Francisco Díaz Montilla
La palabra “educación” proviene del vocablo latino “educare” que significa guiar hacia fuera. La idea es que mediante ella, el individuo sea encauzado hacia el pleno desarrollo de sus potencialidades, que saque o muestre lo mejor de sí: valores, virtudes, actitudes, conocimientos.
La educación, vista desde el punto de vista etimológico, tendría poco que ver con atiborrar de información la cabeza del estudiante.
El filósofo Fernando Savater ha escrito que la finalidad primaria de la educación es la de potenciar la razón; en esas mismas líneas, Edgar Morin ha señalado que la finalidad fundamental de la educación es garantizar individuos con la cabeza bien puesta. Hasta ahora, no hemos logrado ni lo uno ni lo otro.
Pero la potenciación de la razón de la que habla Savater merece ser comentada. Contrario a lo que se podría pensar, la palabra “razón” no es unívoca. El filósofo alemán Max Horkheimer, por ejemplo, hizo una distinción entre “razón subjetiva” y “razón objetiva”.
La razón subjetiva es la razón que va de los medios a los fines. En ella se trata de utilizar los medios adecuados para garantizar ciertos fines propuestos no sometidos a discusión racional. Lo importante desde este punto de vista es la solución de problemas técnicos. Este tipo de razón es llamado, también, razón instrumental; desde ella, el sentido básico de la educación es atender problemas concretos: de la empresa, del mercado de trabajo, de la sociedad del conocimiento, etc. Por ello, es suficiente el uso instrumental del lenguaje (materno o extranjero) o del cálculo aritmético.
El pensamiento lógico es importante no en su dimensión crítica, sino por los resultados o utilidades que se podrían obtener de su aplicación.
La razón objetiva, en cambio, está dirigida a la consecución de fines sometidos a enjuiciamientos práctico-morales. De esta manera, la acción se encamina a la consecución de los grandes ideales humanos de justicia y libertad. No interesa la ciencia ni la técnica desde el punto de vista productivo o económico a secas. Es necesaria la reflexión sobre la ciencia misma, y sobre la técnica, y sobre la producción y la economía. Relacionando lo que postulan Savater, Morin y Horkheimer, diría que los ideales educativos referentes a la potencialidad de la razón y a la cabeza bien puesta solo tienen sentido desde la perspectiva de la razón objetiva.
Este es un punto fundamental a considerar, a propósito de la propuesta de transformación curricular de Meduca. ¿Con qué tipo de razón está comprometida la propuesta en cuestión? Una lectura del documento que circula entre los docentes no deja lugar a dudas: la transformación curricular está orientada por los ideales de la razón subjetiva o instrumental. Al final, lograremos una acentuación de problemas que ya tenemos: individuos cuyo interés primario no es ser, sino tener; profesionales exitosos, tal vez, no necesariamente mejores ciudadanos; trabajadores inconscientes de su explotación, etc. Y aunque todo esto es tremendamente significativo desde el punto de vista de la lógica del sistema económico-político imperante, pero nada tiene que ver con los grandes ideales que ha afirmado históricamente la humanidad. Por ello, la propuesta educativa de Meduca no es educativa en sentido alguno.
http://impresa.prensa.com/opinion/Educacion-razon-objetiva_0_2699730125.html
Departamento de Filosofía, Facultad de Humanidades, Universidad de Panamá
lunes, 9 de noviembre de 2009
miércoles, 12 de agosto de 2009
El malestar de la cultura
Pedro Luis Prados S.
Los gobiernos en los últimos años y sin distingos de procedencia, han hecho esfuerzos para minimizar el papel del Instituto Nacional de Cultura. De manera solapada en algunos, abiertamente otros, han recortado presupuestos y atribuciones con la excusa de lograr niveles de competencia o de canalizar mejor los recursos. Es comprensible que cada cual se inclinara a una actividad específica y no necesariamente hacia la cultura, pero debemos preguntarnos por qué todos han propiciado el desmembramiento de esta institución para llevarla a la postración. Debemos reconocer a Joseph Goebbels, ministro de Propaganda de Hitler, el valor de expresar públicamente su aversión al declarar: “Cuando escucho la palabra cultura saco mi pistola”. Pero dar la cara es un problema de cultura y principios a los cuales los panameños no estamos acostumbrados, de manera que el anonimato orla los autores y el proyecto que pretende anexar el Instituto de Nacional de Cultura al Instituto Panameño de Turismo.
Tal iniciativa revela el desconocimiento de la complejidad del tema y pone sobre el tapete una agenda oculta que han manejado los gobiernos de turno para despersonalizar la sociedad panameña y adecuarla al proyecto neoliberal. Reducir la cultura a expresiones de las Bellas Artes, manifestaciones folklóricas o precarios monumentos históricos para sustentar esta fusión, manifiesta la ignorancia del hecho cultural como núcleo de la cohesión social. Parece que la cultura causa malestar y no por las explicaciones de Freud.
El concepto “cultura” comprende las expresiones creativas, materiales y espirituales, pasadas y presentes, de una sociedad como parte esencial de su articulación y dinámica de comportamiento. Desde los monumentos históricos, bienes arqueológicos, diversidad étnica, la creación literaria y de Bellas Artes, hasta las tradiciones, costumbres, formas de vida, creencias religiosas, artesanía, habla, vestimenta, hábitos culinarios —el ceviche peruano ha sido declarado Patrimonio Histórico del Perú y la comida mexicana incluida como parte del Patrimonio Mundial— y sobre todo los valores que regulan la convivencia, son unos de la innumerables elementos que identifican una sociedad y contribuyen a su permanencia.
La defensa, preservación y sobre todo la difusión de la cultura es un compromiso primario en toda nación madura, porque se concibe la identidad cultural como basamento de la identidad nacional. Cultura y Nación son inseparables como partes del Estado Nacional, la rigurosidad de las normas que la protegen y el fortalecimiento de los organismos responsables de su difusión es política de Estado. Entre nosotros la inversión de categorías es escandalosa, pues no sólo se estrangula la institución limitando recursos y la injerencia en su especialidad, sino querer subordinarla a los intereses económicos del turismo como componente de las noches de casino y torneos de pesca. La despersonalización del panameño con una educación enajenante y las aberraciones de los medios de comunicación, culmina con la destrucción de los referentes históricos-culturales que evocan situaciones y valores diferentes a las “competencias” necesarias para un buen productor de bienes y servicios y el consumidor ideal requerido por el mercado.
Los discípulos del ideólogo nazi no sólo han usado sus 11 reglas de la propaganda, sino que han dado facilidades para borrar edificios icónicos del Casco Viejo, caricaturizar la museografía del Museo Antropológico, arruinar los museos regionales, pauperizar las escuelas y centros de arte y sumir en el abandono los sitios arqueológicos y conjuntos monumentales, sin contar con la impunidad por el robo y trasiego de bienes arqueológicos. Todo está consumado. Disolver al Instituto de Cultura en franquicias hoteleras y noches de discotecas no es difícil. Ya veremos al Ballet Nacional distraer las cenas de convencionales europeos o a la Orquesta Sinfónica acompañar turistas japoneses en la chiva parrandera. Todo es posible en esta tierra de “la pollera, el tamborito y el Canal de Panamá”. Sólo me queda una “propuesta a los proponentes”: fusionar el Instituto de Cultura con la Dirección de Aseo o la Autoridad del Ambiente, posiblemente logremos ciudadanos amantes de la limpieza o ecologistas convencidos, eso también es cultura.
impresa.prensa.com/opinion/malestar-cultura_0_2632986825.html
Los gobiernos en los últimos años y sin distingos de procedencia, han hecho esfuerzos para minimizar el papel del Instituto Nacional de Cultura. De manera solapada en algunos, abiertamente otros, han recortado presupuestos y atribuciones con la excusa de lograr niveles de competencia o de canalizar mejor los recursos. Es comprensible que cada cual se inclinara a una actividad específica y no necesariamente hacia la cultura, pero debemos preguntarnos por qué todos han propiciado el desmembramiento de esta institución para llevarla a la postración. Debemos reconocer a Joseph Goebbels, ministro de Propaganda de Hitler, el valor de expresar públicamente su aversión al declarar: “Cuando escucho la palabra cultura saco mi pistola”. Pero dar la cara es un problema de cultura y principios a los cuales los panameños no estamos acostumbrados, de manera que el anonimato orla los autores y el proyecto que pretende anexar el Instituto de Nacional de Cultura al Instituto Panameño de Turismo.
Tal iniciativa revela el desconocimiento de la complejidad del tema y pone sobre el tapete una agenda oculta que han manejado los gobiernos de turno para despersonalizar la sociedad panameña y adecuarla al proyecto neoliberal. Reducir la cultura a expresiones de las Bellas Artes, manifestaciones folklóricas o precarios monumentos históricos para sustentar esta fusión, manifiesta la ignorancia del hecho cultural como núcleo de la cohesión social. Parece que la cultura causa malestar y no por las explicaciones de Freud.
El concepto “cultura” comprende las expresiones creativas, materiales y espirituales, pasadas y presentes, de una sociedad como parte esencial de su articulación y dinámica de comportamiento. Desde los monumentos históricos, bienes arqueológicos, diversidad étnica, la creación literaria y de Bellas Artes, hasta las tradiciones, costumbres, formas de vida, creencias religiosas, artesanía, habla, vestimenta, hábitos culinarios —el ceviche peruano ha sido declarado Patrimonio Histórico del Perú y la comida mexicana incluida como parte del Patrimonio Mundial— y sobre todo los valores que regulan la convivencia, son unos de la innumerables elementos que identifican una sociedad y contribuyen a su permanencia.
La defensa, preservación y sobre todo la difusión de la cultura es un compromiso primario en toda nación madura, porque se concibe la identidad cultural como basamento de la identidad nacional. Cultura y Nación son inseparables como partes del Estado Nacional, la rigurosidad de las normas que la protegen y el fortalecimiento de los organismos responsables de su difusión es política de Estado. Entre nosotros la inversión de categorías es escandalosa, pues no sólo se estrangula la institución limitando recursos y la injerencia en su especialidad, sino querer subordinarla a los intereses económicos del turismo como componente de las noches de casino y torneos de pesca. La despersonalización del panameño con una educación enajenante y las aberraciones de los medios de comunicación, culmina con la destrucción de los referentes históricos-culturales que evocan situaciones y valores diferentes a las “competencias” necesarias para un buen productor de bienes y servicios y el consumidor ideal requerido por el mercado.
Los discípulos del ideólogo nazi no sólo han usado sus 11 reglas de la propaganda, sino que han dado facilidades para borrar edificios icónicos del Casco Viejo, caricaturizar la museografía del Museo Antropológico, arruinar los museos regionales, pauperizar las escuelas y centros de arte y sumir en el abandono los sitios arqueológicos y conjuntos monumentales, sin contar con la impunidad por el robo y trasiego de bienes arqueológicos. Todo está consumado. Disolver al Instituto de Cultura en franquicias hoteleras y noches de discotecas no es difícil. Ya veremos al Ballet Nacional distraer las cenas de convencionales europeos o a la Orquesta Sinfónica acompañar turistas japoneses en la chiva parrandera. Todo es posible en esta tierra de “la pollera, el tamborito y el Canal de Panamá”. Sólo me queda una “propuesta a los proponentes”: fusionar el Instituto de Cultura con la Dirección de Aseo o la Autoridad del Ambiente, posiblemente logremos ciudadanos amantes de la limpieza o ecologistas convencidos, eso también es cultura.
impresa.prensa.com/opinion/malestar-cultura_0_2632986825.html
miércoles, 22 de julio de 2009
Anarquía y demagogia
Roberto Arosemena Jaén
Desde el 3 de mayo, cuando Martinelli fue elegido por el 60% de los esperanzados votantes, empecé a preocuparme. El Presidente electo tenía que aprender a ser el primer administrador del Estado y el más insigne servidor de la nación. Igualmente, la ciudadanía tenía que moderar sus esperanzas porque analizando las experiencias del presidente se reducía a ser un exitoso empresario y un impresionante caudillo electoral. Concluir que tal trayectoria garantizaba el bien común no era lícito y podía desencantar a una población de por sí ya incrédula.
Los primeros 21 días del impetuoso gobierno del cambio han impresionado favorablemente. El gabinete está trabajando y después, perdón, de los incapaces gobernantes de la última década, cualquier esfuerzo positivo es loable. Rápidamente, el cambio descubrió que necesitaba plata para los 100/70; se consiguió el dinero, se aprobó la ley y ya empezó a repartirse. El fisco no da para mucho. El Ministro de Finanzas tiró la línea de buscarla a cómo dé lugar por medios legales. Con apoyo del PRD se reformó la ley de endeudamiento público que pasa de 1% a 3% del PIB. La vergonzante equiparación antimercado tuvo que ser eliminada con el argumento del que firma un compromiso con el gobierno lo cumple, el que debe plata al gobierno la paga, sino que se atenga a las consecuencias.
Lo significativo de esta situación ha sido la armonía entre el ministro y su jefe. Lo imprevisible de las gestiones financieras que el ministro estaba planificando y tomando paso a paso, fue la irrupción de la Policía con su jefe máximo, actuando como juez ejecutor, en predios estatales secuestrados por las ilegalidades de los especuladores y los abusivos recursos judiciales que casi nadie se atrevía a dejar sin efecto y anular. El mantel se levantó de la mesa y la vajilla del ministro saltó en pedazos.
La anarquía en la administración pública ya no es la incapacidad del Presidente, sino la sobre capacidad del Presidente que arrastra a ministros y directores tras sus efectivas ocurrencias empresariales. Lo interesante del estilo Martinelli en contraste con la falta gerencial de Martín es el nivel de aceptación que ambos despertaron y despiertan en las encuestas de opinión. Como si la sociedad fuese un eco del poder mediático sin capacidad de discernir la diferencias.
La autoridad juró cumplir con la Constitución. Actuar al margen de la misma, más que autoridad es arbitrariedad y anarquía del poderoso. La anarquía en Martín fue no coordinar la administración pública; en el cambio podría ser paralizar a los ministros hasta que al Presidente se le ocurra hacer algo. Martinelli debe recordar que está sujeto a la camisa de fuerza de la Constitución. Mientras tanto, sus actuaciones son más un hecho político que jurídico. Su legitimidad aumenta aunque la legalidad de sus actos esté en entredicho. El circo que tanto entusiasmaba al “demos” griego y a la plebe romana exalta a las masas panameñas. Si a esto se añade el aumento escandaloso a la alta oficialidad de la fuerza pública, el escenario de un demagogo autoritario se está construyendo ante nuestros propios ojos.
http://impresa.prensa.com/opinion/Anarquia-demagogia_0_2617238367.html
Desde el 3 de mayo, cuando Martinelli fue elegido por el 60% de los esperanzados votantes, empecé a preocuparme. El Presidente electo tenía que aprender a ser el primer administrador del Estado y el más insigne servidor de la nación. Igualmente, la ciudadanía tenía que moderar sus esperanzas porque analizando las experiencias del presidente se reducía a ser un exitoso empresario y un impresionante caudillo electoral. Concluir que tal trayectoria garantizaba el bien común no era lícito y podía desencantar a una población de por sí ya incrédula.
Los primeros 21 días del impetuoso gobierno del cambio han impresionado favorablemente. El gabinete está trabajando y después, perdón, de los incapaces gobernantes de la última década, cualquier esfuerzo positivo es loable. Rápidamente, el cambio descubrió que necesitaba plata para los 100/70; se consiguió el dinero, se aprobó la ley y ya empezó a repartirse. El fisco no da para mucho. El Ministro de Finanzas tiró la línea de buscarla a cómo dé lugar por medios legales. Con apoyo del PRD se reformó la ley de endeudamiento público que pasa de 1% a 3% del PIB. La vergonzante equiparación antimercado tuvo que ser eliminada con el argumento del que firma un compromiso con el gobierno lo cumple, el que debe plata al gobierno la paga, sino que se atenga a las consecuencias.
Lo significativo de esta situación ha sido la armonía entre el ministro y su jefe. Lo imprevisible de las gestiones financieras que el ministro estaba planificando y tomando paso a paso, fue la irrupción de la Policía con su jefe máximo, actuando como juez ejecutor, en predios estatales secuestrados por las ilegalidades de los especuladores y los abusivos recursos judiciales que casi nadie se atrevía a dejar sin efecto y anular. El mantel se levantó de la mesa y la vajilla del ministro saltó en pedazos.
La anarquía en la administración pública ya no es la incapacidad del Presidente, sino la sobre capacidad del Presidente que arrastra a ministros y directores tras sus efectivas ocurrencias empresariales. Lo interesante del estilo Martinelli en contraste con la falta gerencial de Martín es el nivel de aceptación que ambos despertaron y despiertan en las encuestas de opinión. Como si la sociedad fuese un eco del poder mediático sin capacidad de discernir la diferencias.
La autoridad juró cumplir con la Constitución. Actuar al margen de la misma, más que autoridad es arbitrariedad y anarquía del poderoso. La anarquía en Martín fue no coordinar la administración pública; en el cambio podría ser paralizar a los ministros hasta que al Presidente se le ocurra hacer algo. Martinelli debe recordar que está sujeto a la camisa de fuerza de la Constitución. Mientras tanto, sus actuaciones son más un hecho político que jurídico. Su legitimidad aumenta aunque la legalidad de sus actos esté en entredicho. El circo que tanto entusiasmaba al “demos” griego y a la plebe romana exalta a las masas panameñas. Si a esto se añade el aumento escandaloso a la alta oficialidad de la fuerza pública, el escenario de un demagogo autoritario se está construyendo ante nuestros propios ojos.
http://impresa.prensa.com/opinion/Anarquia-demagogia_0_2617238367.html
sábado, 20 de junio de 2009
¿Para qué lado salto?
Pedro Luis Prados S.
Las postrimerías del actual mandato ha revivido una ancestral práctica entre los servidores públicos en todos los niveles, consistente en saltar al otro lado del charco en busca de una laja más segura. Pero en esta ocasión el salto no solo va acompañado de un nuevo croar, sino del lodo que intencionalmente echan sobre sus viejos socios en el descomunal brinco de sus patas traseras.
Con perplejidad hemos contemplado en los últimos meses –con mayor persistencia en los últimos 15 días– los movimientos de aproximación de funcionarios públicos de todos los niveles a los estamentos del próximo grupo gobernante, para mostrar su disponibilidad y buena voluntad en la gestión que éstos acometerán el primero de julio. Naturalmente que eso está muy bien, pues hay que darle continuidad a los proyectos gubernamentales y la entidad nacional es solo y a ella todos pertenecemos.
Lo lamentable del asunto es que ese acercamiento, que debe ser expresión de la convivencia como auténtica virtud democrática, está empañado por las oscuras prácticas del oportunismo y el juega vivo, genéticas taras del panameño. Comprendemos que lo hagan trabajadores y funcionarios ubicados en las escalas más bajas de los niveles de mando, puesto que de esa humilde posición depende el pan que deben llevar a diario a sus casas y que la contracción del mercado laboral solo ofrece incertidumbre y nuevas necesidades.
Pero hay otros, ¡y de todo hay en la charca del Señor!, que luego de haber detentado cargos públicos de relevancia nacional por distinción del partido o el gobernante saliente, no escatiman esfuerzos para demostrar su valía y tenacidad llevando su obsecuencia a los niveles más degradantes. Para ello a diario se obstinan por investigar, regular, rectificar o proponer medidas o acciones que nunca se preocuparon en hacer durante los años que detentaron sus cargos, sino que empañan, distorsionan o tratan de enlodar la capacidad o desempeño de sus propios copartidarios o aliados en el poder con el propósito de justificar su nueva posición.
Comprendemos que la justificación o racionalización de los actos es una conducta humana impulsada por la necesidad de compensar las culpas con explicaciones racionales, y entre ellas el descargar la culpa en los demás es una de las más frecuentes. Sin embargo, frente a ese impulso de eludir las responsabilidades y mostrar un rostro a los semejantes que refleje lo mejor de nosotros,están las implicaciones morales que se desprenden de estas actuaciones, y aunque pensemos que convencen fehacientemente a los demás, éstos desenmascaran entre risas y comentarios la “mala fe” encubierta tras el discurso.
Y es que el problema no solo está ceñido por los valores de ética personal que determinan la integridad y probidad del sujeto; también es un problema de valores estéticos, de la elegancia con que se hacen las cosas. Algunas personas pueden dejar entrever el diplomático manejo de Fouché tras la caída napoleónica, o el vulgar arribismo de Antonio Pérez en los entuertos inquisitoriales de Felipe Segundo. De suerte que se puede salir de la laguna con los brincos del sapo pringando de lodo a sus compañeros o se puede nadar con la elegancia y el cuello en alto de un cisne, todo depende de la calidad de personas que queremos ser, lo cual me recuerda las palabras de mi abuela a una muy poco agraciada prima: “¡Fea, pero decente, hija mía… fea pero decente!”.
http://impresa.prensa.com/opinion/lado-salto_0_2593240756.html
Las postrimerías del actual mandato ha revivido una ancestral práctica entre los servidores públicos en todos los niveles, consistente en saltar al otro lado del charco en busca de una laja más segura. Pero en esta ocasión el salto no solo va acompañado de un nuevo croar, sino del lodo que intencionalmente echan sobre sus viejos socios en el descomunal brinco de sus patas traseras.
Con perplejidad hemos contemplado en los últimos meses –con mayor persistencia en los últimos 15 días– los movimientos de aproximación de funcionarios públicos de todos los niveles a los estamentos del próximo grupo gobernante, para mostrar su disponibilidad y buena voluntad en la gestión que éstos acometerán el primero de julio. Naturalmente que eso está muy bien, pues hay que darle continuidad a los proyectos gubernamentales y la entidad nacional es solo y a ella todos pertenecemos.
Lo lamentable del asunto es que ese acercamiento, que debe ser expresión de la convivencia como auténtica virtud democrática, está empañado por las oscuras prácticas del oportunismo y el juega vivo, genéticas taras del panameño. Comprendemos que lo hagan trabajadores y funcionarios ubicados en las escalas más bajas de los niveles de mando, puesto que de esa humilde posición depende el pan que deben llevar a diario a sus casas y que la contracción del mercado laboral solo ofrece incertidumbre y nuevas necesidades.
Pero hay otros, ¡y de todo hay en la charca del Señor!, que luego de haber detentado cargos públicos de relevancia nacional por distinción del partido o el gobernante saliente, no escatiman esfuerzos para demostrar su valía y tenacidad llevando su obsecuencia a los niveles más degradantes. Para ello a diario se obstinan por investigar, regular, rectificar o proponer medidas o acciones que nunca se preocuparon en hacer durante los años que detentaron sus cargos, sino que empañan, distorsionan o tratan de enlodar la capacidad o desempeño de sus propios copartidarios o aliados en el poder con el propósito de justificar su nueva posición.
Comprendemos que la justificación o racionalización de los actos es una conducta humana impulsada por la necesidad de compensar las culpas con explicaciones racionales, y entre ellas el descargar la culpa en los demás es una de las más frecuentes. Sin embargo, frente a ese impulso de eludir las responsabilidades y mostrar un rostro a los semejantes que refleje lo mejor de nosotros,están las implicaciones morales que se desprenden de estas actuaciones, y aunque pensemos que convencen fehacientemente a los demás, éstos desenmascaran entre risas y comentarios la “mala fe” encubierta tras el discurso.
Y es que el problema no solo está ceñido por los valores de ética personal que determinan la integridad y probidad del sujeto; también es un problema de valores estéticos, de la elegancia con que se hacen las cosas. Algunas personas pueden dejar entrever el diplomático manejo de Fouché tras la caída napoleónica, o el vulgar arribismo de Antonio Pérez en los entuertos inquisitoriales de Felipe Segundo. De suerte que se puede salir de la laguna con los brincos del sapo pringando de lodo a sus compañeros o se puede nadar con la elegancia y el cuello en alto de un cisne, todo depende de la calidad de personas que queremos ser, lo cual me recuerda las palabras de mi abuela a una muy poco agraciada prima: “¡Fea, pero decente, hija mía… fea pero decente!”.
http://impresa.prensa.com/opinion/lado-salto_0_2593240756.html
sábado, 16 de mayo de 2009
De candidato a Presidente
Roberto Arosemena Jaén
El primer sorprendido del resultado de las elecciones presidenciales pasadas fue el presidente electo. En apenas una campaña presidencial pasó de menos de 100 mil votos a casi un millón de esperanzados electores. Su liderazgo electoral es un fenómeno que arrastró en su victoria los despojos de un partido personalista sin conducción y demostró ante la faz del país que el partido de Omar era un tigre de papel.
La República tiene un presidente que goza del 60% de los votos válidos, 57% de los votos sufragados y 43% de los votantes del padrón electoral. Es un Presidente constitucional que cumple con todas las formalidades de los regímenes de derecho y que incluso recibe el consentimiento –legitimidad– de las mayorías nacionales.
Pocas presidencias han tenido el impulso inicial que ha tomado el período de transición del gobierno panameño 2009–2014, que tantas expectativas suscita a nivel nacional e internacional. El problema del presidente electo es el aprendizaje acelerado a que debe someterse, si quiere desempeñarse eficazmente como el primer administrador del Estado panameño.
Nuestro presidente –escribo como ciudadano panameño– debe actuar como “un funcionario paradigmático”. El ejemplo fácil de ser un comerciante y un candidato exitoso tiene que traducirlo en el aprendizaje de ser un presidente efectivo y eficaz. Su primera actividad medible en términos de éxito o fracaso es la elección y nombramiento de sus ministros y directores. Si falla en esta primera tarea, ¿quién garantiza que no siga fallando?
Su obligación fundamental, no ahora, sino el día indicado por la Constitución, será coordinar la administración del Estado panameño. En esta obligación constitucional erró Martín y erró Mireya. No supieron darles un rumbo de productividad y competencia a las instituciones y ministerios que tenían que coordinar.
El presidente electo tiene que prepararse para ejercer por sí solo lo que le manda la Constitución. La pregunta es: ¿el ciudadano Ricardo Martinelli está tomando en serio este “rol” totalmente distante y diferente a su papel tradicional de producir ganancias mediante la compra y venta de bienes de consumo? Para que el Presidente electo ejerza su nuevo oficio cabalmente va a recibir un presupuesto de casi 10 millardos de dólares, 150 mil servidores públicos, iniciativa legislativa, poderes exorbitantes de realizar actos administrativos reglamentarios, responsabilidad única en el manejo de la seguridad ciudadana y pública y muchas otras funciones igualmente impactantes.
Su desempeño, bueno o malo, va a depender de los colaboradores de libre nombramiento y remoción que elija como ministros. Que quede claro, a un presidente elegido democráticamente no se le juzga por el cumplimiento de las improvisaciones, promesas y exageraciones de una campaña electoral desde una perspectiva de oposición. A partir del 1 de julio, una vez jurado el cargo, se inicia el proceso de apreciar su gestión gubernamental. En ese momento deja de tener sentido el apoyo masivo en las urnas y la percepción mediática. Jurar cumplir la Constitución y las leyes de la República es asumir el riesgo no de perder dinero sino de ser enjuiciado por extralimitación de funciones y colocarse en el basurero de la historia.
El equipo exitoso de campaña electoral cumplió sus funciones y fue evaluado el día 4 de mayo. Desde ese momento, la candidatura Martinelli fue acontecimiento pasado. Surgió una nueva figura revestida por un poder institucional y con la obligación de comportarse como el primer servidor público del bien social de los panameños (as).
La deuda de Martinelli no es con los colaboradores en su triunfo y se le hace difícil distinguir la fiesta electoral con la institucionalización de los poderes públicos. La transformación más radical del presidente electo es modificar su actitud orientada al lucro y al propio yo, por una orientada al servicio y a la sociedad. El mismo hecho de tener que hacer pública su riqueza privada indica que su situación ya no es la misma. Su misma actividad libre ahora será autorizada por la ley.
El presidente es un prisionero de la Constitución. Los ciudadanos Martinelli y Varela tienen que aprender a ser y comportarse como presidente y vicepresidente. Nada más esperamos de ellos.
http://impresa.prensa.com/opinion/candidato-Presidente_0_2566993465.html
El primer sorprendido del resultado de las elecciones presidenciales pasadas fue el presidente electo. En apenas una campaña presidencial pasó de menos de 100 mil votos a casi un millón de esperanzados electores. Su liderazgo electoral es un fenómeno que arrastró en su victoria los despojos de un partido personalista sin conducción y demostró ante la faz del país que el partido de Omar era un tigre de papel.
La República tiene un presidente que goza del 60% de los votos válidos, 57% de los votos sufragados y 43% de los votantes del padrón electoral. Es un Presidente constitucional que cumple con todas las formalidades de los regímenes de derecho y que incluso recibe el consentimiento –legitimidad– de las mayorías nacionales.
Pocas presidencias han tenido el impulso inicial que ha tomado el período de transición del gobierno panameño 2009–2014, que tantas expectativas suscita a nivel nacional e internacional. El problema del presidente electo es el aprendizaje acelerado a que debe someterse, si quiere desempeñarse eficazmente como el primer administrador del Estado panameño.
Nuestro presidente –escribo como ciudadano panameño– debe actuar como “un funcionario paradigmático”. El ejemplo fácil de ser un comerciante y un candidato exitoso tiene que traducirlo en el aprendizaje de ser un presidente efectivo y eficaz. Su primera actividad medible en términos de éxito o fracaso es la elección y nombramiento de sus ministros y directores. Si falla en esta primera tarea, ¿quién garantiza que no siga fallando?
Su obligación fundamental, no ahora, sino el día indicado por la Constitución, será coordinar la administración del Estado panameño. En esta obligación constitucional erró Martín y erró Mireya. No supieron darles un rumbo de productividad y competencia a las instituciones y ministerios que tenían que coordinar.
El presidente electo tiene que prepararse para ejercer por sí solo lo que le manda la Constitución. La pregunta es: ¿el ciudadano Ricardo Martinelli está tomando en serio este “rol” totalmente distante y diferente a su papel tradicional de producir ganancias mediante la compra y venta de bienes de consumo? Para que el Presidente electo ejerza su nuevo oficio cabalmente va a recibir un presupuesto de casi 10 millardos de dólares, 150 mil servidores públicos, iniciativa legislativa, poderes exorbitantes de realizar actos administrativos reglamentarios, responsabilidad única en el manejo de la seguridad ciudadana y pública y muchas otras funciones igualmente impactantes.
Su desempeño, bueno o malo, va a depender de los colaboradores de libre nombramiento y remoción que elija como ministros. Que quede claro, a un presidente elegido democráticamente no se le juzga por el cumplimiento de las improvisaciones, promesas y exageraciones de una campaña electoral desde una perspectiva de oposición. A partir del 1 de julio, una vez jurado el cargo, se inicia el proceso de apreciar su gestión gubernamental. En ese momento deja de tener sentido el apoyo masivo en las urnas y la percepción mediática. Jurar cumplir la Constitución y las leyes de la República es asumir el riesgo no de perder dinero sino de ser enjuiciado por extralimitación de funciones y colocarse en el basurero de la historia.
El equipo exitoso de campaña electoral cumplió sus funciones y fue evaluado el día 4 de mayo. Desde ese momento, la candidatura Martinelli fue acontecimiento pasado. Surgió una nueva figura revestida por un poder institucional y con la obligación de comportarse como el primer servidor público del bien social de los panameños (as).
La deuda de Martinelli no es con los colaboradores en su triunfo y se le hace difícil distinguir la fiesta electoral con la institucionalización de los poderes públicos. La transformación más radical del presidente electo es modificar su actitud orientada al lucro y al propio yo, por una orientada al servicio y a la sociedad. El mismo hecho de tener que hacer pública su riqueza privada indica que su situación ya no es la misma. Su misma actividad libre ahora será autorizada por la ley.
El presidente es un prisionero de la Constitución. Los ciudadanos Martinelli y Varela tienen que aprender a ser y comportarse como presidente y vicepresidente. Nada más esperamos de ellos.
http://impresa.prensa.com/opinion/candidato-Presidente_0_2566993465.html
sábado, 11 de abril de 2009
Alternativas fracasadas
Roberto Arosemena Jaén
El fracaso del PRD y del Panameñismo en las próximas elecciones significa el fin de la retórica del caudillismo ideológico incomprensible del torrijismo y del arnulfismo. Este proceso electoral está barriendo con los mitos del siglo XX que se tomaron la política criolla desde que el coronel Remón desafió al Dr. Arnulfo Arias. Para estos momentos, el liberalismo agónico del siglo XIX había sido enterrado con el Dr. Porras.
El torrijismo no va a desaparecer por la miopía de los financistas del PRD que apostaron por la ingeniera Herrera, ni por el aventurerismo de Juan Carlos Varela que supo neutralizar la voracidad del banquero Vallarino para ponerse al servicio del emergente fenómeno mediático, Ricardo Martinelli. La fantasía del torrijismo y el arnulfismo han sucumbido en manos del cambio “democrático” que vuelve a despertar las ilusiones de la cruzada civilista de hace 20 años.
El tiempo político en Panamá se detuvo, cuando se desconoció a Manuel Antonio Noriega y los estrategas del poder decidieron salvar el esquema octubrino. Estas elecciones son la crónica de la muerte anunciada del torrijismo y del arnulfismo que se resisten a morir en manos de la fuerza política que surgió la noche del 9 de junio de 1987 y que ahora, final y tardíamente encuentra a su jefe político. Los últimos seis meses de 2009 nos dirán si la nueva presidencia logrará enterrar definitivamente las fantasías ideológicas del siglo pasado o retrotraernos a la lucha PRD-Panameñismo de hace cinco lustros.
La política panameña está en crisis. En 1994, cuando levanté la consigna del “voto en blanco” como medio de rechazar las alternativas electorales y llamar la atención en la necesidad de una “constituyente soberana” nadie hizo caso. No se llegó ni al 3% de votos nulos, ya que en ese momento ni siquiera el Tribunal Electoral registraba la diferencia entre voto nulo y voto en blanco. En la actualidad, se enfrenta el voto a favor de los partidos y el voto indiferente o de rechazo a los tres candidatos a Presidente de la República. Esto significa –esperamos que se pueda verificar en las urnas– que el régimen derivado de la invasión de 1989 –en manos del torrijismo y de su leal oposición arnulfista– y ahora conducido por Martinelli desde la percepción mediática, haya perdido todo viso de credibilidad.
Espero que los pensantes políticos no maten al mensajero y empiecen a concentrarse en posibles derivaciones del gobierno venidero. Dos mitos ideológicos: torrijismo-arnulfismo liquidados por la incapacidad de sus dirigentes y por el oportunismo de sus clientes partidistas; el liderazgo, independiente de Torrijos y Arnulfo, que debió darse en diciembre de 1989 y que está a punto de darse con Martinelli, en mayo de 2009, ocupan la atención de propios y extraños. Lo lamentable es apostar todos los huevos en la canasta de un improvisado próximo gobernante.
¿Puede Panamá resistir situaciones de inestabilidad provocadas desde arriba? Recuerdo que las asesorías internas e internacionales pueden producir excelentes documentos pero no acciones de buen gobierno. Tampoco es solución concentrarse en la organización de nuevos colectivos partidistas en base a convocatorias engañosas para reestructurar la sociedad panameña con una constituyente paralela nacida del antojo de un nuevo presidente. Hay que convencerse de que el poder mediático es un excelente instrumento para ganar elecciones y llenar de incertidumbre a una población, pero no es la receta del buen gobierno.
El gobierno de un Estado es un asunto muy serio como para dejarlo en manos de líderes mediáticos, partidos desprestigiados, elecciones sin reglas de juego ético y una mayoría electoral forzada a elegir entre propuestas partidistas cerradas y poco convincentes.
El problema es grave, porque la carrera del 3 de mayo ya empezó y no hay retroceso a nivel institucional. Hago un llamado a los magistrados del Tribunal Electoral para que respeten la ley y la Constitución. Ellos no están o no deben estar en el juego de poder. Su misión es salvaguardar la lógica de la esperanza, el sentido común y la moral de un electorado que no es otra que su posibilidad de elegir, pero también de rechazar, las propuestas presidenciales que los partidos políticos se han atrevido presentar.
El momento de hacer sentir la voluntad del soberano es el 3 de mayo. Los políticos deberán examinar dicha voluntad y decidirse por establecer un gobierno legítimo además de constitucional, antes de que la sociedad le exija rendición de cuentas.
http://impresa.prensa.com/opinion/Alternativas-fracasadas_0_2540746089.html
El fracaso del PRD y del Panameñismo en las próximas elecciones significa el fin de la retórica del caudillismo ideológico incomprensible del torrijismo y del arnulfismo. Este proceso electoral está barriendo con los mitos del siglo XX que se tomaron la política criolla desde que el coronel Remón desafió al Dr. Arnulfo Arias. Para estos momentos, el liberalismo agónico del siglo XIX había sido enterrado con el Dr. Porras.
El torrijismo no va a desaparecer por la miopía de los financistas del PRD que apostaron por la ingeniera Herrera, ni por el aventurerismo de Juan Carlos Varela que supo neutralizar la voracidad del banquero Vallarino para ponerse al servicio del emergente fenómeno mediático, Ricardo Martinelli. La fantasía del torrijismo y el arnulfismo han sucumbido en manos del cambio “democrático” que vuelve a despertar las ilusiones de la cruzada civilista de hace 20 años.
El tiempo político en Panamá se detuvo, cuando se desconoció a Manuel Antonio Noriega y los estrategas del poder decidieron salvar el esquema octubrino. Estas elecciones son la crónica de la muerte anunciada del torrijismo y del arnulfismo que se resisten a morir en manos de la fuerza política que surgió la noche del 9 de junio de 1987 y que ahora, final y tardíamente encuentra a su jefe político. Los últimos seis meses de 2009 nos dirán si la nueva presidencia logrará enterrar definitivamente las fantasías ideológicas del siglo pasado o retrotraernos a la lucha PRD-Panameñismo de hace cinco lustros.
La política panameña está en crisis. En 1994, cuando levanté la consigna del “voto en blanco” como medio de rechazar las alternativas electorales y llamar la atención en la necesidad de una “constituyente soberana” nadie hizo caso. No se llegó ni al 3% de votos nulos, ya que en ese momento ni siquiera el Tribunal Electoral registraba la diferencia entre voto nulo y voto en blanco. En la actualidad, se enfrenta el voto a favor de los partidos y el voto indiferente o de rechazo a los tres candidatos a Presidente de la República. Esto significa –esperamos que se pueda verificar en las urnas– que el régimen derivado de la invasión de 1989 –en manos del torrijismo y de su leal oposición arnulfista– y ahora conducido por Martinelli desde la percepción mediática, haya perdido todo viso de credibilidad.
Espero que los pensantes políticos no maten al mensajero y empiecen a concentrarse en posibles derivaciones del gobierno venidero. Dos mitos ideológicos: torrijismo-arnulfismo liquidados por la incapacidad de sus dirigentes y por el oportunismo de sus clientes partidistas; el liderazgo, independiente de Torrijos y Arnulfo, que debió darse en diciembre de 1989 y que está a punto de darse con Martinelli, en mayo de 2009, ocupan la atención de propios y extraños. Lo lamentable es apostar todos los huevos en la canasta de un improvisado próximo gobernante.
¿Puede Panamá resistir situaciones de inestabilidad provocadas desde arriba? Recuerdo que las asesorías internas e internacionales pueden producir excelentes documentos pero no acciones de buen gobierno. Tampoco es solución concentrarse en la organización de nuevos colectivos partidistas en base a convocatorias engañosas para reestructurar la sociedad panameña con una constituyente paralela nacida del antojo de un nuevo presidente. Hay que convencerse de que el poder mediático es un excelente instrumento para ganar elecciones y llenar de incertidumbre a una población, pero no es la receta del buen gobierno.
El gobierno de un Estado es un asunto muy serio como para dejarlo en manos de líderes mediáticos, partidos desprestigiados, elecciones sin reglas de juego ético y una mayoría electoral forzada a elegir entre propuestas partidistas cerradas y poco convincentes.
El problema es grave, porque la carrera del 3 de mayo ya empezó y no hay retroceso a nivel institucional. Hago un llamado a los magistrados del Tribunal Electoral para que respeten la ley y la Constitución. Ellos no están o no deben estar en el juego de poder. Su misión es salvaguardar la lógica de la esperanza, el sentido común y la moral de un electorado que no es otra que su posibilidad de elegir, pero también de rechazar, las propuestas presidenciales que los partidos políticos se han atrevido presentar.
El momento de hacer sentir la voluntad del soberano es el 3 de mayo. Los políticos deberán examinar dicha voluntad y decidirse por establecer un gobierno legítimo además de constitucional, antes de que la sociedad le exija rendición de cuentas.
http://impresa.prensa.com/opinion/Alternativas-fracasadas_0_2540746089.html
viernes, 12 de septiembre de 2008
Criminología constitucional
Roberto Arosemena Jaén
Antes de entrar a la Constitución como ley de leyes, vale la pena reconstruir el concepto de criminología o el estudio del iter criminis. Las razones para actuar y vivir como delincuente es lo que estudia la criminología, sea para prevenir, sea para corregir, sea para retribuir, sea para defender a la sociedad. Los fines del delincuente o del criminal es lo que estudia la criminología teleológica. Las causas que conducen al humano a delinquir es el objeto de la criminología. Ciencia contraria a la ética que estudia las razones que conducen al individuo a actuar y a vivir bien.
Premiar las conductas éticas y castigar las criminológicas es lo propio del aparato jurídico de un Estado que se constituye a partir de la Ley Fundamental –la Constitución Política de un Estado–. Establecer que cualquier delincuente –doloso y confeso–, descubierto, juzgado y castigado con prisión por menos de cinco años por los jueces de Panamá, pueden ser presidente de la República, diputado, alcalde y representante de corregimiento es una disposición para premiar el crimen y repudiar esas conductas éticas e íntegras que pocos políticos, empresarios y dirigentes gremiales pueden ostentar.
Leo y releo los artículos 153, numeral 4; 180, 196, 226, numeral 3 y concluyo: la “delincuencia al poder” en el Ejecutivo, Legislativo y gobiernos municipales. Por fortuna existe el artículo 205 que tiene un contenido ético y no criminológico como los citados anteriormente.
El lector ingenuo, que seríamos todos, aceptamos esos artículos que establecen prerrogativas para todos los y las delincuentes que han pagado por sus delitos menos de cinco años de cárcel. No nos referimos a esas tonterías de indultos, inmunidades parlamentarias, amnistías, juega vivo, tráfico de influencia judicial; nos estamos refiriendo a esa ley de leyes que es la Constitución torrijista, reformada en 2004 por voluntad de Mireya Moscoso y Martín Torrijos.
Precisamente, es esta criminología constitucional –que reivindica socialmente hasta las más altas magistraturas de la nación a los condenados dolosamente, a los delincuentes por mala fe e irrespeto deliberado de la normativa penal panameña– la que tira al basurero de la política electoral, a toda la gente íntegra y decente que sí cree, que la justicia y la verdad es la mejor credencial para acceder al mando de la Nación panameña.
Siento que el valor ético y moral que debe sustentar la acción política de los panameños ha sido sustituido por “no importa cometer crímenes y delitos si logras que te condenen por menos de cinco años”.
Es lo que se conoce como funcionalismo y utilitarismo en las ciencias políticas. La filosofía le podría denominar, simplemente, teleología criminológica.
http://impresa.prensa.com/opinion/Criminologia-constitucional_0_2382512063.html
Antes de entrar a la Constitución como ley de leyes, vale la pena reconstruir el concepto de criminología o el estudio del iter criminis. Las razones para actuar y vivir como delincuente es lo que estudia la criminología, sea para prevenir, sea para corregir, sea para retribuir, sea para defender a la sociedad. Los fines del delincuente o del criminal es lo que estudia la criminología teleológica. Las causas que conducen al humano a delinquir es el objeto de la criminología. Ciencia contraria a la ética que estudia las razones que conducen al individuo a actuar y a vivir bien.
Premiar las conductas éticas y castigar las criminológicas es lo propio del aparato jurídico de un Estado que se constituye a partir de la Ley Fundamental –la Constitución Política de un Estado–. Establecer que cualquier delincuente –doloso y confeso–, descubierto, juzgado y castigado con prisión por menos de cinco años por los jueces de Panamá, pueden ser presidente de la República, diputado, alcalde y representante de corregimiento es una disposición para premiar el crimen y repudiar esas conductas éticas e íntegras que pocos políticos, empresarios y dirigentes gremiales pueden ostentar.
Leo y releo los artículos 153, numeral 4; 180, 196, 226, numeral 3 y concluyo: la “delincuencia al poder” en el Ejecutivo, Legislativo y gobiernos municipales. Por fortuna existe el artículo 205 que tiene un contenido ético y no criminológico como los citados anteriormente.
El lector ingenuo, que seríamos todos, aceptamos esos artículos que establecen prerrogativas para todos los y las delincuentes que han pagado por sus delitos menos de cinco años de cárcel. No nos referimos a esas tonterías de indultos, inmunidades parlamentarias, amnistías, juega vivo, tráfico de influencia judicial; nos estamos refiriendo a esa ley de leyes que es la Constitución torrijista, reformada en 2004 por voluntad de Mireya Moscoso y Martín Torrijos.
Precisamente, es esta criminología constitucional –que reivindica socialmente hasta las más altas magistraturas de la nación a los condenados dolosamente, a los delincuentes por mala fe e irrespeto deliberado de la normativa penal panameña– la que tira al basurero de la política electoral, a toda la gente íntegra y decente que sí cree, que la justicia y la verdad es la mejor credencial para acceder al mando de la Nación panameña.
Siento que el valor ético y moral que debe sustentar la acción política de los panameños ha sido sustituido por “no importa cometer crímenes y delitos si logras que te condenen por menos de cinco años”.
Es lo que se conoce como funcionalismo y utilitarismo en las ciencias políticas. La filosofía le podría denominar, simplemente, teleología criminológica.
http://impresa.prensa.com/opinion/Criminologia-constitucional_0_2382512063.html
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