Rosalina Orocú Mojica
Javier Alvarado, Premio nacional de literatura Ricardo Miró 2015 en poesía, Premio centroamericano de literatura Rogelio Sinán 2011 y varias veces galardonado con el Premio nacional de poesía joven Gustavo Batista Cedeño opina que el papel de la poesía en la sociedad es transformar, llevar valores y una conciencia patriótica.
Para él la poesía es "mi cualidad vital, mi modus".
La noche del Día Mundial de la Poesía, 21 de marzo, en el Arco Chato, en el Casco Antiguo de Panamá, se escuchó poesía de Javier, Magdalena Camarco, Edilberto Trejos, Javier Alvarado, David Robinson, Ela Urriola y Moravia Ochoa.
Más información:
http://www.panamaamerica.com.pa/ey/cuando-la-poesia-es-el-hilo-conductor-1020190
Departamento de Filosofía, Facultad de Humanidades, Universidad de Panamá
viernes, 1 de abril de 2016
jueves, 31 de marzo de 2016
Contaminación Universitaria
Por Roberto Arosemena Jaén
El proyecto Universidad de Panamá no es eterno y puede colapsar. Actualmente es una institución de 85 años de existencia y ha dado como resultado miles de egresados en múltiples áreas de conocimiento.
Los profesionales de la República, en números significativos, salieron de la Universidad de Panamá. Entraron estudiantes y ahora son profesionales con diferentes grados de excelencia y dedicación. Lo importante es que siguen entrando estudiantes con entusiasmo y expectativas de superación. Lo significativo es que el Estado panameño sigue asignándole un presupuesto de más de doscientos millones anuales y que profesores, estudiantes y administrativos trabajan diariamente para formar ciudadanos y ciudadanas capacitados, formados y educados.
La Universidad como institución es un sistema humano, social constituido por seres humanos sometidos a un conjunto de disposiciones, normas, leyes que pretenden garantizar la misión, fines y objetivos que hicieron posible su constitución, pero al mismo tiempo, regular comportamientos, restringir ambiciones y reducir arbitrariedades de los miembros libres e inteligentes que la constituyen.
La Universidad, dentro del Estado, es una institución autónoma, gobernada democráticamente, por dos instancias administrativas: el rector y los decanos y varios órganos de gobierno donde los más influyentes son el Consejo General Universitario, el Consejo Académico y el Consejo Administrativo.
La Universidad de Panamá ha sido contaminada por el poder centralizado en el rector. Es un problema que se inició con Octavio Méndez Pereira, se desbordó con Rómulo Escobar Bethancourt y se burocratizo en la persona de Gustavo García de Paredes.
La contaminación burocrática de la Universidad como institución, que construye competencias ciudadanas y profesionales, es tal, que con motivo de la sustitución electoral del Rector y de los Decanos y Decanas, se consideran dos opciones y posibilidades: el sistema es tan rígido que se prepara el surgimiento de un nuevo señor universitario con la natural lucha burocrática pasajera, o por el contrario, se elegirán autoridades de transición, que repetirá los ciclos de los rectores, iconos, anteriormente mencionados. Esta segunda opción llena de inquietud a los interesados por el devenir de la Universidad de Panamá.
Hay dos variables intervinientes que podrían catalizar el enorme potencial de la institución universitaria: una de carácter negativo y represivo como la que derivó en el escogimiento del rector, entre 1968 y 1979, que consistió en la injerencia del poder público: llámese, en estos momentos, Contraloría y Ministerio Público y, otro de carácter positivo, como sería el empoderamiento de los Departamentos que integran a los responsables de la docencia, investigación, extensión y gestión universitaria.
El despertar de la democracia participativa de los profesores y la convicción de los mismos de asumir las funciones secuestradas por el rector, vice rectores y decanos en detrimento de la excelencia académica y de la efectiva autonomía universitaria, sería un esfuerzo necesario e impostergable, que la Comunidad de profesores, administrativos y estudiantes debería asumir en este contexto electoral.
Efectivamente, no se trata de escoger a un rector(a) ni a varios decanos o decanas, se trata más bien de debatir sobre un modelo de gobierno, donde lo académico determine la visión y la misión de la universidad, necesaria para el siglo XXI panameño.
http://impresa.prensa.com/opinion/Contaminacion-universitaria_0_4450804910.html
El proyecto Universidad de Panamá no es eterno y puede colapsar. Actualmente es una institución de 85 años de existencia y ha dado como resultado miles de egresados en múltiples áreas de conocimiento.
Los profesionales de la República, en números significativos, salieron de la Universidad de Panamá. Entraron estudiantes y ahora son profesionales con diferentes grados de excelencia y dedicación. Lo importante es que siguen entrando estudiantes con entusiasmo y expectativas de superación. Lo significativo es que el Estado panameño sigue asignándole un presupuesto de más de doscientos millones anuales y que profesores, estudiantes y administrativos trabajan diariamente para formar ciudadanos y ciudadanas capacitados, formados y educados.
La Universidad como institución es un sistema humano, social constituido por seres humanos sometidos a un conjunto de disposiciones, normas, leyes que pretenden garantizar la misión, fines y objetivos que hicieron posible su constitución, pero al mismo tiempo, regular comportamientos, restringir ambiciones y reducir arbitrariedades de los miembros libres e inteligentes que la constituyen.
La Universidad, dentro del Estado, es una institución autónoma, gobernada democráticamente, por dos instancias administrativas: el rector y los decanos y varios órganos de gobierno donde los más influyentes son el Consejo General Universitario, el Consejo Académico y el Consejo Administrativo.
La Universidad de Panamá ha sido contaminada por el poder centralizado en el rector. Es un problema que se inició con Octavio Méndez Pereira, se desbordó con Rómulo Escobar Bethancourt y se burocratizo en la persona de Gustavo García de Paredes.
La contaminación burocrática de la Universidad como institución, que construye competencias ciudadanas y profesionales, es tal, que con motivo de la sustitución electoral del Rector y de los Decanos y Decanas, se consideran dos opciones y posibilidades: el sistema es tan rígido que se prepara el surgimiento de un nuevo señor universitario con la natural lucha burocrática pasajera, o por el contrario, se elegirán autoridades de transición, que repetirá los ciclos de los rectores, iconos, anteriormente mencionados. Esta segunda opción llena de inquietud a los interesados por el devenir de la Universidad de Panamá.
Hay dos variables intervinientes que podrían catalizar el enorme potencial de la institución universitaria: una de carácter negativo y represivo como la que derivó en el escogimiento del rector, entre 1968 y 1979, que consistió en la injerencia del poder público: llámese, en estos momentos, Contraloría y Ministerio Público y, otro de carácter positivo, como sería el empoderamiento de los Departamentos que integran a los responsables de la docencia, investigación, extensión y gestión universitaria.
El despertar de la democracia participativa de los profesores y la convicción de los mismos de asumir las funciones secuestradas por el rector, vice rectores y decanos en detrimento de la excelencia académica y de la efectiva autonomía universitaria, sería un esfuerzo necesario e impostergable, que la Comunidad de profesores, administrativos y estudiantes debería asumir en este contexto electoral.
Efectivamente, no se trata de escoger a un rector(a) ni a varios decanos o decanas, se trata más bien de debatir sobre un modelo de gobierno, donde lo académico determine la visión y la misión de la universidad, necesaria para el siglo XXI panameño.
http://impresa.prensa.com/opinion/Contaminacion-universitaria_0_4450804910.html
sábado, 19 de marzo de 2016
El nuevo rector de la Universidad de Panamá
Miguel Montiel Guevara
El próximo 29 de junio se realizarán elecciones en la Universidad de Panamá para escoger al nuevo rector a la sombra de un gigante, como es el Dr. Gustavo García de Paredes, quien dejará un imborrable legado de expansión y modernización de la institución.
En el año 2000 publiqué en los diarios El Panamá América y El Universal sendos artículos, sin insultar a nadie, en los que sostuve que el rector de la Universidad de Panamá debería cumplir con una condición ‘sine qua non': poseer el título académico de doctor. Hoy existen muchas más razones para que sea así, por lo que me reafirmo en lo mismo.
El panorama universitario presenta, hasta ahora, como aspirantes a la Rectoría a los doctores Justo Medrano, Gilberto Boutin y Eduardo Flores; y a los magísteres Dorindo Cortez, Nicolás Jerome y José Chen Barría. A la vista pues, solo Medrano, Boutin y Flores poseen el grado académico de doctor, no así Cortez, Jerome ni Chen Barría.
El Dr. Justo Medrano se graduó de Bachiller en Ciencias en el Glorioso Instituto Nacional. Obtuvo la Licenciatura en Química en la Universidad de Panamá y el Doctorado en Química en la Universidad Complutense de Madrid, con altos honores. Su vida profesional la ha dedicado por completo a la educación.
Tiene 45 años en la Universidad de Panamá como docente e investigador. Ha sido director nacional de Educación del país, viceministro de Educación encargado, director del Instituto Especializado de Análisis, decano dos veces de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, primer vicerrector de Extensión, vicerrector académico y muchas veces rector encargado. Además, sería un ‘rector de transición', y quienes aspiren a reemplazarlo no tendrían los temores de reelección.
El Dr. Gilberto Boutin, actual decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas; por su parte, exhibe una sólida base académica y vasta formación cultural universal, pero pareciera no ser su momento; y mientras que el Dr. Eduardo Flores, exdecano de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, se presenta, según se desprende de sus propios discursos y de sus colaboradores, como ‘candidato del revanchismo'. Sea.
http://laestrella.com.pa/opinion/columnistas/nuevo-rector-universidad-panama/23928870
El próximo 29 de junio se realizarán elecciones en la Universidad de Panamá para escoger al nuevo rector a la sombra de un gigante, como es el Dr. Gustavo García de Paredes, quien dejará un imborrable legado de expansión y modernización de la institución.
En el año 2000 publiqué en los diarios El Panamá América y El Universal sendos artículos, sin insultar a nadie, en los que sostuve que el rector de la Universidad de Panamá debería cumplir con una condición ‘sine qua non': poseer el título académico de doctor. Hoy existen muchas más razones para que sea así, por lo que me reafirmo en lo mismo.
El panorama universitario presenta, hasta ahora, como aspirantes a la Rectoría a los doctores Justo Medrano, Gilberto Boutin y Eduardo Flores; y a los magísteres Dorindo Cortez, Nicolás Jerome y José Chen Barría. A la vista pues, solo Medrano, Boutin y Flores poseen el grado académico de doctor, no así Cortez, Jerome ni Chen Barría.
El Dr. Justo Medrano se graduó de Bachiller en Ciencias en el Glorioso Instituto Nacional. Obtuvo la Licenciatura en Química en la Universidad de Panamá y el Doctorado en Química en la Universidad Complutense de Madrid, con altos honores. Su vida profesional la ha dedicado por completo a la educación.
Tiene 45 años en la Universidad de Panamá como docente e investigador. Ha sido director nacional de Educación del país, viceministro de Educación encargado, director del Instituto Especializado de Análisis, decano dos veces de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, primer vicerrector de Extensión, vicerrector académico y muchas veces rector encargado. Además, sería un ‘rector de transición', y quienes aspiren a reemplazarlo no tendrían los temores de reelección.
El Dr. Gilberto Boutin, actual decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas; por su parte, exhibe una sólida base académica y vasta formación cultural universal, pero pareciera no ser su momento; y mientras que el Dr. Eduardo Flores, exdecano de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, se presenta, según se desprende de sus propios discursos y de sus colaboradores, como ‘candidato del revanchismo'. Sea.
http://laestrella.com.pa/opinion/columnistas/nuevo-rector-universidad-panama/23928870
jueves, 10 de marzo de 2016
¿Intolerancia religiosa en Panamá?
Ruling Barragán
De acuerdo con el más reciente Resumen Ejecutivo sobre Libertad de Culto en Panamá (2014), del Departamento de Estado de Estados Unidos, nuestro país ya no es tan tolerante en materia de religión; en particular, en cuanto a minorías religiosas se refiere. En él se registran por primera vez algunos brotes de intolerancia religiosa a nivel de prácticas gubernamentales y actitudes sociales.
Así, por ejemplo, en cuanto a las primeras, menciona que “algunos grupos religiosos no católicos dijeron que percibían que el catolicismo romano tenía ciertas ventajas sancionadas por el Estado sobre las demás denominaciones, tales como el uso exclusivo de celebrantes católicos romanos para realizar las invocaciones religiosas en algunos eventos del Gobierno”. Asimismo, señala que “los líderes religiosos no católicos expresaron su inquietud en cuanto a que el Gobierno le concedió trato preferencial a las escuelas católicas al momento de asignar los subsidios para las escuelas religiosas”.
Por otra parte, en relación con las segundas, indica que “tanto las comunidades rastafari como las comunidades musulmana y afropanameña informaron sobre discriminación social hacia sus miembros debido a su apariencia. Indicaron que empleadores potenciales tendían a discriminar, especialmente si los que realizaban las entrevistas eran evangélicos”.
Adicionalmente, el Resumen informa que a pesar de unas invitaciones del Comité Ecuménico de Panamá para realizar varios eventos que promovían el aprecio y el respeto entre varios grupos religiosos, aquellas no fueron recibidas por una comunidad musulmana y dos congregaciones judías. “No se unieron al comité, a pesar de recibir invitaciones para hacerlo”, señala el documento.
Si bien el Resumen también menciona algunos loables episodios, notablemente, la carta pública titulada: “Judíos, cristianos y musulmanes: unidos por la paz y la dignidad humana”, los incidentes mencionados (y otros que no menciono aquí) no dejan lugar a dudas de que las cosas comienzan a cambiar en nuestra nación en materia de libertad religiosa. Y no precisamente para bien. Si esto es así, tanto el Estado como su sociedad civil deberán realizar algunos esfuerzos para corregir los incipientes brotes de intolerancia religiosa que aparecen. Aunque poco notada (y para muchos, ignorada), la diversidad religiosa en Panamá es culturalmente rica y fascinante. Y lo es en gran medida por el hecho de que las más distintas confesiones religiosas han coexistido durante toda nuestra historia en relativa paz, sin mayores problemas. Al menos, hasta donde nos dice el citado Resumen.
Al respecto, es increíble que, con la posible excepción del número 511 (nov./dic. 2013) de la Revista Lotería, titulado “La libertad de culto en Panamá”, aparentemente, no existe publicación en el país, sea sociológica, histórica, antropológica o filosófica, que trate la diversidad religiosa, desde una perspectiva neutral y pluralista. Ni instituciones gubernamentales ni universidades públicas o privadas parecen ocuparse o preocuparse por este tema, desde tal perspectiva. Como si el pluralismo religioso e ideológico istmeño (que incluiría a minorías no creyentes) no tuviera relevancia en nuestro ser y quehacer nacional.
Ojalá pudiéramos conocer, comprender y valorar mejor la diversidad religiosa que constituye nuestra identidad cultural como nación. Si no lo hacemos, corremos el riesgo de caer en la intolerancia religiosa, en especial, contra las religiones minoritarias y las minorías no creyentes que existen en Panamá. O, igualmente, intolerancia por parte de minorías religiosas o no creyentes hacia otras minorías o mayorías religiosas.
http://impresa.prensa.com/opinion/Intolerancia-religiosa-Panama-Ruling-Barragan_0_4434306586.html
De acuerdo con el más reciente Resumen Ejecutivo sobre Libertad de Culto en Panamá (2014), del Departamento de Estado de Estados Unidos, nuestro país ya no es tan tolerante en materia de religión; en particular, en cuanto a minorías religiosas se refiere. En él se registran por primera vez algunos brotes de intolerancia religiosa a nivel de prácticas gubernamentales y actitudes sociales.
Así, por ejemplo, en cuanto a las primeras, menciona que “algunos grupos religiosos no católicos dijeron que percibían que el catolicismo romano tenía ciertas ventajas sancionadas por el Estado sobre las demás denominaciones, tales como el uso exclusivo de celebrantes católicos romanos para realizar las invocaciones religiosas en algunos eventos del Gobierno”. Asimismo, señala que “los líderes religiosos no católicos expresaron su inquietud en cuanto a que el Gobierno le concedió trato preferencial a las escuelas católicas al momento de asignar los subsidios para las escuelas religiosas”.
Por otra parte, en relación con las segundas, indica que “tanto las comunidades rastafari como las comunidades musulmana y afropanameña informaron sobre discriminación social hacia sus miembros debido a su apariencia. Indicaron que empleadores potenciales tendían a discriminar, especialmente si los que realizaban las entrevistas eran evangélicos”.
Adicionalmente, el Resumen informa que a pesar de unas invitaciones del Comité Ecuménico de Panamá para realizar varios eventos que promovían el aprecio y el respeto entre varios grupos religiosos, aquellas no fueron recibidas por una comunidad musulmana y dos congregaciones judías. “No se unieron al comité, a pesar de recibir invitaciones para hacerlo”, señala el documento.
Si bien el Resumen también menciona algunos loables episodios, notablemente, la carta pública titulada: “Judíos, cristianos y musulmanes: unidos por la paz y la dignidad humana”, los incidentes mencionados (y otros que no menciono aquí) no dejan lugar a dudas de que las cosas comienzan a cambiar en nuestra nación en materia de libertad religiosa. Y no precisamente para bien. Si esto es así, tanto el Estado como su sociedad civil deberán realizar algunos esfuerzos para corregir los incipientes brotes de intolerancia religiosa que aparecen. Aunque poco notada (y para muchos, ignorada), la diversidad religiosa en Panamá es culturalmente rica y fascinante. Y lo es en gran medida por el hecho de que las más distintas confesiones religiosas han coexistido durante toda nuestra historia en relativa paz, sin mayores problemas. Al menos, hasta donde nos dice el citado Resumen.
Al respecto, es increíble que, con la posible excepción del número 511 (nov./dic. 2013) de la Revista Lotería, titulado “La libertad de culto en Panamá”, aparentemente, no existe publicación en el país, sea sociológica, histórica, antropológica o filosófica, que trate la diversidad religiosa, desde una perspectiva neutral y pluralista. Ni instituciones gubernamentales ni universidades públicas o privadas parecen ocuparse o preocuparse por este tema, desde tal perspectiva. Como si el pluralismo religioso e ideológico istmeño (que incluiría a minorías no creyentes) no tuviera relevancia en nuestro ser y quehacer nacional.
Ojalá pudiéramos conocer, comprender y valorar mejor la diversidad religiosa que constituye nuestra identidad cultural como nación. Si no lo hacemos, corremos el riesgo de caer en la intolerancia religiosa, en especial, contra las religiones minoritarias y las minorías no creyentes que existen en Panamá. O, igualmente, intolerancia por parte de minorías religiosas o no creyentes hacia otras minorías o mayorías religiosas.
http://impresa.prensa.com/opinion/Intolerancia-religiosa-Panama-Ruling-Barragan_0_4434306586.html
domingo, 6 de marzo de 2016
Retos en materia de derechos humanos
Francisco Díaz Montilla
A propósito de la selección de la persona que dirigirá la Defensoría del Pueblo el próximo quinquenio, la mirada se dirige a una institución desacreditada y de la que no pocos dudan de su relevancia en materia de protección de derechos humanos. No hay que soslayar que en esta materia el Estado panameño, en tanto que estado de derecho, tiene importantes retos que no debe eludir. Primero, porque se trata de cumplir con instrumentos internacionales, según lo enunciado en el Art. 4 del texto constitucional; segundo, porque está en juego la protección de derechos fundamentales de los habitantes de la República; y tercero, porque la estatura moral del Estado es proporcional al grado de cumplimiento de estos derechos. Para ello, la labor de la Defensoría es esencial, a pesar de la poca –tal vez nula– relevancia que hasta ahora ha tenido. Los retos son diversos, algunos de ellos son los siguientes:
http://impresa.prensa.com/opinion/Retos-derechos-Francisco-Diaz-Montilla_0_4431306868.html
A propósito de la selección de la persona que dirigirá la Defensoría del Pueblo el próximo quinquenio, la mirada se dirige a una institución desacreditada y de la que no pocos dudan de su relevancia en materia de protección de derechos humanos. No hay que soslayar que en esta materia el Estado panameño, en tanto que estado de derecho, tiene importantes retos que no debe eludir. Primero, porque se trata de cumplir con instrumentos internacionales, según lo enunciado en el Art. 4 del texto constitucional; segundo, porque está en juego la protección de derechos fundamentales de los habitantes de la República; y tercero, porque la estatura moral del Estado es proporcional al grado de cumplimiento de estos derechos. Para ello, la labor de la Defensoría es esencial, a pesar de la poca –tal vez nula– relevancia que hasta ahora ha tenido. Los retos son diversos, algunos de ellos son los siguientes:
- Panamá tiene una de las tasas de privados de libertad más altas de América Latina. Sin embargo, ello no significa que la finalidad de la privación se haya logrado. Es necesario revisar la política penitenciaria en consonancia con los valores constitucionales (cfr. Art. 28 de la Constitución) y los parámetros consignados en los principios y buenas prácticas sobre la protección de las personas privadas de libertad en las Américas (Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos, 2008).
- Derechos de los pueblos indígenas. Según el Censo de 2010, el 12% de la población del país es indígena. Pese a que hay un aparato normativo que recoge algunas aspiraciones de estos grupos (v.g., las leyes comarcales), las relaciones con el Estado han sido más bien tensas. Es necesario replantear la naturaleza de la relación Estado-pueblos indígenas; un paso importante sería la ratificación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
- Derechos de los inmigrantes. Este es un país expuesto a la inmigración. En los últimos años ha habido un significativo movimiento de personas provenientes de Centro y Sudamérica. Con frecuencia estas son explotadas laboralmente y no se les reconocen prestaciones sociales. Es imperativo que el Estado defina una política migratoria cónsona con el respeto de derechos fundamentales del trabajador migrante. Esto implica la ratificación de la convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familias.
- Derechos de segunda y tercera generación. Aunque hay avances en la protección de estos derechos, es innegable que quedan retos pendientes para hacerlos efectivos. Es necesario desarrollar e implementar mecanismos que permitan a los ciudadanos el pleno disfrute de dichos derechos, ya sea para exigir y obtener atención médica inmediata en centros hospitalarios, acceso a medicamentos, o la protección contra prácticas ambientalmente perniciosas.
http://impresa.prensa.com/opinion/Retos-derechos-Francisco-Diaz-Montilla_0_4431306868.html
miércoles, 17 de febrero de 2016
¿Crisis en la administración de justicia?
Francisco Díaz Montilla
Las declaraciones de un magistrado de la Corte Suprema de Justicia en relación con el proceso de selección del presidente de esta corporación han tenido al menos dos consecuencias: Una sobredimensión mediática de lo dicho, y una activación de grupos organizados, quienes –al tenor de lo declarado– demandan la renuncia de los nueve integrantes de la máxima corporación de justicia.
Tanto la proyección mediática de las declaraciones como las “desinteresadas” muestras de preocupación de quienes dirigen tales grupos refieren a la crisis en la que –palabras más, palabras menos– se encuentra sumida la administración de justicia en Panamá. ¿Pero es así?
“Crisis” es una palabra sobrevalorada, un tópico que revela cierta proclividad a la exageración, a visiones apocalípticas, a pesar de que –si nos atenemos a la definición que ofrece el Diccionario de la lengua española– semánticamente no habría lugar para tanto.
En efecto, la palabra “crisis” tiene siete sentidos, uno de ellos en desuso, y el resto no tiene las connotaciones presupuestas por quienes han sobredimensionado unas declaraciones que evidencian más bien una gran inmadurez por parte de quien las diera; de modo que no queda claro a qué se refieren los generadores de opinión pública y los dirigentes de grupos organizados cuando hablan de la crisis en la administración de justicia.
No está de más señalar que –en todo caso– la Corte Suprema es un componente de la administración de justicia; por lo cual las diferencias reales o ficticias que pueda haber entre sus miembros –so pena de la falacia de composición- no implica necesariamente que haya crisis, independientemente del sentido que se le quiera dar a esta palabra.
El artículo tres del Código Judicial identifica los distintos actores que de manera permanente ejercen la administración de justicia, siendo ellos –además de la Corte Suprema de Justicia– los tribunales superiores de justicia, los jueces de circuito, los jueces municipales, etcétera; así como las personas particulares que, en calidad de jurados, arbitradores o árbitros participen en las funciones jurisdiccionales. Incluye –también– a los agentes del Ministerio Público en calidad de funcionarios de instrucción mediante el ejercicio de la acción penal.
De modo que suponer la existencia de un estado de crisis en la administración de justicia, a partir de eventos noticiosos contingentes relacionados con un componente de dicha estructura, es a todas luces desproporcionado o exagerado.
Por supuesto, la Corte Suprema es la máxima corporación de justicia, y como tal está más expuesta a los avatares institucionales y políticos que el resto. Sin embargo, ello no implica que la administración de justicia en Panamá descansa sobre los hombros de nueve magistrados.
De hecho, según datos del Centro de Estadísticas Judiciales, entre enero y agosto de 2015 ingresaron al Órgano Judicial 103 mil 653 casos. Esto revela un índice de litigiosidad de más de 2 mil casos por cada 100 mil habitantes.
En el mismo periodo, 333 juzgadores resolvieron 97 mil 736. Se trata, pues, de funcionarios que –inmersos en una serie de limitaciones institucionales y presupuestarias– realizan las funciones para las que fueron designados por Constitución y por ley. Ello no sería posible si las voces pregoneras de crisis fuesen ciertas.
http://impresa.prensa.com/opinion/Crisis-administracion-Francisco-Diaz-Montilla_0_4417808227.html
Las declaraciones de un magistrado de la Corte Suprema de Justicia en relación con el proceso de selección del presidente de esta corporación han tenido al menos dos consecuencias: Una sobredimensión mediática de lo dicho, y una activación de grupos organizados, quienes –al tenor de lo declarado– demandan la renuncia de los nueve integrantes de la máxima corporación de justicia.
Tanto la proyección mediática de las declaraciones como las “desinteresadas” muestras de preocupación de quienes dirigen tales grupos refieren a la crisis en la que –palabras más, palabras menos– se encuentra sumida la administración de justicia en Panamá. ¿Pero es así?
“Crisis” es una palabra sobrevalorada, un tópico que revela cierta proclividad a la exageración, a visiones apocalípticas, a pesar de que –si nos atenemos a la definición que ofrece el Diccionario de la lengua española– semánticamente no habría lugar para tanto.
En efecto, la palabra “crisis” tiene siete sentidos, uno de ellos en desuso, y el resto no tiene las connotaciones presupuestas por quienes han sobredimensionado unas declaraciones que evidencian más bien una gran inmadurez por parte de quien las diera; de modo que no queda claro a qué se refieren los generadores de opinión pública y los dirigentes de grupos organizados cuando hablan de la crisis en la administración de justicia.
No está de más señalar que –en todo caso– la Corte Suprema es un componente de la administración de justicia; por lo cual las diferencias reales o ficticias que pueda haber entre sus miembros –so pena de la falacia de composición- no implica necesariamente que haya crisis, independientemente del sentido que se le quiera dar a esta palabra.
El artículo tres del Código Judicial identifica los distintos actores que de manera permanente ejercen la administración de justicia, siendo ellos –además de la Corte Suprema de Justicia– los tribunales superiores de justicia, los jueces de circuito, los jueces municipales, etcétera; así como las personas particulares que, en calidad de jurados, arbitradores o árbitros participen en las funciones jurisdiccionales. Incluye –también– a los agentes del Ministerio Público en calidad de funcionarios de instrucción mediante el ejercicio de la acción penal.
De modo que suponer la existencia de un estado de crisis en la administración de justicia, a partir de eventos noticiosos contingentes relacionados con un componente de dicha estructura, es a todas luces desproporcionado o exagerado.
Por supuesto, la Corte Suprema es la máxima corporación de justicia, y como tal está más expuesta a los avatares institucionales y políticos que el resto. Sin embargo, ello no implica que la administración de justicia en Panamá descansa sobre los hombros de nueve magistrados.
De hecho, según datos del Centro de Estadísticas Judiciales, entre enero y agosto de 2015 ingresaron al Órgano Judicial 103 mil 653 casos. Esto revela un índice de litigiosidad de más de 2 mil casos por cada 100 mil habitantes.
En el mismo periodo, 333 juzgadores resolvieron 97 mil 736. Se trata, pues, de funcionarios que –inmersos en una serie de limitaciones institucionales y presupuestarias– realizan las funciones para las que fueron designados por Constitución y por ley. Ello no sería posible si las voces pregoneras de crisis fuesen ciertas.
http://impresa.prensa.com/opinion/Crisis-administracion-Francisco-Diaz-Montilla_0_4417808227.html
lunes, 15 de febrero de 2016
Charla Lama Lobsang Samten: Alcanzar la cima mental
Charla abierta al público.
Originario del Tibet, Lama Samten se refugió en la India para escapar de la represión que sufren miles de tibetanos bajo ocupación china. Terminó sus estudios en filosofía budista tibetana en el monasterio de Ganden, reestablecido en el sur de la India por el XIV Dalai Lama, donde obtuvo el título de Geshe (equivalente a Doctor). Reside actualmente en Quebec, donde dirige el Centro Paramita.
Originario del Tibet, Lama Samten se refugió en la India para escapar de la represión que sufren miles de tibetanos bajo ocupación china. Terminó sus estudios en filosofía budista tibetana en el monasterio de Ganden, reestablecido en el sur de la India por el XIV Dalai Lama, donde obtuvo el título de Geshe (equivalente a Doctor). Reside actualmente en Quebec, donde dirige el Centro Paramita.
- Lugar: Auditorio Isaías García, arriba del Paraninfo Universitario, segundo piso de la Facultad de Humanidades, Universidad de Panamá
- Día: miércoles 17 de febrero del 2016
- Hora: 10:00 am
- Entrada gratuita
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