Francisco Díaz Montilla
El regreso del septuagenario exdictador Manuel Antonio Noriega constituye una prueba para el sistema de justicia panameño, porque se verá si quienes administran justicia serán capaces de evaluar su situación jurídica al tenor de dos variables: hechos y normas, y desentenderse de la variable opinión pública y todo el apasionamiento que ella genera.
Más específicamente, la prueba a la que se habrán de enfrentar los administradores de justicia comprende dos cosas: una solución jurídica y no política a la posible solicitud de prisión domiciliaria al tenor de lo dispuesto en la ley penal panameña con respecto a los mayores de 70 años de edad (sobre esto ya he escrito antes, de manera que no voy a volver sobre lo mismo) y una solución jurídica y no política a las últimas acciones interpuestas en su contra por desaparición forzosa de personas. Esta última se relaciona con la primera por razones obvias.
Las dificultades que existen son varias. Se requiere, por ejemplo, saldar la aparente tensión entre las disposiciones penales y procesales, por un lado, y los derechos humanos (de las víctimas y del victimario), por el otro. Ciertamente, los delitos de lesa humanidad, como la desaparición forzada, tienen una historia bastante amplia, pero en nuestro sistema penal esa historia significa muy poco. ¿Deben ser los violadores de derechos humanos condenados a toda costa, incluso pasando por alto principios constitucionales y procesales-penales reconocidos?
La pregunta no es gratuita. El Estado panameño firmó y ratificó la Convención Americana sobre Desaparición Forzada de Personas (Ley 32 de 1995), la cual declara en el artículo VII la imprescriptibilidad de la acción penal en esa materia, “y con efectos hacia futuro” (fallo de la Corte Suprema de Justicia de 3/10/2006). Igualmente ratificó en 2002 el Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional, el cual determina que los crímenes de su competencia no prescribirán (artículo 29) y reconoce el principio de irretroactividad ratione personae, según el cual nadie será penalmente responsable de conformidad con dicho Estatuto por una conducta anterior a su entrada en vigor (artículo 24).
Las disposiciones en esta materia han sido adecuadas a la legislación penal panameña; pero la tipificación de los delitos de lesa humanidad es de reciente data. De hecho, ninguno de ellos estaba tipificado antes de la reforma al Código Penal que entró en vigencia en 2008 y en el caso de la desaparición forzada, se tipificó apenas este año. Ya que los cargos por desaparición forzada formulados en contra del señor Noriega se remontan a casi cuatro décadas antes de su tipificación, ¿cómo los evaluará el juzgador? ¿Qué sentido tiene aquí el principio de irretroactividad ratione personae?
En el fallo citado, la Corte ha expresado su preocupación de que en casos como estos –los cuales pretenden juzgar actos ocurridos en situaciones de absoluta inseguridad jurídica– “se violenten (...) los derechos y garantías que la ley y la Constitución expresamente consagra en favor de todos sus ciudadanos”.
En un estado de derecho es de esperarse que esas cosas no sucedan. Noriega, entonces, no es solo una prueba para nuestro sistema de administración de justicia o un problema que los jueces o magistrados tendrán que resolver, sino también y fundamentalmente un problema para la idea que tenemos o podamos tener los panameños con respecto a qué es un estado de derecho.
http://impresa.prensa.com/opinion/prueba-derecho-Francisco-Diaz-Montilla_0_3280922034.html
Departamento de Filosofía, Facultad de Humanidades, Universidad de Panamá
sábado, 24 de diciembre de 2011
miércoles, 14 de diciembre de 2011
El prisionero del Renacer
Roberto Arosemena Jaén
Noriega y todos los victimarios de la ciudadanía son adversarios políticos, no enemigos letales, aunque ellos sí lo han sido de decenas de inocentes asesinados. El clan de los noriegas es el clan de los indignos políticos que se han venido sucediendo en nuestra historia. Imaginario colectivo, en lugar de historia nacional, es el nombre correcto para mencionar a los buenos y malos “absolutos” de la política panameña.
El primer general Noriega, el de la guerra contra Panamá, la guerra de los Mil Días, es casi un héroe nacional como lo fueron Belisario Porras y Domingo Díaz, los generales de ocasión de la Primera y Segunda Campaña, de la misma macabra hostilidad que casi liquida a los pueblos del interior como Aguadulce y Penonomé en 1902. Aún se celebra el Pacto de la Reconciliación y el Perdón que fue el Tratado de Wisconsin que pacifica la lucha por el poder, entre los beligerantes liberales y gobiernistas pequeño colombianos.
Generales del imaginario de los “buenos absolutos” son José Antonio Remón Cantera y Omar Torrijos Herrera. Inocentes de toda culpabilidad, no porque se presume la misma, sino porque fueron los voceros del tratado canalero que permite el negocio de los comisariatos (supermercados) y del tratado canalero que permite, mientras se actúe juiciosamente, según el estándar estadounidense, la administración panameña del Canal del tratado de neutralidad.
Los casi siete mil millones de aporte de la administración panameña del Canal al fisco son suficiente garantía para la compra de la inocencia del líder máximo del 11 de octubre de 1968. La democracia constitucional es una mercancía que se sacrifica por la eficacia de un buen negociado.
La pregunta (heurística), después de 22 años de la salida de Noriega, es por qué Panamá puede crear imaginarios de “malos absolutos” como el prisionero de Renacer y “buenos absolutos” como el caudillismo liberal de los años 20, el caudillismo del general Remón de los años 50 y el caudillismo del torrijismo, encapsulado en el PRD, con capacidad de crear y hacer desaparecer a los Noriega de su entorno íntimo.
Noriega en el banquillo de los prisioneros de guerra (EU) o como prisionero de Renacer, más que un individuo con sus demonios, sus pasiones o remordimiento de carne y hueso, es un antivalor, un ícono de la maldad. No se puede permitir la irracionalidad ciudadana ni por el tambor retumbante del “mundo nos mira” ni por la vocería de los históricos de la Cruzada Civilista.
Estigmatizar al brujo de Noriega y sacralizar el 11 deoctubre y su fruto más polémico, el tratado de neutralidad y funcionamiento del Canal, mandando al estercolero de la historia a uno de sus astutos dirigentes armados, es mantener la confusión histórica que hemos vivido. Los dirigentes iniciales de la cruzada, a pesar de los años transcurridos, no han logrado percibir que la cruzada de junio-julio de 1987, no es la cruzada de octubre del mismo año ni la cruzada que negoció la candidatura de Endara, bajo el mando determinante del Frente Empresarial del PRD. El caso Noriega que nos ocupa es el ajuste de cuenta de un proceso militarista, represivo y opresivo, que salvó rostros y lavó manos ensangrentadas con la figura odiosa de Noriega y el carisma del “imperdonable Omar”. Fue la guerra macabra, que olvidó los muertos de inicios de siglo, que dio como resultado la construcción del Canal; y ahora, fue la guerra provocada de Noriega contra el pueblo panameño que dio como resultado la aceptación irreversible de todo lo actuado por el torrijismo: los asesinatos, el Centro Bancario, los tratados canaleros y los dos gobiernos PRD de finales y principios de siglo. Tanto la invasión como las asonadas militaristas son resultados del mismo mal, el 11 de octubre, y la nefasta mentalidad del poder, sobre todas las cosas, que tan tristemente quiere repetir Ricardo Martinelli.
El prisionero de Renacer tiene la vergüenza, desde que fue detenido por la DEA, entró y salió del juicio de Miami, estuvo en París y recientemente, desde su llegada a Panamá, de no presentarse públicamente, de no dar la cara a los medios de comunicación. Rechaza las intolerables muestras de desprecio y acusaciones (exponerse al circo), pero sobre todo no resiste la rendición de cuentas ante una ciudadanía que en su momento supo gritar “Justicia y abajo el militarismo”. La palabra la tiene Noriega y dudo que esté en capacidad de romper el dolo del silencio.
http://impresa.prensa.com/opinion/prisionero-Renacer-Roberto-Arosemena-Jaen_0_3273422882.html
Noriega y todos los victimarios de la ciudadanía son adversarios políticos, no enemigos letales, aunque ellos sí lo han sido de decenas de inocentes asesinados. El clan de los noriegas es el clan de los indignos políticos que se han venido sucediendo en nuestra historia. Imaginario colectivo, en lugar de historia nacional, es el nombre correcto para mencionar a los buenos y malos “absolutos” de la política panameña.
El primer general Noriega, el de la guerra contra Panamá, la guerra de los Mil Días, es casi un héroe nacional como lo fueron Belisario Porras y Domingo Díaz, los generales de ocasión de la Primera y Segunda Campaña, de la misma macabra hostilidad que casi liquida a los pueblos del interior como Aguadulce y Penonomé en 1902. Aún se celebra el Pacto de la Reconciliación y el Perdón que fue el Tratado de Wisconsin que pacifica la lucha por el poder, entre los beligerantes liberales y gobiernistas pequeño colombianos.
Generales del imaginario de los “buenos absolutos” son José Antonio Remón Cantera y Omar Torrijos Herrera. Inocentes de toda culpabilidad, no porque se presume la misma, sino porque fueron los voceros del tratado canalero que permite el negocio de los comisariatos (supermercados) y del tratado canalero que permite, mientras se actúe juiciosamente, según el estándar estadounidense, la administración panameña del Canal del tratado de neutralidad.
Los casi siete mil millones de aporte de la administración panameña del Canal al fisco son suficiente garantía para la compra de la inocencia del líder máximo del 11 de octubre de 1968. La democracia constitucional es una mercancía que se sacrifica por la eficacia de un buen negociado.
La pregunta (heurística), después de 22 años de la salida de Noriega, es por qué Panamá puede crear imaginarios de “malos absolutos” como el prisionero de Renacer y “buenos absolutos” como el caudillismo liberal de los años 20, el caudillismo del general Remón de los años 50 y el caudillismo del torrijismo, encapsulado en el PRD, con capacidad de crear y hacer desaparecer a los Noriega de su entorno íntimo.
Noriega en el banquillo de los prisioneros de guerra (EU) o como prisionero de Renacer, más que un individuo con sus demonios, sus pasiones o remordimiento de carne y hueso, es un antivalor, un ícono de la maldad. No se puede permitir la irracionalidad ciudadana ni por el tambor retumbante del “mundo nos mira” ni por la vocería de los históricos de la Cruzada Civilista.
Estigmatizar al brujo de Noriega y sacralizar el 11 deoctubre y su fruto más polémico, el tratado de neutralidad y funcionamiento del Canal, mandando al estercolero de la historia a uno de sus astutos dirigentes armados, es mantener la confusión histórica que hemos vivido. Los dirigentes iniciales de la cruzada, a pesar de los años transcurridos, no han logrado percibir que la cruzada de junio-julio de 1987, no es la cruzada de octubre del mismo año ni la cruzada que negoció la candidatura de Endara, bajo el mando determinante del Frente Empresarial del PRD. El caso Noriega que nos ocupa es el ajuste de cuenta de un proceso militarista, represivo y opresivo, que salvó rostros y lavó manos ensangrentadas con la figura odiosa de Noriega y el carisma del “imperdonable Omar”. Fue la guerra macabra, que olvidó los muertos de inicios de siglo, que dio como resultado la construcción del Canal; y ahora, fue la guerra provocada de Noriega contra el pueblo panameño que dio como resultado la aceptación irreversible de todo lo actuado por el torrijismo: los asesinatos, el Centro Bancario, los tratados canaleros y los dos gobiernos PRD de finales y principios de siglo. Tanto la invasión como las asonadas militaristas son resultados del mismo mal, el 11 de octubre, y la nefasta mentalidad del poder, sobre todas las cosas, que tan tristemente quiere repetir Ricardo Martinelli.
El prisionero de Renacer tiene la vergüenza, desde que fue detenido por la DEA, entró y salió del juicio de Miami, estuvo en París y recientemente, desde su llegada a Panamá, de no presentarse públicamente, de no dar la cara a los medios de comunicación. Rechaza las intolerables muestras de desprecio y acusaciones (exponerse al circo), pero sobre todo no resiste la rendición de cuentas ante una ciudadanía que en su momento supo gritar “Justicia y abajo el militarismo”. La palabra la tiene Noriega y dudo que esté en capacidad de romper el dolo del silencio.
http://impresa.prensa.com/opinion/prisionero-Renacer-Roberto-Arosemena-Jaen_0_3273422882.html
miércoles, 23 de noviembre de 2011
190 años de independencia
Roberto Arosemena Jaén
La comunidad panameña enfrentó, entre 1850 y 1855, la construcción del ferrocarril como un negocio que dividió la comunidad en dos bandos: nación o país de negocios. El incidente de la Tajada de Sandía, en 1856, nos sometió al designio de Washington. Bogotá aceptó que los panameños de a pie habían agredido a los aventureros en marcha hacia California. Destinó los ingresos del ferrocarril a pagar una indemnización al Gobierno estadounidense, sin importar los servicios públicos que debía brindar el Estado Federal de Panamá.
108 años después, estudiantes del Instituto Nacional, al izar una bandera, desencadenaron la furia de la policía de la Zona del Canal con el resultado de 21 muertos y 500 heridos. Por fortuna, Panamá se había desembarazado de Bogotá y el Gobierno Nacional rompe relaciones con el agresor que mantenía iguales privilegios que los concedidos por el Estado pequeño colombiano en 1846.
El 9 de enero de 1964 acumuló las victorias parciales del Panamá que rechazaba el negocio de la zona de tránsito. Esas victorias parciales, que se frustraron con el prolongado gobierno liberal de Porras y Chiari (Panamá existe por y para el Canal) y luego con los gobiernos patrocinados desde la Policía y Guardia Nacional, entre 1942 y 1962, habían sido logradas por los gobiernos de Acción Comunal de 1932 a 1941.
Panamá dejó de ser un negocio bajo las actitudes de los mártires de enero, hasta que se volvió a negociar la soberanía con los tratados canaleros de 1977, gracias a la demagogia nacionalista del militarismo tutelado de 1968 a diciembre de 1989.
El dilema de nación o país negocio se resuelve a favor del negocio con el gobierno de Ernesto Pérez Balladares y ha cobrado bríos inusitados con Ricardo Martinelli Berrocal. La privatización de los servicios públicos, las concesiones de los oleoductos y de los corredores con el PRD han sido conjugados con el proyecto en discusión de las Asociaciones Público Privadas. El único activo con capacidad de arrastrar créditos multimillonarios y enfrentar los pagos de la deuda soberana que vamos a heredar de Cambio Democrático, la Autoridad del Canal, será utilizada para el negocio de los mercados y no para el desarrollo de la comunidad nacional. Esto significa que CD podrá seguir aumentando la deuda “soberana” hasta que el Canal pueda ser transformado en un “bien de mercado” como fue en su momento el ferrocarril y el canal francés.
Las tareas propias de un Estado al servicio de su comunidad como es la participación ciudadana, que delibera y aprueba leyes y ejerce el control constitucional de sus gobernantes, no podrá lograrse porque el mismo Estado no ofrece servicios de educación ciudadana y profesional, no da ejemplo de moralidad pública y política, no ofrece servicios de calidad en transporte, agua, salud y comunicaciones, por el hecho de que los gobernantes y funcionarios públicos de primer nivel están dedicados al negocio y al lucro personal, familiar y gremial.
Lo significativo del estado actual de la sociedad panameña es su connotación cultural e histórica. No es producto solo de la mala fe ni de la intemperancia de particulares, es la mentalidad de los aspirantes al poder público para privatizar los resultados de su gestión gubernamental. Es la cultura de la corrupción de la función pública y del mercado que pone primeros ministros, porque el pueblo ha dejado de ser ciudadano para ser consumidor y asalariado. El panameño debe saber lo que es luchar desde el 28 de noviembre de 1821. Desde, entonces queremos que la comunidad sea de todos, no del mercado del dinero, que reniega de la democracia, por su esencia autocrática como se está dando en la vieja Europa.
http://impresa.prensa.com/opinion/anos-independencia-Roberto-Arosemena-Jaen_0_3257674462.html
La comunidad panameña enfrentó, entre 1850 y 1855, la construcción del ferrocarril como un negocio que dividió la comunidad en dos bandos: nación o país de negocios. El incidente de la Tajada de Sandía, en 1856, nos sometió al designio de Washington. Bogotá aceptó que los panameños de a pie habían agredido a los aventureros en marcha hacia California. Destinó los ingresos del ferrocarril a pagar una indemnización al Gobierno estadounidense, sin importar los servicios públicos que debía brindar el Estado Federal de Panamá.
108 años después, estudiantes del Instituto Nacional, al izar una bandera, desencadenaron la furia de la policía de la Zona del Canal con el resultado de 21 muertos y 500 heridos. Por fortuna, Panamá se había desembarazado de Bogotá y el Gobierno Nacional rompe relaciones con el agresor que mantenía iguales privilegios que los concedidos por el Estado pequeño colombiano en 1846.
El 9 de enero de 1964 acumuló las victorias parciales del Panamá que rechazaba el negocio de la zona de tránsito. Esas victorias parciales, que se frustraron con el prolongado gobierno liberal de Porras y Chiari (Panamá existe por y para el Canal) y luego con los gobiernos patrocinados desde la Policía y Guardia Nacional, entre 1942 y 1962, habían sido logradas por los gobiernos de Acción Comunal de 1932 a 1941.
Panamá dejó de ser un negocio bajo las actitudes de los mártires de enero, hasta que se volvió a negociar la soberanía con los tratados canaleros de 1977, gracias a la demagogia nacionalista del militarismo tutelado de 1968 a diciembre de 1989.
El dilema de nación o país negocio se resuelve a favor del negocio con el gobierno de Ernesto Pérez Balladares y ha cobrado bríos inusitados con Ricardo Martinelli Berrocal. La privatización de los servicios públicos, las concesiones de los oleoductos y de los corredores con el PRD han sido conjugados con el proyecto en discusión de las Asociaciones Público Privadas. El único activo con capacidad de arrastrar créditos multimillonarios y enfrentar los pagos de la deuda soberana que vamos a heredar de Cambio Democrático, la Autoridad del Canal, será utilizada para el negocio de los mercados y no para el desarrollo de la comunidad nacional. Esto significa que CD podrá seguir aumentando la deuda “soberana” hasta que el Canal pueda ser transformado en un “bien de mercado” como fue en su momento el ferrocarril y el canal francés.
Las tareas propias de un Estado al servicio de su comunidad como es la participación ciudadana, que delibera y aprueba leyes y ejerce el control constitucional de sus gobernantes, no podrá lograrse porque el mismo Estado no ofrece servicios de educación ciudadana y profesional, no da ejemplo de moralidad pública y política, no ofrece servicios de calidad en transporte, agua, salud y comunicaciones, por el hecho de que los gobernantes y funcionarios públicos de primer nivel están dedicados al negocio y al lucro personal, familiar y gremial.
Lo significativo del estado actual de la sociedad panameña es su connotación cultural e histórica. No es producto solo de la mala fe ni de la intemperancia de particulares, es la mentalidad de los aspirantes al poder público para privatizar los resultados de su gestión gubernamental. Es la cultura de la corrupción de la función pública y del mercado que pone primeros ministros, porque el pueblo ha dejado de ser ciudadano para ser consumidor y asalariado. El panameño debe saber lo que es luchar desde el 28 de noviembre de 1821. Desde, entonces queremos que la comunidad sea de todos, no del mercado del dinero, que reniega de la democracia, por su esencia autocrática como se está dando en la vieja Europa.
http://impresa.prensa.com/opinion/anos-independencia-Roberto-Arosemena-Jaen_0_3257674462.html
sábado, 19 de noviembre de 2011
¿Debe ir Noriega a la cárcel?
Francisco Díaz Montilla
El derecho no satisface necesariamente las expectativas de las personas. De hecho, las expectativas son, per se, irrelevantes a la hora de decidir; de lo contrario implicaría que ellas podrían formar parte del repertorio justificativo de las decisiones que toman los administradores de justicia. Tal vez por ello, algunos no creen en la justicia de los hombres...
En efecto, las intuiciones o preconcepciones que podamos tener con respecto a lo que es justo o injusto son irrelevantes desde el punto de vista del derecho. Aunque ni la filosofía del derecho ni la doctrina ni la jurisprudencia nos dan una definición satisfactoria de “justicia” (una que no esté revestida de colorido emotivo), se podría decir que en sentido positivo una acción judicial es justa, en cuanto y en tanto que es expresión de o está determinada por el corpus normativo vigente (constitucional y/o legal).
En materia penal, por ejemplo, una acción judicial (sentencia o fallo) sería justa, siempre que sea expresión de o esté determinada por las disposiciones constitucionales y legales (penales y procesales) aplicables al caso. En caso de que se obre contra este principio, los afectados tendrían derecho a interponer todos los recursos que las leyes reconocen. La idea anterior puede ilustrarse con el posible hecho de que el señor Manuel Antonio Noriega sea extraditado a Panamá. Si se hiciera una encuesta o sondeo a los panameños sobre si es justo, o no, que sea enviado a prisión por los delitos por los que ha sido condenado, es probable que la mayoría responda afirmativamente. Esta manera de responder se basa, ciertamente, en la fuerte intuición de que quien comete un delito debe pagar por ello. Y aunque la ley contempla muchas formas de “pagar”, se asume que la manera más justa de hacerlo es en la cárcel.
Pero, desde el punto de vista del derecho, pareciera que lo justo no es que el señor Noriega vaya a la cárcel, sino que “vaya a casa”, donde “ir a casa” no significa ni implica exoneración de pena.
El artículo 107 del Código Penal señala: “Cuando el sancionado sea una persona de 70 años o más de edad (...), el juez, siempre que sea posible, y atendiendo las circunstancias del caso, podrá ordenar que la pena de prisión (...) se cumpla en prisión domiciliaria. En el caso de enfermedad o discapacidad se aplicará la medida sobre la base de un dictamen médico-legal. Esta disposición no será aplicable cuando se trate de delitos contra la humanidad o del delito de desaparición forzada de personas”.
Teniendo esto presente, las preguntas que el lector o el ciudadano tendría que hacerse son: ¿Tiene Noriega más de 70 años? ¿Está enfermo o tiene discapacidad? ¿Fue juzgado por delitos contra la humanidad o por desaparición forzada?
Si las respuestas a las dos primeras preguntas son afirmativas y la respuesta a la tercera es negativa, en ambos disyuntos, entonces al señor Noriega le asistiría el derecho de solicitar el cumplimiento de la pena en prisión domiciliaria, pese a que nuestras instituciones morales digan o sugieran lo contrario.
http://impresa.prensa.com/opinion/Debe-Noriega-Francisco-Diaz-Montilla_0_3254674651.html
El derecho no satisface necesariamente las expectativas de las personas. De hecho, las expectativas son, per se, irrelevantes a la hora de decidir; de lo contrario implicaría que ellas podrían formar parte del repertorio justificativo de las decisiones que toman los administradores de justicia. Tal vez por ello, algunos no creen en la justicia de los hombres...
En efecto, las intuiciones o preconcepciones que podamos tener con respecto a lo que es justo o injusto son irrelevantes desde el punto de vista del derecho. Aunque ni la filosofía del derecho ni la doctrina ni la jurisprudencia nos dan una definición satisfactoria de “justicia” (una que no esté revestida de colorido emotivo), se podría decir que en sentido positivo una acción judicial es justa, en cuanto y en tanto que es expresión de o está determinada por el corpus normativo vigente (constitucional y/o legal).
En materia penal, por ejemplo, una acción judicial (sentencia o fallo) sería justa, siempre que sea expresión de o esté determinada por las disposiciones constitucionales y legales (penales y procesales) aplicables al caso. En caso de que se obre contra este principio, los afectados tendrían derecho a interponer todos los recursos que las leyes reconocen. La idea anterior puede ilustrarse con el posible hecho de que el señor Manuel Antonio Noriega sea extraditado a Panamá. Si se hiciera una encuesta o sondeo a los panameños sobre si es justo, o no, que sea enviado a prisión por los delitos por los que ha sido condenado, es probable que la mayoría responda afirmativamente. Esta manera de responder se basa, ciertamente, en la fuerte intuición de que quien comete un delito debe pagar por ello. Y aunque la ley contempla muchas formas de “pagar”, se asume que la manera más justa de hacerlo es en la cárcel.
Pero, desde el punto de vista del derecho, pareciera que lo justo no es que el señor Noriega vaya a la cárcel, sino que “vaya a casa”, donde “ir a casa” no significa ni implica exoneración de pena.
El artículo 107 del Código Penal señala: “Cuando el sancionado sea una persona de 70 años o más de edad (...), el juez, siempre que sea posible, y atendiendo las circunstancias del caso, podrá ordenar que la pena de prisión (...) se cumpla en prisión domiciliaria. En el caso de enfermedad o discapacidad se aplicará la medida sobre la base de un dictamen médico-legal. Esta disposición no será aplicable cuando se trate de delitos contra la humanidad o del delito de desaparición forzada de personas”.
Teniendo esto presente, las preguntas que el lector o el ciudadano tendría que hacerse son: ¿Tiene Noriega más de 70 años? ¿Está enfermo o tiene discapacidad? ¿Fue juzgado por delitos contra la humanidad o por desaparición forzada?
Si las respuestas a las dos primeras preguntas son afirmativas y la respuesta a la tercera es negativa, en ambos disyuntos, entonces al señor Noriega le asistiría el derecho de solicitar el cumplimiento de la pena en prisión domiciliaria, pese a que nuestras instituciones morales digan o sugieran lo contrario.
http://impresa.prensa.com/opinion/Debe-Noriega-Francisco-Diaz-Montilla_0_3254674651.html
martes, 1 de noviembre de 2011
La labor social de ´Radio Hogar´
Roberto Arosemena Jaén
Se empezó a existir en un ambiente caldeado contra la libertad de expresión. Era el momento, 31 de octubre de 1954, y mandaba en Panamá el primer comandante jefe de la Guardia Nacional.
Después, vendría un comandante de la Guardia que durante dos décadas se mantuvo detrás del solio presidencial. Finalmente, era tanto el poder institucional del grupo armado que uno de sus policías militarizado, Boris Martínez, llegaría al poder del Estado panameño un 11 de octubre. Una vez la Policía en el poder, los sucesivos comandantes de la Guardia Nacional escalaban a la jefatura del Estado panameño con suma facilidad. De allí un Torrijos y un Noriega. Durante todo este período Radio Hogar estuvo en el aire, con sus altas, e incluso, con la expulsión de su director en el tiempo de Omar Torrijos. Momentos duros de la Iglesia, como el asesinato del Héctor Gallegos, obligaron a una cautela para seguir como una emisora al servicio de la fe y la promoción de la justicia.
Al iniciarse la década de los 80 a tal grado llegó el compromiso de esta emisora con la libertad de expresión e información que se le suspendieron programas radiales independientes en plena confrontación entre el gobierno de fuerza y los gremios profesionales, a fin de evitar que la educación fuese instrumento de culto a la personalidad del comandante de turno.
Radio Hogar se ha mantenido, después del retorno a la democracia electoral (1989-2009) y del inicio del unipartidismo gubernamental (2011-2014), con su voz independiente, transparente y crítica a favor de la democracia radical y participativa y contra el capitalismo salvaje en función de poder gubernamental. No es casual que pese a la relación amistosa que constantemente Radio Hogar ha querido tener con los gobiernos de turno, no ha podido acceder a una frecuencia FM. Ahora, con el nuevo gobierno unipartidista, se espera, pacientemente, la asignación de una frecuencia FM, viejo anhelo de más de cinco décadas para llegar a ser la decana de la buena música, como fue el proyecto de esta emisora hace 57 años.
Radio Hogar es mucho más que ese papel político de informar libre y responsablemente a sus radioescuchas, que ha tomado ante la imperiosa necesidad de los acontecimientos; es y ha sido una emisora de la Iglesia católica con el compromiso de difundir programas diversos con contenido social, humano, litúrgico y sacramental. Contenidos programáticos pluridimensionales que no son reductibles ni a la esfera del César ni a la esfera de Dios. La Iglesia católica en su tercer milenio de existencia es polifónica porque su Dios es el Dios de Jesús y mucho más, tiene como Dios al mismo Jesucristo. Es la tremenda flexibilidad de un Dios trinitario irreductible a una idea racional aislada de los afectos, sentimientos y buenas razones de las sociedades humanas.
El Cristo de Radio Hogar es el mismo Dios encarnado, martirizado, resucitado y corporizado en la gente buena y justa que lo admira, lo confiesa y trata de imitarlo.
Esta conceptualización de Cristo Dios es el mejor antídoto contra los fundamentalismos teístas que nos siguen asustando y que están en la base del terror del dios de los ejércitos que tuvo mucha fortuna antes de Cristo y luego, cuando muchos creyentes cristianos y no cristianos cayeron en la tentación de la violencia y de la teocracia. De allí, la razón de la apertura católica y ecuménica de Radio Hogar. Nada humano y social le ha sido ajeno en sus repetidos aniversarios de medio siglo.
Hoy, sigue siendo bueno que medios de comunicación como Radio Hogar mantengan el derecho a disentir, a debatir, a criticar como medio de aproximación a la verdad, a la libertad y a la justicia que, como dijo recientemente Ratzinger, es el oficio insustituible de todo político que afirma su éxito porque logra servir a su comunidad y no servirse de la debilidad de un pueblo.
http://impresa.prensa.com/opinion/Radio-Hogar-Roberto-Arosemena-Jaen_0_3241176020.html
Se empezó a existir en un ambiente caldeado contra la libertad de expresión. Era el momento, 31 de octubre de 1954, y mandaba en Panamá el primer comandante jefe de la Guardia Nacional.
Después, vendría un comandante de la Guardia que durante dos décadas se mantuvo detrás del solio presidencial. Finalmente, era tanto el poder institucional del grupo armado que uno de sus policías militarizado, Boris Martínez, llegaría al poder del Estado panameño un 11 de octubre. Una vez la Policía en el poder, los sucesivos comandantes de la Guardia Nacional escalaban a la jefatura del Estado panameño con suma facilidad. De allí un Torrijos y un Noriega. Durante todo este período Radio Hogar estuvo en el aire, con sus altas, e incluso, con la expulsión de su director en el tiempo de Omar Torrijos. Momentos duros de la Iglesia, como el asesinato del Héctor Gallegos, obligaron a una cautela para seguir como una emisora al servicio de la fe y la promoción de la justicia.
Al iniciarse la década de los 80 a tal grado llegó el compromiso de esta emisora con la libertad de expresión e información que se le suspendieron programas radiales independientes en plena confrontación entre el gobierno de fuerza y los gremios profesionales, a fin de evitar que la educación fuese instrumento de culto a la personalidad del comandante de turno.
Radio Hogar se ha mantenido, después del retorno a la democracia electoral (1989-2009) y del inicio del unipartidismo gubernamental (2011-2014), con su voz independiente, transparente y crítica a favor de la democracia radical y participativa y contra el capitalismo salvaje en función de poder gubernamental. No es casual que pese a la relación amistosa que constantemente Radio Hogar ha querido tener con los gobiernos de turno, no ha podido acceder a una frecuencia FM. Ahora, con el nuevo gobierno unipartidista, se espera, pacientemente, la asignación de una frecuencia FM, viejo anhelo de más de cinco décadas para llegar a ser la decana de la buena música, como fue el proyecto de esta emisora hace 57 años.
Radio Hogar es mucho más que ese papel político de informar libre y responsablemente a sus radioescuchas, que ha tomado ante la imperiosa necesidad de los acontecimientos; es y ha sido una emisora de la Iglesia católica con el compromiso de difundir programas diversos con contenido social, humano, litúrgico y sacramental. Contenidos programáticos pluridimensionales que no son reductibles ni a la esfera del César ni a la esfera de Dios. La Iglesia católica en su tercer milenio de existencia es polifónica porque su Dios es el Dios de Jesús y mucho más, tiene como Dios al mismo Jesucristo. Es la tremenda flexibilidad de un Dios trinitario irreductible a una idea racional aislada de los afectos, sentimientos y buenas razones de las sociedades humanas.
El Cristo de Radio Hogar es el mismo Dios encarnado, martirizado, resucitado y corporizado en la gente buena y justa que lo admira, lo confiesa y trata de imitarlo.
Esta conceptualización de Cristo Dios es el mejor antídoto contra los fundamentalismos teístas que nos siguen asustando y que están en la base del terror del dios de los ejércitos que tuvo mucha fortuna antes de Cristo y luego, cuando muchos creyentes cristianos y no cristianos cayeron en la tentación de la violencia y de la teocracia. De allí, la razón de la apertura católica y ecuménica de Radio Hogar. Nada humano y social le ha sido ajeno en sus repetidos aniversarios de medio siglo.
Hoy, sigue siendo bueno que medios de comunicación como Radio Hogar mantengan el derecho a disentir, a debatir, a criticar como medio de aproximación a la verdad, a la libertad y a la justicia que, como dijo recientemente Ratzinger, es el oficio insustituible de todo político que afirma su éxito porque logra servir a su comunidad y no servirse de la debilidad de un pueblo.
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viernes, 28 de octubre de 2011
Pobreza y capacidad
Francisco Díaz Montilla
Hace algunos días, el señor Edmund Phelps, premio Nobel de economía de 2006, señalaba que el “mundo no va a progresar si no se introducen los cambios necesarios para equilibrar una buena economía” y por “buena economía”, al parecer, entendía una “economía con justicia social”.
“¿Cuándo una economía es socialmente justa?”, es una pregunta cuya respuesta no se puede determinar con precisión, en parte debido a que como señalara Perelman (De la justicia: 1945) la palabra “justicia” es una palabra con elevada coloración emotiva.
Sin embargo, ha escrito Amartya Sen (Libertad y desarrollo. Cap. IV, La pobreza como privación de capacidades, 2000) “cuando se analiza la justicia social, existen poderosas razones para juzgar la ventaja individual en función de las capacidades que tiene una persona, es decir, de las libertades fundamentales de que disfruta para llevar el tipo de vida que tiene razones para valorar”.
Sen se deshace de la concepción tradicional de la pobreza según la cual esta es un problema de renta, aunque esta –la renta– no se descarta del todo: “Desde esta perspectiva, la pobreza debe concebirse como la privación de capacidades básicas y no meramente como la falta de ingresos (...). La perspectiva de la pobreza basada en las capacidades no entraña el rechazo de la razonable idea de que la falta de renta es una de las principales causas de la pobreza, ya que la falta de renta puede ser una importante razón por la que una persona está privada de capacidades”.
Se podría caracterizar, entonces, un sistema económico justo como aquel en el cual las capacidades, entendiendo estas como libertades fundamentales de las personas son realizables razonablemente.
Basados en lo anterior, podríamos decir que el crecimiento económico que experimenta el país, aunque se ha traducido en mayor renta para un grupo de personas, no se ha traducido necesariamente en mayores capacidades. Programas como la beca universal, 100 a los 70 y la red de oportunidades, aunque implican ingresos para los beneficiarios, no incrementan sus capacidades en el sentido de que no posibilitan el acceso a una mejor educación ni a los servicios médicos y no garantizan una mejor alimentación.
De hecho, con respecto a la educación, los datos indican (y esto no es invento de la Asociación de Educadores de Veragüenses ni de la Asociación de Profesores de la República de Panamá) que hay un desigual acceso a ella y que la calidad del servicio educativo varía según la zona donde se ofrece.
Con respecto a los servicios médicos, el colapso del sistema de atención pública que ofrece la Caja de Seguro Social se traduce, para no pocos, en la imposibilidad de acceder a servicios de salud eficientes.
Con respecto a la alimentación, basta con recordar los estudios que se han realizado y que demuestran que –pese a Jumbo Man– los altos precios de los alimentos han mermado la ya de por sí deficiente dieta de los panameños con menos capacidad adquisitiva.
Muchos pueden pensar o sentir que las políticas asistencialistas que implementan los gobiernos son necesarias. Yo –para ser honesto– no lo tengo tan claro. De hecho, para mí la cuestión fundamental es: ¿se traducen esas políticas en mayores capacidades o por el contrario se traducen en parasitismo social?
Prima facie pareciera que los programas oficiales generan más parásitos que seres capaces. Esto podrá ser beneficioso para los políticos, pero no para el todo social.
http://impresa.prensa.com/opinion/Pobreza-capacidad-Francisco-Diaz-Montilla_0_3238176324.html
Hace algunos días, el señor Edmund Phelps, premio Nobel de economía de 2006, señalaba que el “mundo no va a progresar si no se introducen los cambios necesarios para equilibrar una buena economía” y por “buena economía”, al parecer, entendía una “economía con justicia social”.
“¿Cuándo una economía es socialmente justa?”, es una pregunta cuya respuesta no se puede determinar con precisión, en parte debido a que como señalara Perelman (De la justicia: 1945) la palabra “justicia” es una palabra con elevada coloración emotiva.
Sin embargo, ha escrito Amartya Sen (Libertad y desarrollo. Cap. IV, La pobreza como privación de capacidades, 2000) “cuando se analiza la justicia social, existen poderosas razones para juzgar la ventaja individual en función de las capacidades que tiene una persona, es decir, de las libertades fundamentales de que disfruta para llevar el tipo de vida que tiene razones para valorar”.
Sen se deshace de la concepción tradicional de la pobreza según la cual esta es un problema de renta, aunque esta –la renta– no se descarta del todo: “Desde esta perspectiva, la pobreza debe concebirse como la privación de capacidades básicas y no meramente como la falta de ingresos (...). La perspectiva de la pobreza basada en las capacidades no entraña el rechazo de la razonable idea de que la falta de renta es una de las principales causas de la pobreza, ya que la falta de renta puede ser una importante razón por la que una persona está privada de capacidades”.
Se podría caracterizar, entonces, un sistema económico justo como aquel en el cual las capacidades, entendiendo estas como libertades fundamentales de las personas son realizables razonablemente.
Basados en lo anterior, podríamos decir que el crecimiento económico que experimenta el país, aunque se ha traducido en mayor renta para un grupo de personas, no se ha traducido necesariamente en mayores capacidades. Programas como la beca universal, 100 a los 70 y la red de oportunidades, aunque implican ingresos para los beneficiarios, no incrementan sus capacidades en el sentido de que no posibilitan el acceso a una mejor educación ni a los servicios médicos y no garantizan una mejor alimentación.
De hecho, con respecto a la educación, los datos indican (y esto no es invento de la Asociación de Educadores de Veragüenses ni de la Asociación de Profesores de la República de Panamá) que hay un desigual acceso a ella y que la calidad del servicio educativo varía según la zona donde se ofrece.
Con respecto a los servicios médicos, el colapso del sistema de atención pública que ofrece la Caja de Seguro Social se traduce, para no pocos, en la imposibilidad de acceder a servicios de salud eficientes.
Con respecto a la alimentación, basta con recordar los estudios que se han realizado y que demuestran que –pese a Jumbo Man– los altos precios de los alimentos han mermado la ya de por sí deficiente dieta de los panameños con menos capacidad adquisitiva.
Muchos pueden pensar o sentir que las políticas asistencialistas que implementan los gobiernos son necesarias. Yo –para ser honesto– no lo tengo tan claro. De hecho, para mí la cuestión fundamental es: ¿se traducen esas políticas en mayores capacidades o por el contrario se traducen en parasitismo social?
Prima facie pareciera que los programas oficiales generan más parásitos que seres capaces. Esto podrá ser beneficioso para los políticos, pero no para el todo social.
http://impresa.prensa.com/opinion/Pobreza-capacidad-Francisco-Diaz-Montilla_0_3238176324.html
jueves, 6 de octubre de 2011
Colapso de gobernabilidad
Roberto Arosemena Jaén
El derecho de propiedad que la plebe romana le arranca a los poderosos se mantuvo por milenios. Los españoles la introducen en la colonización, la mantuvo Andrés Bello en los códigos civiles del continente y Panamá la adopta, pragmáticamente, con las constituciones liberales. Se podía pasar de la posesión a la propiedad por un proceso judicial de uso capioni o de prescripción adquisitiva.
Llegó la Alianza del Cambio y se aprueba el hecho arbitrario de la dádiva adquisitiva. La autoridad de titulación de tierras es una institución política sin jueces civiles, sin partes de un proceso y sin recursos de ninguna instancia. Los excesos previsibles explotan en el mismo Palacio de las Garzas. La improvisación de ejecutar promesas demagógicas de campaña se apodera de los medios críticos de comunicación y de un pequeño sector de la sociedad civil que denuncia las irregularidades de la Anati.
Por el contrario, el gran sector de población que se beneficia de la dádiva adquisitiva y el pequeño sector de empresarios especulativos que compra y está dispuesto a pagar por la propiedad acelerada y para evitar el gran rodeo de los trámites judiciales de décadas de duración mantienen silencio y se aprovechan del exabrupto jurídico.
El problema es la inseguridad de una ley ilegítima, inconsulta, demagógica y explosiva a corto plazo. Todavía se está ejecutando y ya produjo una crisis de Gabinete, todo lo disimulada que se quiera, pero crisis de calculables consecuencias para el gobierno del cambio.
¿Qué pasará cuando se hagan público los destinatarios finales de esos miles de titulaciones concedidas a humildes poseedores que nunca llegaron a ser propietarios, porque lo importante no era la tierra que adquirían sino el precio de mercado que pudieron obtener? La dádiva no genera riqueza ni es un factor de producción, como tampoco lo son las regalías que obtienen los especuladores internacionales.
Lo deleznable de esta operación es la descapitalización del Estado, el incremento del costo de la vida por el aumento del circulante. A nivel político surgen las nuevas lealtades de las masas que recibieron títulos y de las transnacionales de la especulación que saben pagar estos favores, con el financiamiento encubierto de campañas electorales, publicaciones y eventos deportivos de distracción.
Urge reflexionar sobre estas violaciones a tradiciones milenarias sobre el uso y traspaso de la tierra. La propiedad es uno de los elementos esenciales de los derechos individuales frente a las comunidades y a los gobiernos. Todavía los fundamentalistas de la propiedad individual y de la propiedad estatal tienen círculos ideológicos para defender sus pretendidos derechos y ofrecer argumentos de peso sobre la conveniencia e inconveniencias de la propiedad individual o corporativa, pero callan frente a los jefes de la Anati.
Lo sorprendente es la permisividad de la sociedad, sobre todo de nosotros los abogados, por haber mantenido silencio sobre la politización del traspaso de las tierras y la sustracción del ámbito de la administración de justicia.
El derecho civil sigue siendo unos de los pilares del mundo que rechaza la violencia y opta por la convivencia pacífica en base a un estado democrático de derecho. Panamá no puede sustraerse del ámbito del derecho por las simples ocurrencias de un mandamás de turno.
Aquí no se trata de modificar la Ley de la Autoridad de Titulación de Tierras como quieren algunos arrepentidos de la Alianza, aquí se trata de restablecer el procedimiento judicial de la prescripción adquisitiva con el claro objetivo social de favorecer a las partes más débiles que en este caso son los poseedores, pero permitiendo a las partes concurrir en el proceso. El administrador político tiene que renunciar a su voracidad de entregar el futuro de la nación a gente empobrecida y a los audaces especuladores bajo el espejismo de una próxima reelección.
http://impresa.prensa.com/opinion/Colapso-gobernabilidad-Roberto-Arosemena-Jaen_0_3221677927.html
El derecho de propiedad que la plebe romana le arranca a los poderosos se mantuvo por milenios. Los españoles la introducen en la colonización, la mantuvo Andrés Bello en los códigos civiles del continente y Panamá la adopta, pragmáticamente, con las constituciones liberales. Se podía pasar de la posesión a la propiedad por un proceso judicial de uso capioni o de prescripción adquisitiva.
Llegó la Alianza del Cambio y se aprueba el hecho arbitrario de la dádiva adquisitiva. La autoridad de titulación de tierras es una institución política sin jueces civiles, sin partes de un proceso y sin recursos de ninguna instancia. Los excesos previsibles explotan en el mismo Palacio de las Garzas. La improvisación de ejecutar promesas demagógicas de campaña se apodera de los medios críticos de comunicación y de un pequeño sector de la sociedad civil que denuncia las irregularidades de la Anati.
Por el contrario, el gran sector de población que se beneficia de la dádiva adquisitiva y el pequeño sector de empresarios especulativos que compra y está dispuesto a pagar por la propiedad acelerada y para evitar el gran rodeo de los trámites judiciales de décadas de duración mantienen silencio y se aprovechan del exabrupto jurídico.
El problema es la inseguridad de una ley ilegítima, inconsulta, demagógica y explosiva a corto plazo. Todavía se está ejecutando y ya produjo una crisis de Gabinete, todo lo disimulada que se quiera, pero crisis de calculables consecuencias para el gobierno del cambio.
¿Qué pasará cuando se hagan público los destinatarios finales de esos miles de titulaciones concedidas a humildes poseedores que nunca llegaron a ser propietarios, porque lo importante no era la tierra que adquirían sino el precio de mercado que pudieron obtener? La dádiva no genera riqueza ni es un factor de producción, como tampoco lo son las regalías que obtienen los especuladores internacionales.
Lo deleznable de esta operación es la descapitalización del Estado, el incremento del costo de la vida por el aumento del circulante. A nivel político surgen las nuevas lealtades de las masas que recibieron títulos y de las transnacionales de la especulación que saben pagar estos favores, con el financiamiento encubierto de campañas electorales, publicaciones y eventos deportivos de distracción.
Urge reflexionar sobre estas violaciones a tradiciones milenarias sobre el uso y traspaso de la tierra. La propiedad es uno de los elementos esenciales de los derechos individuales frente a las comunidades y a los gobiernos. Todavía los fundamentalistas de la propiedad individual y de la propiedad estatal tienen círculos ideológicos para defender sus pretendidos derechos y ofrecer argumentos de peso sobre la conveniencia e inconveniencias de la propiedad individual o corporativa, pero callan frente a los jefes de la Anati.
Lo sorprendente es la permisividad de la sociedad, sobre todo de nosotros los abogados, por haber mantenido silencio sobre la politización del traspaso de las tierras y la sustracción del ámbito de la administración de justicia.
El derecho civil sigue siendo unos de los pilares del mundo que rechaza la violencia y opta por la convivencia pacífica en base a un estado democrático de derecho. Panamá no puede sustraerse del ámbito del derecho por las simples ocurrencias de un mandamás de turno.
Aquí no se trata de modificar la Ley de la Autoridad de Titulación de Tierras como quieren algunos arrepentidos de la Alianza, aquí se trata de restablecer el procedimiento judicial de la prescripción adquisitiva con el claro objetivo social de favorecer a las partes más débiles que en este caso son los poseedores, pero permitiendo a las partes concurrir en el proceso. El administrador político tiene que renunciar a su voracidad de entregar el futuro de la nación a gente empobrecida y a los audaces especuladores bajo el espejismo de una próxima reelección.
http://impresa.prensa.com/opinion/Colapso-gobernabilidad-Roberto-Arosemena-Jaen_0_3221677927.html
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