Roberto Arosemena Jaén
El segundo Torrijos habló de suspender la ley del Seguro Social para dialogar durante noventa días, así lo entendí, ingenuamente. El PRD lo interpretó, astutamente, cuando le llegó la iniciativa de suspender la ley de mano del mensajero del Ministerio de Salud, que los noventa días no eran para dialogar, sino para la moratoria de la ley e incluso con efecto retroactivo.
En realidad, el segundo Torrijos no hace las leyes ni las aprueba. Eso corresponde al PRD y en su feudo natural, la Asamblea Nacional, mandan ellos no Martín. Los noventa días empezaron a correr desde el 1 de junio. Las expectativas futuras sobre la buena fe del gobierno se derrumbaron... Nos cayó un jarrón de agua helada esa tarde húmeda en que los diputados se iban, apresuradamente, de vacaciones de medio año.
Retornando al diálogo, si es que supera el nivel de monólogo de la tecnocracia del grupo financiero, tendrá 60 días calendario, dijo la Asamblea. El Consejo de Rectores se apresuró a dictaminar que sólo se reunirán tres días semanales. Las expectativas terminaron por enterrarse.
Un diálogo de 90 días no puede meterse en un chorizo de 27. Todo experto en comunicación sabe de la necesidad de un período de tiempo significativo para que los interlocutores depongan sus aprehensiones, sospechas, resentimientos máxime después de las peleas verbales de Silvio y Saúl antes de entrar directamente a trabajar en los temas de fondo.
Nos extraña que el Consejo de Sabios -perdón de rectores no haya sabido aconsejar al Señor Presidente. Hay que convencerse, el presidencialismo, hace recaer todo éxito o fracaso institucional en las espaldas de la individualidad presidencial.
De allí, la urgencia de que sepa nombrar y remover a los capaces e incapaces, respectivamente. Es una función que el presidente realiza por sí mismo. La delegación para gobernar en el PRD-PP ha tenido resultados catastróficos.
Volviendo a nuestro oráculo, su virtud principal es la ambigüedad y la necesidad de interpretarlo.
Esta interpretación se hace tanto más diluida en cuanto las palabras no sean escritas. Me imagino el abuso diario en las oficinas públicas: "Martín dijo", el Presi, me dijo... Las palabras son símbolos que se lleva el viento. En Grecia no bastó la Apología de Sócrates para entender el oráculo y salvar al sabio de los sabios antiguos, al final tuvo que beber la cicuta del silencio eterno. En Panamá, el intérprete está ahogando a la sibila. Basta escuchar la manera como el PRD interpreta las aseveraciones de su presidente.
El segundo Torrijos, no es un oráculo, el primero sí lo fue.
Lo que tiene importancia en un régimen de derecho son los actos administrativos que salen de su autoridad presidencial y los decretos ejecutivos que lo sustentan. Si la derogatoria de la Ley 17 es lo querido por la sociedad como lo dijo el Presidente, ¿por qué entonces la suspensión de la misma? Si el plazo para dialogar es de noventa días hábiles, ¿por qué permite que se reduzca a 27? Si el objetivo de la Mesa de Diálogo es una nueva ley del Seguro. ¿por qué permite que el PRD en la Asamblea la deje colgando como una guillotina que caerá inexorablemente al cumplirse el primer año de su mandato? Si el conflicto fue generado por la prepotencia del partido y de algunos ministros, de una parte, y el frente de rechazo, fue liderizado por médicos, docentes y obreros de la construcción, de la otra parte, ¿por qué en lugar de sentar a las partes PRD-FRENADESSO en una Mesa de Concertación la empieza a llenar con invitados que ya habían empezado a aplicar la Ley 17? El Señor Presidente es un funcionario público que se debe a la Constitución y a las leyes y cuando ejerce su autoridad tiene que ejercerla sin ambigüedades, sin dobles interpretaciones y con toda la facultad de "cúmplase".
El problema, no obstante, no se origina en la personalidad del segundo Torrijos, el primero hablaba y Noriega lo interpretaba a nivel de seguridad del Estado y el mayordomo de palacios presidentes a dedo lo interpretaba a nivel político administrativo. El oráculo del primer Torrijos era terriblemente funcional.
El oráculo del segundo con su intérprete hegemónico el PRD es disfuncional. Los sociólogos dirían que produce "anomia", que es precisamente lo que está conduciendo a la falta de legitimidad.
El problema de los regímenes presidencialistas es el trauma político-social y económico que acarrea la sustitución presidencial cuando ha perdido su capacidad de ser creíble.
La crisis actual ya no se soluciona con un cambio de gabinete, ni siquiera con la derogación de la Ley 17. La crisis es resultado de la actitud política del PRD y la insuficiencia de su aliado oportunista. El PRD, sobre todo el colectivo dirigido por Ernesto Pérez Balladares, carece de límites y no entiende el espacio de libertad de que gozan las autoridades elegidas por el voto popular. En Panamá, nada se puede hacer fuera de la Constitución y del ejercicio democrático del poder.
Lo que urge en estos momentos es un acuerdo de gobernabilidad para los próximos meses.
El gobierno no puede seguir con su política económica de empobrecimiento de los que más trabajan y beneficiando a burócratas de la plataforma de servicios bancarios, jurídicos y de transporte internacional.
http://impresa.prensa.com/opinion/oraculo-torrijista_0_1514098738.html
Departamento de Filosofía, Facultad de Humanidades, Universidad de Panamá
martes, 12 de julio de 2005
martes, 5 de julio de 2005
La crisis de gobernabilidad
Roberto Arosemena Jaén
El problema del Seguro Social ha perdido su masa crítica explosiva y vuelve a redimensionarse como un problema institucional administrativo. El Presidente habló y decidió prudentemente. Se espera que haya aprendido la lección: el gobernante necesita más que valentía, prudencia, si quiere gobernar en una democracia. La crisis de gobernabilidad ahora depende de los buenos o malos propósitos del PRD y de la capacidad de movilización que mantenga el frente de médicos, docentes y obreros de la construcción.
La crisis tuvo una causa que requiere de mayor análisis y comprensión de la ciudadanía. La partidocracia panameña es la causante de la crisis de gobernabilidad, máxime cuando el partido dominante es experto en imposiciones y en uso abusivo y desproporcionado de la fuerza de policía. Su fortaleza es exorbitante en la medida en que el Ejecutivo sea errático y mientras mantenga su unidad de piedra en la Asamblea Nacional. Nos guste o no nos guste, lo importante en la mesa de diálogo por el Seguro Social es la capacidad de concertación que tenga el PRD y el frente de médicos, docentes y obreros de la construcción. Los otros interlocutores juegan un papel secundario pero no menos significativo.
El Consejo de la Empresa Privada y sus aliados con intereses de coadministrar, no del Seguro Social, sino las multimillonarias reservas del programa de pensiones, va a participar con una visión a larguísimo plazo. No les basta unas reservas saneadas para los próximos treinta y cinco años sino que aspira al uso de fondos inagotables el mayor tiempo posible. Si mantiene esa actitud orientada a la especulación lucrativa no realizará ninguna aportación positiva para el logro de la concertación.
Otros interlocutores, como los sectores profesionales y gremiales no incorporados al frente, pueden asumir una posición equidistantes de los interlocutores válidos o por el contrario, inclinarse a favor de uno u otro. De allí que su participación podría descalificarse dependiendo de las alianzas que establezcan.
Los facilitadores y animadores de la concertación tendrán sentido, únicamente mientras actúen con criterio firme sea ante el gobierno como ante el frente. De perder esa capacidad de arbitraje su participación será inútil. Por ejemplo, la posición atrevida de la Iglesia católica de exigirle al Ejecutivo que derogase la ley y al frente de que suspendiese sus medidas de fuerza, le dio credibilidad para servir de garante confiable, no sólo ante los interlocutores válidos sino ante la comunidad nacional. Ser garante, sin embargo. no es ser facilitador ni participar activamente en el diálogo. Ser garante es hacer cumplir los acuerdos de mesa entre el PRD y el frente a la luz de la misión de la Caja de Seguro Social. En este sentido, el primer trabajo del garante es entender cuál es la misión institucional de la Caja de Seguro Social a pesar de las historias intervencionistas de los gobiernos de turno. La Caja no es palanca financiera de ningún gobierno ni tampoco fondo operativo de contingencias gubernamentales. Si la Iglesia no entiende la misión de la Caja perderá credibilidad como árbitro garante de los acuerdos o denunciante de la falta de voluntad (del PRD o del frente) de llegar a dichos acuerdos.
La crisis administrativa de la Caja de Seguro Social no está resuelta. El diálogo se puede frustrar en cualquier momento. La mayoría tiene confianza que se realice y según se ha dicho, dentro de noventa días, es decir, a principio de octubre, la ciudadanía tenga la nueva ley.
Ley que sea el resultado óptimo de un acuerdo que haga de la Caja de Seguro Social una institución modelo, eficiente y eficaz, para cubrir riesgos y dar prestaciones según las expectativas realistas de los asegurados. En este sentido, el primer punto de la Mesa de Diálogo, sea reconocido o no por los interlocutores, es el fin de la Caja de Seguro Social, sus objetivos como institución del Estado panameño, en palabras de la tecnocracia internacional, fijar la misión de la Caja de Seguro Social.
El PRD tiene que convencerse que el Seguro no es un intermediario financiero ni sus reservas soporte para ninguna aventura financiera. El Seguro Social no tiene que apuntalar ningunas finanzas públicas. Su misión es atender a los asegurados y, por ley, debe contar para los próximos cinco años con las reservas para cubrir las pensiones y jubilaciones que se darán en estos años.
Cualquier cálculo actuarial, financiero y económico que vaya más allá de cinco años es pura conjetura. Sobre el futuro remoto -más allá de cinco años- nadie tiene control, menos los actuarios y los economistas. Los fines y objetivos de la Caja de Seguro Social, por lo demás, no deben ser ni siquiera materia de debate. Ya están debidamente señalados en la Constitución y en las leyes. Se supone que la Ley 17 ya ha sido derogada políticamente aunque jurídicamente sólo haya sido suspendida.
Llama la atención que el PRD como partido dominante en el Ejecutivo y en la Asamblea Nacional no tenga una representación efectiva en la mesa de concertación, mientras que los representantes del frente han sido fraccionados de antemano. Esto significa que al darse una eventual ruptura del diálogo, FRENADESSO aparecerá como una instancia inoportuna e ineficaz, mientras que el PRD será la pieza fresca de recambio que dictará cátedra. Se volverá a la Asamblea Nacional, alrededor del 11 de octubre y la chispa de la ingobernabilidad se volverá a encender.
http://impresa.prensa.com/opinion/crisis-gobernabilidad_0_1508849238.html
El problema del Seguro Social ha perdido su masa crítica explosiva y vuelve a redimensionarse como un problema institucional administrativo. El Presidente habló y decidió prudentemente. Se espera que haya aprendido la lección: el gobernante necesita más que valentía, prudencia, si quiere gobernar en una democracia. La crisis de gobernabilidad ahora depende de los buenos o malos propósitos del PRD y de la capacidad de movilización que mantenga el frente de médicos, docentes y obreros de la construcción.
La crisis tuvo una causa que requiere de mayor análisis y comprensión de la ciudadanía. La partidocracia panameña es la causante de la crisis de gobernabilidad, máxime cuando el partido dominante es experto en imposiciones y en uso abusivo y desproporcionado de la fuerza de policía. Su fortaleza es exorbitante en la medida en que el Ejecutivo sea errático y mientras mantenga su unidad de piedra en la Asamblea Nacional. Nos guste o no nos guste, lo importante en la mesa de diálogo por el Seguro Social es la capacidad de concertación que tenga el PRD y el frente de médicos, docentes y obreros de la construcción. Los otros interlocutores juegan un papel secundario pero no menos significativo.
El Consejo de la Empresa Privada y sus aliados con intereses de coadministrar, no del Seguro Social, sino las multimillonarias reservas del programa de pensiones, va a participar con una visión a larguísimo plazo. No les basta unas reservas saneadas para los próximos treinta y cinco años sino que aspira al uso de fondos inagotables el mayor tiempo posible. Si mantiene esa actitud orientada a la especulación lucrativa no realizará ninguna aportación positiva para el logro de la concertación.
Otros interlocutores, como los sectores profesionales y gremiales no incorporados al frente, pueden asumir una posición equidistantes de los interlocutores válidos o por el contrario, inclinarse a favor de uno u otro. De allí que su participación podría descalificarse dependiendo de las alianzas que establezcan.
Los facilitadores y animadores de la concertación tendrán sentido, únicamente mientras actúen con criterio firme sea ante el gobierno como ante el frente. De perder esa capacidad de arbitraje su participación será inútil. Por ejemplo, la posición atrevida de la Iglesia católica de exigirle al Ejecutivo que derogase la ley y al frente de que suspendiese sus medidas de fuerza, le dio credibilidad para servir de garante confiable, no sólo ante los interlocutores válidos sino ante la comunidad nacional. Ser garante, sin embargo. no es ser facilitador ni participar activamente en el diálogo. Ser garante es hacer cumplir los acuerdos de mesa entre el PRD y el frente a la luz de la misión de la Caja de Seguro Social. En este sentido, el primer trabajo del garante es entender cuál es la misión institucional de la Caja de Seguro Social a pesar de las historias intervencionistas de los gobiernos de turno. La Caja no es palanca financiera de ningún gobierno ni tampoco fondo operativo de contingencias gubernamentales. Si la Iglesia no entiende la misión de la Caja perderá credibilidad como árbitro garante de los acuerdos o denunciante de la falta de voluntad (del PRD o del frente) de llegar a dichos acuerdos.
La crisis administrativa de la Caja de Seguro Social no está resuelta. El diálogo se puede frustrar en cualquier momento. La mayoría tiene confianza que se realice y según se ha dicho, dentro de noventa días, es decir, a principio de octubre, la ciudadanía tenga la nueva ley.
Ley que sea el resultado óptimo de un acuerdo que haga de la Caja de Seguro Social una institución modelo, eficiente y eficaz, para cubrir riesgos y dar prestaciones según las expectativas realistas de los asegurados. En este sentido, el primer punto de la Mesa de Diálogo, sea reconocido o no por los interlocutores, es el fin de la Caja de Seguro Social, sus objetivos como institución del Estado panameño, en palabras de la tecnocracia internacional, fijar la misión de la Caja de Seguro Social.
El PRD tiene que convencerse que el Seguro no es un intermediario financiero ni sus reservas soporte para ninguna aventura financiera. El Seguro Social no tiene que apuntalar ningunas finanzas públicas. Su misión es atender a los asegurados y, por ley, debe contar para los próximos cinco años con las reservas para cubrir las pensiones y jubilaciones que se darán en estos años.
Cualquier cálculo actuarial, financiero y económico que vaya más allá de cinco años es pura conjetura. Sobre el futuro remoto -más allá de cinco años- nadie tiene control, menos los actuarios y los economistas. Los fines y objetivos de la Caja de Seguro Social, por lo demás, no deben ser ni siquiera materia de debate. Ya están debidamente señalados en la Constitución y en las leyes. Se supone que la Ley 17 ya ha sido derogada políticamente aunque jurídicamente sólo haya sido suspendida.
Llama la atención que el PRD como partido dominante en el Ejecutivo y en la Asamblea Nacional no tenga una representación efectiva en la mesa de concertación, mientras que los representantes del frente han sido fraccionados de antemano. Esto significa que al darse una eventual ruptura del diálogo, FRENADESSO aparecerá como una instancia inoportuna e ineficaz, mientras que el PRD será la pieza fresca de recambio que dictará cátedra. Se volverá a la Asamblea Nacional, alrededor del 11 de octubre y la chispa de la ingobernabilidad se volverá a encender.
http://impresa.prensa.com/opinion/crisis-gobernabilidad_0_1508849238.html
lunes, 13 de junio de 2005
La democracia pervertida
Roberto Arosemena Jaén
Decir que la democracia panameña es robusta es desconocer la realidad política del país. La Rusia zarista, cínica y prepotente, decía en boca de uno de sus Condes : "que ellos el pueblo hagan las leyes, nosotros el gobierno seguiremos haciendo los reglamentos". Un ideólogo torrijista decía, a la panameña, que "se aguanten la mecha" porque nosotros hacemos la constitución, las leyes, los reglamentos y los actos administrativos de Gobierno. Al buen entendedor pocas explicaciones: tanto la Rusia zarista como el Panamá torrijista son gobiernos autocráticos y las formalidades democráticas son como el nombre del partido del 11 de octubre. Puro bla, bla, bla.
La época ingenua de la democracia panameña insistió en la transparencia de los actos de Gobierno y en las partidas discrecionales de la caja menuda del señor o la señora Presidenta. Ahora la democracia pervertida panameña se conoce porque el mismo partido que hace las reformas constitucionales, tributarias, fiscales y empobrece a los asegurados con la Ley del Seguro Social, es el que domina al Ejecutivo. Sólo falta que se destituyan a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, con ese poderoso fantasma de la sociedad civil que se agita desde los medios, para que el PRD proceda a su nombramiento en ese contexto transparente de ataque a la corrupción.
Lo sucedido en estos nueve meses con el gobierno del segundo Torrijos es preocupante. Sentir que toda la polémica de la democracia pervertida se da entre un dirigente de los Batallones de la Dignidad y un dirigente del Movimiento de Liberación Nacional para los efectos ambos constructos de las operaciones psicológicas de la inteligencia y contrainteligencia del Estado torrijista dirigido por Noriega es denigrante para la inteligencia del panameño. La ciudadanía debería salir a pedir la renuncia inmediata del ministro de Gobierno y Justicia y exigirle a la dirigencia de SUNTRACS que se aparte de esos infantilismos de la década de los 60. Asuntos tan serios, como la militarización del Estado, el poder exorbitante del PRD en función de estado, la disponibilidad de cientos de millones de dólares en manos de administradores derrochadores, no pueden sacarse del escenario político actual y dejarse llevar de la fantasmagórica imaginación de los asesores de Martín. Por ese cuento de la subversión, Omar Torrijos facturó 55 víctimas, asesinadas y desaparecidas y otro tanto, Manuel Antonio Noriega, según consta en los estudios de la Comisión de la Verdad.
La democracia no es un asunto de Constitución, ni de leyes, ni de reglamentos, ni de actos de gobierno bajo la reserva legal. La democracia es un asunto de poder ciudadano que respeta la institucionalidad del Estado y exige de los gobernantes respeto y sumisión al orden constituido. El Gobierno debe tener pudor ante la ciudadanía, esa forma de temor a la autoridad del soberano, que no es otro en una democracia, que el pueblo organizado en sindicatos, gremios, partidos políticos y asamblea de ciudadanos independientes. La ciudadanía como poder soberano se puede armar para defender la democracia pero un gobierno pervertido, jamás se puede armar contra la ciudadanía. La función policiaca del estado es proteger la ciudadanía no encarcelarla, perseguirla, intimidarla y luego despreciarla hasta su humillación con procesos partidocráticos de negociación.
La experiencia de gobierno del segundo Torrijos ha sido intensa. Nadie había podido en nueve meses hacer unas reformas constitucionales e imponer dos leyes que le extraen riquezas a los trabajadores, profesionales y empresarios nacionales. El espanto del déficit fiscal, la necesidad de la disciplina administrativa y el colapso de la seguridad social se ha transformado en crecimiento del ingreso nacional y en aumento del crédito gubernamental. Las reservas multimillonarias de la Caja de Seguro Social van a alimentar a la banca, a la bolsa, a las inversiones en vivienda y sobre todo, van a oxigenar el potencial de endeudamiento del gobierno de turno por los próximos cinco años. Las cacareadas luces largas del estadista, es la mueca de las luces cortas del gobernante que "ahora o nuca" ha decidido fortalecer las finanzas públicas sin considerar el sufrimiento y la angustia de los asegurados. Se podría decir que a sangre y fuego van a sacar plata para financiar la gestión del actual gobierno. Si dos años de espera para las mujeres significaba 2 mil millones de dólares, los 16 mil millones que se proyecta acumular significa que miles y miles se quedarán sin jubilación. Lo que debió ser unas reformas para apuntar cinco años de reservas, ahora serán de 35. El PRD se ha puesto en marcha y salvar la democracia con un liderazgo opositor fraccionado y desprestigiado y colectivos sindicales y gremiales despolitizados y temerosos, será difícil. De allí que revertir la perversión democrática actual es una tarea que requiere de los mejores hombres y mujeres de nuestra nación.
http://impresa.prensa.com/opinion/democracia-pervertida_0_1492350922.html
Decir que la democracia panameña es robusta es desconocer la realidad política del país. La Rusia zarista, cínica y prepotente, decía en boca de uno de sus Condes : "que ellos el pueblo hagan las leyes, nosotros el gobierno seguiremos haciendo los reglamentos". Un ideólogo torrijista decía, a la panameña, que "se aguanten la mecha" porque nosotros hacemos la constitución, las leyes, los reglamentos y los actos administrativos de Gobierno. Al buen entendedor pocas explicaciones: tanto la Rusia zarista como el Panamá torrijista son gobiernos autocráticos y las formalidades democráticas son como el nombre del partido del 11 de octubre. Puro bla, bla, bla.
La época ingenua de la democracia panameña insistió en la transparencia de los actos de Gobierno y en las partidas discrecionales de la caja menuda del señor o la señora Presidenta. Ahora la democracia pervertida panameña se conoce porque el mismo partido que hace las reformas constitucionales, tributarias, fiscales y empobrece a los asegurados con la Ley del Seguro Social, es el que domina al Ejecutivo. Sólo falta que se destituyan a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, con ese poderoso fantasma de la sociedad civil que se agita desde los medios, para que el PRD proceda a su nombramiento en ese contexto transparente de ataque a la corrupción.
Lo sucedido en estos nueve meses con el gobierno del segundo Torrijos es preocupante. Sentir que toda la polémica de la democracia pervertida se da entre un dirigente de los Batallones de la Dignidad y un dirigente del Movimiento de Liberación Nacional para los efectos ambos constructos de las operaciones psicológicas de la inteligencia y contrainteligencia del Estado torrijista dirigido por Noriega es denigrante para la inteligencia del panameño. La ciudadanía debería salir a pedir la renuncia inmediata del ministro de Gobierno y Justicia y exigirle a la dirigencia de SUNTRACS que se aparte de esos infantilismos de la década de los 60. Asuntos tan serios, como la militarización del Estado, el poder exorbitante del PRD en función de estado, la disponibilidad de cientos de millones de dólares en manos de administradores derrochadores, no pueden sacarse del escenario político actual y dejarse llevar de la fantasmagórica imaginación de los asesores de Martín. Por ese cuento de la subversión, Omar Torrijos facturó 55 víctimas, asesinadas y desaparecidas y otro tanto, Manuel Antonio Noriega, según consta en los estudios de la Comisión de la Verdad.
La democracia no es un asunto de Constitución, ni de leyes, ni de reglamentos, ni de actos de gobierno bajo la reserva legal. La democracia es un asunto de poder ciudadano que respeta la institucionalidad del Estado y exige de los gobernantes respeto y sumisión al orden constituido. El Gobierno debe tener pudor ante la ciudadanía, esa forma de temor a la autoridad del soberano, que no es otro en una democracia, que el pueblo organizado en sindicatos, gremios, partidos políticos y asamblea de ciudadanos independientes. La ciudadanía como poder soberano se puede armar para defender la democracia pero un gobierno pervertido, jamás se puede armar contra la ciudadanía. La función policiaca del estado es proteger la ciudadanía no encarcelarla, perseguirla, intimidarla y luego despreciarla hasta su humillación con procesos partidocráticos de negociación.
La experiencia de gobierno del segundo Torrijos ha sido intensa. Nadie había podido en nueve meses hacer unas reformas constitucionales e imponer dos leyes que le extraen riquezas a los trabajadores, profesionales y empresarios nacionales. El espanto del déficit fiscal, la necesidad de la disciplina administrativa y el colapso de la seguridad social se ha transformado en crecimiento del ingreso nacional y en aumento del crédito gubernamental. Las reservas multimillonarias de la Caja de Seguro Social van a alimentar a la banca, a la bolsa, a las inversiones en vivienda y sobre todo, van a oxigenar el potencial de endeudamiento del gobierno de turno por los próximos cinco años. Las cacareadas luces largas del estadista, es la mueca de las luces cortas del gobernante que "ahora o nuca" ha decidido fortalecer las finanzas públicas sin considerar el sufrimiento y la angustia de los asegurados. Se podría decir que a sangre y fuego van a sacar plata para financiar la gestión del actual gobierno. Si dos años de espera para las mujeres significaba 2 mil millones de dólares, los 16 mil millones que se proyecta acumular significa que miles y miles se quedarán sin jubilación. Lo que debió ser unas reformas para apuntar cinco años de reservas, ahora serán de 35. El PRD se ha puesto en marcha y salvar la democracia con un liderazgo opositor fraccionado y desprestigiado y colectivos sindicales y gremiales despolitizados y temerosos, será difícil. De allí que revertir la perversión democrática actual es una tarea que requiere de los mejores hombres y mujeres de nuestra nación.
http://impresa.prensa.com/opinion/democracia-pervertida_0_1492350922.html
miércoles, 2 de marzo de 2005
La libertad de enseñanza
Roberto Arosemena Jaén
La peor esclavitud es la del pensar. La mejor libertad del humano es la de pensamiento. La Constitución panameña ha mantenido un principio por inercia, pero un principio fundamental para el desarrollo de la ciencia, la filosofía y la religión. Me refiero a la libertad de cátedra que establece la Constitución Política de la República y que la Ley Universitaria, 11 de 1981, en el artículo 5 desarrolla al establecer que la Universidad de Panamá "consagrará la libertad ideológica y de expresión en el ejercicio de la cátedra, así como en las investigaciones y publicaciones académicas".
Cualquier limitación a la libertad de pensar del docente (catedrático universitario) deja sin efecto la libertad ideológica y la libertad de expresión o divulgación de los conocimientos propio de los especialistas en áreas del saber humano universal. Cualquiera pretensión de las actuales autoridades universitarias, me refiero directamente al Consejo General Universitario presidido por el Rector Magnífico, de explicar o interpretar o limitar el ejercicio de la cátedra constituye no sólo una amenaza a las libertades humanas y constitucionales sino un golpe criminal contra el ansia infinita de conocer la realidad y darle la expresión veraz y comprobable que es propio de toda ciencia, filosofía y religión.
El mundo actual está ansioso de distanciarse de la fantasía y retornar a la realidad. Las hazañas del humano por la verdad como actualización de la realidad es la historia de la humanidad. Los espacios de libertad que hemos conquistado como seres pensantes y actuantes nada ni nadie podrá suprimirlo a todos por todo el tiempo. Se pueden restringir por un tiempo a algunos y a todos, pero su costo es tan alto que ya ningun grupo racional y dialogante está dispuesto a seguir intentándolo.
En el pasado y apresurado referéndum de la universidad para aprobar o rechazar el anteproyecto de ley sustitutorio de la Ley 11 de 1981, se comete la temeridad de definir la libertad de cátedra y se introducen limitantes "personalísimos" que más que materia de ley son propios de una patología de la sicología diferencial. Es regresar a tiempos del estatismo comunista y fascista del siglo pasado, para no remontarnos a la Europa de las guerras religiosas y racionalistas del siglo XVI al siglo XVIII. Entiendo, que después del 11 de septiembre del 2001, el mundo ha sufrido un retroceso en la defensa de las libertades sociales y personales y que cualquiera autoridad se siente legitimada para restringir la libertad de pensar y actuar. Sin embargo, es una actitud nefasta que no se puede extender hasta el claustro universitario.
No vamos a hacernos eco de este retroceso y perseguir la libertad de cátedra de ningún docente que haya cumplido con los trámites y requisitos que exige la universidad. El que no sabe usar su libertad y viola el derecho de los demás, entonces, que responda tanto a nivel civil, administrativo como penal, pero de ninguna forma puede admitirse la restricción y la limitación a la libertad de cátedra y enseñanza fundamentada en la realidad y en sus múltiples formas de actualizarla.
La universidad es lo más universal de nuestra identidad nacional y lo más universal, incluso de un mundo totalmente globalizado. Atentar contra la libertad de pensar y de expresar sus pensamientos de manera responsable, firme y verificable es atentar contra el hablar verazmente e imponer desde un virtual reglamento y estatuto universitario el pánico y la prepotencia del momento. Las universidades siguen siendo hoy, lo que empezaron a ser en la Edad Media y en el Renacimiento, fuente de toda ciencia, filosofía y estudios religiosos.
En ella debe mantenerse la prerrogativa a pensar con la libertad propia del ser humano, sobre todo de aquellos que por vocación, han asumido el compromiso de investigar la realidad, buscar los modelos, hipótesis y postulados más verificables y dar ejemplos de una vida práctica basada en los valores cívicos y morales propios de una humanidad crítica, dialogante y libre para argumentar y contra argumentar sin restricciones y sin cortapisas. En ésto y sólo en ésto consiste la libertad de cátedra como principio humanista universal.
http://impresa.prensa.com/opinion/libertad-ensenanza_0_1415108701.html
La peor esclavitud es la del pensar. La mejor libertad del humano es la de pensamiento. La Constitución panameña ha mantenido un principio por inercia, pero un principio fundamental para el desarrollo de la ciencia, la filosofía y la religión. Me refiero a la libertad de cátedra que establece la Constitución Política de la República y que la Ley Universitaria, 11 de 1981, en el artículo 5 desarrolla al establecer que la Universidad de Panamá "consagrará la libertad ideológica y de expresión en el ejercicio de la cátedra, así como en las investigaciones y publicaciones académicas".
Cualquier limitación a la libertad de pensar del docente (catedrático universitario) deja sin efecto la libertad ideológica y la libertad de expresión o divulgación de los conocimientos propio de los especialistas en áreas del saber humano universal. Cualquiera pretensión de las actuales autoridades universitarias, me refiero directamente al Consejo General Universitario presidido por el Rector Magnífico, de explicar o interpretar o limitar el ejercicio de la cátedra constituye no sólo una amenaza a las libertades humanas y constitucionales sino un golpe criminal contra el ansia infinita de conocer la realidad y darle la expresión veraz y comprobable que es propio de toda ciencia, filosofía y religión.
El mundo actual está ansioso de distanciarse de la fantasía y retornar a la realidad. Las hazañas del humano por la verdad como actualización de la realidad es la historia de la humanidad. Los espacios de libertad que hemos conquistado como seres pensantes y actuantes nada ni nadie podrá suprimirlo a todos por todo el tiempo. Se pueden restringir por un tiempo a algunos y a todos, pero su costo es tan alto que ya ningun grupo racional y dialogante está dispuesto a seguir intentándolo.
En el pasado y apresurado referéndum de la universidad para aprobar o rechazar el anteproyecto de ley sustitutorio de la Ley 11 de 1981, se comete la temeridad de definir la libertad de cátedra y se introducen limitantes "personalísimos" que más que materia de ley son propios de una patología de la sicología diferencial. Es regresar a tiempos del estatismo comunista y fascista del siglo pasado, para no remontarnos a la Europa de las guerras religiosas y racionalistas del siglo XVI al siglo XVIII. Entiendo, que después del 11 de septiembre del 2001, el mundo ha sufrido un retroceso en la defensa de las libertades sociales y personales y que cualquiera autoridad se siente legitimada para restringir la libertad de pensar y actuar. Sin embargo, es una actitud nefasta que no se puede extender hasta el claustro universitario.
No vamos a hacernos eco de este retroceso y perseguir la libertad de cátedra de ningún docente que haya cumplido con los trámites y requisitos que exige la universidad. El que no sabe usar su libertad y viola el derecho de los demás, entonces, que responda tanto a nivel civil, administrativo como penal, pero de ninguna forma puede admitirse la restricción y la limitación a la libertad de cátedra y enseñanza fundamentada en la realidad y en sus múltiples formas de actualizarla.
La universidad es lo más universal de nuestra identidad nacional y lo más universal, incluso de un mundo totalmente globalizado. Atentar contra la libertad de pensar y de expresar sus pensamientos de manera responsable, firme y verificable es atentar contra el hablar verazmente e imponer desde un virtual reglamento y estatuto universitario el pánico y la prepotencia del momento. Las universidades siguen siendo hoy, lo que empezaron a ser en la Edad Media y en el Renacimiento, fuente de toda ciencia, filosofía y estudios religiosos.
En ella debe mantenerse la prerrogativa a pensar con la libertad propia del ser humano, sobre todo de aquellos que por vocación, han asumido el compromiso de investigar la realidad, buscar los modelos, hipótesis y postulados más verificables y dar ejemplos de una vida práctica basada en los valores cívicos y morales propios de una humanidad crítica, dialogante y libre para argumentar y contra argumentar sin restricciones y sin cortapisas. En ésto y sólo en ésto consiste la libertad de cátedra como principio humanista universal.
http://impresa.prensa.com/opinion/libertad-ensenanza_0_1415108701.html
viernes, 12 de noviembre de 2004
El dueño del poder
Roberto Arosemena Jaén
Dar educación política a una sociedad es un problema de voluntad, de recursos y de tecnología pedagógica. Si no que le pregunten al Rector de la Universidad y al Ministro de Educación que apenas logran dar educación básica, media, técnica y profesional a los panameños. La educación cívica, política y moral –por lo demás la más fundamental para un ciudadano– se desconoce tanto en el sistema formal como en el sistema informal de los medios de comunicación.
El ciudadano es un ser humano capacitado políticamente, pero antes de poder ser ciudadano requiere ser un "ente económico", es decir un productor de dinero en un mercado de trabajo abierto. Si el individuo no es un ente económico, es un dependiente o un cliente político –lo más parecido a un empleado público o a un empleado outsourcing de una empresa pública moderna o de una empresa privada familiar–. No se puede ser ciudadano si no se tiene independencia laboral y económica.
Nuestro Panamá, cinco veces centenario, no logra ni siquiera darle estatus de ciudadanía a un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, menos aún a un simple funcionario. La magistratura se logra con el favor del poder ejecutivo y la permisividad de la Asamblea, y se mantiene con el favor del Ejecutivo de turno. En nuestra ilusión estatal, fuimos forjando la idea de que si la Constitución lo establece, se respeta, pero la práctica política enseña que si el poder ejecutivo lo quiere y la Asamblea lo consiente, los asuntos constitucionales están sujetos a los actos de poder y aquellos cambian según la arbitrariedad de los gobernantes.
El problema no está en los gobiernos ni en los gobernantes ni en la jefatura de los partidos políticos, el problema está en cada uno de nosotros como ciudadanos sin poder, sin educación política, sin independencia económica, y lo más determinante, sin voluntad de controlar a los gobernantes de turno. De qué sirve la rendición de cuentas sobre los 23 millones de Mireya Moscoso y los de Ernesto Pérez Balladares, si ellos no responden por los 25 mil millones que se gastaron durante sus períodos y sobre la productividad y rendimiento de los 150 mil empleados públicos que tuvieron bajo su mando. No nos confundamos ni seamos ingenuos sobre la rendición de cuentas de los gobernantes. Nada se obtiene con el voto castigo. Empecemos a exigir cuenta sobre el uso y gasto de las partidas presupuestadas y reguladas por la ley, y eliminemos la viveza de las partidas discrecionales.
La Constitución y la ley son simples patrañas cuando la ciudadanía no es el poder que sostiene la Constitución, hace la ley y juzga su cumplimiento y su aplicación. Se podría decir que nuestra sociedad políticamente organizada es una patraña que tiene Constitución como la tiene Irak actualmente, mientras que los gobernantes no respondan por el último céntimo que se gastaron de los fondos públicos.
El problema de países como Panamá es la pérdida de la ciudadanía. Se supone que se tuvo y que en un momento se perdió. La pérdida tuvo que ser programada, como tiene que ser programada su adquisición y su recuperación. En principio, la ciudadanía se obtiene cuando desaparece el dueño del poder y la comunidad se hace la única titular de su destino político.
Al respecto hay dos teorías que sostienen el poder ciudadano. En Estados Unidos se acaban de manifestar: la teoría liberal y la teoría republicana. Los liberales establecen que hay un poder universal, basado en principios, que está por encima de la sociedad y los gobernantes. Los republicanos, por su parte, establecen que el máximo poder es la soberanía popular que se ejerce por voluntad de las mayorías nacionales. El liberal parte de los derechos humanos y requiere la discusión, el argumento, las decisiones racionales de cada grupo, incluso de las minorías; el republicano, por el contrario, tiene al pueblo, la consulta popular, las elecciones libres e igualitarias. Lo que decida el pueblo mayoritariamente, es la voluntad de Dios y la voluntad del Estado Nacional. Allí está el católico liberal de Kerry y el evangélico republicano de Bush. El problema filosófico de ambos es el relativismo moral casi escéptico del racionalista de Kerry y el absolutismo moral del voluntarista de Bush.
Frente al republicano y al liberal está una masa de ciudadanos individualistas que votan liberal por asuntos de empleo y economía, y votan republicano por asuntos de moral sexual y etnocentrismo imperial. Lo sorprendente es la agenda estatal de liberales y republicanos, y la agenda individualista del votante de ambos partidos.
Por desgracia, en Panamá solo rige la teoría política de juega vivo y aguántate la mecha. En términos académicos sería la teoría del empirismo liberal y del individualismo político posesorio. Se confunde poder político con poder administrativo y poder del dinero. Somos una sociedad marginal y periférica de ese mundo abatido por una tradición de guerras religiosas no resueltas y que ahora cobran fuerza ante la incapacidad del liberalismo y del republicanismo de darle respuesta a las nuevas realidades globalizadas que enfrenta la sociedad estadounidense.
http://impresa.prensa.com/opinion/dueno-poder_0_1332616816.html
Dar educación política a una sociedad es un problema de voluntad, de recursos y de tecnología pedagógica. Si no que le pregunten al Rector de la Universidad y al Ministro de Educación que apenas logran dar educación básica, media, técnica y profesional a los panameños. La educación cívica, política y moral –por lo demás la más fundamental para un ciudadano– se desconoce tanto en el sistema formal como en el sistema informal de los medios de comunicación.
El ciudadano es un ser humano capacitado políticamente, pero antes de poder ser ciudadano requiere ser un "ente económico", es decir un productor de dinero en un mercado de trabajo abierto. Si el individuo no es un ente económico, es un dependiente o un cliente político –lo más parecido a un empleado público o a un empleado outsourcing de una empresa pública moderna o de una empresa privada familiar–. No se puede ser ciudadano si no se tiene independencia laboral y económica.
Nuestro Panamá, cinco veces centenario, no logra ni siquiera darle estatus de ciudadanía a un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, menos aún a un simple funcionario. La magistratura se logra con el favor del poder ejecutivo y la permisividad de la Asamblea, y se mantiene con el favor del Ejecutivo de turno. En nuestra ilusión estatal, fuimos forjando la idea de que si la Constitución lo establece, se respeta, pero la práctica política enseña que si el poder ejecutivo lo quiere y la Asamblea lo consiente, los asuntos constitucionales están sujetos a los actos de poder y aquellos cambian según la arbitrariedad de los gobernantes.
El problema no está en los gobiernos ni en los gobernantes ni en la jefatura de los partidos políticos, el problema está en cada uno de nosotros como ciudadanos sin poder, sin educación política, sin independencia económica, y lo más determinante, sin voluntad de controlar a los gobernantes de turno. De qué sirve la rendición de cuentas sobre los 23 millones de Mireya Moscoso y los de Ernesto Pérez Balladares, si ellos no responden por los 25 mil millones que se gastaron durante sus períodos y sobre la productividad y rendimiento de los 150 mil empleados públicos que tuvieron bajo su mando. No nos confundamos ni seamos ingenuos sobre la rendición de cuentas de los gobernantes. Nada se obtiene con el voto castigo. Empecemos a exigir cuenta sobre el uso y gasto de las partidas presupuestadas y reguladas por la ley, y eliminemos la viveza de las partidas discrecionales.
La Constitución y la ley son simples patrañas cuando la ciudadanía no es el poder que sostiene la Constitución, hace la ley y juzga su cumplimiento y su aplicación. Se podría decir que nuestra sociedad políticamente organizada es una patraña que tiene Constitución como la tiene Irak actualmente, mientras que los gobernantes no respondan por el último céntimo que se gastaron de los fondos públicos.
El problema de países como Panamá es la pérdida de la ciudadanía. Se supone que se tuvo y que en un momento se perdió. La pérdida tuvo que ser programada, como tiene que ser programada su adquisición y su recuperación. En principio, la ciudadanía se obtiene cuando desaparece el dueño del poder y la comunidad se hace la única titular de su destino político.
Al respecto hay dos teorías que sostienen el poder ciudadano. En Estados Unidos se acaban de manifestar: la teoría liberal y la teoría republicana. Los liberales establecen que hay un poder universal, basado en principios, que está por encima de la sociedad y los gobernantes. Los republicanos, por su parte, establecen que el máximo poder es la soberanía popular que se ejerce por voluntad de las mayorías nacionales. El liberal parte de los derechos humanos y requiere la discusión, el argumento, las decisiones racionales de cada grupo, incluso de las minorías; el republicano, por el contrario, tiene al pueblo, la consulta popular, las elecciones libres e igualitarias. Lo que decida el pueblo mayoritariamente, es la voluntad de Dios y la voluntad del Estado Nacional. Allí está el católico liberal de Kerry y el evangélico republicano de Bush. El problema filosófico de ambos es el relativismo moral casi escéptico del racionalista de Kerry y el absolutismo moral del voluntarista de Bush.
Frente al republicano y al liberal está una masa de ciudadanos individualistas que votan liberal por asuntos de empleo y economía, y votan republicano por asuntos de moral sexual y etnocentrismo imperial. Lo sorprendente es la agenda estatal de liberales y republicanos, y la agenda individualista del votante de ambos partidos.
Por desgracia, en Panamá solo rige la teoría política de juega vivo y aguántate la mecha. En términos académicos sería la teoría del empirismo liberal y del individualismo político posesorio. Se confunde poder político con poder administrativo y poder del dinero. Somos una sociedad marginal y periférica de ese mundo abatido por una tradición de guerras religiosas no resueltas y que ahora cobran fuerza ante la incapacidad del liberalismo y del republicanismo de darle respuesta a las nuevas realidades globalizadas que enfrenta la sociedad estadounidense.
http://impresa.prensa.com/opinion/dueno-poder_0_1332616816.html
viernes, 21 de mayo de 2004
Una nueva lección
Roberto Arosemena Jaén
Lo interesante es que su participación fue para dividir, confundir y producir el resultado electoral que hoy, muchos más de lo que nos imaginábamos, están celebrando. El éxito electoral del segundo Torrijos, diría Tomas Hobbes, es una manifestación de que su "revolución fue justa", en la más cruda versión positivista.
Endara y Ford encabezaron, en esta ocasión, la oposición civilista contra el desprestigiado gobierno arnulfista. El otro miembro de la nómina civilista, Ricardo Arias Calderón, se transforma en el teórico del civilismo del segundo Torrijos, y el hijo de Gabriel Lewis, y Rubén Arosemena, para que no dude del raigambre civilista del PRD, serán los vicepresidentes de la República centenaria. Esas fuerzas mancomunadas, consciente o inconscientemente, le dieron el triunfo al segundo Torrijos y movilizaron más del 60% de los votantes. La cara sucia del 11 de octubre es lavada por el votante, y los 112 patriotas desaparecidos y asesinados por el régimen octubrino son miserables que deben ser olvidados.
Cuando unas elecciones para presidente de la República en un país como Panamá pueden ser manipuladas tan groseramente, uno se pregunta, ¿qué hay detrás del poder mediático para humillar a una sociedad que pretende salir del empobrecimiento creciente? La campaña electoral para legisladores ni siquiera amerita un análisis de fondo dada la inmoralidad de la ley electoral que irrespeta el principio constitucional de la representatividad proporcional, dándole al mismo partido el cuociente, el medio cuociente y el residuo electoral. Quince legisladores del PRD y uno de Solidaridad son los beneficiarios de esa violación constitucional que nadie ha denunciado hasta la fecha.
Este proceso electoral ha sido aleccionador. El pueblo sigue dividido con esa intuición de que nada bueno puede salir de la usurpación del 11 de octubre, aunque haya sido legalizada a nivel constitucional y de dos elecciones. La fortuna es que todavía el torrijismo no ha logrado remontar la farsa de que en 1977 votó casi el 100% del electorado por los tratados canaleros. Ahora solo votó el 77% para legitimar la democracia electoral, pero del electorado, solamente 35% apoyó al segundo Torrijos. Esa movida antinorieguista del triunvirato, que llevó a las urnas contra el arnulfismo a 1.2 millón de panameños, aparte de medir el rechazo al gobierno de turno y la baja aceptabilidad del candidato oficialista, en realidad mide el efecto mediático de una campaña publicitaria a favor del segundo Torrijos y en contra de Mireya Moscoso.
En estas últimas elecciones triunfaron los medios y los dueños de los medios de comunicación. La campaña clientelista y fatigosa de los partidos de la alianza oficialista no logró romper el monopolio de los medios de comunicación en el manejo de la conciencia del votante. El Fulo Alemán se ganó el cariño de los que lo vieron caminando bajo sol y agua, de los que oyeron sus propuestas y sus cada vez más fogosos discursos, pero no se ganó el voto ni siquiera de sus más estrechos colaboradores de la alianza. Los zapatos del pueblo y la propaganda tediosa de Martinelli produjeron el voto más caro de esta campaña electoral, en contraste con el voto barato de Endara que hizo de Solidaridad un partido millonario.
La victoria mediática es aleccionadora porque manifiesta el poco sentido crítico de las masas empobrecidas y resentidas. Ya lo decía el viejo Platón, que una República empobrecida produce una nación de siervos y una oligarquía de ricos. El problema es que las oligarquías del dinero no son nadie si no cuentan con poder mediático. El dueño del partido y el millonario que financia campañas electorales no juegan al poder político si no tienen a su favor los medios de comunicación de masa, sobre todos de los que utilizan el audio y el video, por ejemplo, las televisoras. Torrijos, Endara, Alemán y Martinelli jugaron al conejillo de laboratorio. La liebre que saltó del sombrero de las encuestas fue la misma liebre que alimentó el poder mediático efectivo y demoledor con la sinergia del triunvirato de la invasión.
Las encuestas midieron la tendencia y el poder mediático se encargó de mantenerla con reiteradas noticias, comentarios y acusaciones. La política dejó de ser propaganda y publicidad pagada, y se transformó en titulares de periódicos, comentarios televisivos, debates radiales y entrevistas a funcionarios y a miembros significativos de la sociedad civil.
Se vive en un mundo que ha globalizado la actividad política y que cada día desarrolla más su capacidad de teledirección de los sucesos nacionales. Una sociedad no puede hacer política ni practicar la democracia si la ciudadanía no tiene sentido crítico y en las escuelas no se enseña moral, cívica y política. La indiferencia de un 23% de la población hizo que se abstuviese de participar en el proceso electoral. Es una tendencia que en Panamá debió haber aumentado, pero que al disminuir indica el grado de clientelismo de las masas empobrecidas.
Por fortuna, el voto ya no se vende por licor ni se atropella en las mesas de votación como sucedió hasta 1989, ahora el voto se le conduce por un poder mediático que solo puede ser enfrentado por una población educada, con trabajo estable y con un ingreso decente. Esos son los retos, no del próximo gobierno, sino de los ciudadanos y ciudadanas de Panamá para su acción cívica y política, tanto más necesaria cuanto menos esperanza se tenga en la próxima gestión gubernamental.
http://impresa.prensa.com/opinion/nueva-leccion_0_1201379939.html
Lo interesante es que su participación fue para dividir, confundir y producir el resultado electoral que hoy, muchos más de lo que nos imaginábamos, están celebrando. El éxito electoral del segundo Torrijos, diría Tomas Hobbes, es una manifestación de que su "revolución fue justa", en la más cruda versión positivista.
Endara y Ford encabezaron, en esta ocasión, la oposición civilista contra el desprestigiado gobierno arnulfista. El otro miembro de la nómina civilista, Ricardo Arias Calderón, se transforma en el teórico del civilismo del segundo Torrijos, y el hijo de Gabriel Lewis, y Rubén Arosemena, para que no dude del raigambre civilista del PRD, serán los vicepresidentes de la República centenaria. Esas fuerzas mancomunadas, consciente o inconscientemente, le dieron el triunfo al segundo Torrijos y movilizaron más del 60% de los votantes. La cara sucia del 11 de octubre es lavada por el votante, y los 112 patriotas desaparecidos y asesinados por el régimen octubrino son miserables que deben ser olvidados.
Cuando unas elecciones para presidente de la República en un país como Panamá pueden ser manipuladas tan groseramente, uno se pregunta, ¿qué hay detrás del poder mediático para humillar a una sociedad que pretende salir del empobrecimiento creciente? La campaña electoral para legisladores ni siquiera amerita un análisis de fondo dada la inmoralidad de la ley electoral que irrespeta el principio constitucional de la representatividad proporcional, dándole al mismo partido el cuociente, el medio cuociente y el residuo electoral. Quince legisladores del PRD y uno de Solidaridad son los beneficiarios de esa violación constitucional que nadie ha denunciado hasta la fecha.
Este proceso electoral ha sido aleccionador. El pueblo sigue dividido con esa intuición de que nada bueno puede salir de la usurpación del 11 de octubre, aunque haya sido legalizada a nivel constitucional y de dos elecciones. La fortuna es que todavía el torrijismo no ha logrado remontar la farsa de que en 1977 votó casi el 100% del electorado por los tratados canaleros. Ahora solo votó el 77% para legitimar la democracia electoral, pero del electorado, solamente 35% apoyó al segundo Torrijos. Esa movida antinorieguista del triunvirato, que llevó a las urnas contra el arnulfismo a 1.2 millón de panameños, aparte de medir el rechazo al gobierno de turno y la baja aceptabilidad del candidato oficialista, en realidad mide el efecto mediático de una campaña publicitaria a favor del segundo Torrijos y en contra de Mireya Moscoso.
En estas últimas elecciones triunfaron los medios y los dueños de los medios de comunicación. La campaña clientelista y fatigosa de los partidos de la alianza oficialista no logró romper el monopolio de los medios de comunicación en el manejo de la conciencia del votante. El Fulo Alemán se ganó el cariño de los que lo vieron caminando bajo sol y agua, de los que oyeron sus propuestas y sus cada vez más fogosos discursos, pero no se ganó el voto ni siquiera de sus más estrechos colaboradores de la alianza. Los zapatos del pueblo y la propaganda tediosa de Martinelli produjeron el voto más caro de esta campaña electoral, en contraste con el voto barato de Endara que hizo de Solidaridad un partido millonario.
La victoria mediática es aleccionadora porque manifiesta el poco sentido crítico de las masas empobrecidas y resentidas. Ya lo decía el viejo Platón, que una República empobrecida produce una nación de siervos y una oligarquía de ricos. El problema es que las oligarquías del dinero no son nadie si no cuentan con poder mediático. El dueño del partido y el millonario que financia campañas electorales no juegan al poder político si no tienen a su favor los medios de comunicación de masa, sobre todos de los que utilizan el audio y el video, por ejemplo, las televisoras. Torrijos, Endara, Alemán y Martinelli jugaron al conejillo de laboratorio. La liebre que saltó del sombrero de las encuestas fue la misma liebre que alimentó el poder mediático efectivo y demoledor con la sinergia del triunvirato de la invasión.
Las encuestas midieron la tendencia y el poder mediático se encargó de mantenerla con reiteradas noticias, comentarios y acusaciones. La política dejó de ser propaganda y publicidad pagada, y se transformó en titulares de periódicos, comentarios televisivos, debates radiales y entrevistas a funcionarios y a miembros significativos de la sociedad civil.
Se vive en un mundo que ha globalizado la actividad política y que cada día desarrolla más su capacidad de teledirección de los sucesos nacionales. Una sociedad no puede hacer política ni practicar la democracia si la ciudadanía no tiene sentido crítico y en las escuelas no se enseña moral, cívica y política. La indiferencia de un 23% de la población hizo que se abstuviese de participar en el proceso electoral. Es una tendencia que en Panamá debió haber aumentado, pero que al disminuir indica el grado de clientelismo de las masas empobrecidas.
Por fortuna, el voto ya no se vende por licor ni se atropella en las mesas de votación como sucedió hasta 1989, ahora el voto se le conduce por un poder mediático que solo puede ser enfrentado por una población educada, con trabajo estable y con un ingreso decente. Esos son los retos, no del próximo gobierno, sino de los ciudadanos y ciudadanas de Panamá para su acción cívica y política, tanto más necesaria cuanto menos esperanza se tenga en la próxima gestión gubernamental.
http://impresa.prensa.com/opinion/nueva-leccion_0_1201379939.html
viernes, 23 de abril de 2004
Análisis político
Roberto Arosemena Jaén
El punto débil de la campaña de José Miguel Alemán y de Martín Torrijos es la dependencia a sus colectivos partidistas. La euforia que enloquece a los triunfadores está muy cerca del PRD y la aureola oficialista del apoyo de la presidenta de la República producen dos candidaturas desdibujadas. La personalidad política de Alemán y de Torrijos no han logrado ir más allá de sus límites partidistas. No obstante, Torrijos está en su segundo intento y Alemán espera sorprender el 2 de mayo.
En realidad, este torneo electoral enfrenta dos alternativas partidistas: el panameñismo en su versión arnulfista y el militarismo en su expresión demagógica (PRD-PP). Sin embargo, el electorado consciente repudia la partidocracia, desprestigiada desde sus tibios inicios en 1984. La pregunta que se hacen los tercos que creen en Panamá y en los panameños, es si hay posibilidad de que José Miguel Alemán sea un gobernante que vaya más allá de Mireya, y Martín Torrijos más allá de la vieja dirigencia del PRD.
Ver a José Miguel Alemán, presidente de la República, comprometido con la Nación panameña más que con una alianza de partidos es la posibilidad que han visto algunos independientes. De otra parte, ya se conoce la versión del Partido Popular que ellos han civilizado, desmilitarizado y moralizado al PRD, y que su apoyo logrará borrar los crímenes de la dictadura. Dos versiones, orientadas a consolidar la personalidad de Alemán o de Torrijos como próximo presidente de la República y alejado de la práctica de repartir espacios políticos. ¿A quién creer?
El problema que subsiste es cómo va a incidir en el voto ciudadano, la propaganda adversa y los malos ejemplos del gobierno actual. Hasta el momento, esa incidencia se nota en las encuestas de opinión, sea que coloquen a Endara o a Alemán en la segunda posición, Torrijos sigue estando en la primera.
Para los panameños ha llegado el momento de analizar su voto presidencial para el próximo 2 de mayo. De antemano, habrá miles de votos partidistas que ya están asegurados, al menos estadísticamente. Esos votos partidistas dan un empate técnico. Alemán y Torrijos no pueden ser presidente de la República ni con el voto arnulfista, molirena y liberal, ni con el voto PRD-PP. De otra parte, el carisma de Endara no es suficiente ni siquiera para consolidar al partido político que lo postuló. Solidaridad con Endara o sin Endara sigue siendo el partido de Samuel Lewis, y Martinelli, sin dinero desaparecería del mundo electoral.
José Miguel Alemán y Martín Torrijos no gobiernan actualmente. Ambos esperan gobernar a partir del 1 de septiembre de este año. El reto principal que tendrán que enfrentar es eliminar la partidocracia y consolidar la democracia. Urgen medidas constitucionales y administrativas perentorias. Mientras que se establecen los criterios para una constituyente, se tendrá que administrar el Estado íntegra y éticamente. Los puestos públicos no serán de los partidos sino de la gente idónea y dispuesta a trabajar por su patria, lo mismo que los altos puestos de la Contraloría, del Ministerio Público, de la Caja del Seguro Social. Urgen ministros entusiastas, leales a la patria y competentes al más alto nivel.
Panamá necesita del voto responsable de la ciudadanía y este voto tendrá que sopesar cuál candidato tendrá la opción de gobernar para que la sociedad progrese, se termine con la decadente partidocracia y se establezca el ambiente propicio para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. De nosotros depende el futuro gobierno.
http://impresa.prensa.com/opinion/Analisis-politico_0_1180382046.html
El punto débil de la campaña de José Miguel Alemán y de Martín Torrijos es la dependencia a sus colectivos partidistas. La euforia que enloquece a los triunfadores está muy cerca del PRD y la aureola oficialista del apoyo de la presidenta de la República producen dos candidaturas desdibujadas. La personalidad política de Alemán y de Torrijos no han logrado ir más allá de sus límites partidistas. No obstante, Torrijos está en su segundo intento y Alemán espera sorprender el 2 de mayo.
En realidad, este torneo electoral enfrenta dos alternativas partidistas: el panameñismo en su versión arnulfista y el militarismo en su expresión demagógica (PRD-PP). Sin embargo, el electorado consciente repudia la partidocracia, desprestigiada desde sus tibios inicios en 1984. La pregunta que se hacen los tercos que creen en Panamá y en los panameños, es si hay posibilidad de que José Miguel Alemán sea un gobernante que vaya más allá de Mireya, y Martín Torrijos más allá de la vieja dirigencia del PRD.
Ver a José Miguel Alemán, presidente de la República, comprometido con la Nación panameña más que con una alianza de partidos es la posibilidad que han visto algunos independientes. De otra parte, ya se conoce la versión del Partido Popular que ellos han civilizado, desmilitarizado y moralizado al PRD, y que su apoyo logrará borrar los crímenes de la dictadura. Dos versiones, orientadas a consolidar la personalidad de Alemán o de Torrijos como próximo presidente de la República y alejado de la práctica de repartir espacios políticos. ¿A quién creer?
El problema que subsiste es cómo va a incidir en el voto ciudadano, la propaganda adversa y los malos ejemplos del gobierno actual. Hasta el momento, esa incidencia se nota en las encuestas de opinión, sea que coloquen a Endara o a Alemán en la segunda posición, Torrijos sigue estando en la primera.
Para los panameños ha llegado el momento de analizar su voto presidencial para el próximo 2 de mayo. De antemano, habrá miles de votos partidistas que ya están asegurados, al menos estadísticamente. Esos votos partidistas dan un empate técnico. Alemán y Torrijos no pueden ser presidente de la República ni con el voto arnulfista, molirena y liberal, ni con el voto PRD-PP. De otra parte, el carisma de Endara no es suficiente ni siquiera para consolidar al partido político que lo postuló. Solidaridad con Endara o sin Endara sigue siendo el partido de Samuel Lewis, y Martinelli, sin dinero desaparecería del mundo electoral.
José Miguel Alemán y Martín Torrijos no gobiernan actualmente. Ambos esperan gobernar a partir del 1 de septiembre de este año. El reto principal que tendrán que enfrentar es eliminar la partidocracia y consolidar la democracia. Urgen medidas constitucionales y administrativas perentorias. Mientras que se establecen los criterios para una constituyente, se tendrá que administrar el Estado íntegra y éticamente. Los puestos públicos no serán de los partidos sino de la gente idónea y dispuesta a trabajar por su patria, lo mismo que los altos puestos de la Contraloría, del Ministerio Público, de la Caja del Seguro Social. Urgen ministros entusiastas, leales a la patria y competentes al más alto nivel.
Panamá necesita del voto responsable de la ciudadanía y este voto tendrá que sopesar cuál candidato tendrá la opción de gobernar para que la sociedad progrese, se termine con la decadente partidocracia y se establezca el ambiente propicio para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. De nosotros depende el futuro gobierno.
http://impresa.prensa.com/opinion/Analisis-politico_0_1180382046.html
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