Roberto Arosemena Jaén
Ricardo Martinelli está facultado por el poder del Estado panameño para nombrar por sí solo a todos los ministros de Gobierno. También los puede destituir ipso facto. Fuera de esos nombramientos y destituciones, los restantes funcionarios se nombran y se remueven con arreglo a variadas combinaciones o disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias.
Uno se pregunta, en esta cadena de nombramientos, ¿por qué se designó a un ingeniero industrial, con 38 años de trabajo en una institución tremendamente rígida y vertical –Comisión y Autoridad del Canal– para gestionar administrativamente el Canal de esclusas, en un entorno dinámico y fluctuante como el que atraviesa desde que “alguien” decidió gastarse 5 mil 200 millones para su ampliación? Excluyo, por principio, que en este nombramiento la decisión estuvo en las manos de Ricardo Martinelli, por la sencilla razón de que ni la Constitución ni la ley lo facultaban. Por desgracia la realidad puede ser otra. El sujeto Ricardo Martinelli excede las facultades de su cargo y las instituciones públicas, incluyendo la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), padecen de sus ocurrentes iniciativas.
El problema lo empezó a entender Martinelli el pasado 18 de noviembre con la visita de cuatro políticos estadounidenses: Joe Biden y tres alcaldes. Si ellos se meten a opinar sobre el Canal de esclusas, ¿por qué no lo puede hacer el Presidente constitucional de la República de Panamá? Y empezó a opinar a los cuatro vientos. Dijo que si tenía que viajar a España e Italia para exigir que estos “tales” cumplan, lo haría. Además, que el administrador del Canal hiciera cumplir el Contrato tal como está, caiga quien caiga. Lo preocupante fue la reacción del ingeniero industrial, dedicado a la ampliación, profesionalmente, desde 2006 y gerencialmente, desde 2012. Hace menos de dos años que se empodera de las facultades que le da la Ley Orgánica de la ACP. ¿Sabe el Sr. Quijano que Martinelli no es su jefe y que Biden y sus alcaldes no lo pueden ni deben presionar?
Me han sorprendido las innumerables pruebas de apoyo incondicional al administrador de la ACP y el repudio generalizado al Grupo Unidos por el Canal. ¿Será que la retórica intempestiva de Martinelli ha obligado a cierto sector de la sociedad a tomar partido por el administrador, como si se tratase de un asunto de soberanía nacional y “pro mundi beneficio”? ¿Qué sucede con la sociedad panameña que no logra relativizar los asuntos de la empresa canalera frente a los asuntos de la administración de un Estado nacional? ¿Se teme que la injerencia del Presidente en los negocios de la ampliación ponga en peligro el funcionamiento ininterrumpido del Canal a futuro, y de allí el mazo de los tratados?
Estamos en pleno proceso de elegir a nuestros próximos gobernantes. ¿Puede un mimito de Martinelli revertir las ocurrencias de su mentor de meterse en cuanto nombramiento se haga en el Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia, la Contraloría, el Tribunal Electoral, la ACP, e incluso, en pervertir a los elegidos popularmente para que, una vez en la Asamblea, cambien de lealtades?
Se nos avecina una crisis institucional de imprevisibles consecuencias. ¿Cómo reaccionarán los grupos de presión de armadores, puertos y los mismos países usuarios del Canal con un presidente fracasado en su gestión de limitarse a nombrar y destituir ministros, y que asume posiciones que no le corresponden, tanto en los poderes públicos como en el negocio canalero de administrar un contrato?http://www.prensa.com/impreso/opinion/presidente-fracasado-roberto-arosemena-jaen/263918
Departamento de Filosofía, Facultad de Humanidades, Universidad de Panamá
miércoles, 22 de enero de 2014
jueves, 2 de enero de 2014
¿Por qué querían reformar el Código Fiscal?
Francisco Díaz Montilla
El artículo 694 del Código Fiscal dispone en relación con el impuesto sobre la renta (ISR) lo siguiente: “Es objeto de este impuesto la renta gravable que se produzca, de cualquier fuente, dentro del territorio de la República de Panamá sea cual fuere el lugar donde se perciba”. Este precepto pretendía cambiarse con las reformas introducidas en la Ley 120 de 30 de diciembre de 2013, que modificaba la Ley 19 de 2001, que crea un régimen fiscal y aduanero especial de zona franca turística y de apoyo logístico multimodal, y dicta otras disposiciones fiscales (G.O. No. 27443-A de 30 de diciembre de 2013). El artículo 2 de dicha excerta legal modificaba el citado artículo así: “Es objeto de este impuesto la renta gravable que se produzca, de cualquier fuente, dentro o fuera del territorio de la República de Panamá sea cual fuere el lugar donde se perciba”. La modificación en cuestión establecía en nuestra legislación fiscal el régimen de renta mundial.
La ley, que entró en vigencia un día después de su promulgación (cuando el Gobierno anunció que sería derogada), establecía en el parágrafo 1 del citado artículo algunas excepciones a las que el régimen no aplicaría: empresas registradas en la Zona Libre de Colón, en la Zona Libre del Aeropuerto Internacional de Tocumen, zonas francas, zonas libres de petróleo, sedes de empresas multinacionales, el área Panamá-Pacífico, Ciudad del Saber, entre otras.
¿Pero qué se entiende por régimen de renta mundial y qué implica exactamente? A diferencia del régimen de territorialidad, cuya base imponible del ISR es la renta producida en el territorio nacional (en nuestro caso Panamá), en el régimen de renta mundial las personas naturales residentes y las personas jurídicas domiciliadas en el país tributarán por la totalidad de sus rentas obtenidas dentro o fuera de este. Lo anterior significa que la renta gravable del contribuyente comprende los ingresos de fuente extranjera; aunque esta ley no lo dijera así expresamente, se entendía que el Art. 695 del Código Fiscal que señala: “Renta gravable del contribuyente es la diferencia o saldo que resulta de deducir de su renta bruta o ingresos generales, los ingresos de fuente extranjera, los ingresos exentos y/o no gravables, así como los costos, gastos y erogaciones deducibles”, sufriría una modificación tácita. En síntesis, los contribuyentes que obtuviesen ingresos de fuente extranjera, fuesen personas naturales o jurídicas, tendrían que pagar más ISR.
Desde el punto de vista formal, la Ley 120 permitía superar toda la problemática hermenéutica que supone la expresión “fuente extranjera”, tal cual es conceptualizada en el Código Fiscal. Se trataba de una simplicidad, sin embargo, nada grata para los contribuyentes –sobre todo para las personas naturales– que, con pasmosa pasividad (o tal vez desconocimiento), se resignan ante los ajustes impositivos de los gobiernos y ante la reducción de sus rentas.
La intención de reformar el Código Fiscal no es de extrañar. Cuando se tiene por hábito el gasto desenfrenado y la carga social es la regla, y no la excepción, los Gobiernos siempre recurrirán a quitar dinero a otros por la vía impositiva: avalúos, incrementos del ITBMS y del ISR.
¿Qué otras sorpresas nos traerá el año 2014 en materia tributaria?
http://www.prensa.com/impreso/opinion/%C2%BFpor-que-querian-reformar-codigo-fiscal-francisco-diaz-montilla/253679
El artículo 694 del Código Fiscal dispone en relación con el impuesto sobre la renta (ISR) lo siguiente: “Es objeto de este impuesto la renta gravable que se produzca, de cualquier fuente, dentro del territorio de la República de Panamá sea cual fuere el lugar donde se perciba”. Este precepto pretendía cambiarse con las reformas introducidas en la Ley 120 de 30 de diciembre de 2013, que modificaba la Ley 19 de 2001, que crea un régimen fiscal y aduanero especial de zona franca turística y de apoyo logístico multimodal, y dicta otras disposiciones fiscales (G.O. No. 27443-A de 30 de diciembre de 2013). El artículo 2 de dicha excerta legal modificaba el citado artículo así: “Es objeto de este impuesto la renta gravable que se produzca, de cualquier fuente, dentro o fuera del territorio de la República de Panamá sea cual fuere el lugar donde se perciba”. La modificación en cuestión establecía en nuestra legislación fiscal el régimen de renta mundial.
La ley, que entró en vigencia un día después de su promulgación (cuando el Gobierno anunció que sería derogada), establecía en el parágrafo 1 del citado artículo algunas excepciones a las que el régimen no aplicaría: empresas registradas en la Zona Libre de Colón, en la Zona Libre del Aeropuerto Internacional de Tocumen, zonas francas, zonas libres de petróleo, sedes de empresas multinacionales, el área Panamá-Pacífico, Ciudad del Saber, entre otras.
¿Pero qué se entiende por régimen de renta mundial y qué implica exactamente? A diferencia del régimen de territorialidad, cuya base imponible del ISR es la renta producida en el territorio nacional (en nuestro caso Panamá), en el régimen de renta mundial las personas naturales residentes y las personas jurídicas domiciliadas en el país tributarán por la totalidad de sus rentas obtenidas dentro o fuera de este. Lo anterior significa que la renta gravable del contribuyente comprende los ingresos de fuente extranjera; aunque esta ley no lo dijera así expresamente, se entendía que el Art. 695 del Código Fiscal que señala: “Renta gravable del contribuyente es la diferencia o saldo que resulta de deducir de su renta bruta o ingresos generales, los ingresos de fuente extranjera, los ingresos exentos y/o no gravables, así como los costos, gastos y erogaciones deducibles”, sufriría una modificación tácita. En síntesis, los contribuyentes que obtuviesen ingresos de fuente extranjera, fuesen personas naturales o jurídicas, tendrían que pagar más ISR.
Desde el punto de vista formal, la Ley 120 permitía superar toda la problemática hermenéutica que supone la expresión “fuente extranjera”, tal cual es conceptualizada en el Código Fiscal. Se trataba de una simplicidad, sin embargo, nada grata para los contribuyentes –sobre todo para las personas naturales– que, con pasmosa pasividad (o tal vez desconocimiento), se resignan ante los ajustes impositivos de los gobiernos y ante la reducción de sus rentas.
La intención de reformar el Código Fiscal no es de extrañar. Cuando se tiene por hábito el gasto desenfrenado y la carga social es la regla, y no la excepción, los Gobiernos siempre recurrirán a quitar dinero a otros por la vía impositiva: avalúos, incrementos del ITBMS y del ISR.
¿Qué otras sorpresas nos traerá el año 2014 en materia tributaria?
http://www.prensa.com/impreso/opinion/%C2%BFpor-que-querian-reformar-codigo-fiscal-francisco-diaz-montilla/253679
jueves, 26 de diciembre de 2013
Diálogos por la democracia
Roberto Arosemena Jaén
La comunidad nacional tiene dos deudas pendientes: establecer la democracia participativa y reasumir la soberanía sobre nuestras riquezas territoriales.
La democracia calificada es el medio, la soberanía sobre la riqueza territorial es el fin. Con la democracia participativa, el todo comunitario se apodera de la riqueza nacional para disfrutarla en provecho propio. El próximo mes de mayo se pondrá “al alcance de nuestras manos” la posibilidad de iniciar el pago de esta doble deuda. No será fácil deshacernos de esa democracia representativa que nos ahoga desde las luchas por la independencia del siglo XIX y que ha colocado la soberanía en manos de unos pocos poderosos –la cacareada oligarquía– que se ha enriquecido escandalosamente.
La tónica electoral de mayo próximo es el grupo de pretendientes que desea llegar al poder político para mantener o ejercer el usufructo sobre las riquezas del Estado. Una especie de privatización de la soberanía popular. Casi nadie les cree que son políticos de altura y que luchan por una riqueza pública cuando ni siquiera renuncian a su posibilidad remota de triunfar.
¿Cómo podrá la comunidad panameña superar la cultura del entretenimiento y la conmemoración de los imaginarios colectivos y decir basta al clientelismo?
Ricardo Martinelli es el hombre del entretenimiento y del clientelismo. Su imaginario es consumir por consumir y para seguir consumiendo. Es casi un ícono de la cultura de la desnacionalización, de la representación populachera y del tráfico de influencias de un empresariado de “hipermercados y de mega proyectos. Esta imaginería del hombre, que en cinco años ha realizado más y más de lo que no pudieron sus antecesores de 1941, 1968 y 1989, es el salvoconducto para ganar las elecciones de la democracia representativa de 2014.
¿Podrán los presidenciables no gubernamentales derrotar al Mimito de Martinelli?
¿Podrá el maremágnum de publicidad, propaganda y militancia de partidos e independientes neutralizar las dádivas de becas, jamones y dinero que pesan en la conciencia descreída de una sociedad en manos de la representación democrática clientelista?
Disputar las elecciones al Mimito de Ricardo Martinelli es la crónica de la derrota anunciada, si cada uno de los seis presidenciables no gubernamentales va por lo suyo. Con gran dificultad, esta conciencia popular secuestrada podrá discriminar cuál es el mejor, el más solidario y el más íntegro para oponerse a la maquinaria de los fabricantes de imagen y de presidentes enlatados. Esta sería la alternativa de la sociedad panameña, si logra despertar el 4 de mayo y deposita un voto por el “equipo político e independiente” liquidará la demagogia y la corrupción institucional de los funcionarios públicos elegidos para gobernar, legislar y administrar las riquezas nacionales.
Feliz y próspero año nuevo, si logramos concertar una sola alternativa antigubernamental. Esta construcción está al alcance de la mano de los presidenciables que se oponen al Mimito de Martinelli y, sobre todo, está en manos de un pueblo que practica la democracia participativa y está dispuesta a ejercer la soberanía, que soñó y por la cual irrumpió en la historia nacional el 9 de enero de 1964.
Rememorar la historia de hace 50 años es actualizarla y repetirla en este presente electoral. Conmemorar el hecho pasado, ya muerto, es lo propio de los monumentos, las tumbas y del gobernante de turno, que sigue dando dádivas incluso ahora, con el empecinamiento de crear días puente de consumo y no acciones para saldar la deuda con nuestros antecesores y ejercer la soberanía que reasumieron los mártires.
http://impresa.prensa.com/opinion/Dialogos-democracia-Roberto-Arosemena-Jaen_0_3830616988.html
La comunidad nacional tiene dos deudas pendientes: establecer la democracia participativa y reasumir la soberanía sobre nuestras riquezas territoriales.
La democracia calificada es el medio, la soberanía sobre la riqueza territorial es el fin. Con la democracia participativa, el todo comunitario se apodera de la riqueza nacional para disfrutarla en provecho propio. El próximo mes de mayo se pondrá “al alcance de nuestras manos” la posibilidad de iniciar el pago de esta doble deuda. No será fácil deshacernos de esa democracia representativa que nos ahoga desde las luchas por la independencia del siglo XIX y que ha colocado la soberanía en manos de unos pocos poderosos –la cacareada oligarquía– que se ha enriquecido escandalosamente.
La tónica electoral de mayo próximo es el grupo de pretendientes que desea llegar al poder político para mantener o ejercer el usufructo sobre las riquezas del Estado. Una especie de privatización de la soberanía popular. Casi nadie les cree que son políticos de altura y que luchan por una riqueza pública cuando ni siquiera renuncian a su posibilidad remota de triunfar.
¿Cómo podrá la comunidad panameña superar la cultura del entretenimiento y la conmemoración de los imaginarios colectivos y decir basta al clientelismo?
Ricardo Martinelli es el hombre del entretenimiento y del clientelismo. Su imaginario es consumir por consumir y para seguir consumiendo. Es casi un ícono de la cultura de la desnacionalización, de la representación populachera y del tráfico de influencias de un empresariado de “hipermercados y de mega proyectos. Esta imaginería del hombre, que en cinco años ha realizado más y más de lo que no pudieron sus antecesores de 1941, 1968 y 1989, es el salvoconducto para ganar las elecciones de la democracia representativa de 2014.
¿Podrán los presidenciables no gubernamentales derrotar al Mimito de Martinelli?
¿Podrá el maremágnum de publicidad, propaganda y militancia de partidos e independientes neutralizar las dádivas de becas, jamones y dinero que pesan en la conciencia descreída de una sociedad en manos de la representación democrática clientelista?
Disputar las elecciones al Mimito de Ricardo Martinelli es la crónica de la derrota anunciada, si cada uno de los seis presidenciables no gubernamentales va por lo suyo. Con gran dificultad, esta conciencia popular secuestrada podrá discriminar cuál es el mejor, el más solidario y el más íntegro para oponerse a la maquinaria de los fabricantes de imagen y de presidentes enlatados. Esta sería la alternativa de la sociedad panameña, si logra despertar el 4 de mayo y deposita un voto por el “equipo político e independiente” liquidará la demagogia y la corrupción institucional de los funcionarios públicos elegidos para gobernar, legislar y administrar las riquezas nacionales.
Feliz y próspero año nuevo, si logramos concertar una sola alternativa antigubernamental. Esta construcción está al alcance de la mano de los presidenciables que se oponen al Mimito de Martinelli y, sobre todo, está en manos de un pueblo que practica la democracia participativa y está dispuesta a ejercer la soberanía, que soñó y por la cual irrumpió en la historia nacional el 9 de enero de 1964.
Rememorar la historia de hace 50 años es actualizarla y repetirla en este presente electoral. Conmemorar el hecho pasado, ya muerto, es lo propio de los monumentos, las tumbas y del gobernante de turno, que sigue dando dádivas incluso ahora, con el empecinamiento de crear días puente de consumo y no acciones para saldar la deuda con nuestros antecesores y ejercer la soberanía que reasumieron los mártires.
http://impresa.prensa.com/opinion/Dialogos-democracia-Roberto-Arosemena-Jaen_0_3830616988.html
sábado, 7 de diciembre de 2013
Muros, murales y silencios
Pedro Luis Prados S.
La pintura, como forma de liberar la imaginación, ha estado presente en la vida del hombre desde las primeras comunidades que habitaron el planeta. Fue la forma mágica para conjurar animales, disipar los temores, testimoniar la historia, simbolizar sus creencias y transmitir los patrones culturales. En alguna medida la creación artística es una actividad tan propia de lo humano como el fuego o la palabra, y ese artista que subyace en cada individuo busca formas tradicionales o inéditas para plasmar esa vocación creativa. Tratar de impugnar esa voluntad que emerge en cada obra es ignorar la historia de la humanidad.
Dentro de las posibilidades que dispone la expresión plástica, el medio más recurrido han sido las paredes o muros de edificaciones. Desde las cuevas de Altamira y Lascaux, las pirámides egipcias, los templos medievales y renacentistas la pintura mural ha sido el medio más utilizado para difundir sistemas de creencias o valores tradicionales y, en cierta medida, son los que más han perdurado. El acceso a grandes sectores de la población, la facilidad para decodificar el mensaje visual y las posibilidades para transmitir discursos alegóricos fue considerado por el cristianismo para ilustrar con grandes frescos iglesias y conventos durante el renacimiento y dar a conocer pasajes bíblicos e historia de la fe a una población que no tenía acceso a la lectura.
El maestro mexicano José Vasconcelos, conocedor de las posibilidades de la pintura mural, concitó en 1921, como secretario de Instrucción Pública, a los más relevantes artistas de su país para que testimoniaran en los edificios públicos y en grandes espacios abiertos la saga de los 10 años de revolución que convulsionaron el país y la lucha del pueblo por la tierra, permitiendo que Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros desarrollaran un movimiento con un profundo contenido agrarista, indigenista y proletario dirigido a las masas sin acceso a la educación, que constituye un orgullo de la tradición del arte de ese país y modelo a seguir en otros países del continente.
La historia de la pintura mural en Panamá ha sido una saga de incomprensiones y sometimientos. El desconocimiento de las particularidades del neoexpresionismo figurativo y el informalismo, con su distorsión de la imagen y la agresividad cromática para producir el impacto afectivo en el espectador, no tienen cabida en un público acostumbrado al facilismo visual, y la ligereza en el pensamiento. Educados para no pensar, los panameños prefieren el costumbrismo paisajístico o el folclorismo “cutarrista”, cuya comprensión no requiere grandes esfuerzos mentales. Por otra parte, un miedo cerval de las autoridades a que se muestren las contradicciones que han sacudido la historia del país y sus protagonistas, ha llevado a la desaparición de importantes murales testimoniales de nuestra historia.
El miedo inquisitorial de un rector hizo desaparecer uno alusivo a la lucha antiimperialista de los panameños que el pintor mexicano Leopoldo Leal, de paso por el país, realizó en el Instituto Nacional en 1939, para evitar malos entendidos con los estadounidense; la bola de demolición dio cuenta del mural que Juan Bautista Jeanine hiciera en la antigua Casa del Periodista ante la indiferencia de autoridades y comunicadores; el alusivo al 9 de enero que hiciera Carlos González Palomino en el Artes y Oficios desapareció bajo capas de pintura por revolucionario y provocador, al igual que el conmemorativo a la invasión del 20 de diciembre condenado al sótano del edificio de la Gobernación de la Provincia de Panamá; la veintena de murales que Virgilio Ortega Santizo y su hermano Ignacio Káncer Ortega trabajaron al calor de la lucha nacionalista por el Canal, desaparecieron bajo la mirada austera de gobiernos celosos de la buena relación con los estadounidenses.
Mutilados y testarudos sobreviven trabajos como el de Ciro y Rosie Oduber en la Caja de Seguro Social de calle 17; el gigantesco mural confeccionado por Guillermo Trujillo en el vestíbulo del Complejo Hospitalario Metropolitano y el delicado trabajo informalista hecho con tesetería en el Instituto Justo Arosemena por Juan Bautista Jeanine y los de Palomino en el gimnasio de Barraza. Asilados y a la defensiva se preservan los de este consagrado artista y otros creadores en la Universidad de Panamá. Todo parece indicar que los panameños, comprometidos visualmente con las vallas publicitarias, están impedidos para no ver otra cosa que bebidas espumantes y jóvenes en sedería.
No nos sorprende que el gobierno repintara, por dudosos criterios esteticistas, el mural que un colectivo de jóvenes hiciera en un recién inaugurado paso vehicular. El sometimiento es un mal endémico en los políticos de este “diminuto país de gigantes crímenes” y creo que nada lo cambiará. Pero los artistas tienen medios sutiles de venganza, por eso el obispo de Milán, Biaggio da Cesena, perseguidor implacable de Miguel Ángel, se encuentra desde hace algunos siglos en la esquina dedicada al infierno en El Juicio Final.
http://www.prensa.com/impreso/opinion/muros-murales-y-silencios-pedro-luis-prados-s/239147
La pintura, como forma de liberar la imaginación, ha estado presente en la vida del hombre desde las primeras comunidades que habitaron el planeta. Fue la forma mágica para conjurar animales, disipar los temores, testimoniar la historia, simbolizar sus creencias y transmitir los patrones culturales. En alguna medida la creación artística es una actividad tan propia de lo humano como el fuego o la palabra, y ese artista que subyace en cada individuo busca formas tradicionales o inéditas para plasmar esa vocación creativa. Tratar de impugnar esa voluntad que emerge en cada obra es ignorar la historia de la humanidad.
Dentro de las posibilidades que dispone la expresión plástica, el medio más recurrido han sido las paredes o muros de edificaciones. Desde las cuevas de Altamira y Lascaux, las pirámides egipcias, los templos medievales y renacentistas la pintura mural ha sido el medio más utilizado para difundir sistemas de creencias o valores tradicionales y, en cierta medida, son los que más han perdurado. El acceso a grandes sectores de la población, la facilidad para decodificar el mensaje visual y las posibilidades para transmitir discursos alegóricos fue considerado por el cristianismo para ilustrar con grandes frescos iglesias y conventos durante el renacimiento y dar a conocer pasajes bíblicos e historia de la fe a una población que no tenía acceso a la lectura.
El maestro mexicano José Vasconcelos, conocedor de las posibilidades de la pintura mural, concitó en 1921, como secretario de Instrucción Pública, a los más relevantes artistas de su país para que testimoniaran en los edificios públicos y en grandes espacios abiertos la saga de los 10 años de revolución que convulsionaron el país y la lucha del pueblo por la tierra, permitiendo que Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros desarrollaran un movimiento con un profundo contenido agrarista, indigenista y proletario dirigido a las masas sin acceso a la educación, que constituye un orgullo de la tradición del arte de ese país y modelo a seguir en otros países del continente.
La historia de la pintura mural en Panamá ha sido una saga de incomprensiones y sometimientos. El desconocimiento de las particularidades del neoexpresionismo figurativo y el informalismo, con su distorsión de la imagen y la agresividad cromática para producir el impacto afectivo en el espectador, no tienen cabida en un público acostumbrado al facilismo visual, y la ligereza en el pensamiento. Educados para no pensar, los panameños prefieren el costumbrismo paisajístico o el folclorismo “cutarrista”, cuya comprensión no requiere grandes esfuerzos mentales. Por otra parte, un miedo cerval de las autoridades a que se muestren las contradicciones que han sacudido la historia del país y sus protagonistas, ha llevado a la desaparición de importantes murales testimoniales de nuestra historia.
El miedo inquisitorial de un rector hizo desaparecer uno alusivo a la lucha antiimperialista de los panameños que el pintor mexicano Leopoldo Leal, de paso por el país, realizó en el Instituto Nacional en 1939, para evitar malos entendidos con los estadounidense; la bola de demolición dio cuenta del mural que Juan Bautista Jeanine hiciera en la antigua Casa del Periodista ante la indiferencia de autoridades y comunicadores; el alusivo al 9 de enero que hiciera Carlos González Palomino en el Artes y Oficios desapareció bajo capas de pintura por revolucionario y provocador, al igual que el conmemorativo a la invasión del 20 de diciembre condenado al sótano del edificio de la Gobernación de la Provincia de Panamá; la veintena de murales que Virgilio Ortega Santizo y su hermano Ignacio Káncer Ortega trabajaron al calor de la lucha nacionalista por el Canal, desaparecieron bajo la mirada austera de gobiernos celosos de la buena relación con los estadounidenses.
Mutilados y testarudos sobreviven trabajos como el de Ciro y Rosie Oduber en la Caja de Seguro Social de calle 17; el gigantesco mural confeccionado por Guillermo Trujillo en el vestíbulo del Complejo Hospitalario Metropolitano y el delicado trabajo informalista hecho con tesetería en el Instituto Justo Arosemena por Juan Bautista Jeanine y los de Palomino en el gimnasio de Barraza. Asilados y a la defensiva se preservan los de este consagrado artista y otros creadores en la Universidad de Panamá. Todo parece indicar que los panameños, comprometidos visualmente con las vallas publicitarias, están impedidos para no ver otra cosa que bebidas espumantes y jóvenes en sedería.
No nos sorprende que el gobierno repintara, por dudosos criterios esteticistas, el mural que un colectivo de jóvenes hiciera en un recién inaugurado paso vehicular. El sometimiento es un mal endémico en los políticos de este “diminuto país de gigantes crímenes” y creo que nada lo cambiará. Pero los artistas tienen medios sutiles de venganza, por eso el obispo de Milán, Biaggio da Cesena, perseguidor implacable de Miguel Ángel, se encuentra desde hace algunos siglos en la esquina dedicada al infierno en El Juicio Final.
http://www.prensa.com/impreso/opinion/muros-murales-y-silencios-pedro-luis-prados-s/239147
sábado, 26 de octubre de 2013
¿Cuán laico es el Estado panameño?
Francisco Díaz Montilla
Históricamente hubo una especie de complicidad con el catolicismo que se tradujo para este grupo en un trato en cierto sentido privilegiado. En fallo de 5 de septiembre de 1997, bajo la ponencia del magistrado Fabián Echevers, el pleno de la Corte Suprema señaló: “Nuestra Carta Fundamental pone en evidencia un ´cristianismo confeso´ del constituyente, que emana del preámbulo (´invocando la protección de Dios´) y del artículo 35 del texto constitucional (´respeto a la moral cristiana´, ´la religión católica es la de la mayoría de los panameños´), valor fundamental que la magistratura constitucional debe tener presente”.
Las huellas constitucionales de ese catolicismo confeso reivindicado por nuestra Corte se remontan a un período anterior a la formación de la República. Ciertamente, la Constitución de Cádiz de 1812, Art. 12, reconocía al catolicismo como el credo perpetuo de la nación española. De igual modo, la Constitución colombiana de 1886 en el Art. 38.
Con la separación en 1903, la católica dejó de ser la religión de la nación y devino en la de la mayoría de los habitantes de la República, según la Constitución de 1904, que contemplaba la posibilidad de auxilios para fundar un seminario conciliar en la capital y para misiones a las tribus indígenas (Art. 26). Esta idea se mantuvo inalterada en la Constitución de 1941 (Art. 27), así como la enseñanza del catolicismo en las escuelas públicas. De igual modo se pronunciaría la Constitución de 1946 (Art. 36). La de 1972 y sus subsiguientes reformas mantuvieron intacto el enunciado estadístico sobre la religión mayoritaria de los panameños, mantuvieron su enseñanza en las escuelas y colegios, y mantuvieron invariante –hasta ahora– el compromiso del Estado con la moral cristiana. Con respecto a la enseñanza del catolicismo, el anteproyecto de Acto Constitucional propuesto por la comisión especial de consulta de las reformas a la Constitución Política de la República de Panamá señala: “Se enseñará la religión católica y valores cívicos, éticos y morales en las escuelas oficiales y particulares”.
En un escenario como el descrito, no es de extrañar la aprobación de una ley que decreta septiembre como el mes de las sagradas escrituras (Ley 26 de 2007) y otra que establece el segundo viernes de este mes como el día del perdón en la República de Panamá (Ley 72 de 2012). Bajo tales parámetros, la idea de edificar un colosal monumento a Santa María la Antigua, destinando bienes públicos, es plenamente concebible. No hay que perder de vista que la religión es un componente cultural y que –en el caso de nuestro país– es innegable la influencia del catolicismo en la historia. Sobre ello se dice en el anteproyecto de Acto Constitucional: “Se reconoce el protagonismo de la religión católica en la formación histórica y cultural de la Nación panameña”. Pese a ello, ¿es deseable que el Estado disponga de bienes públicos para una obra de esta naturaleza? En un Estado que se profese laico, definitivamente no; el problema con el nuestro es que es menos laico de lo que pensamos.
http://www.prensa.com/impreso/opinion/%C2%BFcuan-laico-es-estado-panameno-francisco-diaz-montilla/201310
Históricamente hubo una especie de complicidad con el catolicismo que se tradujo para este grupo en un trato en cierto sentido privilegiado. En fallo de 5 de septiembre de 1997, bajo la ponencia del magistrado Fabián Echevers, el pleno de la Corte Suprema señaló: “Nuestra Carta Fundamental pone en evidencia un ´cristianismo confeso´ del constituyente, que emana del preámbulo (´invocando la protección de Dios´) y del artículo 35 del texto constitucional (´respeto a la moral cristiana´, ´la religión católica es la de la mayoría de los panameños´), valor fundamental que la magistratura constitucional debe tener presente”.
Las huellas constitucionales de ese catolicismo confeso reivindicado por nuestra Corte se remontan a un período anterior a la formación de la República. Ciertamente, la Constitución de Cádiz de 1812, Art. 12, reconocía al catolicismo como el credo perpetuo de la nación española. De igual modo, la Constitución colombiana de 1886 en el Art. 38.
Con la separación en 1903, la católica dejó de ser la religión de la nación y devino en la de la mayoría de los habitantes de la República, según la Constitución de 1904, que contemplaba la posibilidad de auxilios para fundar un seminario conciliar en la capital y para misiones a las tribus indígenas (Art. 26). Esta idea se mantuvo inalterada en la Constitución de 1941 (Art. 27), así como la enseñanza del catolicismo en las escuelas públicas. De igual modo se pronunciaría la Constitución de 1946 (Art. 36). La de 1972 y sus subsiguientes reformas mantuvieron intacto el enunciado estadístico sobre la religión mayoritaria de los panameños, mantuvieron su enseñanza en las escuelas y colegios, y mantuvieron invariante –hasta ahora– el compromiso del Estado con la moral cristiana. Con respecto a la enseñanza del catolicismo, el anteproyecto de Acto Constitucional propuesto por la comisión especial de consulta de las reformas a la Constitución Política de la República de Panamá señala: “Se enseñará la religión católica y valores cívicos, éticos y morales en las escuelas oficiales y particulares”.
En un escenario como el descrito, no es de extrañar la aprobación de una ley que decreta septiembre como el mes de las sagradas escrituras (Ley 26 de 2007) y otra que establece el segundo viernes de este mes como el día del perdón en la República de Panamá (Ley 72 de 2012). Bajo tales parámetros, la idea de edificar un colosal monumento a Santa María la Antigua, destinando bienes públicos, es plenamente concebible. No hay que perder de vista que la religión es un componente cultural y que –en el caso de nuestro país– es innegable la influencia del catolicismo en la historia. Sobre ello se dice en el anteproyecto de Acto Constitucional: “Se reconoce el protagonismo de la religión católica en la formación histórica y cultural de la Nación panameña”. Pese a ello, ¿es deseable que el Estado disponga de bienes públicos para una obra de esta naturaleza? En un Estado que se profese laico, definitivamente no; el problema con el nuestro es que es menos laico de lo que pensamos.
http://www.prensa.com/impreso/opinion/%C2%BFcuan-laico-es-estado-panameno-francisco-diaz-montilla/201310
sábado, 12 de octubre de 2013
Ejecutivo contra Congreso
Roberto Arosemena Jaén
Desde hace días, Estados Unidos viene ofreciendo un espectáculo de ineficacia administrativa. El jefe del Ejecutivo ha caído en el voluntarismo de no querer derogar la ley sobre seguridad social, y el Congreso, “prepotente y amenazador”, exige que no se cumpla con esa ley que ellos mismos aprobaron y que la Corte declaró constitucional.
La presión del Congreso –yo diría la ilegalidad digna de ser perseguida– al no aprobar un presupuesto que garantice el funcionamiento del Estado se está manejando “políticamente”, como si fuese una riña entre demócratas y republicanos.
Lo lamentable de este “ vacío” administrativo es la incapacidad de Barack Obama, presidente de Estados Unidos, para actuar, reactivar la administración y obligar al Congreso a que cumpla con sus funciones constitucionales. Es un principio político universalmente aceptado en una democracia: impedir el funcionamiento de un órgano del Estado es un acto ilegítimo que debe ser perseguido legalmente.
La naturaleza no admite el vacío, decía el filósofo Espinoza. Aristóteles hubiese replicado, el Estado como orden político arquitectónico de una sociedad no admite el vacío ni tácticas para impedir el funcionamiento de la administración pública. Es decir, permitir el vacío estatal es un acto que se debe perseguir sea por acción –caso del Congreso– sea por omisión –caso de Obama–.
El presidente tiene que acudir al poder constitucional de la Corte Suprema como Tribunal Superior de Justicia Federal para presionar jurídica y penalmente a todos los miembros del Senado y de la Cámara de Representantes, porque en lugar de aprobar un presupuesto lo están amenazando para que derogue una ley de forzoso cumplimiento, como es el Plan de Salud.
No entiendo cómo un problema judicial y constitucional el presidente lo maneja como uno interpartidista. Si el Congreso impide el funcionamiento del Estado cae en la ilegitimidad y en la ilegalidad del mandato recibido de sus electores, máxime cuando el pretexto de su reticencia en actuar y legislar es revocar una ley federal que ya está en marcha.
Estas consideraciones no las hago desde el punto de vista de un abogado de profesión, sino en mi condición de filósofo político que conoce el sentido de un Estado democrático constitucional de derecho y que sabe de la discrecionalidad política de la que gozan los jueces estadounidenses.
La funcionalidad de la democracia en esa nación ha sido puesta en entredicho por la debilidad del Ejecutivo y la prepotencia arbitraria de una facción determinante y hegemónica del Partido Republicano. El mundo sabe que no se puede intervenir en los asuntos internos de EU ni presionar a ese Estado para que apruebe su presupuesto de funcionamiento administrativo y financiero, pero sí podemos reflexionar en lo que se puede y debe hacer ante situaciones inéditas, que requieren de innovación y creatividad.
El otro aspecto preocupante tiene que ver con la indiferencia de la ciudadanía ante el colapso de la política bipartidista, indiferencia que puede significar que los votantes estadounidenses dejaron de sentirse ciudadanos y empiezan a comportarse como clientes. Ambas hipótesis son terribles para el funcionamiento de un mundo globalizado, donde Estados Unidos de América, en estos momentos, es un autor imprescindible.
http://impresa.prensa.com/opinion/Ejecutivo-Congreso-Roberto-Arosemena-Jaen_0_3774372588.html
Desde hace días, Estados Unidos viene ofreciendo un espectáculo de ineficacia administrativa. El jefe del Ejecutivo ha caído en el voluntarismo de no querer derogar la ley sobre seguridad social, y el Congreso, “prepotente y amenazador”, exige que no se cumpla con esa ley que ellos mismos aprobaron y que la Corte declaró constitucional.
La presión del Congreso –yo diría la ilegalidad digna de ser perseguida– al no aprobar un presupuesto que garantice el funcionamiento del Estado se está manejando “políticamente”, como si fuese una riña entre demócratas y republicanos.
Lo lamentable de este “ vacío” administrativo es la incapacidad de Barack Obama, presidente de Estados Unidos, para actuar, reactivar la administración y obligar al Congreso a que cumpla con sus funciones constitucionales. Es un principio político universalmente aceptado en una democracia: impedir el funcionamiento de un órgano del Estado es un acto ilegítimo que debe ser perseguido legalmente.
La naturaleza no admite el vacío, decía el filósofo Espinoza. Aristóteles hubiese replicado, el Estado como orden político arquitectónico de una sociedad no admite el vacío ni tácticas para impedir el funcionamiento de la administración pública. Es decir, permitir el vacío estatal es un acto que se debe perseguir sea por acción –caso del Congreso– sea por omisión –caso de Obama–.
El presidente tiene que acudir al poder constitucional de la Corte Suprema como Tribunal Superior de Justicia Federal para presionar jurídica y penalmente a todos los miembros del Senado y de la Cámara de Representantes, porque en lugar de aprobar un presupuesto lo están amenazando para que derogue una ley de forzoso cumplimiento, como es el Plan de Salud.
No entiendo cómo un problema judicial y constitucional el presidente lo maneja como uno interpartidista. Si el Congreso impide el funcionamiento del Estado cae en la ilegitimidad y en la ilegalidad del mandato recibido de sus electores, máxime cuando el pretexto de su reticencia en actuar y legislar es revocar una ley federal que ya está en marcha.
Estas consideraciones no las hago desde el punto de vista de un abogado de profesión, sino en mi condición de filósofo político que conoce el sentido de un Estado democrático constitucional de derecho y que sabe de la discrecionalidad política de la que gozan los jueces estadounidenses.
La funcionalidad de la democracia en esa nación ha sido puesta en entredicho por la debilidad del Ejecutivo y la prepotencia arbitraria de una facción determinante y hegemónica del Partido Republicano. El mundo sabe que no se puede intervenir en los asuntos internos de EU ni presionar a ese Estado para que apruebe su presupuesto de funcionamiento administrativo y financiero, pero sí podemos reflexionar en lo que se puede y debe hacer ante situaciones inéditas, que requieren de innovación y creatividad.
El otro aspecto preocupante tiene que ver con la indiferencia de la ciudadanía ante el colapso de la política bipartidista, indiferencia que puede significar que los votantes estadounidenses dejaron de sentirse ciudadanos y empiezan a comportarse como clientes. Ambas hipótesis son terribles para el funcionamiento de un mundo globalizado, donde Estados Unidos de América, en estos momentos, es un autor imprescindible.
http://impresa.prensa.com/opinion/Ejecutivo-Congreso-Roberto-Arosemena-Jaen_0_3774372588.html
domingo, 6 de octubre de 2013
Clientelismo e insensatez
Roberto Arosemena Jaén
El Presidente de la República falla por exceso de ingenuidad en su actuar político. Ha vuelto a revivir los demonios y los dioses olvidados de la reacción antimilitarista de finales del gobierno norieguista. La ingenuidad es propia de los gobernantes a punto de desmoronarse.
El demonio de la autocracia prolongada que llevó a las masas electorales a identificarse con el triunvirato arnulfista, democristiano y Molirena, puede reactualizarse entre los independientes, los profesionales y el PRD, panameñismo y FAD contra el CD. En 1989, no le fue difícil al electorado independiente y profesional votar por Endara, Arias y Ford. ¿Qué sucederá en 2014?
De otra parte, los dioses o valores compartidos por la sociedad civil, entre 1986 y 1989, como salvar la autonomía de la CSS, garantizar la estabilidad de los funcionarios y el respeto a los gremios, desconocer la deuda pública como tributo a la corrupción y convocar a una constituyente dirigida a institucionalizar un estado democrático de derecho, catapultaron a la oposición anti PRD para desmilitarizar la sociedad y frenar el continuismo de las Fuerzas de Defensa (policía, armada, militares de frontera). Estados Unidos olió la descomposición del país y se aprovechó de la autorización del Tratado de Neutralidad para invadir Panamá.
Ya es hora –van cinco años– para que el Presidente aprenda de sus errores y vicios políticos. El poder mediático y empresarial de que goza actualmente no es lo suficientemente fuerte para transformarlo en Presidente por siempre. El poder mediático puede en horas satanizarlo como hizo, poco a poco, con Noriega. La práctica deportiva del Presidente de ponerse a pelear con los jefes de la oposición, expresidentes, periodistas, empresarios y antiguos procuradores y contralores no es lo mismo que seguir abusando de la paciencia de los gremios y de los profesionales. El derrumbe del torrijismo empezó en 1979 cuando gremios, profesionales y cierto sector empresarial dijeron basta a la reforma educativa de culto a la personalidad.
Toda la década de 1980 fue una lenta y constante movilización popular y gremial hasta que Estados Unidos tuvo que salvar la institucionalización de lo que hoy es la Policía, el Senan y Senafront y el Ministerio de Seguridad, astutamente utilizado por el actual jefe de Estado. El último jefe de Estado panameño fue el malogrado Omar Efraín Torrijos Herrera.
En esto radica la ingenua insensatez del Presidente Martinelli. Pensar y, sobre todo, creer que con millones, amenazas y represión la consigna “Gobierno Nacional–Martinelli Presidente” podrá repetir en mayo de 2014. Decir que la huelga –más bien trabajo a desgano– de docentes, médicos y profesionales es un asunto político, no es falso sino por el contrario, totalmente válido a nivel político. El problema es que la oposición no se atreve a manejarse políticamente frente a la huelga de los trabajadores de la salud. Política es garantizar un servicio público tan esencial como la salud. El responsable de garantizar el servicio de salud no es el médico, sino el Gobierno de turno. El profesional asalariado cumple con una actividad laboral y recibe una contraprestación. Esta contraprestación está en manos del Estado. Si el gobierno presidencial decide pelearse con los profesionales, despedirlos y contratar médicos y enfermeras, laboratoristas y auxiliares es porque cree que al final, políticamente, obtendrá dividendos para su partido y sus candidatos. Frente a este tipo de enfrentamiento, el actual presidente de la República debe considerarse impedido para resolver esta crisis de salud, que no es la primera que ocasiona. En su momento, fue destituido como director de la CSS. Ahora, se cuenta con un vicepresidente de la República que puede asumir la responsabilidad de resolver la crisis. El director de la CSS y el ministro deben ser sustituidos por incompetentes y las nuevas autoridades de salud deben solicitar a la Asamblea Nacional que reinicie los debates para obtener en los próximos meses un nuevo Código Sanitario y una CSS que no pueda publicitar la consigna “gobierno nacional, Martinelli ...”. ¡Ahora o nunca, señor Presidente, actúe con sensatez!
http://impresa.prensa.com/opinion/Clientelismo-insensatez-Roberto-Arosemena-Jaen_0_3769873004.html
El Presidente de la República falla por exceso de ingenuidad en su actuar político. Ha vuelto a revivir los demonios y los dioses olvidados de la reacción antimilitarista de finales del gobierno norieguista. La ingenuidad es propia de los gobernantes a punto de desmoronarse.
El demonio de la autocracia prolongada que llevó a las masas electorales a identificarse con el triunvirato arnulfista, democristiano y Molirena, puede reactualizarse entre los independientes, los profesionales y el PRD, panameñismo y FAD contra el CD. En 1989, no le fue difícil al electorado independiente y profesional votar por Endara, Arias y Ford. ¿Qué sucederá en 2014?
De otra parte, los dioses o valores compartidos por la sociedad civil, entre 1986 y 1989, como salvar la autonomía de la CSS, garantizar la estabilidad de los funcionarios y el respeto a los gremios, desconocer la deuda pública como tributo a la corrupción y convocar a una constituyente dirigida a institucionalizar un estado democrático de derecho, catapultaron a la oposición anti PRD para desmilitarizar la sociedad y frenar el continuismo de las Fuerzas de Defensa (policía, armada, militares de frontera). Estados Unidos olió la descomposición del país y se aprovechó de la autorización del Tratado de Neutralidad para invadir Panamá.
Ya es hora –van cinco años– para que el Presidente aprenda de sus errores y vicios políticos. El poder mediático y empresarial de que goza actualmente no es lo suficientemente fuerte para transformarlo en Presidente por siempre. El poder mediático puede en horas satanizarlo como hizo, poco a poco, con Noriega. La práctica deportiva del Presidente de ponerse a pelear con los jefes de la oposición, expresidentes, periodistas, empresarios y antiguos procuradores y contralores no es lo mismo que seguir abusando de la paciencia de los gremios y de los profesionales. El derrumbe del torrijismo empezó en 1979 cuando gremios, profesionales y cierto sector empresarial dijeron basta a la reforma educativa de culto a la personalidad.
Toda la década de 1980 fue una lenta y constante movilización popular y gremial hasta que Estados Unidos tuvo que salvar la institucionalización de lo que hoy es la Policía, el Senan y Senafront y el Ministerio de Seguridad, astutamente utilizado por el actual jefe de Estado. El último jefe de Estado panameño fue el malogrado Omar Efraín Torrijos Herrera.
En esto radica la ingenua insensatez del Presidente Martinelli. Pensar y, sobre todo, creer que con millones, amenazas y represión la consigna “Gobierno Nacional–Martinelli Presidente” podrá repetir en mayo de 2014. Decir que la huelga –más bien trabajo a desgano– de docentes, médicos y profesionales es un asunto político, no es falso sino por el contrario, totalmente válido a nivel político. El problema es que la oposición no se atreve a manejarse políticamente frente a la huelga de los trabajadores de la salud. Política es garantizar un servicio público tan esencial como la salud. El responsable de garantizar el servicio de salud no es el médico, sino el Gobierno de turno. El profesional asalariado cumple con una actividad laboral y recibe una contraprestación. Esta contraprestación está en manos del Estado. Si el gobierno presidencial decide pelearse con los profesionales, despedirlos y contratar médicos y enfermeras, laboratoristas y auxiliares es porque cree que al final, políticamente, obtendrá dividendos para su partido y sus candidatos. Frente a este tipo de enfrentamiento, el actual presidente de la República debe considerarse impedido para resolver esta crisis de salud, que no es la primera que ocasiona. En su momento, fue destituido como director de la CSS. Ahora, se cuenta con un vicepresidente de la República que puede asumir la responsabilidad de resolver la crisis. El director de la CSS y el ministro deben ser sustituidos por incompetentes y las nuevas autoridades de salud deben solicitar a la Asamblea Nacional que reinicie los debates para obtener en los próximos meses un nuevo Código Sanitario y una CSS que no pueda publicitar la consigna “gobierno nacional, Martinelli ...”. ¡Ahora o nunca, señor Presidente, actúe con sensatez!
http://impresa.prensa.com/opinion/Clientelismo-insensatez-Roberto-Arosemena-Jaen_0_3769873004.html
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