el derecho, porque no se trata de aplicar penas y sanciones a los que violan principios éticos y morales. Además, de retrotraernos a etapas civilatorias ya superadas, se abriría el fanatismo de que cualquiera revestido de verdades universales estaría justificado para iniciar operaciones militares para salvaguardar la ética y los valores morales en nombre de la humanidad.
Fue la tentación del imperio Romano, con su dicho “por qué quiero la paz, me preparo para la guerra”, que no es muy diferente de la justificación de la guerra actual contra el terrorismo que aceptó el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Los miembros de la Iglesia, incluyendo a la católica, luterana, calvinista, en nombre de su dios se estuvieron matando a lo largo de los 100 años de guerra religiosa. En esos tiempos y mientras se tuvo poder gubernamental la autoridad moral se borró a lo largo de los siglos y el Pontífice romano fue una bambalina más de los gobiernos. En la actualidad, se tiene la autoridad moral institucional que desafía a poderes mundiales. Me refiero a Francisco, el papa, con todas sus restricciones humanas.
Regresando a Panamá, es hora de que los principios éticos y morales se coloquen por encima de los poderes constituidos y vayan frenando los indicadores de corrupción instalados en los órganos del Estado. La ciudadanía debe rearmarse de soberanía y diseñar un camino para la refundación constitucional de esta comunidad que se merece una vida justa y buena.
http://impresa.prensa.com/opinion/politica-moral-Roberto-Arosemena-Jaen_0_4206329409.html
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