Roberto Arosemena Jaén
La peor esclavitud es la del pensar. La mejor libertad del humano es la de pensamiento. La Constitución panameña ha mantenido un principio por inercia, pero un principio fundamental para el desarrollo de la ciencia, la filosofía y la religión. Me refiero a la libertad de cátedra que establece la Constitución Política de la República y que la Ley Universitaria, 11 de 1981, en el artículo 5 desarrolla al establecer que la Universidad de Panamá "consagrará la libertad ideológica y de expresión en el ejercicio de la cátedra, así como en las investigaciones y publicaciones académicas".
Cualquier limitación a la libertad de pensar del docente (catedrático universitario) deja sin efecto la libertad ideológica y la libertad de expresión o divulgación de los conocimientos propio de los especialistas en áreas del saber humano universal. Cualquiera pretensión de las actuales autoridades universitarias, me refiero directamente al Consejo General Universitario presidido por el Rector Magnífico, de explicar o interpretar o limitar el ejercicio de la cátedra constituye no sólo una amenaza a las libertades humanas y constitucionales sino un golpe criminal contra el ansia infinita de conocer la realidad y darle la expresión veraz y comprobable que es propio de toda ciencia, filosofía y religión.
El mundo actual está ansioso de distanciarse de la fantasía y retornar a la realidad. Las hazañas del humano por la verdad como actualización de la realidad es la historia de la humanidad. Los espacios de libertad que hemos conquistado como seres pensantes y actuantes nada ni nadie podrá suprimirlo a todos por todo el tiempo. Se pueden restringir por un tiempo a algunos y a todos, pero su costo es tan alto que ya ningun grupo racional y dialogante está dispuesto a seguir intentándolo.
En el pasado y apresurado referéndum de la universidad para aprobar o rechazar el anteproyecto de ley sustitutorio de la Ley 11 de 1981, se comete la temeridad de definir la libertad de cátedra y se introducen limitantes "personalísimos" que más que materia de ley son propios de una patología de la sicología diferencial. Es regresar a tiempos del estatismo comunista y fascista del siglo pasado, para no remontarnos a la Europa de las guerras religiosas y racionalistas del siglo XVI al siglo XVIII. Entiendo, que después del 11 de septiembre del 2001, el mundo ha sufrido un retroceso en la defensa de las libertades sociales y personales y que cualquiera autoridad se siente legitimada para restringir la libertad de pensar y actuar. Sin embargo, es una actitud nefasta que no se puede extender hasta el claustro universitario.
No vamos a hacernos eco de este retroceso y perseguir la libertad de cátedra de ningún docente que haya cumplido con los trámites y requisitos que exige la universidad. El que no sabe usar su libertad y viola el derecho de los demás, entonces, que responda tanto a nivel civil, administrativo como penal, pero de ninguna forma puede admitirse la restricción y la limitación a la libertad de cátedra y enseñanza fundamentada en la realidad y en sus múltiples formas de actualizarla.
La universidad es lo más universal de nuestra identidad nacional y lo más universal, incluso de un mundo totalmente globalizado. Atentar contra la libertad de pensar y de expresar sus pensamientos de manera responsable, firme y verificable es atentar contra el hablar verazmente e imponer desde un virtual reglamento y estatuto universitario el pánico y la prepotencia del momento. Las universidades siguen siendo hoy, lo que empezaron a ser en la Edad Media y en el Renacimiento, fuente de toda ciencia, filosofía y estudios religiosos.
En ella debe mantenerse la prerrogativa a pensar con la libertad propia del ser humano, sobre todo de aquellos que por vocación, han asumido el compromiso de investigar la realidad, buscar los modelos, hipótesis y postulados más verificables y dar ejemplos de una vida práctica basada en los valores cívicos y morales propios de una humanidad crítica, dialogante y libre para argumentar y contra argumentar sin restricciones y sin cortapisas. En ésto y sólo en ésto consiste la libertad de cátedra como principio humanista universal.
http://impresa.prensa.com/opinion/libertad-ensenanza_0_1415108701.html
Departamento de Filosofía, Facultad de Humanidades, Universidad de Panamá
miércoles, 2 de marzo de 2005
viernes, 12 de noviembre de 2004
El dueño del poder
Roberto Arosemena Jaén
Dar educación política a una sociedad es un problema de voluntad, de recursos y de tecnología pedagógica. Si no que le pregunten al Rector de la Universidad y al Ministro de Educación que apenas logran dar educación básica, media, técnica y profesional a los panameños. La educación cívica, política y moral –por lo demás la más fundamental para un ciudadano– se desconoce tanto en el sistema formal como en el sistema informal de los medios de comunicación.
El ciudadano es un ser humano capacitado políticamente, pero antes de poder ser ciudadano requiere ser un "ente económico", es decir un productor de dinero en un mercado de trabajo abierto. Si el individuo no es un ente económico, es un dependiente o un cliente político –lo más parecido a un empleado público o a un empleado outsourcing de una empresa pública moderna o de una empresa privada familiar–. No se puede ser ciudadano si no se tiene independencia laboral y económica.
Nuestro Panamá, cinco veces centenario, no logra ni siquiera darle estatus de ciudadanía a un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, menos aún a un simple funcionario. La magistratura se logra con el favor del poder ejecutivo y la permisividad de la Asamblea, y se mantiene con el favor del Ejecutivo de turno. En nuestra ilusión estatal, fuimos forjando la idea de que si la Constitución lo establece, se respeta, pero la práctica política enseña que si el poder ejecutivo lo quiere y la Asamblea lo consiente, los asuntos constitucionales están sujetos a los actos de poder y aquellos cambian según la arbitrariedad de los gobernantes.
El problema no está en los gobiernos ni en los gobernantes ni en la jefatura de los partidos políticos, el problema está en cada uno de nosotros como ciudadanos sin poder, sin educación política, sin independencia económica, y lo más determinante, sin voluntad de controlar a los gobernantes de turno. De qué sirve la rendición de cuentas sobre los 23 millones de Mireya Moscoso y los de Ernesto Pérez Balladares, si ellos no responden por los 25 mil millones que se gastaron durante sus períodos y sobre la productividad y rendimiento de los 150 mil empleados públicos que tuvieron bajo su mando. No nos confundamos ni seamos ingenuos sobre la rendición de cuentas de los gobernantes. Nada se obtiene con el voto castigo. Empecemos a exigir cuenta sobre el uso y gasto de las partidas presupuestadas y reguladas por la ley, y eliminemos la viveza de las partidas discrecionales.
La Constitución y la ley son simples patrañas cuando la ciudadanía no es el poder que sostiene la Constitución, hace la ley y juzga su cumplimiento y su aplicación. Se podría decir que nuestra sociedad políticamente organizada es una patraña que tiene Constitución como la tiene Irak actualmente, mientras que los gobernantes no respondan por el último céntimo que se gastaron de los fondos públicos.
El problema de países como Panamá es la pérdida de la ciudadanía. Se supone que se tuvo y que en un momento se perdió. La pérdida tuvo que ser programada, como tiene que ser programada su adquisición y su recuperación. En principio, la ciudadanía se obtiene cuando desaparece el dueño del poder y la comunidad se hace la única titular de su destino político.
Al respecto hay dos teorías que sostienen el poder ciudadano. En Estados Unidos se acaban de manifestar: la teoría liberal y la teoría republicana. Los liberales establecen que hay un poder universal, basado en principios, que está por encima de la sociedad y los gobernantes. Los republicanos, por su parte, establecen que el máximo poder es la soberanía popular que se ejerce por voluntad de las mayorías nacionales. El liberal parte de los derechos humanos y requiere la discusión, el argumento, las decisiones racionales de cada grupo, incluso de las minorías; el republicano, por el contrario, tiene al pueblo, la consulta popular, las elecciones libres e igualitarias. Lo que decida el pueblo mayoritariamente, es la voluntad de Dios y la voluntad del Estado Nacional. Allí está el católico liberal de Kerry y el evangélico republicano de Bush. El problema filosófico de ambos es el relativismo moral casi escéptico del racionalista de Kerry y el absolutismo moral del voluntarista de Bush.
Frente al republicano y al liberal está una masa de ciudadanos individualistas que votan liberal por asuntos de empleo y economía, y votan republicano por asuntos de moral sexual y etnocentrismo imperial. Lo sorprendente es la agenda estatal de liberales y republicanos, y la agenda individualista del votante de ambos partidos.
Por desgracia, en Panamá solo rige la teoría política de juega vivo y aguántate la mecha. En términos académicos sería la teoría del empirismo liberal y del individualismo político posesorio. Se confunde poder político con poder administrativo y poder del dinero. Somos una sociedad marginal y periférica de ese mundo abatido por una tradición de guerras religiosas no resueltas y que ahora cobran fuerza ante la incapacidad del liberalismo y del republicanismo de darle respuesta a las nuevas realidades globalizadas que enfrenta la sociedad estadounidense.
http://impresa.prensa.com/opinion/dueno-poder_0_1332616816.html
Dar educación política a una sociedad es un problema de voluntad, de recursos y de tecnología pedagógica. Si no que le pregunten al Rector de la Universidad y al Ministro de Educación que apenas logran dar educación básica, media, técnica y profesional a los panameños. La educación cívica, política y moral –por lo demás la más fundamental para un ciudadano– se desconoce tanto en el sistema formal como en el sistema informal de los medios de comunicación.
El ciudadano es un ser humano capacitado políticamente, pero antes de poder ser ciudadano requiere ser un "ente económico", es decir un productor de dinero en un mercado de trabajo abierto. Si el individuo no es un ente económico, es un dependiente o un cliente político –lo más parecido a un empleado público o a un empleado outsourcing de una empresa pública moderna o de una empresa privada familiar–. No se puede ser ciudadano si no se tiene independencia laboral y económica.
Nuestro Panamá, cinco veces centenario, no logra ni siquiera darle estatus de ciudadanía a un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, menos aún a un simple funcionario. La magistratura se logra con el favor del poder ejecutivo y la permisividad de la Asamblea, y se mantiene con el favor del Ejecutivo de turno. En nuestra ilusión estatal, fuimos forjando la idea de que si la Constitución lo establece, se respeta, pero la práctica política enseña que si el poder ejecutivo lo quiere y la Asamblea lo consiente, los asuntos constitucionales están sujetos a los actos de poder y aquellos cambian según la arbitrariedad de los gobernantes.
El problema no está en los gobiernos ni en los gobernantes ni en la jefatura de los partidos políticos, el problema está en cada uno de nosotros como ciudadanos sin poder, sin educación política, sin independencia económica, y lo más determinante, sin voluntad de controlar a los gobernantes de turno. De qué sirve la rendición de cuentas sobre los 23 millones de Mireya Moscoso y los de Ernesto Pérez Balladares, si ellos no responden por los 25 mil millones que se gastaron durante sus períodos y sobre la productividad y rendimiento de los 150 mil empleados públicos que tuvieron bajo su mando. No nos confundamos ni seamos ingenuos sobre la rendición de cuentas de los gobernantes. Nada se obtiene con el voto castigo. Empecemos a exigir cuenta sobre el uso y gasto de las partidas presupuestadas y reguladas por la ley, y eliminemos la viveza de las partidas discrecionales.
La Constitución y la ley son simples patrañas cuando la ciudadanía no es el poder que sostiene la Constitución, hace la ley y juzga su cumplimiento y su aplicación. Se podría decir que nuestra sociedad políticamente organizada es una patraña que tiene Constitución como la tiene Irak actualmente, mientras que los gobernantes no respondan por el último céntimo que se gastaron de los fondos públicos.
El problema de países como Panamá es la pérdida de la ciudadanía. Se supone que se tuvo y que en un momento se perdió. La pérdida tuvo que ser programada, como tiene que ser programada su adquisición y su recuperación. En principio, la ciudadanía se obtiene cuando desaparece el dueño del poder y la comunidad se hace la única titular de su destino político.
Al respecto hay dos teorías que sostienen el poder ciudadano. En Estados Unidos se acaban de manifestar: la teoría liberal y la teoría republicana. Los liberales establecen que hay un poder universal, basado en principios, que está por encima de la sociedad y los gobernantes. Los republicanos, por su parte, establecen que el máximo poder es la soberanía popular que se ejerce por voluntad de las mayorías nacionales. El liberal parte de los derechos humanos y requiere la discusión, el argumento, las decisiones racionales de cada grupo, incluso de las minorías; el republicano, por el contrario, tiene al pueblo, la consulta popular, las elecciones libres e igualitarias. Lo que decida el pueblo mayoritariamente, es la voluntad de Dios y la voluntad del Estado Nacional. Allí está el católico liberal de Kerry y el evangélico republicano de Bush. El problema filosófico de ambos es el relativismo moral casi escéptico del racionalista de Kerry y el absolutismo moral del voluntarista de Bush.
Frente al republicano y al liberal está una masa de ciudadanos individualistas que votan liberal por asuntos de empleo y economía, y votan republicano por asuntos de moral sexual y etnocentrismo imperial. Lo sorprendente es la agenda estatal de liberales y republicanos, y la agenda individualista del votante de ambos partidos.
Por desgracia, en Panamá solo rige la teoría política de juega vivo y aguántate la mecha. En términos académicos sería la teoría del empirismo liberal y del individualismo político posesorio. Se confunde poder político con poder administrativo y poder del dinero. Somos una sociedad marginal y periférica de ese mundo abatido por una tradición de guerras religiosas no resueltas y que ahora cobran fuerza ante la incapacidad del liberalismo y del republicanismo de darle respuesta a las nuevas realidades globalizadas que enfrenta la sociedad estadounidense.
http://impresa.prensa.com/opinion/dueno-poder_0_1332616816.html
viernes, 21 de mayo de 2004
Una nueva lección
Roberto Arosemena Jaén
Lo interesante es que su participación fue para dividir, confundir y producir el resultado electoral que hoy, muchos más de lo que nos imaginábamos, están celebrando. El éxito electoral del segundo Torrijos, diría Tomas Hobbes, es una manifestación de que su "revolución fue justa", en la más cruda versión positivista.
Endara y Ford encabezaron, en esta ocasión, la oposición civilista contra el desprestigiado gobierno arnulfista. El otro miembro de la nómina civilista, Ricardo Arias Calderón, se transforma en el teórico del civilismo del segundo Torrijos, y el hijo de Gabriel Lewis, y Rubén Arosemena, para que no dude del raigambre civilista del PRD, serán los vicepresidentes de la República centenaria. Esas fuerzas mancomunadas, consciente o inconscientemente, le dieron el triunfo al segundo Torrijos y movilizaron más del 60% de los votantes. La cara sucia del 11 de octubre es lavada por el votante, y los 112 patriotas desaparecidos y asesinados por el régimen octubrino son miserables que deben ser olvidados.
Cuando unas elecciones para presidente de la República en un país como Panamá pueden ser manipuladas tan groseramente, uno se pregunta, ¿qué hay detrás del poder mediático para humillar a una sociedad que pretende salir del empobrecimiento creciente? La campaña electoral para legisladores ni siquiera amerita un análisis de fondo dada la inmoralidad de la ley electoral que irrespeta el principio constitucional de la representatividad proporcional, dándole al mismo partido el cuociente, el medio cuociente y el residuo electoral. Quince legisladores del PRD y uno de Solidaridad son los beneficiarios de esa violación constitucional que nadie ha denunciado hasta la fecha.
Este proceso electoral ha sido aleccionador. El pueblo sigue dividido con esa intuición de que nada bueno puede salir de la usurpación del 11 de octubre, aunque haya sido legalizada a nivel constitucional y de dos elecciones. La fortuna es que todavía el torrijismo no ha logrado remontar la farsa de que en 1977 votó casi el 100% del electorado por los tratados canaleros. Ahora solo votó el 77% para legitimar la democracia electoral, pero del electorado, solamente 35% apoyó al segundo Torrijos. Esa movida antinorieguista del triunvirato, que llevó a las urnas contra el arnulfismo a 1.2 millón de panameños, aparte de medir el rechazo al gobierno de turno y la baja aceptabilidad del candidato oficialista, en realidad mide el efecto mediático de una campaña publicitaria a favor del segundo Torrijos y en contra de Mireya Moscoso.
En estas últimas elecciones triunfaron los medios y los dueños de los medios de comunicación. La campaña clientelista y fatigosa de los partidos de la alianza oficialista no logró romper el monopolio de los medios de comunicación en el manejo de la conciencia del votante. El Fulo Alemán se ganó el cariño de los que lo vieron caminando bajo sol y agua, de los que oyeron sus propuestas y sus cada vez más fogosos discursos, pero no se ganó el voto ni siquiera de sus más estrechos colaboradores de la alianza. Los zapatos del pueblo y la propaganda tediosa de Martinelli produjeron el voto más caro de esta campaña electoral, en contraste con el voto barato de Endara que hizo de Solidaridad un partido millonario.
La victoria mediática es aleccionadora porque manifiesta el poco sentido crítico de las masas empobrecidas y resentidas. Ya lo decía el viejo Platón, que una República empobrecida produce una nación de siervos y una oligarquía de ricos. El problema es que las oligarquías del dinero no son nadie si no cuentan con poder mediático. El dueño del partido y el millonario que financia campañas electorales no juegan al poder político si no tienen a su favor los medios de comunicación de masa, sobre todos de los que utilizan el audio y el video, por ejemplo, las televisoras. Torrijos, Endara, Alemán y Martinelli jugaron al conejillo de laboratorio. La liebre que saltó del sombrero de las encuestas fue la misma liebre que alimentó el poder mediático efectivo y demoledor con la sinergia del triunvirato de la invasión.
Las encuestas midieron la tendencia y el poder mediático se encargó de mantenerla con reiteradas noticias, comentarios y acusaciones. La política dejó de ser propaganda y publicidad pagada, y se transformó en titulares de periódicos, comentarios televisivos, debates radiales y entrevistas a funcionarios y a miembros significativos de la sociedad civil.
Se vive en un mundo que ha globalizado la actividad política y que cada día desarrolla más su capacidad de teledirección de los sucesos nacionales. Una sociedad no puede hacer política ni practicar la democracia si la ciudadanía no tiene sentido crítico y en las escuelas no se enseña moral, cívica y política. La indiferencia de un 23% de la población hizo que se abstuviese de participar en el proceso electoral. Es una tendencia que en Panamá debió haber aumentado, pero que al disminuir indica el grado de clientelismo de las masas empobrecidas.
Por fortuna, el voto ya no se vende por licor ni se atropella en las mesas de votación como sucedió hasta 1989, ahora el voto se le conduce por un poder mediático que solo puede ser enfrentado por una población educada, con trabajo estable y con un ingreso decente. Esos son los retos, no del próximo gobierno, sino de los ciudadanos y ciudadanas de Panamá para su acción cívica y política, tanto más necesaria cuanto menos esperanza se tenga en la próxima gestión gubernamental.
http://impresa.prensa.com/opinion/nueva-leccion_0_1201379939.html
Lo interesante es que su participación fue para dividir, confundir y producir el resultado electoral que hoy, muchos más de lo que nos imaginábamos, están celebrando. El éxito electoral del segundo Torrijos, diría Tomas Hobbes, es una manifestación de que su "revolución fue justa", en la más cruda versión positivista.
Endara y Ford encabezaron, en esta ocasión, la oposición civilista contra el desprestigiado gobierno arnulfista. El otro miembro de la nómina civilista, Ricardo Arias Calderón, se transforma en el teórico del civilismo del segundo Torrijos, y el hijo de Gabriel Lewis, y Rubén Arosemena, para que no dude del raigambre civilista del PRD, serán los vicepresidentes de la República centenaria. Esas fuerzas mancomunadas, consciente o inconscientemente, le dieron el triunfo al segundo Torrijos y movilizaron más del 60% de los votantes. La cara sucia del 11 de octubre es lavada por el votante, y los 112 patriotas desaparecidos y asesinados por el régimen octubrino son miserables que deben ser olvidados.
Cuando unas elecciones para presidente de la República en un país como Panamá pueden ser manipuladas tan groseramente, uno se pregunta, ¿qué hay detrás del poder mediático para humillar a una sociedad que pretende salir del empobrecimiento creciente? La campaña electoral para legisladores ni siquiera amerita un análisis de fondo dada la inmoralidad de la ley electoral que irrespeta el principio constitucional de la representatividad proporcional, dándole al mismo partido el cuociente, el medio cuociente y el residuo electoral. Quince legisladores del PRD y uno de Solidaridad son los beneficiarios de esa violación constitucional que nadie ha denunciado hasta la fecha.
Este proceso electoral ha sido aleccionador. El pueblo sigue dividido con esa intuición de que nada bueno puede salir de la usurpación del 11 de octubre, aunque haya sido legalizada a nivel constitucional y de dos elecciones. La fortuna es que todavía el torrijismo no ha logrado remontar la farsa de que en 1977 votó casi el 100% del electorado por los tratados canaleros. Ahora solo votó el 77% para legitimar la democracia electoral, pero del electorado, solamente 35% apoyó al segundo Torrijos. Esa movida antinorieguista del triunvirato, que llevó a las urnas contra el arnulfismo a 1.2 millón de panameños, aparte de medir el rechazo al gobierno de turno y la baja aceptabilidad del candidato oficialista, en realidad mide el efecto mediático de una campaña publicitaria a favor del segundo Torrijos y en contra de Mireya Moscoso.
En estas últimas elecciones triunfaron los medios y los dueños de los medios de comunicación. La campaña clientelista y fatigosa de los partidos de la alianza oficialista no logró romper el monopolio de los medios de comunicación en el manejo de la conciencia del votante. El Fulo Alemán se ganó el cariño de los que lo vieron caminando bajo sol y agua, de los que oyeron sus propuestas y sus cada vez más fogosos discursos, pero no se ganó el voto ni siquiera de sus más estrechos colaboradores de la alianza. Los zapatos del pueblo y la propaganda tediosa de Martinelli produjeron el voto más caro de esta campaña electoral, en contraste con el voto barato de Endara que hizo de Solidaridad un partido millonario.
La victoria mediática es aleccionadora porque manifiesta el poco sentido crítico de las masas empobrecidas y resentidas. Ya lo decía el viejo Platón, que una República empobrecida produce una nación de siervos y una oligarquía de ricos. El problema es que las oligarquías del dinero no son nadie si no cuentan con poder mediático. El dueño del partido y el millonario que financia campañas electorales no juegan al poder político si no tienen a su favor los medios de comunicación de masa, sobre todos de los que utilizan el audio y el video, por ejemplo, las televisoras. Torrijos, Endara, Alemán y Martinelli jugaron al conejillo de laboratorio. La liebre que saltó del sombrero de las encuestas fue la misma liebre que alimentó el poder mediático efectivo y demoledor con la sinergia del triunvirato de la invasión.
Las encuestas midieron la tendencia y el poder mediático se encargó de mantenerla con reiteradas noticias, comentarios y acusaciones. La política dejó de ser propaganda y publicidad pagada, y se transformó en titulares de periódicos, comentarios televisivos, debates radiales y entrevistas a funcionarios y a miembros significativos de la sociedad civil.
Se vive en un mundo que ha globalizado la actividad política y que cada día desarrolla más su capacidad de teledirección de los sucesos nacionales. Una sociedad no puede hacer política ni practicar la democracia si la ciudadanía no tiene sentido crítico y en las escuelas no se enseña moral, cívica y política. La indiferencia de un 23% de la población hizo que se abstuviese de participar en el proceso electoral. Es una tendencia que en Panamá debió haber aumentado, pero que al disminuir indica el grado de clientelismo de las masas empobrecidas.
Por fortuna, el voto ya no se vende por licor ni se atropella en las mesas de votación como sucedió hasta 1989, ahora el voto se le conduce por un poder mediático que solo puede ser enfrentado por una población educada, con trabajo estable y con un ingreso decente. Esos son los retos, no del próximo gobierno, sino de los ciudadanos y ciudadanas de Panamá para su acción cívica y política, tanto más necesaria cuanto menos esperanza se tenga en la próxima gestión gubernamental.
http://impresa.prensa.com/opinion/nueva-leccion_0_1201379939.html
viernes, 23 de abril de 2004
Análisis político
Roberto Arosemena Jaén
El punto débil de la campaña de José Miguel Alemán y de Martín Torrijos es la dependencia a sus colectivos partidistas. La euforia que enloquece a los triunfadores está muy cerca del PRD y la aureola oficialista del apoyo de la presidenta de la República producen dos candidaturas desdibujadas. La personalidad política de Alemán y de Torrijos no han logrado ir más allá de sus límites partidistas. No obstante, Torrijos está en su segundo intento y Alemán espera sorprender el 2 de mayo.
En realidad, este torneo electoral enfrenta dos alternativas partidistas: el panameñismo en su versión arnulfista y el militarismo en su expresión demagógica (PRD-PP). Sin embargo, el electorado consciente repudia la partidocracia, desprestigiada desde sus tibios inicios en 1984. La pregunta que se hacen los tercos que creen en Panamá y en los panameños, es si hay posibilidad de que José Miguel Alemán sea un gobernante que vaya más allá de Mireya, y Martín Torrijos más allá de la vieja dirigencia del PRD.
Ver a José Miguel Alemán, presidente de la República, comprometido con la Nación panameña más que con una alianza de partidos es la posibilidad que han visto algunos independientes. De otra parte, ya se conoce la versión del Partido Popular que ellos han civilizado, desmilitarizado y moralizado al PRD, y que su apoyo logrará borrar los crímenes de la dictadura. Dos versiones, orientadas a consolidar la personalidad de Alemán o de Torrijos como próximo presidente de la República y alejado de la práctica de repartir espacios políticos. ¿A quién creer?
El problema que subsiste es cómo va a incidir en el voto ciudadano, la propaganda adversa y los malos ejemplos del gobierno actual. Hasta el momento, esa incidencia se nota en las encuestas de opinión, sea que coloquen a Endara o a Alemán en la segunda posición, Torrijos sigue estando en la primera.
Para los panameños ha llegado el momento de analizar su voto presidencial para el próximo 2 de mayo. De antemano, habrá miles de votos partidistas que ya están asegurados, al menos estadísticamente. Esos votos partidistas dan un empate técnico. Alemán y Torrijos no pueden ser presidente de la República ni con el voto arnulfista, molirena y liberal, ni con el voto PRD-PP. De otra parte, el carisma de Endara no es suficiente ni siquiera para consolidar al partido político que lo postuló. Solidaridad con Endara o sin Endara sigue siendo el partido de Samuel Lewis, y Martinelli, sin dinero desaparecería del mundo electoral.
José Miguel Alemán y Martín Torrijos no gobiernan actualmente. Ambos esperan gobernar a partir del 1 de septiembre de este año. El reto principal que tendrán que enfrentar es eliminar la partidocracia y consolidar la democracia. Urgen medidas constitucionales y administrativas perentorias. Mientras que se establecen los criterios para una constituyente, se tendrá que administrar el Estado íntegra y éticamente. Los puestos públicos no serán de los partidos sino de la gente idónea y dispuesta a trabajar por su patria, lo mismo que los altos puestos de la Contraloría, del Ministerio Público, de la Caja del Seguro Social. Urgen ministros entusiastas, leales a la patria y competentes al más alto nivel.
Panamá necesita del voto responsable de la ciudadanía y este voto tendrá que sopesar cuál candidato tendrá la opción de gobernar para que la sociedad progrese, se termine con la decadente partidocracia y se establezca el ambiente propicio para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. De nosotros depende el futuro gobierno.
http://impresa.prensa.com/opinion/Analisis-politico_0_1180382046.html
El punto débil de la campaña de José Miguel Alemán y de Martín Torrijos es la dependencia a sus colectivos partidistas. La euforia que enloquece a los triunfadores está muy cerca del PRD y la aureola oficialista del apoyo de la presidenta de la República producen dos candidaturas desdibujadas. La personalidad política de Alemán y de Torrijos no han logrado ir más allá de sus límites partidistas. No obstante, Torrijos está en su segundo intento y Alemán espera sorprender el 2 de mayo.
En realidad, este torneo electoral enfrenta dos alternativas partidistas: el panameñismo en su versión arnulfista y el militarismo en su expresión demagógica (PRD-PP). Sin embargo, el electorado consciente repudia la partidocracia, desprestigiada desde sus tibios inicios en 1984. La pregunta que se hacen los tercos que creen en Panamá y en los panameños, es si hay posibilidad de que José Miguel Alemán sea un gobernante que vaya más allá de Mireya, y Martín Torrijos más allá de la vieja dirigencia del PRD.
Ver a José Miguel Alemán, presidente de la República, comprometido con la Nación panameña más que con una alianza de partidos es la posibilidad que han visto algunos independientes. De otra parte, ya se conoce la versión del Partido Popular que ellos han civilizado, desmilitarizado y moralizado al PRD, y que su apoyo logrará borrar los crímenes de la dictadura. Dos versiones, orientadas a consolidar la personalidad de Alemán o de Torrijos como próximo presidente de la República y alejado de la práctica de repartir espacios políticos. ¿A quién creer?
El problema que subsiste es cómo va a incidir en el voto ciudadano, la propaganda adversa y los malos ejemplos del gobierno actual. Hasta el momento, esa incidencia se nota en las encuestas de opinión, sea que coloquen a Endara o a Alemán en la segunda posición, Torrijos sigue estando en la primera.
Para los panameños ha llegado el momento de analizar su voto presidencial para el próximo 2 de mayo. De antemano, habrá miles de votos partidistas que ya están asegurados, al menos estadísticamente. Esos votos partidistas dan un empate técnico. Alemán y Torrijos no pueden ser presidente de la República ni con el voto arnulfista, molirena y liberal, ni con el voto PRD-PP. De otra parte, el carisma de Endara no es suficiente ni siquiera para consolidar al partido político que lo postuló. Solidaridad con Endara o sin Endara sigue siendo el partido de Samuel Lewis, y Martinelli, sin dinero desaparecería del mundo electoral.
José Miguel Alemán y Martín Torrijos no gobiernan actualmente. Ambos esperan gobernar a partir del 1 de septiembre de este año. El reto principal que tendrán que enfrentar es eliminar la partidocracia y consolidar la democracia. Urgen medidas constitucionales y administrativas perentorias. Mientras que se establecen los criterios para una constituyente, se tendrá que administrar el Estado íntegra y éticamente. Los puestos públicos no serán de los partidos sino de la gente idónea y dispuesta a trabajar por su patria, lo mismo que los altos puestos de la Contraloría, del Ministerio Público, de la Caja del Seguro Social. Urgen ministros entusiastas, leales a la patria y competentes al más alto nivel.
Panamá necesita del voto responsable de la ciudadanía y este voto tendrá que sopesar cuál candidato tendrá la opción de gobernar para que la sociedad progrese, se termine con la decadente partidocracia y se establezca el ambiente propicio para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. De nosotros depende el futuro gobierno.
http://impresa.prensa.com/opinion/Analisis-politico_0_1180382046.html
miércoles, 7 de abril de 2004
Desmoralización política
Roberto Arosemena Jaén
El cacareado juega vivo de la sociedad civil es la privatización de la corrupción. Aprendemos a jugar vivo en una sociedad donde hay leyes, pero donde las cárceles están llenas de individuos a quienes no se les aplica la ley, sino la presunción de culpabilidad. Lo triste es que no hay un juez que se atreva a corregir los excesos de los fiscales, personeros o corregidores. La respuesta no es "justicia por su propia cuenta", sino juega vivo porque aquí lo que vale no es la ley, sino el tráfico de influencias.
Los de arriba y los de abajo no están sometidos a la ley. El irrespeto de los de arriba es la cultura del espacio político, el desconocimiento de las carreras públicas, la ignorancia del financiamiento de los partidos, la oscuridad sobre los homicidios del pasado reciente y el no querer rendir cuenta de su gestión administrativa. Mientras, el irrespeto de los de abajo es el oportunismo individual y colectivo. El consígueme un puesto y te daré mi voto, págame y te trabajo políticamente, ayúdame ahora para que yo te ayude el día de las elecciones.
El oportunismo colectivo es más sutil que el individual: si se firma un pacto electoral, a lo mejor se consigue el voto de la ONG, de la fundación empresarial, del club cívico y de la secta religiosa. Los grupos que se niegan, por incapacidad o por vocación, a participar en el proceso democrático a un puesto de elección, quieren a través de foros, congresos y comités incidir en la vida política apelando a una representatividad que por su propia configuración han decidido excluir. Así aparece la arrogante sociedad civil vocinglera, autodisplicente y selectiva.
El ambiente político panameño es claro y transparente. Las motivaciones de los autores no se ocultan ni se pueden ocultar. La gente no cree y sin embargo va a votar. Los que proclaman el voto en blanco, nulo o la abstención, se conforman con varias conferencias, algunas declaraciones antiglobalización y con un afiche nihilista de los obreros de la construcción. Por su parte, las maquinarias electorales de los partidos políticos repiten las reiterativas peroratas mediáticas.
Los mismos personeros desgastados a sueldo que ayer sirvieron a un régimen, a un partido, hoy sirven a un colectivo diferente para mañana retornar a sus viejas componendas. El juega vivo de los mercaderes políticos es el cinismo que todos soportan pero que ninguno tolera en su fuero interno. El resultado es que los candidatos ni convencen ni arrastran. Lo único que hacen es aglomerar más y más votantes potenciales para ver qué pasa el próximo y cercano 2 de mayo. Una estrategia equivocada para un público que se menosprecia.
El desgaste político de las reformas del torrijismo de 1983 ha dejado a los políticos partidistas panameños sin iniciativa. La forma panameñista de luchar por el poder que se inició en 1931, se intensificó en 1945 con el retorno del Dr. Arnulfo Arias a la arena política, se consolidó en las campañas de 1964 y 1968, y finalmente intentó contra todas las previsiones derrotar a Noriega y a sus serviles partidos políticos en 1984 y a exigir su presidencia el 9 de junio de 1987, se ha perdido. Como si la invasión de 1989 hubiese barrido con las alternativas nacionales de lograr una patria digna, próspera y benéfica para los panameños.
La sociedad ha ido perdiendo la fe política y la moral partidista se ha debilitado. Profesionales politiqueros abundan en todas las alianzas, son los más consultados, tienen la primera y la última palabra sin importar que el resultado sea la desmoralización del pueblo panameño. Eso no cuenta para los malos políticos oportunistas.
En 1994, cuando salí a luchar por el voto en blanco creía que ya era la hora de una Asamblea Nacional Constituyente. Pensé que la sociedad estaba madura, después del desastre del triunvirato que sucedió a Noriega y luego del gobierno errático de Guillermo Endara Galimani, y me equivoqué. El pueblo eligió a Ernesto Pérez Balladares sin reflexionar sobre la historia reciente del 11 de octubre de 1968.
Nada se había aprendido en la lucha por la democratización electoral del país. El resultado no se hizo esperar. El despotismo presidencial del Toro fue más efectivo para empobrecer al país que la suma de los gobiernos de Lakas, Royo, Ardito Barletta y los obsecuentes mayordomos del Palacio de las Garzas.
Luego de ese retorno de los políticos torrijistas, la sociedad panameña decidió, otra vez, contra todos los pronósticos de los expertos, oportunistas, mercaderes políticos que la presidenta debía ser Mireya Moscoso. La desmoralización, no obstante, ha aumentado. La campaña antimireyista mediática ha sido efectiva y las realizaciones de su gobierno no han cubierto las expectativas que tuvieron sus votantes, en el lejano mayo de 1999.
La desmoralización política da cabida para que la ya obsoleta y desgastada revolución torrijista se haga llamar "Patria Nueva", para que los discípulos y leales seguidores del panameñismo se disputen unos símbolos y para que un oportunista empresario político se financie una campaña presidencial. A esta situación se añade un pueblo fraccionado que no cree en los candidatos, pero que sí votará para que uno de ellos gobierne como un déspota o como un virtuoso gobernante si tiene el talante moral para hacerlo.
El problema es que mucha gente bien intencionada no sabe cómo votar el día 2 de mayo. Es la decisión que cada uno tendrá que tomar el día de las elecciones. En esta ocasión no promuevo el voto en blanco. Estoy consciente de que hay un candidato mejor que los restantes, pero que cualquiera que sea elegido tendrá que volver a moralizar la política aceptando la exigencia nacional de retornar al poder constituyente.
http://impresa.prensa.com/opinion/Desmoralizacion-politica_0_1168383218.html
El cacareado juega vivo de la sociedad civil es la privatización de la corrupción. Aprendemos a jugar vivo en una sociedad donde hay leyes, pero donde las cárceles están llenas de individuos a quienes no se les aplica la ley, sino la presunción de culpabilidad. Lo triste es que no hay un juez que se atreva a corregir los excesos de los fiscales, personeros o corregidores. La respuesta no es "justicia por su propia cuenta", sino juega vivo porque aquí lo que vale no es la ley, sino el tráfico de influencias.
Los de arriba y los de abajo no están sometidos a la ley. El irrespeto de los de arriba es la cultura del espacio político, el desconocimiento de las carreras públicas, la ignorancia del financiamiento de los partidos, la oscuridad sobre los homicidios del pasado reciente y el no querer rendir cuenta de su gestión administrativa. Mientras, el irrespeto de los de abajo es el oportunismo individual y colectivo. El consígueme un puesto y te daré mi voto, págame y te trabajo políticamente, ayúdame ahora para que yo te ayude el día de las elecciones.
El oportunismo colectivo es más sutil que el individual: si se firma un pacto electoral, a lo mejor se consigue el voto de la ONG, de la fundación empresarial, del club cívico y de la secta religiosa. Los grupos que se niegan, por incapacidad o por vocación, a participar en el proceso democrático a un puesto de elección, quieren a través de foros, congresos y comités incidir en la vida política apelando a una representatividad que por su propia configuración han decidido excluir. Así aparece la arrogante sociedad civil vocinglera, autodisplicente y selectiva.
El ambiente político panameño es claro y transparente. Las motivaciones de los autores no se ocultan ni se pueden ocultar. La gente no cree y sin embargo va a votar. Los que proclaman el voto en blanco, nulo o la abstención, se conforman con varias conferencias, algunas declaraciones antiglobalización y con un afiche nihilista de los obreros de la construcción. Por su parte, las maquinarias electorales de los partidos políticos repiten las reiterativas peroratas mediáticas.
Los mismos personeros desgastados a sueldo que ayer sirvieron a un régimen, a un partido, hoy sirven a un colectivo diferente para mañana retornar a sus viejas componendas. El juega vivo de los mercaderes políticos es el cinismo que todos soportan pero que ninguno tolera en su fuero interno. El resultado es que los candidatos ni convencen ni arrastran. Lo único que hacen es aglomerar más y más votantes potenciales para ver qué pasa el próximo y cercano 2 de mayo. Una estrategia equivocada para un público que se menosprecia.
El desgaste político de las reformas del torrijismo de 1983 ha dejado a los políticos partidistas panameños sin iniciativa. La forma panameñista de luchar por el poder que se inició en 1931, se intensificó en 1945 con el retorno del Dr. Arnulfo Arias a la arena política, se consolidó en las campañas de 1964 y 1968, y finalmente intentó contra todas las previsiones derrotar a Noriega y a sus serviles partidos políticos en 1984 y a exigir su presidencia el 9 de junio de 1987, se ha perdido. Como si la invasión de 1989 hubiese barrido con las alternativas nacionales de lograr una patria digna, próspera y benéfica para los panameños.
La sociedad ha ido perdiendo la fe política y la moral partidista se ha debilitado. Profesionales politiqueros abundan en todas las alianzas, son los más consultados, tienen la primera y la última palabra sin importar que el resultado sea la desmoralización del pueblo panameño. Eso no cuenta para los malos políticos oportunistas.
En 1994, cuando salí a luchar por el voto en blanco creía que ya era la hora de una Asamblea Nacional Constituyente. Pensé que la sociedad estaba madura, después del desastre del triunvirato que sucedió a Noriega y luego del gobierno errático de Guillermo Endara Galimani, y me equivoqué. El pueblo eligió a Ernesto Pérez Balladares sin reflexionar sobre la historia reciente del 11 de octubre de 1968.
Nada se había aprendido en la lucha por la democratización electoral del país. El resultado no se hizo esperar. El despotismo presidencial del Toro fue más efectivo para empobrecer al país que la suma de los gobiernos de Lakas, Royo, Ardito Barletta y los obsecuentes mayordomos del Palacio de las Garzas.
Luego de ese retorno de los políticos torrijistas, la sociedad panameña decidió, otra vez, contra todos los pronósticos de los expertos, oportunistas, mercaderes políticos que la presidenta debía ser Mireya Moscoso. La desmoralización, no obstante, ha aumentado. La campaña antimireyista mediática ha sido efectiva y las realizaciones de su gobierno no han cubierto las expectativas que tuvieron sus votantes, en el lejano mayo de 1999.
La desmoralización política da cabida para que la ya obsoleta y desgastada revolución torrijista se haga llamar "Patria Nueva", para que los discípulos y leales seguidores del panameñismo se disputen unos símbolos y para que un oportunista empresario político se financie una campaña presidencial. A esta situación se añade un pueblo fraccionado que no cree en los candidatos, pero que sí votará para que uno de ellos gobierne como un déspota o como un virtuoso gobernante si tiene el talante moral para hacerlo.
El problema es que mucha gente bien intencionada no sabe cómo votar el día 2 de mayo. Es la decisión que cada uno tendrá que tomar el día de las elecciones. En esta ocasión no promuevo el voto en blanco. Estoy consciente de que hay un candidato mejor que los restantes, pero que cualquiera que sea elegido tendrá que volver a moralizar la política aceptando la exigencia nacional de retornar al poder constituyente.
http://impresa.prensa.com/opinion/Desmoralizacion-politica_0_1168383218.html
miércoles, 25 de febrero de 2004
A lo mejor no se puede
Roberto Arosemena Jaén
Dada la dinámica de la intervención y de la elección partidista de 1989, se establece un rápido retorno al orden constitucional torrijista -remozado en 1983- con los resultados vividos en estos últimos 14 años.
Afirmo que la intervención -invasión estadounidense- desarticuló el movimiento ciudadano democratizador, por la sencilla razón que después de la instalación del gobierno de triunvirato fue imposible organizar alternativas partidistas por convicción y sin clientelismo político. La década del ochenta, cuando al calor de la ingobernabilidad del régimen torrijista los ciudadanos se organizaban políticamente para la Constituyente (PAPO) y para el establecimiento de un liderazgo nuevo (PNP) o para la difusión de una plataforma ideológica (PST) había perdido significado popular luego del colapso del régimen torrijista.
El liderazgo combativo contra el torrijismo -que se consolidaba bajo el peligro de muerte, y de carcelazos y secuestros- había sido sustituido por el liderazgo del dinero y del tráfico de influencias. Allí estaban los mártires del panameñismo y de algunos marxistas, la golpiza a Miguel Antonio Bernal, la inmolación de Leopoldo Aragón, el secuestro de Mauro Zúñiga y finalmente la horrorosa presencia del cuerpo decapitado de Hugo Spadafora. Los líderes nuevos de la década del noventa van a ser los directorios de los partidos políticos en el poder o personalidades reconocidas de antemano en la sociedad como Rubén Darío Carles, Rubén Blades y Alberto Vallarino. La época de los luchadores de barricada había sido superada.
El escenario político actual es un escenario desgastado por un régimen torrijista reacio a renunciar a sus instituciones, creadas en 1983: un sistema presidencialista con posibilidad de actuar despóticamente, un Organo Legislativo diseñado para el tráfico de influencias y obligado a someterse al Ejecutivo, unos magistrados proclives a servir a los poderes de turno o a los influyentes bufetes de abogados, unos empleados públicos sujetos al libre nombramiento y remoción, y derechos políticos secuestrados por la partidocracia a la ciudadanía independiente.
Ese desgaste del régimen torrijista, los ilusos lo interpretan como un desgaste de los gobiernos de turno. Endara se desgastó en el poder y por eso ganó Pérez Balladares, éste se desgastó y por eso ganó Mireya Moscoso y así se piensa que ahora deberá ganar Endara o cualquier otro creíble de ser oposición. Tremenda equivocación que ya la inteligencia del panameño empieza a corregir: lo que se ha venido desgastando de manera incontenible es el sistema torrijista remozado en 1983. De allí que, desde el año pasado, el movimiento a favor de una constituyente ha venido tomando cuerpo.
El problema ha sido la ambigüedad y debilidad política de los promotores de una nueva Constitución. Se dice querer una constituyente cuando en realidad se quiere una nueva Constitución. Allí está la propuesta de Endara a todas luces autoritaria y presidencialista tanto en su explicación como en la forma en que se obtendrá dicha nueva Constitución. Allí está el esfuerzo abortado por el Foro 2020 por su mecanismo poco democrático de tomar decisiones, por consenso, es decir se admite el veto calificado de cualquiera de sus miembros para descalificar una propuesta. Allí está la buena fe del grupo ecuménico que hace sus pinitos en la vida política nacional y se convierte por virtud de sus 100 mil firmas en la cuarta fuerza detrás del PRD, del arnulfismo y del MOLIRENA.
La falta de claridad en la configuración de la constituyente, la camisa de fuerza que de antemano se le pone al soberano de no cuestionar a los poderes constituidos y la plena discrecionalidad en que se deja a los órganos del Estado para declarar improcedente tanto la convocatoria a una constituyente como la nulidad de la Constitución que se haya aprobado por este método. Recurrir al soberano y negarle a éste la facultad de sustituir a los poderes constituidos es un juicio incoherente, ya que supone que el poder constituido puede establecerle límites al soberano.
Entiendo que el recurrir a esa ficción de soberanía se debe a la debilidad de los ideólogos de la nueva constituyente, tanto para obtenerla por los mecanismos que establece la Constitución torrijista de 1983 como para obligar al poder constituido que se disuelva y le entregue el poder a una constituyente, como podría suceder en los próximos meses en Haití y en Bolivia.
No obstante, esa debilidad es el compás de espera que abre el proceso electoral actual al deterioro del régimen torrijista. Independientemente de quién resulte vencedor en las elecciones de mayo próximo, la demanda por la constituyente tomará expresiones más democráticas y más políticas, y la ingobernabilidad tomará cuerpo a menos que, responsablemente, los poderes constituidos decidan romper con las estructuras del régimen torrijista y establezcan las bases para una expedita Asamblea Nacional Constituyente.
La discusión actual sobre la quinta papeleta es una propuesta de gente de buena fe que cree que las cosas del poder se pueden solucionar dándole al poder constituido carta blanca para gobernar hasta septiembre de 2009, y al soberano poder para establecer nuevos órganos del Estado de esa fecha en adelante. Por desgracia, las constituyentes surgen siempre impacientes y deseosas de cambios radicales. Es cierto que en Panamá, ni las constituyentes de 1904, de 1946 y 1972 han sido impacientes, antes por el contrario, dóciles: En 1904, dóciles al pacto separatista de la pequeña Colombia; en 1946, dóciles al pacto de los golpistas de octubre de 1941, y en 1972, dóciles a la imposición del 11 de octubre de 1968.
El escenario político del 3 de mayo en adelante ofrecerá oportunidades para barrer con el desgastado régimen torrijista que ya dura 36 años o, por el contrario, nos impondrá un nuevo fardo para hacer de la actividad política una misión ardua, compleja y peligrosa.
http://impresa.prensa.com/opinion/mejor-puede_0_1136886386.html
Dada la dinámica de la intervención y de la elección partidista de 1989, se establece un rápido retorno al orden constitucional torrijista -remozado en 1983- con los resultados vividos en estos últimos 14 años.
Afirmo que la intervención -invasión estadounidense- desarticuló el movimiento ciudadano democratizador, por la sencilla razón que después de la instalación del gobierno de triunvirato fue imposible organizar alternativas partidistas por convicción y sin clientelismo político. La década del ochenta, cuando al calor de la ingobernabilidad del régimen torrijista los ciudadanos se organizaban políticamente para la Constituyente (PAPO) y para el establecimiento de un liderazgo nuevo (PNP) o para la difusión de una plataforma ideológica (PST) había perdido significado popular luego del colapso del régimen torrijista.
El liderazgo combativo contra el torrijismo -que se consolidaba bajo el peligro de muerte, y de carcelazos y secuestros- había sido sustituido por el liderazgo del dinero y del tráfico de influencias. Allí estaban los mártires del panameñismo y de algunos marxistas, la golpiza a Miguel Antonio Bernal, la inmolación de Leopoldo Aragón, el secuestro de Mauro Zúñiga y finalmente la horrorosa presencia del cuerpo decapitado de Hugo Spadafora. Los líderes nuevos de la década del noventa van a ser los directorios de los partidos políticos en el poder o personalidades reconocidas de antemano en la sociedad como Rubén Darío Carles, Rubén Blades y Alberto Vallarino. La época de los luchadores de barricada había sido superada.
El escenario político actual es un escenario desgastado por un régimen torrijista reacio a renunciar a sus instituciones, creadas en 1983: un sistema presidencialista con posibilidad de actuar despóticamente, un Organo Legislativo diseñado para el tráfico de influencias y obligado a someterse al Ejecutivo, unos magistrados proclives a servir a los poderes de turno o a los influyentes bufetes de abogados, unos empleados públicos sujetos al libre nombramiento y remoción, y derechos políticos secuestrados por la partidocracia a la ciudadanía independiente.
Ese desgaste del régimen torrijista, los ilusos lo interpretan como un desgaste de los gobiernos de turno. Endara se desgastó en el poder y por eso ganó Pérez Balladares, éste se desgastó y por eso ganó Mireya Moscoso y así se piensa que ahora deberá ganar Endara o cualquier otro creíble de ser oposición. Tremenda equivocación que ya la inteligencia del panameño empieza a corregir: lo que se ha venido desgastando de manera incontenible es el sistema torrijista remozado en 1983. De allí que, desde el año pasado, el movimiento a favor de una constituyente ha venido tomando cuerpo.
El problema ha sido la ambigüedad y debilidad política de los promotores de una nueva Constitución. Se dice querer una constituyente cuando en realidad se quiere una nueva Constitución. Allí está la propuesta de Endara a todas luces autoritaria y presidencialista tanto en su explicación como en la forma en que se obtendrá dicha nueva Constitución. Allí está el esfuerzo abortado por el Foro 2020 por su mecanismo poco democrático de tomar decisiones, por consenso, es decir se admite el veto calificado de cualquiera de sus miembros para descalificar una propuesta. Allí está la buena fe del grupo ecuménico que hace sus pinitos en la vida política nacional y se convierte por virtud de sus 100 mil firmas en la cuarta fuerza detrás del PRD, del arnulfismo y del MOLIRENA.
La falta de claridad en la configuración de la constituyente, la camisa de fuerza que de antemano se le pone al soberano de no cuestionar a los poderes constituidos y la plena discrecionalidad en que se deja a los órganos del Estado para declarar improcedente tanto la convocatoria a una constituyente como la nulidad de la Constitución que se haya aprobado por este método. Recurrir al soberano y negarle a éste la facultad de sustituir a los poderes constituidos es un juicio incoherente, ya que supone que el poder constituido puede establecerle límites al soberano.
Entiendo que el recurrir a esa ficción de soberanía se debe a la debilidad de los ideólogos de la nueva constituyente, tanto para obtenerla por los mecanismos que establece la Constitución torrijista de 1983 como para obligar al poder constituido que se disuelva y le entregue el poder a una constituyente, como podría suceder en los próximos meses en Haití y en Bolivia.
No obstante, esa debilidad es el compás de espera que abre el proceso electoral actual al deterioro del régimen torrijista. Independientemente de quién resulte vencedor en las elecciones de mayo próximo, la demanda por la constituyente tomará expresiones más democráticas y más políticas, y la ingobernabilidad tomará cuerpo a menos que, responsablemente, los poderes constituidos decidan romper con las estructuras del régimen torrijista y establezcan las bases para una expedita Asamblea Nacional Constituyente.
La discusión actual sobre la quinta papeleta es una propuesta de gente de buena fe que cree que las cosas del poder se pueden solucionar dándole al poder constituido carta blanca para gobernar hasta septiembre de 2009, y al soberano poder para establecer nuevos órganos del Estado de esa fecha en adelante. Por desgracia, las constituyentes surgen siempre impacientes y deseosas de cambios radicales. Es cierto que en Panamá, ni las constituyentes de 1904, de 1946 y 1972 han sido impacientes, antes por el contrario, dóciles: En 1904, dóciles al pacto separatista de la pequeña Colombia; en 1946, dóciles al pacto de los golpistas de octubre de 1941, y en 1972, dóciles a la imposición del 11 de octubre de 1968.
El escenario político del 3 de mayo en adelante ofrecerá oportunidades para barrer con el desgastado régimen torrijista que ya dura 36 años o, por el contrario, nos impondrá un nuevo fardo para hacer de la actividad política una misión ardua, compleja y peligrosa.
http://impresa.prensa.com/opinion/mejor-puede_0_1136886386.html
miércoles, 20 de marzo de 2002
Un procurador desbocado
Roberto Arosemena Jaén
El Ministerio Público no es un órgano del Estado. Solamente los órganos del Estado emanan de la voluntad soberana de la sociedad panameña. El Ministerio Público a lo sumo es un híbrido constitucional por virtud de las reformas constitucionales improvisadas de 1983.
El procurador está estrictamente sometido a la ley y es un servidor del Estado revestido de la facultad de investigar los delitos, pero no de todos los delitos, por ejemplo de los que cometa un magistrado de la Corte, recuérdese el caso Faúndes, o de los que cometa el presidente de la República y, en un caso más prosaico, de los que cometa un menor de edad, que por virtud de la mora presupuestaria, compete a los mismos jueces de la Niñez y la Adolescencia. Lo que señalo es importante porque el procurador no ha entendido que si un ministro de Estado le solicita que investigue un presunto delito, lo debe investigar sin emitir comentarios previos, tal como lo hace cuando lo denuncia un simple particular.
Hay algunos funcionarios de alto nivel que no han entendido que el responsable de la coordinación de la administración pública es el presidente de la República y que el Ministerio Público es parte de la administración pública.
Y ahora viene el problema de la falta de prudencia administrativa del señor procurador.
A nadie escapa que la Asamblea Legislativa, con la actual directiva, se viene enfrentando al Ejecutivo en los últimos meses. El enfrentamiento los llevó a dos hechos lamentables con efectos políticos irreversibles. El rechazo del presupuesto nacional para la vigencia del 2002, con el congelamiento de todo el presupuesto de funcionamiento e inversiones y la negativa a poner en el orden del día la ratificación de dos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. La junta directiva de la Asamblea Legislativa manifestó una tremenda ingenuidad en esa confrontación legalista con la presidencia de la República. Pero el asunto se resolvió como esa pelea salvaje entre dos elefantes, con el consecuente sufrimiento de la sociedad civil.
“Cuando dos elefantes pelean, quien sufre es la yerba”, dice la sabiduría popular. Se tiene un presupuesto viejo (el del 2001) para atender los problemas nuevos que no fueron presupuestados en el 2002, y se tuvo que llamar a asamblea extraordinaria para que los legisladores cumpliesen su función constitucional de ratificar a dos magistrados que formarían parte del Organo Judicial.
En estos enfrentamientos se llegó a aseveraciones que bien podrían constituir calumnias, de ser falsos. Millón y medio se había pagado para ratificar a los dos magistrados. En el calor de la ofensa y de la injuria saltó la liebre. Efectivamente había plata, dijo uno, pero no tanto, y procedió a mostrar y posteriormente a entregar la evidencia del delito, 6 mil dólares. Aquí entró el Ministerio Público.
Un caso que parecía transparente se enredó. No sé dónde se perdió el ovillo. Si campañas publicitarias, si desinformación a la opinión pública, si exceso de poder de la actual directiva de la Asamblea Legislativa y del Comité Ejecutivo del PRD, si incapacidad ejecutiva de la administración pública, si reacción hipócrita de la sociedad civil, si oportunismo de potenciales dirigentes políticos. El asunto es que el Ministerio Público hace su solicitud, sabiendo de antemano que la mayoría de los legisladores del pacto META y algunas individualidades afines al Gobierno se habían levantado voluntariamente la inmunidad, no sabemos si para ser juzgados por la Corte Suprema de Justicia como lo establece el artículo 86, numeral 2, acápite b, o solamente para que se investigue su presunta participación en el delito, no sabemos si denunciado por Afú, o de cualquier otro delito que esté investigando el Ministerio Público y se presuma la participación de los 71 legisladores.
Cualquier observador imparcial se da cuenta de que el procurador se excedió y, en tal forma, se hace eco la junta directiva de la Asamblea que procede a solicitarle al pleno que levante la inmunidad de todos los legisladores.
El resultado es un órgano del Estado paralizado y envuelto en una investigación que tiene como objetivo conducir a los legisladores al pleno de la Corte Suprema de Justicia para que sus miembros los juzguen por cualquier delito común o por cualesquier falta cometida.
Me atrevo a preguntarle al señor procurador para qué está solicitando el levantamiento de la inmunidad de los 71 legisladores; por el simple hecho de investigar o porque ya tiene evidencias del ilícito cometido y trata de completar el sumario para enviárselo a la Corte Suprema de Justicia.
Los miembros de la Asamblea pertenecen y forman el Organo Legislativo; en el momento en que los legisladores se levanten la inmunidad, la Corte puede decidir sustituirlos por los suplentes mientras se investiga y se analiza el mérito del sumario para el llamamiento a juicio.
El otro escenario de la solicitud de la inmunidad no quiero ni pensarlo. Una campaña para que la actual junta directiva del pacto META afirme, demagógicamente, ante la sociedad civil que se levanta la inmunidad porque no teme ni que se le investigue ni que se le juzgue, sabiendo de antemano que la renuncia a la inmunidad termina cuando se concluyan las sumarias y que el procurador –con ignorancia inexcusable– no se haya dado cuenta de que es la yerba que presencia la lucha de los elefantes del Estado panameño.
En el tiempo de Ernesto Pérez Balladares se logró que en un día un legislador fuese sorprendido con un maletín, fuese detenido, se le levantase la inmunidad, se le revocase su mandato en la mejor versión de un despotismo presidencial. Durante su despotismo no hubo disidencia y los órganos del Estado eran cajas de resonancia de la voluntad presidencial. Por fortuna los tiempos han cambiado y estas cosas se discuten entre órganos del Estado y entre nosotros, los ciudadanos de donde emana todo el poder del Estado.
http://impresa.prensa.com/opinion/procurador-desbocado_0_606689394.html
El Ministerio Público no es un órgano del Estado. Solamente los órganos del Estado emanan de la voluntad soberana de la sociedad panameña. El Ministerio Público a lo sumo es un híbrido constitucional por virtud de las reformas constitucionales improvisadas de 1983.
El procurador está estrictamente sometido a la ley y es un servidor del Estado revestido de la facultad de investigar los delitos, pero no de todos los delitos, por ejemplo de los que cometa un magistrado de la Corte, recuérdese el caso Faúndes, o de los que cometa el presidente de la República y, en un caso más prosaico, de los que cometa un menor de edad, que por virtud de la mora presupuestaria, compete a los mismos jueces de la Niñez y la Adolescencia. Lo que señalo es importante porque el procurador no ha entendido que si un ministro de Estado le solicita que investigue un presunto delito, lo debe investigar sin emitir comentarios previos, tal como lo hace cuando lo denuncia un simple particular.
Hay algunos funcionarios de alto nivel que no han entendido que el responsable de la coordinación de la administración pública es el presidente de la República y que el Ministerio Público es parte de la administración pública.
Y ahora viene el problema de la falta de prudencia administrativa del señor procurador.
A nadie escapa que la Asamblea Legislativa, con la actual directiva, se viene enfrentando al Ejecutivo en los últimos meses. El enfrentamiento los llevó a dos hechos lamentables con efectos políticos irreversibles. El rechazo del presupuesto nacional para la vigencia del 2002, con el congelamiento de todo el presupuesto de funcionamiento e inversiones y la negativa a poner en el orden del día la ratificación de dos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. La junta directiva de la Asamblea Legislativa manifestó una tremenda ingenuidad en esa confrontación legalista con la presidencia de la República. Pero el asunto se resolvió como esa pelea salvaje entre dos elefantes, con el consecuente sufrimiento de la sociedad civil.
“Cuando dos elefantes pelean, quien sufre es la yerba”, dice la sabiduría popular. Se tiene un presupuesto viejo (el del 2001) para atender los problemas nuevos que no fueron presupuestados en el 2002, y se tuvo que llamar a asamblea extraordinaria para que los legisladores cumpliesen su función constitucional de ratificar a dos magistrados que formarían parte del Organo Judicial.
En estos enfrentamientos se llegó a aseveraciones que bien podrían constituir calumnias, de ser falsos. Millón y medio se había pagado para ratificar a los dos magistrados. En el calor de la ofensa y de la injuria saltó la liebre. Efectivamente había plata, dijo uno, pero no tanto, y procedió a mostrar y posteriormente a entregar la evidencia del delito, 6 mil dólares. Aquí entró el Ministerio Público.
Un caso que parecía transparente se enredó. No sé dónde se perdió el ovillo. Si campañas publicitarias, si desinformación a la opinión pública, si exceso de poder de la actual directiva de la Asamblea Legislativa y del Comité Ejecutivo del PRD, si incapacidad ejecutiva de la administración pública, si reacción hipócrita de la sociedad civil, si oportunismo de potenciales dirigentes políticos. El asunto es que el Ministerio Público hace su solicitud, sabiendo de antemano que la mayoría de los legisladores del pacto META y algunas individualidades afines al Gobierno se habían levantado voluntariamente la inmunidad, no sabemos si para ser juzgados por la Corte Suprema de Justicia como lo establece el artículo 86, numeral 2, acápite b, o solamente para que se investigue su presunta participación en el delito, no sabemos si denunciado por Afú, o de cualquier otro delito que esté investigando el Ministerio Público y se presuma la participación de los 71 legisladores.
Cualquier observador imparcial se da cuenta de que el procurador se excedió y, en tal forma, se hace eco la junta directiva de la Asamblea que procede a solicitarle al pleno que levante la inmunidad de todos los legisladores.
El resultado es un órgano del Estado paralizado y envuelto en una investigación que tiene como objetivo conducir a los legisladores al pleno de la Corte Suprema de Justicia para que sus miembros los juzguen por cualquier delito común o por cualesquier falta cometida.
Me atrevo a preguntarle al señor procurador para qué está solicitando el levantamiento de la inmunidad de los 71 legisladores; por el simple hecho de investigar o porque ya tiene evidencias del ilícito cometido y trata de completar el sumario para enviárselo a la Corte Suprema de Justicia.
Los miembros de la Asamblea pertenecen y forman el Organo Legislativo; en el momento en que los legisladores se levanten la inmunidad, la Corte puede decidir sustituirlos por los suplentes mientras se investiga y se analiza el mérito del sumario para el llamamiento a juicio.
El otro escenario de la solicitud de la inmunidad no quiero ni pensarlo. Una campaña para que la actual junta directiva del pacto META afirme, demagógicamente, ante la sociedad civil que se levanta la inmunidad porque no teme ni que se le investigue ni que se le juzgue, sabiendo de antemano que la renuncia a la inmunidad termina cuando se concluyan las sumarias y que el procurador –con ignorancia inexcusable– no se haya dado cuenta de que es la yerba que presencia la lucha de los elefantes del Estado panameño.
En el tiempo de Ernesto Pérez Balladares se logró que en un día un legislador fuese sorprendido con un maletín, fuese detenido, se le levantase la inmunidad, se le revocase su mandato en la mejor versión de un despotismo presidencial. Durante su despotismo no hubo disidencia y los órganos del Estado eran cajas de resonancia de la voluntad presidencial. Por fortuna los tiempos han cambiado y estas cosas se discuten entre órganos del Estado y entre nosotros, los ciudadanos de donde emana todo el poder del Estado.
http://impresa.prensa.com/opinion/procurador-desbocado_0_606689394.html
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