La historia es también asunto de intereses

Francisco Díaz Montilla

La historia registra que cuando el general Mariano Montilla tuvo conocimiento de los hechos de la “independencia” de Panamá de España, el 28 de noviembre de 1821 sentenció: “no cabe duda de que Panamá es tierra de comerciantes, ha sabido evitar los horrores de la guerra proclamando en buena hora su independencia”.

Ciertamente, mientras el resto del continente libraba su independencia desde una década atrás en el campo de batalla, los istmeños permanecimos fieles a la corona española, y si finalmente actuamos como hicimos se debió a un cálculo de utilidades que –al menos para los sectores comerciantes– era sumamente prometedor. Entonces eran irrelevantes los ideales de Nación, independencia y soberanía. Lo determinante, por el contrario, era que la Gran Colombia de Bolívar, a la cual nos uníamos voluntariamente, garantizara el libre comercio por el Istmo.

81 años, 11 meses y 25 días más tarde, la historia sería similar. En esta ocasión no hubo pagos de salarios atrasados a soldados, aunque sí sobornos a importantes funcionarios del Gobierno de Colombia y a otros “patriotas”, algunos de ellos elevados a la categoría de próceres, y –sobre todo– la posibilidad de realizar magníficos negocios con la construcción del canal de Panamá por parte de Estados Unidos.

Lo demás es historia: un chino muerto y una mula heroica, un tratado que cedía a perpetuidad parte del territorio nacional y un artículo de la Carta Magna que legalizaba las intervenciones norteamericanas en el Istmo. En fin, un país mutilado que habría de iniciar un tortuoso proceso de autoafirmación que, en pleno siglo XXI, no termina de realizarse y que –según parece– ya no interesa.

Años después de la separación de Colombia, una de las mentes más preclaras que ha vivido en este país, Eusebio A. Morales, señalaba en uno de sus escritos que el problema principal de los panameños era la ausencia total de sentimiento patrio, y que entre los involucrados en los hechos secesionistas había quienes no creían en la empresa que estaban realizando, y que el móvil de las acciones de estas personas era más bien crematístico.

Pero los panameños sobredimensionamos los hechos y celebramos pomposamente con marchas, salomas, bandas musicales de poca monta y bailes que no vienen al caso, acontecimientos de los cuales no tenemos la más remota idea o que carecen de proyección nacional pero que súbitamente –debido a la extraordinaria fantasía de historiadores de cuentos de hadas (historiadores Alicia) o de retóricos gubernamentales– parecieran ser la manifestación del alma nacional que desborda todo condicionamiento temporal (incidente de la tajada de sandía, 10 de noviembre de 1821, 5 de noviembre de 1903, etc.).

No somos capaces de darnos la oportunidad de evaluar los acontecimientos y el actuar humano bajo la mirada de la crítica, ni de advertir que –después de todo– nada es sagrado en la historia, o mejor dicho: no somos capaces de advertir que no hay historia humana sagrada, y que la historia no puede entenderse sino a partir de los intereses que la hacen posible.

http://impresa.prensa.com/opinion/historia-asunto-intereses_0_2977952360.html

Política y educación

Roberto Arosemena Jaén

En la década de los 20 en Panamá, la urbe capitalina era el centro de irradiación educativa. El que podía ser maestro se educaba en el Instituto, y el que quería tener un oficio se educaba en el Artes y Oficio. El interior no producía estos niveles de capacitación y competencia. Era un simple receptáculo de los maestros y técnicos profesionales que transferían conocimientos y habilidades por las escuelas, las incipientes empresas y las oficinas públicas de salud, cobros de impuesto y orden público. El Estado liberal enfrentaba así los retos de una sociedad que demandaba educación primaria para sus futuros ciudadanos y tareas de producción y de servicio a la altura del Artes y Oficio.

En la década nacionalista, 1930-1940, el Estado se consolida. La normal y la escuela técnica artesanal e industrial llegan a Santiago y Divisa. La ciudad de Panamá deja de monopolizar la incipiente especialización educativa y desde la Universidad de Panamá se va a atender la formación de los profesores de educación secundaria y de los estratos profesionales más complejos que aquellos oficios que se enseñaban en las escuelas técnicas y agrícolas. En los 40, 50 y 60 la educación de profesores, licenciados y profesionales liberales y afines se concentran en la Universidad de Panamá que ya se percibe –al menos entre sus intelectuales "progresistas"– como la conciencia crítica de la nación cuando en realidad también era la formadora de los profesionales que demandaba una sociedad cada vez más compleja y articulada a la división local e internacional del trabajo.

 En la década de los 70, la Universidad de Panamá se estanca. El elefantismo sigue produciendo los mismos profesionales de las décadas anteriores. El resultado inmediato es la desmembración de la Universidad: Universidad Tecnológica, Universidad Autónoma de Chiriquí y otros injertos menores que una vez obtenida una ley orgánica se transforman en Universidades Oficiales del Estado Panameño. Junto a esta desmembración disfuncional además de onerosa, a nivel presupuestario, crece el sector privado de universidades –sobre todo de los vecinos países iberoamericanos–. Los años de la incipiente Universidad Católica, son superados con creces con la llegada, incluso de franquicias universitarias, al territorio panameño. Esta situación casi caótica actualmente, a nivel de educación superior, sustenta la ley que crea el Sistema Nacional de Acreditación y Certificación responsable de garantizar la calidad de la educación superior, lo mismo que la ley del Inadeh que centraliza todos los procesos de capacitación profesional que desde inicio de la República de 1903 ya daba el Artes y Oficio. El 2006 es el año de la improvisación educativa revestida de estudio y tecnicismo, cuando en realidad es un salto hacia la mediocre privatización transfronteriza.

Como si fuera poco, la confusión de los actuales diseñadores de la política educativa, la propuesta de una Universidad o Instituto Pedagógico, vuelve –despiadada a reducir más a la golpeada Universidad de Panamá– creando una nueva universidad que ya existe en la misma Universidad de Panamá desde hace 72 años. El Estado actúa como si no se tuviese una institución responsable de formar docentes. En lugar de participar en la actualización y puesta al día de la Universidad, tiene una ocurrencia más que en los próximos meses y años va a dilapidar decenas de millones de dólares.

La Universidad de Panamá ya empezó con la timidez que la caracteriza en el plano académico, desde inicios del siglo XXI, una transformación curricular a paso de tortuga y que sus autoridades proyectan finalizar este año, a mediados del próximo o quizá dentro del plazo que concede la Ley del Sistema Nacional de Acreditación, en el 2011.

La educación panameña es un problema muy serio y en ella se va la oportunidad de toda una generación de jóvenes y las bases de un desarrollo humano, tanto más urgido de crear conocimientos, aplicar conocimientos y difundir conocimientos, destrezas, habilidades, para no mencionar las actitudes cívicas, ciudadanas y morales que requiere el mundo de hoy. Políticos emprendedores del futuro inmediato y ciudadanía interesada a empezar entender lo que es y lo que debe ser la educación panameña.

http://impresa.prensa.com/opinion/Politica-educacion_0_2116288555.html

La educación superior

Roberto Arosemena Jaén

Del 14 al 28 de junio pasado la Asamblea debatió la ley para evaluar y acreditar la educación universitaria y aprobó la existencia del Consejo Nacional que va a dar fe de la calidad de los programas educativos que imparten las universidades en Panamá.

Es la función típica de una agencia de acreditación. Certificar ante la sociedad que el producto que se ofrece es de calidad y puede ser aprovechado sin riesgo alguno. El problema de esta agencia de acreditación recién fundada es que va a trabajar adscripta al Ministerio de Educación, responsable de la educación básica y media, y sin experiencia en el manejo de programas y títulos universitarios. De salida se le impone tanto al presupuesto nacional como al Ministro de Educación el titánico esfuerzo de crear una estructura de evaluación y acreditación universitaria, cuando todavía el mismo ministro reconoce que los programas de educación básica y media no están acreditando la capacidad mínima requerida para sus estudiantes.

Qué puede esperar la sociedad panameña de los futuros egresados de las universidades oficiales y particulares certificados y acreditados en virtud de la fe que exige dicho ministerio por imposición del proyecto de Ley 215 ya aprobado en tercer debate y sujeto a la decisión presidencial de convertirlo en ley de la República o devolverlo a la Asamblea por inconveniente e inconstitucional. En efecto, ya lo sugirió el diputado Vladimir Herrera en su intervención del 26 de junio "que no venga nadie y nos diga : -oye, esa ley es inconstitucional-, entonces, el esfuerzo que hemos hecho se puede perder en el camino".

La educación panameña está en crisis porque el país no se está desarrollando como podría hacerlo y todavía no se ha logrado una cobertura de 100% en la educación preescolar y básica cuando ya se debería estar logrando con la educación técnica o media. Esta crisis tendrá que ser afrontada próximamente. Ahora hay que solucionar el problema de la educación superior.

El problema de la educación superior panameña es que la universidad oficial no está cumpliendo con su función constitucional y todavía no ha tomado en serio la puesta en práctica de la Ley Orgánica del 14 de julio de 2005. Todo título o grado que se admite en nuestro país está fiscalizado, acreditado, evaluado y reconocido por la Universidad de Panamá o por la Universidad Tecnológica. No es excusa ante la sociedad panameña la falta de voluntad política o la escasez presupuestaria o de personal para atender las tareas de fiscalización de los programas, títulos y grados que se admiten en nuestro país. La Constitución es clara en el mandato que le impone a la universidad oficial del Estado panameño y no hace falta ninguna ley ni estatuto para garantizarle a la sociedad el crédito, la fe y la confianza que debe tener todo profesional que actúa en territorio nacional.

La discusión de este proyecto de ley ha llevado a ciertas autoridades de la Universidad de Panamá a reconocer la morosidad en el cumplimiento de sus deberes de funcionarios públicos y las interpelaciones realizadas al mismo Ministro de Educación han dejado abierta la interrogante de cómo podía autorizar el funcionamiento de universidades particulares sin la debida fiscalización de parte de la Universidad de Panamá y de cómo funciona la "Ciudad del Saber" en su relación con universidades o centros de educación superior. En resumen, un problema no resuelto de la educación superior.

El Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación ya existe como realidad sistémica en nuestro país por virtud de la constitución y de la Ley Orgánica de las universidades oficiales. La institución rectora del sistema es la Universidad de Panamá que debe ser más efectiva y decidida con sus pares políticos y académicos que son el Ministerio de Educación, las universidades oficiales y particulares y el sector gubernamental y privado. La tarea que se autoimpone el Ministro de Educación con el proyecto de Ley 215 es inviable financiera y operativamente a corto plazo y la sociedad panameña no puede esperar a que exista un consejo que acredite y evalúe permanente y continuamente las idoneidades y las profesiones que se ejercen en nuestro país. Es el papel que le corresponde a la Universidad de Panamá y que la sociedad está demandando. Ya el problema se está haciendo sentir con la acreditación de médicos y odontólogos, luego vendrán los abogados. Que el Presidente de la República actúe con prudencia y devuelva el proyecto 215 a la Asamblea Nacional.

http://mensual.prensa.com/mensual/contenido/2006/07/13/hoy/opinion/667668.html

Instituciones fundamentales

Roberto Arosemena Jaén

Lo fundamental a nivel institucional es lo que no puede desaparecer y sí desaparece, a nivel filosófico, crea un caos y hace desaparecer el orden social establecido.

Hacer desaparecer el estado como orden político es caótico. El esfuerzo sostenido de la acracia, el viejo anarquismo decimonónico, por eliminar el Estado fue una fiebre de individuos acalorados y llenos de racionalismo libertario. En este sentido, el Estado, como orden político, es insustituible a mediano plazo. Pareciese que los libertarios de la economía siguen con la calentura -la anacrónica fantasía- de eliminar la injerencia del Estado a corto plazo en la vida económica de los pueblos y de las naciones.

Excluir el Estado de la administración de justicia y privatizarla en manos de árbitros, de Iglesias, de ONGS o de gremios empresariales causaría un terrible caos. La parcialidad y la discrimación desvirtuarían la justicia legal a favor de intereses financieros, confesionales e ideológicos. En este sentido, la administración de justicia en manos de profesionales del derecho y de la ética pública es una institución fundamental a largo plazo para el mundo actual.

Lo mismo sucede con la familia y los hogares sustitutos administrados por religiosas, en el caso específico de los niños afectados por el sida. Las encuestas son claras. El 61% de los niños son húerfanos y, sin embargo, el 100% de esos niños son atendidos -alimentados, protegidos y educados- por su familia y por religiosas. El papel del Ministerio de Desarrollo Social, del Ministerio de Salud y de la Caja de Seguro Social no ha logrado crear una institución para alimentar, proteger y educar a estos niños afectados por el virus letal.

Desde mi perspectiva ética tanto la familia "extensiva y reproductiva" como las religiosas, convencidas de servir a los húerfanos, son instituciones fundamentales en el mundo actual. Las otras fórmulas de esterilizar a los afectados por el sida, de castigarlos penalmente por el intercambio heterosexual, de abortar a los embriones en alto riesgo de infectación o el cometer cualquier acto de infanticidio, aparte de establecer situaciones altamente inmorales, entrarían en la esfera de lo delictivo y de lo sancionable penalmente.

 Pensar que en nombre de una falsa retórica contra la vida de embriones -masa celular le llaman algunos agnósticos- y de una vida amenazada letalmente desde su nacimiento, se podrían justificar medidas médicas para que no nazcan los afectados por el sida. Este pensar es en sí mismo reprobable, cruel e inhumano. El rechazo a esa forma de pensar ha dado como resultado las medidas que está tomando la UNICEF, luego de un debate bioético serio y altamente responsable, para desarrollar un programa de atención a las mujeres infectadas por el sida antes y durante el parto con todos los recursos que la técnica ofrece para evitar la infectación de los recién nacidos. La solución de este conflicto ético asumido por el programa respectivo de UNICEF, ha logrado armonizar valores humanos, laicos y liberales, que van desde la intimidad y privacidad de seres autónomos hasta el derecho a vivir de un proyecto o "embrión" de ser humano con la intrínseca posibilidad de ser curado en el momento en que la insuficiencia e ignorancia científica sea superada por el descubrimiento o la invención del antivirus del sida.

No obstante, el problema real de los niños afectados por el sida, la orfandad, está solucionado por su familia genética y por su familia religiosa. La conservación de la familia "reproductiva y extensiva por relación genética y sanguínea", lo mismo que la existencia de órdenes religiosas que identifican a su Dios con el humano necesitado son instituciones fundamentales del mundo globalizado.

Argumentar que tanto la familia como la religión son convenientes en el mundo de hoy no se reduce a un enfoque utilitarista de atención a los huérfanos con sida. Se trata, más bien, de una reflexión para analizar las respuestas que dan y no dan las instituciones actuales y la que siguen dando las instituciones tradicionales como la familia y la iglesia.

La finalidad de este artículo es reflexionar sobre la existencia de instituciones como la familia y la iglesia no en justificar ni aplaudir el fin reproductivo y genético de la familia ni en hacer apologética de la realidad de Dios que nunca se verá, con la humanidad del niño huérfano y afectado de sida que impacta la conciencia laica y liberal de instituciones como UNICEF. Esto último es sólo un ejemplo ilustrativo de instituciones que existirán mientras exista humanidad y no el capricho de seres mal intencionados.

http://impresa.prensa.com/opinion/Instituciones-fundamentales_0_1721078022.html

Estadistas y ladrones

Roberto Arosemena Jaén

Cuando la sociedad toma distancia de la justicia se roba en grande. Políticos y empresarios se transforman en bandas de ladrones y el ciudadano se siente autorizado a jugar vivo. El grito de los ingenuos y permisivos es "sálvese quien pueda". No obstante, aparece uno o varios rebeldes al mal y leales al bien que empiezan a correr la voz hasta que logran consolidar un frente de cambio y renovación. Es cierto, que aparecerán demagogos y toda una ola de oportunistas y farsantes que hablarán de cambio para que nada cambie. La idea de un Estado sin justicia igual a una banda de ladrones la menciona Benedicto XVI en su última encíclica. El escenario de mafias gobernantes en lugar de políticos justos es una experiencia común en el mundo liberal y científico de los últimos siglos y también lo era en el siglo IV cuando Agustín acuña la frase.

La justicia, como caridad política, más que un valor cristiano es una condición determinante para la existencia de una sociedad libre, estable y provechosa para las mayorías. La técnica gubernamental para lograr un universo de sociedades justas, solidarias e igualitarias no se reduce a la aplicación de un derecho universalizante, sino que exige la vida justa del gobernante y del ciudadano. Además, de un sistema de justicia capaz de condenar a los corruptos y a todo hijo de mujer que delinque no porque lesiona la ley, sino porque falta a la justicia lesionando la dignidad de su vecino.

La justicia fue un valor cuestionado y casi olvidado de la vida política del siglo XX. La misma teoría jurídica basada en el positivismo científico y estudiada en las universidades desconocía el fundamento racional de la justicia. La justicia como virtud moral era emocional, sentimental y como tal una expresión irracional subjetiva que no podía fundamentar el estado de derecho. La norma era el objeto del derecho y la coerción, el instrumento práctico para lograr comportamientos legalmente admitidos por el Estado. La justicia como caridad política que obligaba moralmente era un asunto particular, de conciencia y buena fe. A tal grado llegó el "desprestigio científico" de la justicia que se le consideró un invento de la Iglesia, y el mismo Hans Kelsen consideró que el derecho ni necesitaba de la justicia ni podía invocar su relevancia doctrinal.

 El derrumbe de la ilusión científica del mundo moderno de que la razón técnica y el sistema de derecho todo lo solucionaría obligó a retornar a los viejos esquemas filosóficos para fundamentar la ciencia, la técnica, el derecho y la política. Las olvidadas virtudes griegas asimiladas por el cristianismo como fue el temple y la fortaleza del carácter, el uso prudente de la inteligencia y la razón, y las relaciones justas entre individuos y gobernantes volvieron a tener prensa y a utilizarse en los currículos de estudios. A tal grado ha llegado la moda ética y moral de nuestro tiempo, que la medicina introduce en 1970 el término de bio- ética. J.Rawls, filósofo estadounidense, conmueve al mundo científico, volviendo a reinterpretar la política como el arte de hacer justicia.

Además, eventos políticos impactantes subrayan el fundamento ético de las sociedades humanas como la revolución iraní del 80 y el colapso del imperio soviético. La moral política en el mundo globalizado y sus contrastantes interpretaciones laicas y religiosas nos obliga a tomar en serio la ética y la integridad y su enemigo jurado: la corrupción sistémica de empresas y gobernantes.

Tan fuerte es la necesidad de moralizar el universo que las ideologías del poder están en retroceso. El mismo gobierno del segundo Torrijos se apresura a aprobar un Código de Ética para todos los funcionarios del Estado sin preocuparse de su efectividad ni de su contenido. Nadie se atreve a comunicarse públicamente si no hace profesión de fe en la justicia, la equidad y la solidaridad. La moda científica que ayer solo admitía normas positivas y un derecho coactivo para determinar las expectativas de comportamiento de la ciudadanía hoy, se avergüenza de hacer sorna de la moral por su naturaleza excesivamente subjetiva, sentimental y cristiana. Un derecho sin moral es una técnica de discriminación, y una moral sin derecho es un mito y una fantasía.

La justicia como caridad política ejercida como bien ciudadano es el único instrumento conocido para barrer a los grupos de bandoleros que, impunemente, roban en grande.

http://impresa.prensa.com/opinion/Estadistas-ladrones_0_1696330544.html

Educación superior universitaria

Roberto Arosemena Jaén

La crisis educativa produce desempleo, salarios insuficientes, pérdida del sentido empresarial y un sabor de deterioro social y nacional. De nada sirvieron las reformas constitucionales, las tributarias y las de las pensiones. De nada sirve enterrar el cuello atacando a los magistrados de corrupción generalizada. De nada sirve hacer batidas y privar a los menores infractores de libertad si no educamos a la ciudadanía. Lo único que se ha obtenido es fortalecer el gobierno torrijista, aumentar la pobreza en más de mil millones anuales y fomentar el espejismo de que el progreso acaricia las riberas del Canal en el 2006.. El problema de nuestro país ha sido la ignorancia, la falta de preparación técnica y profesional de la juventud, la indiferencia de los más preparados, el oportunismo de la sociedad civil y de los políticos improvisados. Tenemos un país con ley y sin moral, con poderes públicos sin ciudadanía, con iglesias y empresas sin práctica política y comunitaria. El resultado es una sociedad civil en competencia abierta con una sociedad gubernamental para acceder a puestos de influencia y de autoridad. El Estado es un botín a disposición de las ONGs y de los partidos políticos.

La respuesta es educar y educar hasta el nivel superior. Eso sí, con excelencia moral, académica y cultural. Lo académico tiene que ver con el conocimiento y la práctica del saber instrumental para transformar recursos en bienes. Lo cultural, tiene que ver, con el sistema de valores éticos, cívicos y comunitarios que se comparten socialmente para lograr el bienestar personal, familiar y nacional. Finalmente, lo moral se refiere a los principios universales que sustenta Naciones Unidas y que las religiones vienen divulgando desde hace siglos. Esa triangulación educativa que golpea hasta la educación universitaria producirá ciudadanos competentes más que competitivos, estables más que estresados, autónomos, transparentes y morales más que supeditados a listas negras, a secretos militares y a un sistema de corrupción creciente y generalizado.

 El perfil del ciudadano eficiente y efectivo "eficaz", coincide con el perfil del técnico y profesional competente y con el ser humano idóneo para convivir en Panamá y en cualquier punto del planeta. Esta es la única misión aceptable para las universidades privadas y estatales: formar -no producir- profesionales, ciudadanos y personas humanas de primer nivel. De allí que ninguna universidad pública, sea privada o estatal, puede tener como fin el lucro, la confesión religiosa o ideológica, ni el interés de una burocracia que se devora sus propias entrañas -caso de la Universidad de Panamá-. Toda universidad debe ser intervenida por la ciudadanía para que cumpla con esa misión de formar seres humanos "humanizados" en el mundo de la ciencia y la tecnología, en el mundo de las comunidades nacionales y en el mundo cada vez más interelacionado y mundializado de los principios morales.

Entre las instituciones de educación superior, la Universidad de Panamá tiene mucho peso. 129 millones de funcionamiento, 70 mil estudiantes y más de 6 mil docentes y administrativos. Desde hace un año, la "U" fijó sus prioridades: actualizar y fortalecer sus carreras técnicas y profesionales. El currículo tiene que responder al entorno social, nacional y mundial. Por ejemplo, si en Guatemala y El Salvador un profesor especializado en educación media, se gradúa con 120 créditos porqué la "U", le exige licenciatura y profesorado con cerca de 200 créditos. O los títulos son pertinentes con la población y el entorno a que se debe o la "U" es una burocracia inútil que devora decenas de millones. El perfil del graduado tiene que ser de óptima competencia profesional, de máxima estabilidad personal y de conveniente integridad cívica, moral y política. La inversión que realiza el gobierno y los particulares en educación superior tiene que producir los mejores frutos para una sociedad más íntegra y menos corrupta.

 La "U", desde su reapertura en 1969, es la universidad masa y colchón de Rómulo Escobar Bethancourt. El derrotero que le imprimieron Harmodio Arias y su ministro José Pezet hace 70 años urge recuperarlo. Las autoridades universitarias se han dejado llevar por la inercia autocrática de un rector con poder exorbitante y los seis mil empleados, entre docentes y administrativos, ejercen un poder autonómico poco responsable. El asunto no es nombrar un administrador con vínculos con el gobierno y garante de prerrogativas con una buena dote presupuestaria. El asunto es asumir la autonomía para servir a la ciudadanía interesada en educarse "óptimamente" a bajo costo y en tiempo prudencial. La responsabilidad de cada docente y administrativo es cumplir con su trabajo y no ser leal a un jefe de turno que dispone de carga horaria, de medidas disciplinarias, discrecionalidad para asignar cátedras, seminarios e investigaciones y nombrar a sus incondicionales en puestos administrativos.

http://impresa.prensa.com/opinion/Educacion-superior-universitaria_0_1640836074.html

Bolívar y la geopolítica actual

Roberto Arosemena Jaén

En 1815 Bolívar -el creador de la República de Colombia 1819-1830- redactó el primer pronóstico político sobre el futuro de Panamá con una visión globalizante. En ese momento, en búsqueda de una capital para el futuro Estado, señalaba la posibilidad de que Santa Fe de Bogotá, Maracaibo o Panamá llegasen a ser el núcleo de la República pensada. “Panamá para Hispanoamérica será como Corintio para los griegos” un punto de encuentro y enlace para la posible confederación de los pueblos que serían liberados del férreo control peninsular.

Bolívar desde el exilio en Jamaica se preparaba para la lucha por la independencia.

Cuando logró fundar a Colombia, desde Angostura libera a Nueva Granada y admite la autoliberación panameña. Luego, extiende su campaña liberadora hacia Quito, Lima y el alto Perú. La breve historia de Colombia y la trágica lucha civil intestina entre facciones y gendarmerías abortan la institución estatal hispanoamericana con mayor posibilidad de éxito: la República de Colombia. Luego vendrán Venezuela, Nueva Granada, Panamá y Ecuador.

De otra parte, Perú y Bolivia continúan con su leve vestigio bolivariano. Hoy, cerca de 175 años del colapso integracionista del genial libertador, nuevos movimientos de integración se extienden no sólo por el continente sino por todo el globo terráqueo.

En este mes, la política internacional errática de Panamá e Hispanoamérica, lleva al segundo Torrijos a México para servir de mensajero del posible eje México, Venezuela y la actual Colombia -la pequeña-.

Inmediatamente después, Iberoamérica se reúne en Salamanca para hablar de la eventual consolidación con el bloque europeo, y a finales del lluvioso octubre se realizará en Argentina la siempre postergada integración del panamericanismo bajo la supervisión de Washington. La agenda internacional del segundo Torrijos se concluye el 7 de noviembre con la sorpresiva reunión en Panamá de los hijos del poder. Previo a este encuentro, Héctor Alemán asiste como jefe de la Policía a la reunión de los ejércitos panamericanos donde se dan instrucciones sobre la agenda común en la lucha contra el terrorismo y se espera concluir, aceleradamente, en tratados de libre comercio con Estados Unidos.

El contraste entre la visión del mundo de Simón Bolívar con los actuales gobernantes de Latinoamérica es abismal.

Mientras que Bolívar tenía un proyecto geopolítico lúcido para integrar a Hispanoamérica en el consorcio de los Estados nacionales, los gobernantes de hoy se desviven para correr de un bloque a otro y para sugerir iniciativas fantasmas en un mundo polarizado por el dólar, por las armas de destrucción masiva y por los especuladores del petróleo y de las energías alternas.

La Unión Europea y el presidente Bush se disputan la inclusión y la exclusión de Cuba en estas maratónicas reuniones con tufo de “Guerra Fría”, mientras que los acuerdos bilaterales entregan a Estados Unidos y a la Unión Europea el comercio al por menor, la administración de las empresas de servicio público, el suministro de bienes y equipos a empresas estatales, la liberalización de los productos agrícolas y pecuarios e incluso las idoneidades profesionales.

El trato preferencial y nacional a los empresarios de los países contratantes los ponen en una clara ventaja para desalojar e eliminar a los nacionales. Es soltar el tigre bien alimentado en un rebaño hambriento y en desbandada. El caso argentino y mexicano es aleccionador.

El proyecto de Bolívar de un Estado de ciudadanos libres, educados y disciplinados, forjados en la moral pública y en la vocación de servicio de los gobernantes se desmorona. El interés por la corrupción y la existencia de ejércitos dependientes técnicamente nos convierte en interlocutores débiles, erráticos y ambiguos.

El triste papel de las fuerzas armadas hispanoamericanas y de la OEA ha logrado sustituir las intervenciones estadounidenses por operaciones pacificadoras y negociadoras, por ejemplo en Haití y Nicaragua respectivamente. Además, Bush y Uribe Vélez utilizan el nombre establecido por Bolívar para consolidar el primer Estado andino, Plan Colombia, para camuflar la intervención y provocar a Venezuela a iniciar una acelerada modernización de su ejército y a replantearse la obsoleta doctrina de seguridad nacional.

En este contexto Panamá se deja entusiasmar por aventuras comerciales, económicas y presuntamente militares.

El tratado de libre comercio, el Plan Puebla Panamá con la inclusión de Caracas y Bogotá y la declaratoria de guerra al terrorismo son temas extremadamente importantes que no pueden dejarse en manos de Bush y del segundo Torrijos.

http://hispanoamericaunida.com/2013/05/18/bolivar-y-la-geopolitica-actual/