Roberto Arosemena Jaén
El imaginario colectivo ha declarado que el Canal de Esclusas es panameño. Este alarde de propietario se alimenta de declaraciones oficiales, mediáticas y de redes sociales de información. Estamos esperanzados que el 26 de junio de 2016 el futuro de riquezas y bienestar se derramarán sobre la sociedad panameña. Ya no se trata de la vieja fantasía de 1903, sino de la realidad aclamada del Canal Ampliado. Por desgracia, es una horrible falacia.
No obstante, el país está de fiesta y las celebraciones se comparten selectiva y masivamente en pequeños y grandes festines. Todos estamos invitados, pero nunca dejan de faltar los aguafiestas, y yo me incluyo entre ellos. Me opuse al Tratado de neutralidad permanente, votado en dictadura; me opuse al Referendo de la Ampliación, donde más de la mitad se abstuvo y casi un tercio votó en contra. En efecto, el 70% de los que votaron, votaron por la Ampliación.
Por otra parte, me cuento entre los ciudadanos que aspiran y luchan, en la medida de sus posibilidades, por una patria soberana y una comunidad próspera y digna. Somos dueños no sólo del Canal, sino de la Zona de Tránsito, de sus aguas ribereñas, de sus minas y cuencas hidrográficas. En esto consiste, la verdad histórica de la lucha de los panameños. Sólo la verdad de este proyecto histórico de nación, nos hará libres.
Urge insistir en la verdad histórica para ser libres. Es un hecho notorio que se tiene un pacto de funcionamiento permanente del Canal. Los Instrumentos de Ratificación –prohíben a Panamá a hacer un presupuesto para que los peajes beneficien a su población. El objetivo de los peajes es autofinanciar al Canal. No existe incertidumbre sobre los Ingresos del Canal. La Reserva 4 y Entendimiento 1 del Tratado de Neutralidad y Funcionamiento permanente son de estricto cumplimiento. De qué sirve ser dueño formal y hasta constitucional de todo nuestro territorio, sino tenemos libertad ni arbitrio para establecer un presupuesto canalero que produzca ingresos fiscales. Los excedentes del Canal son migajas para un país empobrecido.
Armadores, compañías navieras, inversionistas, mandatarios, emprendedores y especuladores mundiales están deslumbrados por esta magna obra que beneficia a los dueños del transporte marítimo de la costa este y oeste de los Estados Unidos de América y al resto de los comerciantes y armadores del mundo. Este plan deliberado y perverso de beneficiar a los fuertes fue vislumbrado por Jimmy Carter y Omar Torrijos cuando firmaron los criterios y los factores a considerar para determinar los ingresos del Canal.
La realidad y la seguridad jurídica del manejo del Canal Ampliado se basa en un protocolo ya pactado y que las autoridades panameñas no se atreven a debatir. Todo lo contrario, quieren sepultar nuestras claudicaciones en ese imaginario masivo de que el Canal es Nuestro.
Algunos defensores oficiosos de la administración canalera, en rigor, tendrán que proponer alternativas beneficiosas para la población panameña. Estas oportunidades colaterales tendrán que surgir no de las migajas de los excedentes, sino de las inversiones que se desarrollen en las riberas del Canal para darle apoyo logístico al aumento del tráfico.
Hay que superar el protocolo del manejo actual que imponen los tratados canaleros. Es una labor difícil pero impostergable. El tema del canal no es de imaginarios sino de realizaciones. Es un tema político de realismo fáctico –no mágico-. Además, es un tema de la esfera pública. Tema que requiere de una cultura de reciprocidad y equilibrio diplomático que tiene que distanciarse del exhibicionismo publicitario y del reduccionismo administrativo, que blinda de la consulta democrática y ciudadana todo lo concerniente al mito del Canal. Gritar que somos dueños del Canal es repetir esa paradoja que Justo Arosemena señaló 150 años atrás: saludar en los puertos a buques con banderas que no son nuestras.
El autor es filósofo y abogado panameño.
Departamento de Filosofía, Facultad de Humanidades, Universidad de Panamá
viernes, 24 de junio de 2016
martes, 14 de junio de 2016
El alto costo de la educación superior
Francisco Díaz Montilla
Posiblemente, una de las pocas verdades claras y distintas en materia económica es que nada es gratuito. La Constitución panameña, por ejemplo, señala que la educación (inicial, premedia y media) es gratuita, pero si nos detenemos por un momento a evaluar la ley presupuestaria, nos percataremos de cuán costosa es realmente.
En contraste con la inicial y la premedia, ni la educación media ni la superior son obligatorias. Es decir, los padres de un estudiante que alcanza el noveno grado, no están obligados a enviar a sus hijos para que culminen estudios de bachillerato, y los que superan el duodécimo grado no están obligados a asistir a la universidad.
Lo anterior, sin embargo, no es óbice para que el Estado destine en su presupuesto general una importante cantidad de dinero para el funcionamiento de los colegios y universidades. De hecho, en materia de educación superior, si nos atenemos al presupuesto del año 2016, constataremos que el Estado ha destinado aproximadamente el 2.04% al funcionamiento de las cinco universidades oficiales.
De ese total, el 56.21% se destinó a la Universidad de Panamá (UP). Uno puede concluir a priori que se trata de un gasto ridículo si se compara con otros tal vez menos necesarios. Y posiblemente sea correcto. Pero comparado con los costos en universidades particulares, ¿cuán barata es realmente la educación superior pública?
A manera de ejemplo, tengamos presente que en el año 2015 la UP recibió un presupuesto de $209 millones 394 mil 900 para funcionamiento e inversión.
Consideremos, además, que la matrícula promedio en ese año fue de 51 mil 254 estudiantes. Si relacionamos el monto asignado con la matrícula, quiere decir que cada estudiante le costó a la sociedad panameña aproximadamente $4 mil 85 ese año. Bajo el supuesto de que la cantidad de matrícula y el presupuesto asignado sean invariantes, y teniendo en cuenta que las licenciaturas (salvo medicina, odontología, entre otras) tienen una duración de cuatro años, quiere decir que el costo de graduar a un profesional en la UP sería de aproximadamente $16 mil 340. Esta cantidad se incrementa por el hecho de que a los estudiantes les toma más de cuatro años graduarse.
Posiblemente los costos en que incurre la sociedad panameña para financiar los estudios de sus profesionales sean menores en los otros centros de educación superior. Sin embargo, pareciera prima facie que el costo promedio en las universidades públicas es mayor que en las particulares. Deberíamos plantearnos si es más viable para el Estado becar a cada estudiante en alguna universidad particular o, incluso, enviarlos a algunos países vecinos. Se trata, pues, de un tema que desborda a las universidades y atañe a la sociedad panameña en su conjunto.
Plantearse esta cuestión es posible siempre y cuando nos planteemos como sociedad el problema de la educación superior desde un punto de vista institucional, sin apasionamientos y bajo parámetros realistas. Lamentablemente, es poco probable que esto ocurra, pues persiste la arraigada idea de que el Estado debe brindar educación superior a los ciudadanos. Y posiblemente así sea, pero no a cualquier precio. En materia de educación superior, la carga de los costos debe ser más equilibrada, pues –como hemos indicado- la educación superior no es obligatoria.
http://impresa.prensa.com/opinion/educacion-superior-Francisco-Diaz-Montilla_0_4506299396.html
Posiblemente, una de las pocas verdades claras y distintas en materia económica es que nada es gratuito. La Constitución panameña, por ejemplo, señala que la educación (inicial, premedia y media) es gratuita, pero si nos detenemos por un momento a evaluar la ley presupuestaria, nos percataremos de cuán costosa es realmente.
En contraste con la inicial y la premedia, ni la educación media ni la superior son obligatorias. Es decir, los padres de un estudiante que alcanza el noveno grado, no están obligados a enviar a sus hijos para que culminen estudios de bachillerato, y los que superan el duodécimo grado no están obligados a asistir a la universidad.
Lo anterior, sin embargo, no es óbice para que el Estado destine en su presupuesto general una importante cantidad de dinero para el funcionamiento de los colegios y universidades. De hecho, en materia de educación superior, si nos atenemos al presupuesto del año 2016, constataremos que el Estado ha destinado aproximadamente el 2.04% al funcionamiento de las cinco universidades oficiales.
De ese total, el 56.21% se destinó a la Universidad de Panamá (UP). Uno puede concluir a priori que se trata de un gasto ridículo si se compara con otros tal vez menos necesarios. Y posiblemente sea correcto. Pero comparado con los costos en universidades particulares, ¿cuán barata es realmente la educación superior pública?
A manera de ejemplo, tengamos presente que en el año 2015 la UP recibió un presupuesto de $209 millones 394 mil 900 para funcionamiento e inversión.
Consideremos, además, que la matrícula promedio en ese año fue de 51 mil 254 estudiantes. Si relacionamos el monto asignado con la matrícula, quiere decir que cada estudiante le costó a la sociedad panameña aproximadamente $4 mil 85 ese año. Bajo el supuesto de que la cantidad de matrícula y el presupuesto asignado sean invariantes, y teniendo en cuenta que las licenciaturas (salvo medicina, odontología, entre otras) tienen una duración de cuatro años, quiere decir que el costo de graduar a un profesional en la UP sería de aproximadamente $16 mil 340. Esta cantidad se incrementa por el hecho de que a los estudiantes les toma más de cuatro años graduarse.
Posiblemente los costos en que incurre la sociedad panameña para financiar los estudios de sus profesionales sean menores en los otros centros de educación superior. Sin embargo, pareciera prima facie que el costo promedio en las universidades públicas es mayor que en las particulares. Deberíamos plantearnos si es más viable para el Estado becar a cada estudiante en alguna universidad particular o, incluso, enviarlos a algunos países vecinos. Se trata, pues, de un tema que desborda a las universidades y atañe a la sociedad panameña en su conjunto.
Plantearse esta cuestión es posible siempre y cuando nos planteemos como sociedad el problema de la educación superior desde un punto de vista institucional, sin apasionamientos y bajo parámetros realistas. Lamentablemente, es poco probable que esto ocurra, pues persiste la arraigada idea de que el Estado debe brindar educación superior a los ciudadanos. Y posiblemente así sea, pero no a cualquier precio. En materia de educación superior, la carga de los costos debe ser más equilibrada, pues –como hemos indicado- la educación superior no es obligatoria.
http://impresa.prensa.com/opinion/educacion-superior-Francisco-Diaz-Montilla_0_4506299396.html
lunes, 30 de mayo de 2016
Universidad para el siglo XXI
Francisco Díaz Montilla
En 2013, la American Association of State Colleges and Universities publicó un breve informe, Top 10 Higher Education State Policy Issues for 2013, que dentificaba 10 problemas básicos de la educación superior en Estados Unidos, veamos:
1. Impulsar el desempeño institucional.
2. Apoyo estatal a la educación superior pública.
3. Política y precios de la matrícula.
4. Programas estatales de subvención y becas estudiantiles.
5. Preparación para la universidad.
6. Inmigración.
7. Educación en línea y educación basada en competencias.
8. Armas en el campus.
9. Desarrollo económico y laboral.
10. Protección a los consumidores de universidades con fines de lucro.
Algunos de estos problemas también afectan a la educación superior en Panamá. En nuestro caso, determinar cuáles son exactamente, no es tarea fácil; en parte porque no hay un plan nacional para la educación superior ni cuerpo institucional que la coordine. A modo de ejemplo, el Plan Estratégico de Gobierno 2015-2019, reconoce que “las universidades tienen una capacidad de investigación débil” (p. 99), pero no presenta una sola estrategia con el fin de mejorar esta situación.
Desde el punto de vista institucional, lo más que se logró en los últimos lustros fue crear el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria de Panamá (Ley 52 de 26 de junio de 2015). Este, sin embargo, tiene un alcance limitado, pues se trata de un “organismo evaluador y acreditador, y representativo de los actores vinculados a la educación superior universitaria del país” (Art. 20).
En la referida ley, la universidad se concibe como una “Institución de educación superior universitaria, creada mediante ley o autorizada mediante decreto ejecutivo, que tiene como misión generar, difundir y aplicar conocimientos mediante la docencia, la investigación, la extensión y la producción, así como formar profesionales idóneos, emprendedores e innovadores y ciudadanos comprometidos con la identidad nacional y el desarrollo humano y sostenible del país” (Art. 4.32). Pero, al margen de la obvia circularidad definitoria, no está claro que las funciones del Consejo en materia de evaluación hayan tenido impacto significativo para la educación superior, salvo la de servir de elemento publicitario a las universidades públicas y particulares acreditadas.
La ausencia de un entorno institucional que determine o defina la política educativa en educación superior ha desbordado la capacidad de las instituciones universitarias para trazar la senda que debe recorrer la sociedad. No es esperable que las universidades particulares contribuyan (in)mediatamente en ese sentido, pues sus prioridades se enfocan hacia el lucro. Pero tampoco se espera que lo hagan las oficiales, inmersas en sus propias contradicciones.
Hoy en la Universidad de Panamá el proceso electoral ofrece una ocasión propicia para diagnosticar, evaluar y asumir cursos de acción que reorienten la práctica educativa. Ojalá que los movimientos de renovación, de renacimiento, de reforma, etc. que se activan cada cinco años en la primera universidad del país contribuyan en ese sentido y ofrezcan más que consignas, más que frases prefabricadas y propensas a la demagogia. La sociedad demanda una universidad distinta para el siglo XXI.
http://impresa.prensa.com/opinion/Universidad-XXI-Francisco-Diaz-Montilla_0_4495050509.html
En 2013, la American Association of State Colleges and Universities publicó un breve informe, Top 10 Higher Education State Policy Issues for 2013, que dentificaba 10 problemas básicos de la educación superior en Estados Unidos, veamos:
1. Impulsar el desempeño institucional.
2. Apoyo estatal a la educación superior pública.
3. Política y precios de la matrícula.
4. Programas estatales de subvención y becas estudiantiles.
5. Preparación para la universidad.
6. Inmigración.
7. Educación en línea y educación basada en competencias.
8. Armas en el campus.
9. Desarrollo económico y laboral.
10. Protección a los consumidores de universidades con fines de lucro.
Algunos de estos problemas también afectan a la educación superior en Panamá. En nuestro caso, determinar cuáles son exactamente, no es tarea fácil; en parte porque no hay un plan nacional para la educación superior ni cuerpo institucional que la coordine. A modo de ejemplo, el Plan Estratégico de Gobierno 2015-2019, reconoce que “las universidades tienen una capacidad de investigación débil” (p. 99), pero no presenta una sola estrategia con el fin de mejorar esta situación.
Desde el punto de vista institucional, lo más que se logró en los últimos lustros fue crear el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria de Panamá (Ley 52 de 26 de junio de 2015). Este, sin embargo, tiene un alcance limitado, pues se trata de un “organismo evaluador y acreditador, y representativo de los actores vinculados a la educación superior universitaria del país” (Art. 20).
En la referida ley, la universidad se concibe como una “Institución de educación superior universitaria, creada mediante ley o autorizada mediante decreto ejecutivo, que tiene como misión generar, difundir y aplicar conocimientos mediante la docencia, la investigación, la extensión y la producción, así como formar profesionales idóneos, emprendedores e innovadores y ciudadanos comprometidos con la identidad nacional y el desarrollo humano y sostenible del país” (Art. 4.32). Pero, al margen de la obvia circularidad definitoria, no está claro que las funciones del Consejo en materia de evaluación hayan tenido impacto significativo para la educación superior, salvo la de servir de elemento publicitario a las universidades públicas y particulares acreditadas.
La ausencia de un entorno institucional que determine o defina la política educativa en educación superior ha desbordado la capacidad de las instituciones universitarias para trazar la senda que debe recorrer la sociedad. No es esperable que las universidades particulares contribuyan (in)mediatamente en ese sentido, pues sus prioridades se enfocan hacia el lucro. Pero tampoco se espera que lo hagan las oficiales, inmersas en sus propias contradicciones.
Hoy en la Universidad de Panamá el proceso electoral ofrece una ocasión propicia para diagnosticar, evaluar y asumir cursos de acción que reorienten la práctica educativa. Ojalá que los movimientos de renovación, de renacimiento, de reforma, etc. que se activan cada cinco años en la primera universidad del país contribuyan en ese sentido y ofrezcan más que consignas, más que frases prefabricadas y propensas a la demagogia. La sociedad demanda una universidad distinta para el siglo XXI.
http://impresa.prensa.com/opinion/Universidad-XXI-Francisco-Diaz-Montilla_0_4495050509.html
viernes, 27 de mayo de 2016
‘Una omisión inaceptable’
Miguel Montiel Guevara
La UP jugó un papel preponderante en la recuperación del Canal, sin embargo, a esta casa de estudios superiores no se le ha tomado en cuenta en la inauguración del tercer juego de esclusas.
El 20 de julio de 2014 publiqué el artículo “Maná del Canal” en este mismo diario, reafirmando allí el derecho del pueblo panameño a disfrutar de la riqueza que genera la vía interoceánica, pues gracias a su heroísmo hoy el Canal de Panamá es nuestro. El mayor uso colectivo posible fue el paradigma del general Omar Torrijos en esa lucha generacional, como la llamó. Eso actualmente no ocurre, pero no perdemos la esperanza. Aunque, como dicen los trabajadores de la Universidad y del país, “sin lucha no hay victoria”.
Hoy, a raíz del anuncio público que hizo la administración del Canal con relación a la inauguración del tercer juego de esclusas (el 26 de junio de 2016), acto para el cual han sido invitados un sinnúmero de personalidades e instituciones nacionales e internacionales, me siento obligado a opinar sobre el tema.
La liquidación de la antigua Zona del Canal, con el traspaso de la vía interoceánica a manos panameñas, lo que entraña jurisdicción, soberanía y unificación del territorio nacional bajo una sola bandera, constituyó una gesta histórica en la que la Universidad de Panamá fue protagonista emblemática de primera línea. Generaciones de universitarios, una tras otra, participaron en todas las lides para acabar con el enclave colonial bajo la consigna de soberanía total. En las calles, con amor y poesía, creando conciencia… Hasta lograr triunfar sobre Estados Unidos, primera potencia del mundo entonces, y todavía hoy.
Sin embargo, con asombro, vemos una lista de invitados especiales al acto inaugural mencionado en la que no aparece la Universidad de Panamá por ningún lado. Ella, por derecho propio, debería encabezar dicha lista, junto con otros nombres de igual merecimiento.
Esta omisión es inaceptable. Por eso, en nombre y con la venia y el debido respeto de los universitarios, hago un llamado de atención a quienes tienen responsabilidad en esto; en memoria y reconocimiento a miles de hombres y mujeres de esta primera casa de estudios superiores, inclaudicables y presentes siempre en todas las acciones patrióticas que nos dieron el Canal, propiedad de todos los panameños. ¡Sea!
La Prensa, 27 may 2016.
La UP jugó un papel preponderante en la recuperación del Canal, sin embargo, a esta casa de estudios superiores no se le ha tomado en cuenta en la inauguración del tercer juego de esclusas.
El 20 de julio de 2014 publiqué el artículo “Maná del Canal” en este mismo diario, reafirmando allí el derecho del pueblo panameño a disfrutar de la riqueza que genera la vía interoceánica, pues gracias a su heroísmo hoy el Canal de Panamá es nuestro. El mayor uso colectivo posible fue el paradigma del general Omar Torrijos en esa lucha generacional, como la llamó. Eso actualmente no ocurre, pero no perdemos la esperanza. Aunque, como dicen los trabajadores de la Universidad y del país, “sin lucha no hay victoria”.
Hoy, a raíz del anuncio público que hizo la administración del Canal con relación a la inauguración del tercer juego de esclusas (el 26 de junio de 2016), acto para el cual han sido invitados un sinnúmero de personalidades e instituciones nacionales e internacionales, me siento obligado a opinar sobre el tema.
La liquidación de la antigua Zona del Canal, con el traspaso de la vía interoceánica a manos panameñas, lo que entraña jurisdicción, soberanía y unificación del territorio nacional bajo una sola bandera, constituyó una gesta histórica en la que la Universidad de Panamá fue protagonista emblemática de primera línea. Generaciones de universitarios, una tras otra, participaron en todas las lides para acabar con el enclave colonial bajo la consigna de soberanía total. En las calles, con amor y poesía, creando conciencia… Hasta lograr triunfar sobre Estados Unidos, primera potencia del mundo entonces, y todavía hoy.
Sin embargo, con asombro, vemos una lista de invitados especiales al acto inaugural mencionado en la que no aparece la Universidad de Panamá por ningún lado. Ella, por derecho propio, debería encabezar dicha lista, junto con otros nombres de igual merecimiento.
Esta omisión es inaceptable. Por eso, en nombre y con la venia y el debido respeto de los universitarios, hago un llamado de atención a quienes tienen responsabilidad en esto; en memoria y reconocimiento a miles de hombres y mujeres de esta primera casa de estudios superiores, inclaudicables y presentes siempre en todas las acciones patrióticas que nos dieron el Canal, propiedad de todos los panameños. ¡Sea!
La Prensa, 27 may 2016.
jueves, 19 de mayo de 2016
¿Elección o gestión democrática?
Roberto Arosemena Jaén
Gobernar significa, actualmente, “corrupción”. La democracia ejercida desde la ciudadanía, como poder de elegir y ser elegido, no ha evitado la corrupción del gobernante demócrata opuesto al gobernante dinástico, impuesto o sostenido por una clase social, por un partido político o por una mafia internacional.
Elegir mediante el voto igualitario legaliza y legitima a cualquier gobernante, sobre todo, cuando el escrutinio se realiza bajo la observación de los organismos de la sociedad civil, tanto nacional como internacionalmente constituidos.
Lo terrible de estas elecciones democráticas, incuestionables, transparentes y aplaudidas es que abren el abanico de la corrupción, cuando la cultura y los valores democráticos son poder elegir y ser elegidos. Ni se rinde cuentas ni se paga por sus delitos.
El expresidente Ricardo Martinelli es el caso emblemático.
El tema de la democracia es relativizar al ciudadano elector y transformarlo en el ciudadano gestor y protagonista de la rendición de cuentas. Este hecho político de la rendición de cuentas tiene que ser institucionalizado y judicializado como lo lograron los nobles normandos del rey inglés en la Edad Media o la burguesía americana y francesa en la revolución libertaria de finales del siglo XVIII.
El problema de la corrupción del gobernante y de los Estados, actualmente, es el papel pasivo de la ciudadanía en la gestión administrativa del gobierno y el rol o papel excesivo y definitorio del dinero en manos de la banca, los consorcios empresariales y las compañías offshore.
No se trata de satanizar a los paraísos fiscales y de divinizar a los Estados de bienestar que suponen Estados enriquecidos fiscalmente y ciudadanos empobrecidos; se trata de comprender el colapso de la democracia electoral en el siglo XXI y el empobrecimiento creciente de la ciudadanía, que sigue incentivada a votar periódicamente y desalentada a gestionar la rendición de cuentas de los poderosos dueños del dinero, de la tecnología y de la administración gubernamental.
La reingeniería del siglo XXI es colocar el poder administrativo universal de los Estados y de ese factor mediático, llamado capital, dinero, riqueza, que etimológicamente en el tiempo del imperio cultural grecorromano, se denominó“plutocracia”, en manos de la ciudadanía.
Es determinante cambiar del paradigma electoral al paradigma de la gestión y la rendición de cuentas. Todo individuo e institución que ejerce poder administrativo, tecnológico y de dinero tiene que ser controlado y su distribución regulada por la misma ciudadanía que consume, elige y permite la producción y acumulación de riquezas.
El tiempo de conceptualizar el mundo en base a las virtudes campesinas de trabajo o de las virtudes burguesas de esfuerzo e iniciativa, es repetir la versión calvinista renacentista, y la versión libertaria contemporánea. Esta mentalidad, no solamente, es reiterativa y fundamentalista, sino amenazante y peligrosa para el desarrollo y crecimiento de cada país y de la misma comunidad internacional.
Revisar los presupuestos del anacronismo ideológico de la democracia representativa y la actualidad de la democracia participativa es iniciar un proceso de debate y discusión, que desafortunadamente, el presidente Juan Carlos Varela desvió hacia un convivio de sabios con la participación del creador del centro financiero internacional y un Nobel progresista de Economía. La profundidad de la crisis actual exige, algo así como una constituyente por la gestión ciudadana en el marco multilateral de las Naciones Unidas.
¡Panamá tiene la iniciativa!
http://impresa.prensa.com/opinion/Eleccion-democratica-Roberto-Arosemena-Jaen_0_4486801335.html
Gobernar significa, actualmente, “corrupción”. La democracia ejercida desde la ciudadanía, como poder de elegir y ser elegido, no ha evitado la corrupción del gobernante demócrata opuesto al gobernante dinástico, impuesto o sostenido por una clase social, por un partido político o por una mafia internacional.
Elegir mediante el voto igualitario legaliza y legitima a cualquier gobernante, sobre todo, cuando el escrutinio se realiza bajo la observación de los organismos de la sociedad civil, tanto nacional como internacionalmente constituidos.
Lo terrible de estas elecciones democráticas, incuestionables, transparentes y aplaudidas es que abren el abanico de la corrupción, cuando la cultura y los valores democráticos son poder elegir y ser elegidos. Ni se rinde cuentas ni se paga por sus delitos.
El expresidente Ricardo Martinelli es el caso emblemático.
El tema de la democracia es relativizar al ciudadano elector y transformarlo en el ciudadano gestor y protagonista de la rendición de cuentas. Este hecho político de la rendición de cuentas tiene que ser institucionalizado y judicializado como lo lograron los nobles normandos del rey inglés en la Edad Media o la burguesía americana y francesa en la revolución libertaria de finales del siglo XVIII.
El problema de la corrupción del gobernante y de los Estados, actualmente, es el papel pasivo de la ciudadanía en la gestión administrativa del gobierno y el rol o papel excesivo y definitorio del dinero en manos de la banca, los consorcios empresariales y las compañías offshore.
No se trata de satanizar a los paraísos fiscales y de divinizar a los Estados de bienestar que suponen Estados enriquecidos fiscalmente y ciudadanos empobrecidos; se trata de comprender el colapso de la democracia electoral en el siglo XXI y el empobrecimiento creciente de la ciudadanía, que sigue incentivada a votar periódicamente y desalentada a gestionar la rendición de cuentas de los poderosos dueños del dinero, de la tecnología y de la administración gubernamental.
La reingeniería del siglo XXI es colocar el poder administrativo universal de los Estados y de ese factor mediático, llamado capital, dinero, riqueza, que etimológicamente en el tiempo del imperio cultural grecorromano, se denominó“plutocracia”, en manos de la ciudadanía.
Es determinante cambiar del paradigma electoral al paradigma de la gestión y la rendición de cuentas. Todo individuo e institución que ejerce poder administrativo, tecnológico y de dinero tiene que ser controlado y su distribución regulada por la misma ciudadanía que consume, elige y permite la producción y acumulación de riquezas.
El tiempo de conceptualizar el mundo en base a las virtudes campesinas de trabajo o de las virtudes burguesas de esfuerzo e iniciativa, es repetir la versión calvinista renacentista, y la versión libertaria contemporánea. Esta mentalidad, no solamente, es reiterativa y fundamentalista, sino amenazante y peligrosa para el desarrollo y crecimiento de cada país y de la misma comunidad internacional.
Revisar los presupuestos del anacronismo ideológico de la democracia representativa y la actualidad de la democracia participativa es iniciar un proceso de debate y discusión, que desafortunadamente, el presidente Juan Carlos Varela desvió hacia un convivio de sabios con la participación del creador del centro financiero internacional y un Nobel progresista de Economía. La profundidad de la crisis actual exige, algo así como una constituyente por la gestión ciudadana en el marco multilateral de las Naciones Unidas.
¡Panamá tiene la iniciativa!
http://impresa.prensa.com/opinion/Eleccion-democratica-Roberto-Arosemena-Jaen_0_4486801335.html
lunes, 16 de mayo de 2016
Una postura en disenso
Miguel Ángel Candanedo
Según reza un ancestral apotegma, los hombres al arribar a la edad provecta transitan hacia una envidiable condición que los sitúa más allá del bien y del mal; es decir que han superado las etapas de respeto y sumisión a los convencionalismos sociales, para mostrarse tal cual son y expresar sin cortapisas sus pensamientos más íntimos, aun sintiendo que esto pueda generar el rechazo mayoritario del entorno social.
Por ello, hoy liberado de las ataduras de los principios políticos e ideológicos imperantes en la sociedad donde dominan los criterios y valores del mundo neoliberal globalizado, me permito nadar a contracorriente y frente al escándalo y la gran crisis generada por ‘los Papeles de Panamá ' disiento de las opiniones mayoritarias, expresadas por los medios de comunicación y por las redes sociales, acerca de la naturaleza, delictiva o no, de las transacciones económicas o financieras amparadas bajo los engañosos cortinajes de las cuentas ‘offshore '.
Han transcurrido varias semanas desde el escándalo de las empresas ‘offshore ' creadas desde Panamá, por el bufete Mossack - Fonseca, y durante ese lapso se han vertido ríos de tinta y textos en defensa de la legalidad de las actividades que han realizado durante décadas ‘prestigiosos ' bufetes de abogados en la creación de cientos de miles, quizá millones, de las famosas cuentas ‘offshore ', muchas de ellas dedicadas a esconder los capitales multimillonarios de dirigentes políticos, artistas, deportistas y toda laya de personajes que a través de este mecanismo evaden sus compromisos tributarios en sus respectivos países.
El tema ha sido planteado por los panegiristas locales como una acometida de las organizaciones y Gobiernos de unos cuantos países desarrollados contra el país de los panameños, con el propósito de arrodillarlo y obligarlo a facilitar información expedita a dichos países sobre los destinatarios últimos de dichas cuentas, quienes se aprovechan de la naturaleza secreta de las ‘offshore ' para evadir el pago de los impuestos a los organismos recaudadores. Por tanto, de lo que se trata es de que decidamos generar un gran frente nacional en defensa de la soberanía económica y jurídica del Estado panameño.
Se trata de un planeamiento falaz que pretende identificar los elevados intereses de la patria con los intereses egoístas de uno o más bufetes dedicados a actividades supuestamente legales, pero de dudosa factura moral. Sin embargo, a nuestro juicio, no se trata de que uno o más bufetes se dediquen a actividades ilegales o que pueden encubrir ilegalidades, sino de un problema de fondo que es inherente al modelo económico y político liberal burgués, que en su esencia se fundamenta en la acumulación de capitales generados a cualquier precio, eso sí en el menor tiempo posible.
Vale recordarle a los apologetas del sistema democrático liberal burgués, que los teóricos fundadores del liberalismo político y económico, partían de la ética del egoísmo y del individualismo extremo en el supuesto de que cada actor político y económico en la medida que actuaba, movido por sus apetitos y necesidades —individuales y egoístas, procuraría sus beneficios personales, de tal manera que la suma del bienestar individual desembocaría en el bienestar colectivo. Por ello no cabe extrañarse que esta ética de la acumulación, egoísta e individualista, desemboque en las maniobras de los millonarios, cuyos capitales se han forjado en no pocas ocasiones a través de la apropiación de los fondos públicos o de actividades especulativas de dudosa legalidad, para evadir el pago de las elevadas tasas impositivas vigentes en los países desarrollados.
Mientras los panameños desenvolvamos nuestras vidas al amparo de un sistema económico-social capitalista, no podemos evitar que los evasores de impuestos de allende y aquende el Atlántico procuren hacer de nuestra privilegiada posición geográfica el paraíso fiscal donde el lavado de dinero, el narcotráfico, el contrabando de armas, y los negocios poco ortodoxos encuentren un ambiente adecuado para su proliferación. El caso Waked es ilustrativo de lo antes planteado.
No nos engañemos, pues, la fiebre de la inmoralidad y la corrupción no está en las sábanas sino en las entrañas mismas del sistema.
http://laestrella.com.pa/opinion/columnistas/postura-disenso/23940277
Según reza un ancestral apotegma, los hombres al arribar a la edad provecta transitan hacia una envidiable condición que los sitúa más allá del bien y del mal; es decir que han superado las etapas de respeto y sumisión a los convencionalismos sociales, para mostrarse tal cual son y expresar sin cortapisas sus pensamientos más íntimos, aun sintiendo que esto pueda generar el rechazo mayoritario del entorno social.
Por ello, hoy liberado de las ataduras de los principios políticos e ideológicos imperantes en la sociedad donde dominan los criterios y valores del mundo neoliberal globalizado, me permito nadar a contracorriente y frente al escándalo y la gran crisis generada por ‘los Papeles de Panamá ' disiento de las opiniones mayoritarias, expresadas por los medios de comunicación y por las redes sociales, acerca de la naturaleza, delictiva o no, de las transacciones económicas o financieras amparadas bajo los engañosos cortinajes de las cuentas ‘offshore '.
Han transcurrido varias semanas desde el escándalo de las empresas ‘offshore ' creadas desde Panamá, por el bufete Mossack - Fonseca, y durante ese lapso se han vertido ríos de tinta y textos en defensa de la legalidad de las actividades que han realizado durante décadas ‘prestigiosos ' bufetes de abogados en la creación de cientos de miles, quizá millones, de las famosas cuentas ‘offshore ', muchas de ellas dedicadas a esconder los capitales multimillonarios de dirigentes políticos, artistas, deportistas y toda laya de personajes que a través de este mecanismo evaden sus compromisos tributarios en sus respectivos países.
El tema ha sido planteado por los panegiristas locales como una acometida de las organizaciones y Gobiernos de unos cuantos países desarrollados contra el país de los panameños, con el propósito de arrodillarlo y obligarlo a facilitar información expedita a dichos países sobre los destinatarios últimos de dichas cuentas, quienes se aprovechan de la naturaleza secreta de las ‘offshore ' para evadir el pago de los impuestos a los organismos recaudadores. Por tanto, de lo que se trata es de que decidamos generar un gran frente nacional en defensa de la soberanía económica y jurídica del Estado panameño.
Se trata de un planeamiento falaz que pretende identificar los elevados intereses de la patria con los intereses egoístas de uno o más bufetes dedicados a actividades supuestamente legales, pero de dudosa factura moral. Sin embargo, a nuestro juicio, no se trata de que uno o más bufetes se dediquen a actividades ilegales o que pueden encubrir ilegalidades, sino de un problema de fondo que es inherente al modelo económico y político liberal burgués, que en su esencia se fundamenta en la acumulación de capitales generados a cualquier precio, eso sí en el menor tiempo posible.
Vale recordarle a los apologetas del sistema democrático liberal burgués, que los teóricos fundadores del liberalismo político y económico, partían de la ética del egoísmo y del individualismo extremo en el supuesto de que cada actor político y económico en la medida que actuaba, movido por sus apetitos y necesidades —individuales y egoístas, procuraría sus beneficios personales, de tal manera que la suma del bienestar individual desembocaría en el bienestar colectivo. Por ello no cabe extrañarse que esta ética de la acumulación, egoísta e individualista, desemboque en las maniobras de los millonarios, cuyos capitales se han forjado en no pocas ocasiones a través de la apropiación de los fondos públicos o de actividades especulativas de dudosa legalidad, para evadir el pago de las elevadas tasas impositivas vigentes en los países desarrollados.
Mientras los panameños desenvolvamos nuestras vidas al amparo de un sistema económico-social capitalista, no podemos evitar que los evasores de impuestos de allende y aquende el Atlántico procuren hacer de nuestra privilegiada posición geográfica el paraíso fiscal donde el lavado de dinero, el narcotráfico, el contrabando de armas, y los negocios poco ortodoxos encuentren un ambiente adecuado para su proliferación. El caso Waked es ilustrativo de lo antes planteado.
No nos engañemos, pues, la fiebre de la inmoralidad y la corrupción no está en las sábanas sino en las entrañas mismas del sistema.
http://laestrella.com.pa/opinion/columnistas/postura-disenso/23940277
sábado, 7 de mayo de 2016
Panamá indefendible
Ela Urriola
La primera vez que vi al poeta José Franco fue durante la premiación de un certamen literario en el que participé aun siendo estudiante. Recibir de sus manos aquel pergamino tuvo una connotación simbólica: suyo era aquel poema que mi padre conserva todavía en su biblioteca. Hoy nos llegan los detalles sobre la accidentada ceremonia y sentimos vergüenza. Sea por desgreño administrativo –como pareciera ser el caso–, o por un desacierto personal –como la anécdota sobre una exdirectora que alquiló el histórico lugar (afectando nuestra máxima gala literaria) para fines relacionados con su profesión–; solo cabe una pregunta: ¿Cuándo nos tomaremos en serio la cultura?
Desde que dejamos de defender a Panamá de los gringos, la cuestión ha sido defenderla de nosotros mismos. Los gobiernos de turno manejaron las áreas revertidas como una inmobiliaria o las regalaron como canastitas de cumpleaños a sus amigos y amiguitas; promovieron la rebatiña de nuestros recursos naturales al mejor postor; permitieron la construcción de centros comerciales en nichos históricos, e hicieron de la diplomacia una farsa en la que confluyen las mismas familias, los mismos socios y los mismos ineptos.
A pesar de los supuestos avances en justicia, andan libres como el viento muchos y muchas responsables de gastarse el dinero destinado a la compra de medicamentos, el de nuestros niños de áreas marginales; el dinero de nuestros impuestos. Pero los ladrones son tratados como héroes, y los héroes… bueno, ya lo sabemos.
Ese Panamá es indefendible. No merecemos los megarrobos, las farsas ni la indiferencia, ni ahogarnos en la basura y la corrupción, ni envejecer en las paradas y tranques, ni la seguridad y la salud pública como sinónimos de desastre, ni escuelas que tengan coladores en lugar de techos; no merecemos la lentitud con la que nos acercan lo que nos corresponde por derecho.
¿Entonces, qué defender? No una Asamblea títere, para la que un pedazo del pastel es la máxima motivación de las bandas; no una patria sin espacios para la historia –un país que desmantela o encajeta su museo sumerge a nuestros jóvenes en la oscuridad, pues no conocerán su patrimonio sino de forma virtual–; un país indefendible, con una crisis de identidad, de justicia y de equidad. Ya ni hablemos de cultura.
Ni con videos de maripositas ni ranas en peligro de extinción se puede defender la papelera sucia con la que nos señala el mundo; vivimos en un país en el que robar millones te exime de ir a la cárcel y te deja refrescarte en el jacuzzi. Vergüenza es lo que debe darnos la lección de integridad de los países vecinos, aquellos a los que solemos ver por encima del hombro (porque no tienen dólares o un Canal) pues ellos sí están aplicando la justicia a sus maleantes.
¿Hay algo que defender todavía? Seguramente el poeta nos dirá que sí: quizás, alejados de las consignas partidistas y las promesas, es posible que escuchemos los ecos de los mártires y las voces de miles de panameños honestos y responsables. Seguramente hay algo que defender, y es nuestro deber hacerlo. Pero mientras tanto, las autoridades y los funcionarios deben hacer su trabajo. Y hacerlo bien. Lo demás, ojalá fuera poesía, porque de no serlo podríamos despertar un día con Panamá convertida en una pesadilla.
http://impresa.prensa.com/opinion/Panama-indefendible-Ela-Urriola_0_4477802206.html
La primera vez que vi al poeta José Franco fue durante la premiación de un certamen literario en el que participé aun siendo estudiante. Recibir de sus manos aquel pergamino tuvo una connotación simbólica: suyo era aquel poema que mi padre conserva todavía en su biblioteca. Hoy nos llegan los detalles sobre la accidentada ceremonia y sentimos vergüenza. Sea por desgreño administrativo –como pareciera ser el caso–, o por un desacierto personal –como la anécdota sobre una exdirectora que alquiló el histórico lugar (afectando nuestra máxima gala literaria) para fines relacionados con su profesión–; solo cabe una pregunta: ¿Cuándo nos tomaremos en serio la cultura?
Desde que dejamos de defender a Panamá de los gringos, la cuestión ha sido defenderla de nosotros mismos. Los gobiernos de turno manejaron las áreas revertidas como una inmobiliaria o las regalaron como canastitas de cumpleaños a sus amigos y amiguitas; promovieron la rebatiña de nuestros recursos naturales al mejor postor; permitieron la construcción de centros comerciales en nichos históricos, e hicieron de la diplomacia una farsa en la que confluyen las mismas familias, los mismos socios y los mismos ineptos.
A pesar de los supuestos avances en justicia, andan libres como el viento muchos y muchas responsables de gastarse el dinero destinado a la compra de medicamentos, el de nuestros niños de áreas marginales; el dinero de nuestros impuestos. Pero los ladrones son tratados como héroes, y los héroes… bueno, ya lo sabemos.
Ese Panamá es indefendible. No merecemos los megarrobos, las farsas ni la indiferencia, ni ahogarnos en la basura y la corrupción, ni envejecer en las paradas y tranques, ni la seguridad y la salud pública como sinónimos de desastre, ni escuelas que tengan coladores en lugar de techos; no merecemos la lentitud con la que nos acercan lo que nos corresponde por derecho.
¿Entonces, qué defender? No una Asamblea títere, para la que un pedazo del pastel es la máxima motivación de las bandas; no una patria sin espacios para la historia –un país que desmantela o encajeta su museo sumerge a nuestros jóvenes en la oscuridad, pues no conocerán su patrimonio sino de forma virtual–; un país indefendible, con una crisis de identidad, de justicia y de equidad. Ya ni hablemos de cultura.
Ni con videos de maripositas ni ranas en peligro de extinción se puede defender la papelera sucia con la que nos señala el mundo; vivimos en un país en el que robar millones te exime de ir a la cárcel y te deja refrescarte en el jacuzzi. Vergüenza es lo que debe darnos la lección de integridad de los países vecinos, aquellos a los que solemos ver por encima del hombro (porque no tienen dólares o un Canal) pues ellos sí están aplicando la justicia a sus maleantes.
¿Hay algo que defender todavía? Seguramente el poeta nos dirá que sí: quizás, alejados de las consignas partidistas y las promesas, es posible que escuchemos los ecos de los mártires y las voces de miles de panameños honestos y responsables. Seguramente hay algo que defender, y es nuestro deber hacerlo. Pero mientras tanto, las autoridades y los funcionarios deben hacer su trabajo. Y hacerlo bien. Lo demás, ojalá fuera poesía, porque de no serlo podríamos despertar un día con Panamá convertida en una pesadilla.
http://impresa.prensa.com/opinion/Panama-indefendible-Ela-Urriola_0_4477802206.html
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