A lo mejor no se puede

Roberto Arosemena Jaén

Dada la dinámica de la intervención y de la elección partidista de 1989, se establece un rápido retorno al orden constitucional torrijista -remozado en 1983- con los resultados vividos en estos últimos 14 años.

Afirmo que la intervención -invasión estadounidense- desarticuló el movimiento ciudadano democratizador, por la sencilla razón que después de la instalación del gobierno de triunvirato fue imposible organizar alternativas partidistas por convicción y sin clientelismo político. La década del ochenta, cuando al calor de la ingobernabilidad del régimen torrijista los ciudadanos se organizaban políticamente para la Constituyente (PAPO) y para el establecimiento de un liderazgo nuevo (PNP) o para la difusión de una plataforma ideológica (PST) había perdido significado popular luego del colapso del régimen torrijista.

El liderazgo combativo contra el torrijismo -que se consolidaba bajo el peligro de muerte, y de carcelazos y secuestros- había sido sustituido por el liderazgo del dinero y del tráfico de influencias. Allí estaban los mártires del panameñismo y de algunos marxistas, la golpiza a Miguel Antonio Bernal, la inmolación de Leopoldo Aragón, el secuestro de Mauro Zúñiga y finalmente la horrorosa presencia del cuerpo decapitado de Hugo Spadafora. Los líderes nuevos de la década del noventa van a ser los directorios de los partidos políticos en el poder o personalidades reconocidas de antemano en la sociedad como Rubén Darío Carles, Rubén Blades y Alberto Vallarino. La época de los luchadores de barricada había sido superada.

El escenario político actual es un escenario desgastado por un régimen torrijista reacio a renunciar a sus instituciones, creadas en 1983: un sistema presidencialista con posibilidad de actuar despóticamente, un Organo Legislativo diseñado para el tráfico de influencias y obligado a someterse al Ejecutivo, unos magistrados proclives a servir a los poderes de turno o a los influyentes bufetes de abogados, unos empleados públicos sujetos al libre nombramiento y remoción, y derechos políticos secuestrados por la partidocracia a la ciudadanía independiente.

 Ese desgaste del régimen torrijista, los ilusos lo interpretan como un desgaste de los gobiernos de turno. Endara se desgastó en el poder y por eso ganó Pérez Balladares, éste se desgastó y por eso ganó Mireya Moscoso y así se piensa que ahora deberá ganar Endara o cualquier otro creíble de ser oposición. Tremenda equivocación que ya la inteligencia del panameño empieza a corregir: lo que se ha venido desgastando de manera incontenible es el sistema torrijista remozado en 1983. De allí que, desde el año pasado, el movimiento a favor de una constituyente ha venido tomando cuerpo.

El problema ha sido la ambigüedad y debilidad política de los promotores de una nueva Constitución. Se dice querer una constituyente cuando en realidad se quiere una nueva Constitución. Allí está la propuesta de Endara a todas luces autoritaria y presidencialista tanto en su explicación como en la forma en que se obtendrá dicha nueva Constitución. Allí está el esfuerzo abortado por el Foro 2020 por su mecanismo poco democrático de tomar decisiones, por consenso, es decir se admite el veto calificado de cualquiera de sus miembros para descalificar una propuesta. Allí está la buena fe del grupo ecuménico que hace sus pinitos en la vida política nacional y se convierte por virtud de sus 100 mil firmas en la cuarta fuerza detrás del PRD, del arnulfismo y del MOLIRENA.

La falta de claridad en la configuración de la constituyente, la camisa de fuerza que de antemano se le pone al soberano de no cuestionar a los poderes constituidos y la plena discrecionalidad en que se deja a los órganos del Estado para declarar improcedente tanto la convocatoria a una constituyente como la nulidad de la Constitución que se haya aprobado por este método. Recurrir al soberano y negarle a éste la facultad de sustituir a los poderes constituidos es un juicio incoherente, ya que supone que el poder constituido puede establecerle límites al soberano.

Entiendo que el recurrir a esa ficción de soberanía se debe a la debilidad de los ideólogos de la nueva constituyente, tanto para obtenerla por los mecanismos que establece la Constitución torrijista de 1983 como para obligar al poder constituido que se disuelva y le entregue el poder a una constituyente, como podría suceder en los próximos meses en Haití y en Bolivia.

No obstante, esa debilidad es el compás de espera que abre el proceso electoral actual al deterioro del régimen torrijista. Independientemente de quién resulte vencedor en las elecciones de mayo próximo, la demanda por la constituyente tomará expresiones más democráticas y más políticas, y la ingobernabilidad tomará cuerpo a menos que, responsablemente, los poderes constituidos decidan romper con las estructuras del régimen torrijista y establezcan las bases para una expedita Asamblea Nacional Constituyente.

La discusión actual sobre la quinta papeleta es una propuesta de gente de buena fe que cree que las cosas del poder se pueden solucionar dándole al poder constituido carta blanca para gobernar hasta septiembre de 2009, y al soberano poder para establecer nuevos órganos del Estado de esa fecha en adelante. Por desgracia, las constituyentes surgen siempre impacientes y deseosas de cambios radicales. Es cierto que en Panamá, ni las constituyentes de 1904, de 1946 y 1972 han sido impacientes, antes por el contrario, dóciles: En 1904, dóciles al pacto separatista de la pequeña Colombia; en 1946, dóciles al pacto de los golpistas de octubre de 1941, y en 1972, dóciles a la imposición del 11 de octubre de 1968.

El escenario político del 3 de mayo en adelante ofrecerá oportunidades para barrer con el desgastado régimen torrijista que ya dura 36 años o, por el contrario, nos impondrá un nuevo fardo para hacer de la actividad política una misión ardua, compleja y peligrosa.

http://impresa.prensa.com/opinion/mejor-puede_0_1136886386.html

Un procurador desbocado

Roberto Arosemena Jaén

El Ministerio Público no es un órgano del Estado. Solamente los órganos del Estado emanan de la voluntad soberana de la sociedad panameña. El Ministerio Público a lo sumo es un híbrido constitucional por virtud de las reformas constitucionales improvisadas de 1983.

El procurador está estrictamente sometido a la ley y es un servidor del Estado revestido de la facultad de investigar los delitos, pero no de todos los delitos, por ejemplo de los que cometa un magistrado de la Corte, recuérdese el caso Faúndes, o de los que cometa el presidente de la República y, en un caso más prosaico, de los que cometa un menor de edad, que por virtud de la mora presupuestaria, compete a los mismos jueces de la Niñez y la Adolescencia. Lo que señalo es importante porque el procurador no ha entendido que si un ministro de Estado le solicita que investigue un presunto delito, lo debe investigar sin emitir comentarios previos, tal como lo hace cuando lo denuncia un simple particular.

Hay algunos funcionarios de alto nivel que no han entendido que el responsable de la coordinación de la administración pública es el presidente de la República y que el Ministerio Público es parte de la administración pública.

Y ahora viene el problema de la falta de prudencia administrativa del señor procurador.

A nadie escapa que la Asamblea Legislativa, con la actual directiva, se viene enfrentando al Ejecutivo en los últimos meses. El enfrentamiento los llevó a dos hechos lamentables con efectos políticos irreversibles. El rechazo del presupuesto nacional para la vigencia del 2002, con el congelamiento de todo el presupuesto de funcionamiento e inversiones y la negativa a poner en el orden del día la ratificación de dos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. La junta directiva de la Asamblea Legislativa manifestó una tremenda ingenuidad en esa confrontación legalista con la presidencia de la República. Pero el asunto se resolvió como esa pelea salvaje entre dos elefantes, con el consecuente sufrimiento de la sociedad civil.

 “Cuando dos elefantes pelean, quien sufre es la yerba”, dice la sabiduría popular. Se tiene un presupuesto viejo (el del 2001) para atender los problemas nuevos que no fueron presupuestados en el 2002, y se tuvo que llamar a asamblea extraordinaria para que los legisladores cumpliesen su función constitucional de ratificar a dos magistrados que formarían parte del Organo Judicial.

En estos enfrentamientos se llegó a aseveraciones que bien podrían constituir calumnias, de ser falsos. Millón y medio se había pagado para ratificar a los dos magistrados. En el calor de la ofensa y de la injuria saltó la liebre. Efectivamente había plata, dijo uno, pero no tanto, y procedió a mostrar y posteriormente a entregar la evidencia del delito, 6 mil dólares. Aquí entró el Ministerio Público.

Un caso que parecía transparente se enredó. No sé dónde se perdió el ovillo. Si campañas publicitarias, si desinformación a la opinión pública, si exceso de poder de la actual directiva de la Asamblea Legislativa y del Comité Ejecutivo del PRD, si incapacidad ejecutiva de la administración pública, si reacción hipócrita de la sociedad civil, si oportunismo de potenciales dirigentes políticos. El asunto es que el Ministerio Público hace su solicitud, sabiendo de antemano que la mayoría de los legisladores del pacto META y algunas individualidades afines al Gobierno se habían levantado voluntariamente la inmunidad, no sabemos si para ser juzgados por la Corte Suprema de Justicia como lo establece el artículo 86, numeral 2, acápite b, o solamente para que se investigue su presunta participación en el delito, no sabemos si denunciado por Afú, o de cualquier otro delito que esté investigando el Ministerio Público y se presuma la participación de los 71 legisladores.

 Cualquier observador imparcial se da cuenta de que el procurador se excedió y, en tal forma, se hace eco la junta directiva de la Asamblea que procede a solicitarle al pleno que levante la inmunidad de todos los legisladores.

El resultado es un órgano del Estado paralizado y envuelto en una investigación que tiene como objetivo conducir a los legisladores al pleno de la Corte Suprema de Justicia para que sus miembros los juzguen por cualquier delito común o por cualesquier falta cometida.

Me atrevo a preguntarle al señor procurador para qué está solicitando el levantamiento de la inmunidad de los 71 legisladores; por el simple hecho de investigar o porque ya tiene evidencias del ilícito cometido y trata de completar el sumario para enviárselo a la Corte Suprema de Justicia.

Los miembros de la Asamblea pertenecen y forman el Organo Legislativo; en el momento en que los legisladores se levanten la inmunidad, la Corte puede decidir sustituirlos por los suplentes mientras se investiga y se analiza el mérito del sumario para el llamamiento a juicio.

El otro escenario de la solicitud de la inmunidad no quiero ni pensarlo. Una campaña para que la actual junta directiva del pacto META afirme, demagógicamente, ante la sociedad civil que se levanta la inmunidad porque no teme ni que se le investigue ni que se le juzgue, sabiendo de antemano que la renuncia a la inmunidad termina cuando se concluyan las sumarias y que el procurador –con ignorancia inexcusable– no se haya dado cuenta de que es la yerba que presencia la lucha de los elefantes del Estado panameño.

En el tiempo de Ernesto Pérez Balladares se logró que en un día un legislador fuese sorprendido con un maletín, fuese detenido, se le levantase la inmunidad, se le revocase su mandato en la mejor versión de un despotismo presidencial. Durante su despotismo no hubo disidencia y los órganos del Estado eran cajas de resonancia de la voluntad presidencial. Por fortuna los tiempos han cambiado y estas cosas se discuten entre órganos del Estado y entre nosotros, los ciudadanos de donde emana todo el poder del Estado.

http://impresa.prensa.com/opinion/procurador-desbocado_0_606689394.html