Pedro Luis Prados S.
La pintura, como forma de liberar la imaginación, ha estado presente en la vida del hombre desde las primeras comunidades que habitaron el planeta. Fue la forma mágica para conjurar animales, disipar los temores, testimoniar la historia, simbolizar sus creencias y transmitir los patrones culturales. En alguna medida la creación artística es una actividad tan propia de lo humano como el fuego o la palabra, y ese artista que subyace en cada individuo busca formas tradicionales o inéditas para plasmar esa vocación creativa. Tratar de impugnar esa voluntad que emerge en cada obra es ignorar la historia de la humanidad.
Dentro de las posibilidades que dispone la expresión plástica, el medio más recurrido han sido las paredes o muros de edificaciones. Desde las cuevas de Altamira y Lascaux, las pirámides egipcias, los templos medievales y renacentistas la pintura mural ha sido el medio más utilizado para difundir sistemas de creencias o valores tradicionales y, en cierta medida, son los que más han perdurado. El acceso a grandes sectores de la población, la facilidad para decodificar el mensaje visual y las posibilidades para transmitir discursos alegóricos fue considerado por el cristianismo para ilustrar con grandes frescos iglesias y conventos durante el renacimiento y dar a conocer pasajes bíblicos e historia de la fe a una población que no tenía acceso a la lectura.
El maestro mexicano José Vasconcelos, conocedor de las posibilidades de la pintura mural, concitó en 1921, como secretario de Instrucción Pública, a los más relevantes artistas de su país para que testimoniaran en los edificios públicos y en grandes espacios abiertos la saga de los 10 años de revolución que convulsionaron el país y la lucha del pueblo por la tierra, permitiendo que Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros desarrollaran un movimiento con un profundo contenido agrarista, indigenista y proletario dirigido a las masas sin acceso a la educación, que constituye un orgullo de la tradición del arte de ese país y modelo a seguir en otros países del continente.
La historia de la pintura mural en Panamá ha sido una saga de incomprensiones y sometimientos. El desconocimiento de las particularidades del neoexpresionismo figurativo y el informalismo, con su distorsión de la imagen y la agresividad cromática para producir el impacto afectivo en el espectador, no tienen cabida en un público acostumbrado al facilismo visual, y la ligereza en el pensamiento. Educados para no pensar, los panameños prefieren el costumbrismo paisajístico o el folclorismo “cutarrista”, cuya comprensión no requiere grandes esfuerzos mentales. Por otra parte, un miedo cerval de las autoridades a que se muestren las contradicciones que han sacudido la historia del país y sus protagonistas, ha llevado a la desaparición de importantes murales testimoniales de nuestra historia.
El miedo inquisitorial de un rector hizo desaparecer uno alusivo a la lucha antiimperialista de los panameños que el pintor mexicano Leopoldo Leal, de paso por el país, realizó en el Instituto Nacional en 1939, para evitar malos entendidos con los estadounidense; la bola de demolición dio cuenta del mural que Juan Bautista Jeanine hiciera en la antigua Casa del Periodista ante la indiferencia de autoridades y comunicadores; el alusivo al 9 de enero que hiciera Carlos González Palomino en el Artes y Oficios desapareció bajo capas de pintura por revolucionario y provocador, al igual que el conmemorativo a la invasión del 20 de diciembre condenado al sótano del edificio de la Gobernación de la Provincia de Panamá; la veintena de murales que Virgilio Ortega Santizo y su hermano Ignacio Káncer Ortega trabajaron al calor de la lucha nacionalista por el Canal, desaparecieron bajo la mirada austera de gobiernos celosos de la buena relación con los estadounidenses.
Mutilados y testarudos sobreviven trabajos como el de Ciro y Rosie Oduber en la Caja de Seguro Social de calle 17; el gigantesco mural confeccionado por Guillermo Trujillo en el vestíbulo del Complejo Hospitalario Metropolitano y el delicado trabajo informalista hecho con tesetería en el Instituto Justo Arosemena por Juan Bautista Jeanine y los de Palomino en el gimnasio de Barraza. Asilados y a la defensiva se preservan los de este consagrado artista y otros creadores en la Universidad de Panamá. Todo parece indicar que los panameños, comprometidos visualmente con las vallas publicitarias, están impedidos para no ver otra cosa que bebidas espumantes y jóvenes en sedería.
No nos sorprende que el gobierno repintara, por dudosos criterios esteticistas, el mural que un colectivo de jóvenes hiciera en un recién inaugurado paso vehicular. El sometimiento es un mal endémico en los políticos de este “diminuto país de gigantes crímenes” y creo que nada lo cambiará. Pero los artistas tienen medios sutiles de venganza, por eso el obispo de Milán, Biaggio da Cesena, perseguidor implacable de Miguel Ángel, se encuentra desde hace algunos siglos en la esquina dedicada al infierno en El Juicio Final.
http://www.prensa.com/impreso/opinion/muros-murales-y-silencios-pedro-luis-prados-s/239147
Departamento de Filosofía, Facultad de Humanidades, Universidad de Panamá
sábado, 7 de diciembre de 2013
sábado, 26 de octubre de 2013
¿Cuán laico es el Estado panameño?
Francisco Díaz Montilla
Históricamente hubo una especie de complicidad con el catolicismo que se tradujo para este grupo en un trato en cierto sentido privilegiado. En fallo de 5 de septiembre de 1997, bajo la ponencia del magistrado Fabián Echevers, el pleno de la Corte Suprema señaló: “Nuestra Carta Fundamental pone en evidencia un ´cristianismo confeso´ del constituyente, que emana del preámbulo (´invocando la protección de Dios´) y del artículo 35 del texto constitucional (´respeto a la moral cristiana´, ´la religión católica es la de la mayoría de los panameños´), valor fundamental que la magistratura constitucional debe tener presente”.
Las huellas constitucionales de ese catolicismo confeso reivindicado por nuestra Corte se remontan a un período anterior a la formación de la República. Ciertamente, la Constitución de Cádiz de 1812, Art. 12, reconocía al catolicismo como el credo perpetuo de la nación española. De igual modo, la Constitución colombiana de 1886 en el Art. 38.
Con la separación en 1903, la católica dejó de ser la religión de la nación y devino en la de la mayoría de los habitantes de la República, según la Constitución de 1904, que contemplaba la posibilidad de auxilios para fundar un seminario conciliar en la capital y para misiones a las tribus indígenas (Art. 26). Esta idea se mantuvo inalterada en la Constitución de 1941 (Art. 27), así como la enseñanza del catolicismo en las escuelas públicas. De igual modo se pronunciaría la Constitución de 1946 (Art. 36). La de 1972 y sus subsiguientes reformas mantuvieron intacto el enunciado estadístico sobre la religión mayoritaria de los panameños, mantuvieron su enseñanza en las escuelas y colegios, y mantuvieron invariante –hasta ahora– el compromiso del Estado con la moral cristiana. Con respecto a la enseñanza del catolicismo, el anteproyecto de Acto Constitucional propuesto por la comisión especial de consulta de las reformas a la Constitución Política de la República de Panamá señala: “Se enseñará la religión católica y valores cívicos, éticos y morales en las escuelas oficiales y particulares”.
En un escenario como el descrito, no es de extrañar la aprobación de una ley que decreta septiembre como el mes de las sagradas escrituras (Ley 26 de 2007) y otra que establece el segundo viernes de este mes como el día del perdón en la República de Panamá (Ley 72 de 2012). Bajo tales parámetros, la idea de edificar un colosal monumento a Santa María la Antigua, destinando bienes públicos, es plenamente concebible. No hay que perder de vista que la religión es un componente cultural y que –en el caso de nuestro país– es innegable la influencia del catolicismo en la historia. Sobre ello se dice en el anteproyecto de Acto Constitucional: “Se reconoce el protagonismo de la religión católica en la formación histórica y cultural de la Nación panameña”. Pese a ello, ¿es deseable que el Estado disponga de bienes públicos para una obra de esta naturaleza? En un Estado que se profese laico, definitivamente no; el problema con el nuestro es que es menos laico de lo que pensamos.
http://www.prensa.com/impreso/opinion/%C2%BFcuan-laico-es-estado-panameno-francisco-diaz-montilla/201310
Históricamente hubo una especie de complicidad con el catolicismo que se tradujo para este grupo en un trato en cierto sentido privilegiado. En fallo de 5 de septiembre de 1997, bajo la ponencia del magistrado Fabián Echevers, el pleno de la Corte Suprema señaló: “Nuestra Carta Fundamental pone en evidencia un ´cristianismo confeso´ del constituyente, que emana del preámbulo (´invocando la protección de Dios´) y del artículo 35 del texto constitucional (´respeto a la moral cristiana´, ´la religión católica es la de la mayoría de los panameños´), valor fundamental que la magistratura constitucional debe tener presente”.
Las huellas constitucionales de ese catolicismo confeso reivindicado por nuestra Corte se remontan a un período anterior a la formación de la República. Ciertamente, la Constitución de Cádiz de 1812, Art. 12, reconocía al catolicismo como el credo perpetuo de la nación española. De igual modo, la Constitución colombiana de 1886 en el Art. 38.
Con la separación en 1903, la católica dejó de ser la religión de la nación y devino en la de la mayoría de los habitantes de la República, según la Constitución de 1904, que contemplaba la posibilidad de auxilios para fundar un seminario conciliar en la capital y para misiones a las tribus indígenas (Art. 26). Esta idea se mantuvo inalterada en la Constitución de 1941 (Art. 27), así como la enseñanza del catolicismo en las escuelas públicas. De igual modo se pronunciaría la Constitución de 1946 (Art. 36). La de 1972 y sus subsiguientes reformas mantuvieron intacto el enunciado estadístico sobre la religión mayoritaria de los panameños, mantuvieron su enseñanza en las escuelas y colegios, y mantuvieron invariante –hasta ahora– el compromiso del Estado con la moral cristiana. Con respecto a la enseñanza del catolicismo, el anteproyecto de Acto Constitucional propuesto por la comisión especial de consulta de las reformas a la Constitución Política de la República de Panamá señala: “Se enseñará la religión católica y valores cívicos, éticos y morales en las escuelas oficiales y particulares”.
En un escenario como el descrito, no es de extrañar la aprobación de una ley que decreta septiembre como el mes de las sagradas escrituras (Ley 26 de 2007) y otra que establece el segundo viernes de este mes como el día del perdón en la República de Panamá (Ley 72 de 2012). Bajo tales parámetros, la idea de edificar un colosal monumento a Santa María la Antigua, destinando bienes públicos, es plenamente concebible. No hay que perder de vista que la religión es un componente cultural y que –en el caso de nuestro país– es innegable la influencia del catolicismo en la historia. Sobre ello se dice en el anteproyecto de Acto Constitucional: “Se reconoce el protagonismo de la religión católica en la formación histórica y cultural de la Nación panameña”. Pese a ello, ¿es deseable que el Estado disponga de bienes públicos para una obra de esta naturaleza? En un Estado que se profese laico, definitivamente no; el problema con el nuestro es que es menos laico de lo que pensamos.
http://www.prensa.com/impreso/opinion/%C2%BFcuan-laico-es-estado-panameno-francisco-diaz-montilla/201310
sábado, 12 de octubre de 2013
Ejecutivo contra Congreso
Roberto Arosemena Jaén
Desde hace días, Estados Unidos viene ofreciendo un espectáculo de ineficacia administrativa. El jefe del Ejecutivo ha caído en el voluntarismo de no querer derogar la ley sobre seguridad social, y el Congreso, “prepotente y amenazador”, exige que no se cumpla con esa ley que ellos mismos aprobaron y que la Corte declaró constitucional.
La presión del Congreso –yo diría la ilegalidad digna de ser perseguida– al no aprobar un presupuesto que garantice el funcionamiento del Estado se está manejando “políticamente”, como si fuese una riña entre demócratas y republicanos.
Lo lamentable de este “ vacío” administrativo es la incapacidad de Barack Obama, presidente de Estados Unidos, para actuar, reactivar la administración y obligar al Congreso a que cumpla con sus funciones constitucionales. Es un principio político universalmente aceptado en una democracia: impedir el funcionamiento de un órgano del Estado es un acto ilegítimo que debe ser perseguido legalmente.
La naturaleza no admite el vacío, decía el filósofo Espinoza. Aristóteles hubiese replicado, el Estado como orden político arquitectónico de una sociedad no admite el vacío ni tácticas para impedir el funcionamiento de la administración pública. Es decir, permitir el vacío estatal es un acto que se debe perseguir sea por acción –caso del Congreso– sea por omisión –caso de Obama–.
El presidente tiene que acudir al poder constitucional de la Corte Suprema como Tribunal Superior de Justicia Federal para presionar jurídica y penalmente a todos los miembros del Senado y de la Cámara de Representantes, porque en lugar de aprobar un presupuesto lo están amenazando para que derogue una ley de forzoso cumplimiento, como es el Plan de Salud.
No entiendo cómo un problema judicial y constitucional el presidente lo maneja como uno interpartidista. Si el Congreso impide el funcionamiento del Estado cae en la ilegitimidad y en la ilegalidad del mandato recibido de sus electores, máxime cuando el pretexto de su reticencia en actuar y legislar es revocar una ley federal que ya está en marcha.
Estas consideraciones no las hago desde el punto de vista de un abogado de profesión, sino en mi condición de filósofo político que conoce el sentido de un Estado democrático constitucional de derecho y que sabe de la discrecionalidad política de la que gozan los jueces estadounidenses.
La funcionalidad de la democracia en esa nación ha sido puesta en entredicho por la debilidad del Ejecutivo y la prepotencia arbitraria de una facción determinante y hegemónica del Partido Republicano. El mundo sabe que no se puede intervenir en los asuntos internos de EU ni presionar a ese Estado para que apruebe su presupuesto de funcionamiento administrativo y financiero, pero sí podemos reflexionar en lo que se puede y debe hacer ante situaciones inéditas, que requieren de innovación y creatividad.
El otro aspecto preocupante tiene que ver con la indiferencia de la ciudadanía ante el colapso de la política bipartidista, indiferencia que puede significar que los votantes estadounidenses dejaron de sentirse ciudadanos y empiezan a comportarse como clientes. Ambas hipótesis son terribles para el funcionamiento de un mundo globalizado, donde Estados Unidos de América, en estos momentos, es un autor imprescindible.
http://impresa.prensa.com/opinion/Ejecutivo-Congreso-Roberto-Arosemena-Jaen_0_3774372588.html
Desde hace días, Estados Unidos viene ofreciendo un espectáculo de ineficacia administrativa. El jefe del Ejecutivo ha caído en el voluntarismo de no querer derogar la ley sobre seguridad social, y el Congreso, “prepotente y amenazador”, exige que no se cumpla con esa ley que ellos mismos aprobaron y que la Corte declaró constitucional.
La presión del Congreso –yo diría la ilegalidad digna de ser perseguida– al no aprobar un presupuesto que garantice el funcionamiento del Estado se está manejando “políticamente”, como si fuese una riña entre demócratas y republicanos.
Lo lamentable de este “ vacío” administrativo es la incapacidad de Barack Obama, presidente de Estados Unidos, para actuar, reactivar la administración y obligar al Congreso a que cumpla con sus funciones constitucionales. Es un principio político universalmente aceptado en una democracia: impedir el funcionamiento de un órgano del Estado es un acto ilegítimo que debe ser perseguido legalmente.
La naturaleza no admite el vacío, decía el filósofo Espinoza. Aristóteles hubiese replicado, el Estado como orden político arquitectónico de una sociedad no admite el vacío ni tácticas para impedir el funcionamiento de la administración pública. Es decir, permitir el vacío estatal es un acto que se debe perseguir sea por acción –caso del Congreso– sea por omisión –caso de Obama–.
El presidente tiene que acudir al poder constitucional de la Corte Suprema como Tribunal Superior de Justicia Federal para presionar jurídica y penalmente a todos los miembros del Senado y de la Cámara de Representantes, porque en lugar de aprobar un presupuesto lo están amenazando para que derogue una ley de forzoso cumplimiento, como es el Plan de Salud.
No entiendo cómo un problema judicial y constitucional el presidente lo maneja como uno interpartidista. Si el Congreso impide el funcionamiento del Estado cae en la ilegitimidad y en la ilegalidad del mandato recibido de sus electores, máxime cuando el pretexto de su reticencia en actuar y legislar es revocar una ley federal que ya está en marcha.
Estas consideraciones no las hago desde el punto de vista de un abogado de profesión, sino en mi condición de filósofo político que conoce el sentido de un Estado democrático constitucional de derecho y que sabe de la discrecionalidad política de la que gozan los jueces estadounidenses.
La funcionalidad de la democracia en esa nación ha sido puesta en entredicho por la debilidad del Ejecutivo y la prepotencia arbitraria de una facción determinante y hegemónica del Partido Republicano. El mundo sabe que no se puede intervenir en los asuntos internos de EU ni presionar a ese Estado para que apruebe su presupuesto de funcionamiento administrativo y financiero, pero sí podemos reflexionar en lo que se puede y debe hacer ante situaciones inéditas, que requieren de innovación y creatividad.
El otro aspecto preocupante tiene que ver con la indiferencia de la ciudadanía ante el colapso de la política bipartidista, indiferencia que puede significar que los votantes estadounidenses dejaron de sentirse ciudadanos y empiezan a comportarse como clientes. Ambas hipótesis son terribles para el funcionamiento de un mundo globalizado, donde Estados Unidos de América, en estos momentos, es un autor imprescindible.
http://impresa.prensa.com/opinion/Ejecutivo-Congreso-Roberto-Arosemena-Jaen_0_3774372588.html
domingo, 6 de octubre de 2013
Clientelismo e insensatez
Roberto Arosemena Jaén
El Presidente de la República falla por exceso de ingenuidad en su actuar político. Ha vuelto a revivir los demonios y los dioses olvidados de la reacción antimilitarista de finales del gobierno norieguista. La ingenuidad es propia de los gobernantes a punto de desmoronarse.
El demonio de la autocracia prolongada que llevó a las masas electorales a identificarse con el triunvirato arnulfista, democristiano y Molirena, puede reactualizarse entre los independientes, los profesionales y el PRD, panameñismo y FAD contra el CD. En 1989, no le fue difícil al electorado independiente y profesional votar por Endara, Arias y Ford. ¿Qué sucederá en 2014?
De otra parte, los dioses o valores compartidos por la sociedad civil, entre 1986 y 1989, como salvar la autonomía de la CSS, garantizar la estabilidad de los funcionarios y el respeto a los gremios, desconocer la deuda pública como tributo a la corrupción y convocar a una constituyente dirigida a institucionalizar un estado democrático de derecho, catapultaron a la oposición anti PRD para desmilitarizar la sociedad y frenar el continuismo de las Fuerzas de Defensa (policía, armada, militares de frontera). Estados Unidos olió la descomposición del país y se aprovechó de la autorización del Tratado de Neutralidad para invadir Panamá.
Ya es hora –van cinco años– para que el Presidente aprenda de sus errores y vicios políticos. El poder mediático y empresarial de que goza actualmente no es lo suficientemente fuerte para transformarlo en Presidente por siempre. El poder mediático puede en horas satanizarlo como hizo, poco a poco, con Noriega. La práctica deportiva del Presidente de ponerse a pelear con los jefes de la oposición, expresidentes, periodistas, empresarios y antiguos procuradores y contralores no es lo mismo que seguir abusando de la paciencia de los gremios y de los profesionales. El derrumbe del torrijismo empezó en 1979 cuando gremios, profesionales y cierto sector empresarial dijeron basta a la reforma educativa de culto a la personalidad.
Toda la década de 1980 fue una lenta y constante movilización popular y gremial hasta que Estados Unidos tuvo que salvar la institucionalización de lo que hoy es la Policía, el Senan y Senafront y el Ministerio de Seguridad, astutamente utilizado por el actual jefe de Estado. El último jefe de Estado panameño fue el malogrado Omar Efraín Torrijos Herrera.
En esto radica la ingenua insensatez del Presidente Martinelli. Pensar y, sobre todo, creer que con millones, amenazas y represión la consigna “Gobierno Nacional–Martinelli Presidente” podrá repetir en mayo de 2014. Decir que la huelga –más bien trabajo a desgano– de docentes, médicos y profesionales es un asunto político, no es falso sino por el contrario, totalmente válido a nivel político. El problema es que la oposición no se atreve a manejarse políticamente frente a la huelga de los trabajadores de la salud. Política es garantizar un servicio público tan esencial como la salud. El responsable de garantizar el servicio de salud no es el médico, sino el Gobierno de turno. El profesional asalariado cumple con una actividad laboral y recibe una contraprestación. Esta contraprestación está en manos del Estado. Si el gobierno presidencial decide pelearse con los profesionales, despedirlos y contratar médicos y enfermeras, laboratoristas y auxiliares es porque cree que al final, políticamente, obtendrá dividendos para su partido y sus candidatos. Frente a este tipo de enfrentamiento, el actual presidente de la República debe considerarse impedido para resolver esta crisis de salud, que no es la primera que ocasiona. En su momento, fue destituido como director de la CSS. Ahora, se cuenta con un vicepresidente de la República que puede asumir la responsabilidad de resolver la crisis. El director de la CSS y el ministro deben ser sustituidos por incompetentes y las nuevas autoridades de salud deben solicitar a la Asamblea Nacional que reinicie los debates para obtener en los próximos meses un nuevo Código Sanitario y una CSS que no pueda publicitar la consigna “gobierno nacional, Martinelli ...”. ¡Ahora o nunca, señor Presidente, actúe con sensatez!
http://impresa.prensa.com/opinion/Clientelismo-insensatez-Roberto-Arosemena-Jaen_0_3769873004.html
El Presidente de la República falla por exceso de ingenuidad en su actuar político. Ha vuelto a revivir los demonios y los dioses olvidados de la reacción antimilitarista de finales del gobierno norieguista. La ingenuidad es propia de los gobernantes a punto de desmoronarse.
El demonio de la autocracia prolongada que llevó a las masas electorales a identificarse con el triunvirato arnulfista, democristiano y Molirena, puede reactualizarse entre los independientes, los profesionales y el PRD, panameñismo y FAD contra el CD. En 1989, no le fue difícil al electorado independiente y profesional votar por Endara, Arias y Ford. ¿Qué sucederá en 2014?
De otra parte, los dioses o valores compartidos por la sociedad civil, entre 1986 y 1989, como salvar la autonomía de la CSS, garantizar la estabilidad de los funcionarios y el respeto a los gremios, desconocer la deuda pública como tributo a la corrupción y convocar a una constituyente dirigida a institucionalizar un estado democrático de derecho, catapultaron a la oposición anti PRD para desmilitarizar la sociedad y frenar el continuismo de las Fuerzas de Defensa (policía, armada, militares de frontera). Estados Unidos olió la descomposición del país y se aprovechó de la autorización del Tratado de Neutralidad para invadir Panamá.
Ya es hora –van cinco años– para que el Presidente aprenda de sus errores y vicios políticos. El poder mediático y empresarial de que goza actualmente no es lo suficientemente fuerte para transformarlo en Presidente por siempre. El poder mediático puede en horas satanizarlo como hizo, poco a poco, con Noriega. La práctica deportiva del Presidente de ponerse a pelear con los jefes de la oposición, expresidentes, periodistas, empresarios y antiguos procuradores y contralores no es lo mismo que seguir abusando de la paciencia de los gremios y de los profesionales. El derrumbe del torrijismo empezó en 1979 cuando gremios, profesionales y cierto sector empresarial dijeron basta a la reforma educativa de culto a la personalidad.
Toda la década de 1980 fue una lenta y constante movilización popular y gremial hasta que Estados Unidos tuvo que salvar la institucionalización de lo que hoy es la Policía, el Senan y Senafront y el Ministerio de Seguridad, astutamente utilizado por el actual jefe de Estado. El último jefe de Estado panameño fue el malogrado Omar Efraín Torrijos Herrera.
En esto radica la ingenua insensatez del Presidente Martinelli. Pensar y, sobre todo, creer que con millones, amenazas y represión la consigna “Gobierno Nacional–Martinelli Presidente” podrá repetir en mayo de 2014. Decir que la huelga –más bien trabajo a desgano– de docentes, médicos y profesionales es un asunto político, no es falso sino por el contrario, totalmente válido a nivel político. El problema es que la oposición no se atreve a manejarse políticamente frente a la huelga de los trabajadores de la salud. Política es garantizar un servicio público tan esencial como la salud. El responsable de garantizar el servicio de salud no es el médico, sino el Gobierno de turno. El profesional asalariado cumple con una actividad laboral y recibe una contraprestación. Esta contraprestación está en manos del Estado. Si el gobierno presidencial decide pelearse con los profesionales, despedirlos y contratar médicos y enfermeras, laboratoristas y auxiliares es porque cree que al final, políticamente, obtendrá dividendos para su partido y sus candidatos. Frente a este tipo de enfrentamiento, el actual presidente de la República debe considerarse impedido para resolver esta crisis de salud, que no es la primera que ocasiona. En su momento, fue destituido como director de la CSS. Ahora, se cuenta con un vicepresidente de la República que puede asumir la responsabilidad de resolver la crisis. El director de la CSS y el ministro deben ser sustituidos por incompetentes y las nuevas autoridades de salud deben solicitar a la Asamblea Nacional que reinicie los debates para obtener en los próximos meses un nuevo Código Sanitario y una CSS que no pueda publicitar la consigna “gobierno nacional, Martinelli ...”. ¡Ahora o nunca, señor Presidente, actúe con sensatez!
http://impresa.prensa.com/opinion/Clientelismo-insensatez-Roberto-Arosemena-Jaen_0_3769873004.html
sábado, 7 de septiembre de 2013
El subsuelo de la opulencia
Pedro Luis Prados
La naturaleza nos ofrece enseñanzas tan sencillas y prácticas que por obstinación racionalista o por indiferencia no aprendemos, pero han sido las lecciones que llevaron a la humanidad de la horda a la civilización en una carrera milenaria que ahora parece tomar camino de regreso. Todas las civilizaciones agrarias comprendieron que la generosidad de las cosechas y la calidad de los frutos dependía de la riqueza del subsuelo, la abundancia del agua y la variedad de los nutrientes, y a esa comprensión se debió el desarrollo de las grandes civilizaciones en China, India, Mesoamérica, Mesopotamia y Egipto, cuyos reductos forman parte del patrimonio de la humanidad.
En la actualidad, una lógica perversa domina los criterios que definen la riqueza de un país o su capacidad de crecimiento. Desde lejos, en oficinas refrigeradas y sin haber pisado las calles y campiñas de los países en referencia, los analistas de las finanzas realizan cálculos macroeconómicos para determinar el producto interno bruto, comparan estadísticas de mercado y producción, sacan la matriz del monto de la inversión con la propensión al consumo, y de golpe, con una vara mágica, sancionan como en un concurso de belleza cuáles son los países más ricos y cuáles los más pobres, sin considerar otros factores, como es el impacto de esa riqueza en la calidad de vida de sus habitantes o el sacrificio futuro que costará esa abundancia; o lo que es peor, sin asomarse siquiera al subsuelo de esa opulencia.
La buena noticia –aplaudida por comerciantes, banqueros e industriales– de que ocupamos el segundo lugar entre los países más ricos de la región y la agorera premonición de políticos y comunicadores oficiosos sobre nuestro inminente ingreso al Primer Mundo, no solo ha provocado sonrisas maliciosas en el grueso de la población, sino que ha obligado a miles de panameños a pisar tierra y observar el suelo que sustenta esa promisoria anunciación para descubrir lo que ocultan los grandes edificios y las megaconstrucciones.
La primera reacción es subirnos a la baqueta más alta o buscar el hidrante más próximo para escapar de las aguas excretas que en democrática materialización se esparcen en El Chorrillo, Calidonia, Curundú, Pueblo Nuevo o los insulares barrios colonenses, hasta extender sus caldos a exclusivas áreas como Punta Pacífica y Paitilla. Pestilentes y abundantes se esparcen por jardines, calles y patios sin discriminar en qué barraca o mansión ha tomado sitial la riqueza que nos catapulta hacia el mundo de los privilegiados. Pero la sorpresa no se detiene en las hídricas sustancias, y de salto en salto avanzamos para eludir las fracturas de calles y aceras o esquivar los drenajes cuyas tapas han servido de fuente de ingreso a algún indigente o algún trabajo inconcluso de ocasional contratista.
Pero secretos más tenebrosos esconde el subsuelo de la opulencia. Maquinaciones y subterfugios legales son el entramado para la transferencia y permuta de tierras que permitan la expansión de la nueva Babilonia en detrimento de parques naturales, reservas ecológicas, sitios históricos o inmuebles icónicos. Convertida en deidad sibarítica, demanda nuevos palacios y templos con los cuales mostrar su rostro de felicidad a los embobados habitantes del reino, y para eso es necesario arrastrar todo lo que se interponga a su geofagosis insaciable.
La nueva deidad requiere, por su propia naturaleza, recursos minerales que sirvan de exponentes a su nueva condición mitológica, y para ello exige tierras, aguas, selvas y toda sustancia que pueda encontrar en el subsuelo capaz de contribuir a la riqueza anunciada en los tabloides financieros. Para ello devasta, estraga y contamina lo que encuentre a su paso sin importar las comunidades de tradicional asiento, los ecosistemas naturales o la compensación climática planetaria, pues en su lucha por lograr el primer lugar, como en las competencias de gladiadores, todo está permitido. De igual forma, y con la misma dinámica del despojo, se extiende sobre la superficie de playas, llanuras y montañas expulsando a quien encuentre a su paso en busca de suelos para centros vacacionales o ciudadelas exclusivas en donde los ricos de otras latitudes disfruten de la riqueza del nuevo reino.
Pero lo que no aflora en el subsuelo de esa anunciada opulencia que promete un utópico reino de bienestar, repartiendo migajas a unos y otros en piadoso gesto de conmiseración, es el resentimiento por la brecha de desigualdad que produce la riqueza acumulada en manos de unos pocos y los mezquinos mendrugos en las manos de las mayorías. Porque la miseria en casa de pobres, en donde se reparten las carencias con generosidad fraterna, no es causa de desalientos ni rencores; pero no hay nada más humillante, que cause más escarnio y dolor y que acumule más resentimiento en el subsuelo de las conciencias colectivas, que la miseria en casa de ricos.
http://impresa.prensa.com/opinion/subsuelo-opulencia-Pedro-Luis-Prados_0_3748125180.html
La naturaleza nos ofrece enseñanzas tan sencillas y prácticas que por obstinación racionalista o por indiferencia no aprendemos, pero han sido las lecciones que llevaron a la humanidad de la horda a la civilización en una carrera milenaria que ahora parece tomar camino de regreso. Todas las civilizaciones agrarias comprendieron que la generosidad de las cosechas y la calidad de los frutos dependía de la riqueza del subsuelo, la abundancia del agua y la variedad de los nutrientes, y a esa comprensión se debió el desarrollo de las grandes civilizaciones en China, India, Mesoamérica, Mesopotamia y Egipto, cuyos reductos forman parte del patrimonio de la humanidad.
En la actualidad, una lógica perversa domina los criterios que definen la riqueza de un país o su capacidad de crecimiento. Desde lejos, en oficinas refrigeradas y sin haber pisado las calles y campiñas de los países en referencia, los analistas de las finanzas realizan cálculos macroeconómicos para determinar el producto interno bruto, comparan estadísticas de mercado y producción, sacan la matriz del monto de la inversión con la propensión al consumo, y de golpe, con una vara mágica, sancionan como en un concurso de belleza cuáles son los países más ricos y cuáles los más pobres, sin considerar otros factores, como es el impacto de esa riqueza en la calidad de vida de sus habitantes o el sacrificio futuro que costará esa abundancia; o lo que es peor, sin asomarse siquiera al subsuelo de esa opulencia.
La buena noticia –aplaudida por comerciantes, banqueros e industriales– de que ocupamos el segundo lugar entre los países más ricos de la región y la agorera premonición de políticos y comunicadores oficiosos sobre nuestro inminente ingreso al Primer Mundo, no solo ha provocado sonrisas maliciosas en el grueso de la población, sino que ha obligado a miles de panameños a pisar tierra y observar el suelo que sustenta esa promisoria anunciación para descubrir lo que ocultan los grandes edificios y las megaconstrucciones.
La primera reacción es subirnos a la baqueta más alta o buscar el hidrante más próximo para escapar de las aguas excretas que en democrática materialización se esparcen en El Chorrillo, Calidonia, Curundú, Pueblo Nuevo o los insulares barrios colonenses, hasta extender sus caldos a exclusivas áreas como Punta Pacífica y Paitilla. Pestilentes y abundantes se esparcen por jardines, calles y patios sin discriminar en qué barraca o mansión ha tomado sitial la riqueza que nos catapulta hacia el mundo de los privilegiados. Pero la sorpresa no se detiene en las hídricas sustancias, y de salto en salto avanzamos para eludir las fracturas de calles y aceras o esquivar los drenajes cuyas tapas han servido de fuente de ingreso a algún indigente o algún trabajo inconcluso de ocasional contratista.
Pero secretos más tenebrosos esconde el subsuelo de la opulencia. Maquinaciones y subterfugios legales son el entramado para la transferencia y permuta de tierras que permitan la expansión de la nueva Babilonia en detrimento de parques naturales, reservas ecológicas, sitios históricos o inmuebles icónicos. Convertida en deidad sibarítica, demanda nuevos palacios y templos con los cuales mostrar su rostro de felicidad a los embobados habitantes del reino, y para eso es necesario arrastrar todo lo que se interponga a su geofagosis insaciable.
La nueva deidad requiere, por su propia naturaleza, recursos minerales que sirvan de exponentes a su nueva condición mitológica, y para ello exige tierras, aguas, selvas y toda sustancia que pueda encontrar en el subsuelo capaz de contribuir a la riqueza anunciada en los tabloides financieros. Para ello devasta, estraga y contamina lo que encuentre a su paso sin importar las comunidades de tradicional asiento, los ecosistemas naturales o la compensación climática planetaria, pues en su lucha por lograr el primer lugar, como en las competencias de gladiadores, todo está permitido. De igual forma, y con la misma dinámica del despojo, se extiende sobre la superficie de playas, llanuras y montañas expulsando a quien encuentre a su paso en busca de suelos para centros vacacionales o ciudadelas exclusivas en donde los ricos de otras latitudes disfruten de la riqueza del nuevo reino.
Pero lo que no aflora en el subsuelo de esa anunciada opulencia que promete un utópico reino de bienestar, repartiendo migajas a unos y otros en piadoso gesto de conmiseración, es el resentimiento por la brecha de desigualdad que produce la riqueza acumulada en manos de unos pocos y los mezquinos mendrugos en las manos de las mayorías. Porque la miseria en casa de pobres, en donde se reparten las carencias con generosidad fraterna, no es causa de desalientos ni rencores; pero no hay nada más humillante, que cause más escarnio y dolor y que acumule más resentimiento en el subsuelo de las conciencias colectivas, que la miseria en casa de ricos.
http://impresa.prensa.com/opinion/subsuelo-opulencia-Pedro-Luis-Prados_0_3748125180.html
viernes, 6 de septiembre de 2013
Ministros de culto y cargos públicos
Francisco Díaz Montilla
Según el artículo 45 de la Constitución, “Los ministros de los cultos religiosos, además de las funciones inherentes a su misión, solo pueden ejercer los cargos públicos que se relacionen con la asistencia social, la educación o la investigación científica”.
El pasaje es claro con respecto a que los ministros de culto no pueden ser elegidos. No obstante, hay que tener presente que ejercer un cargo público y postularse a través de un partido o una candidatura independiente para representante, alcalde, diputado o Presidente de la República denota estados distintos. Mientras que el primero es constitucionalmente imposible, el segundo no lo es, pues que un individuo (un ministro de culto) se postule como candidato para un cargo público no implica necesariamente que lo vaya a ejercer; y siendo favorecido en las urnas, podría perfectamente renunciar al ministerio para desempeñar el cargo público, en consonancia con la disposición constitucional.
La pregunta, por lo tanto, no es si los ministros de culto pueden ejercer cargos públicos, sino si pueden ser postulados por partidos políticos o mediante candidaturas independientes, y si pueden tomar parte a favor de candidatos específicos.
Sobre esto, la Constitución no es tan clara como se pudiera pensar, aunque razonando a fortiori y considerando los fundamentos liberales del Estado panameño, se podría argumentar que no.
Esta posibilidad, sin embargo, es asunto de interpretación constitucional; aunque sobre esta materia, los antecedentes ayudan muy poco.
En fallo de 7 de marzo de 2008, la Corte en pleno analizó la demanda de inconstitucionalidad contra la admisión, por parte del Tribunal Electoral, de la postulación de un reconocido reverendo evangélico que aspiraba a una curul en el circuito 8-9, en las elecciones del 2 de mayo de 2004. Dado que el reverendo en cuestión no resultó elegido, el pleno determinó que se había dado el fenómeno de sustracción de materia, razón por la cual no se analizó el fondo del asunto. De modo tal que no está claro si el Tribunal Electoral puede negarse a admitir postulaciones de ministros de culto ni si les está prohibido a estos participar en actos proselitistas.
El derecho comparado ofrece, sobre este tema, disposiciones clarísimas que debiéramos considerar para tener una idea de la magnitud del problema.
La Constitución mexicana, por ejemplo, establece en el literal d del artículo 130: “En los términos de la ley reglamentaria, los ministros de cultos no podrán desempeñar cargos públicos. Como ciudadanos tendrán derecho a votar, pero no a ser votados. Quienes hubieren dejado de ser ministros de cultos con la anticipación y en la forma que establezca la ley, podrán ser votados”. En este caso, el artículo 14 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Cultos Públicos de dicho país establece un periodo de seis meses hasta cinco años, según el cargo, antes del día de la elección o de la aceptación del cargo respectivo.
A lo anterior, el literal e del citado artículo constitucional mexicano agrega: “Los ministros no podrán asociarse con fines políticos ni realizar proselitismo a favor o en contra de candidato, partido o asociación política alguna...”.
Tal vez es necesario implementar una ley sobre asociaciones religiosas y cultos públicos que desarrolle el contenido del artículo 45, pues están en juego principios en que se fundamenta el Estado panameño.
http://impresa.prensa.com/opinion/Ministros-publicos-Francisco-Diaz-Montilla_0_3747375264.html
Según el artículo 45 de la Constitución, “Los ministros de los cultos religiosos, además de las funciones inherentes a su misión, solo pueden ejercer los cargos públicos que se relacionen con la asistencia social, la educación o la investigación científica”.
El pasaje es claro con respecto a que los ministros de culto no pueden ser elegidos. No obstante, hay que tener presente que ejercer un cargo público y postularse a través de un partido o una candidatura independiente para representante, alcalde, diputado o Presidente de la República denota estados distintos. Mientras que el primero es constitucionalmente imposible, el segundo no lo es, pues que un individuo (un ministro de culto) se postule como candidato para un cargo público no implica necesariamente que lo vaya a ejercer; y siendo favorecido en las urnas, podría perfectamente renunciar al ministerio para desempeñar el cargo público, en consonancia con la disposición constitucional.
La pregunta, por lo tanto, no es si los ministros de culto pueden ejercer cargos públicos, sino si pueden ser postulados por partidos políticos o mediante candidaturas independientes, y si pueden tomar parte a favor de candidatos específicos.
Sobre esto, la Constitución no es tan clara como se pudiera pensar, aunque razonando a fortiori y considerando los fundamentos liberales del Estado panameño, se podría argumentar que no.
Esta posibilidad, sin embargo, es asunto de interpretación constitucional; aunque sobre esta materia, los antecedentes ayudan muy poco.
En fallo de 7 de marzo de 2008, la Corte en pleno analizó la demanda de inconstitucionalidad contra la admisión, por parte del Tribunal Electoral, de la postulación de un reconocido reverendo evangélico que aspiraba a una curul en el circuito 8-9, en las elecciones del 2 de mayo de 2004. Dado que el reverendo en cuestión no resultó elegido, el pleno determinó que se había dado el fenómeno de sustracción de materia, razón por la cual no se analizó el fondo del asunto. De modo tal que no está claro si el Tribunal Electoral puede negarse a admitir postulaciones de ministros de culto ni si les está prohibido a estos participar en actos proselitistas.
El derecho comparado ofrece, sobre este tema, disposiciones clarísimas que debiéramos considerar para tener una idea de la magnitud del problema.
La Constitución mexicana, por ejemplo, establece en el literal d del artículo 130: “En los términos de la ley reglamentaria, los ministros de cultos no podrán desempeñar cargos públicos. Como ciudadanos tendrán derecho a votar, pero no a ser votados. Quienes hubieren dejado de ser ministros de cultos con la anticipación y en la forma que establezca la ley, podrán ser votados”. En este caso, el artículo 14 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Cultos Públicos de dicho país establece un periodo de seis meses hasta cinco años, según el cargo, antes del día de la elección o de la aceptación del cargo respectivo.
A lo anterior, el literal e del citado artículo constitucional mexicano agrega: “Los ministros no podrán asociarse con fines políticos ni realizar proselitismo a favor o en contra de candidato, partido o asociación política alguna...”.
Tal vez es necesario implementar una ley sobre asociaciones religiosas y cultos públicos que desarrolle el contenido del artículo 45, pues están en juego principios en que se fundamenta el Estado panameño.
http://impresa.prensa.com/opinion/Ministros-publicos-Francisco-Diaz-Montilla_0_3747375264.html
martes, 6 de agosto de 2013
Agricultura y canasta básica
Francisco Díaz Montilla
Pareciera que los objetivos de la Ley 25 de 2001, que dicta disposiciones sobre la política nacional para la transformación agropecuaria y su ejecución, distan de haberse realizado.
Durante los últimos 10 años en Panamá se han dejado de cultivar 70 mil 687 hectáreas. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) de la Contraloría General de la República, en un producto tan sensitivo como el arroz, la superficie sembrada pasó de 111 mil 900 hectáreas, entre el año 2009 y 2010, a 98 mil 380, entre 2012 y 2013.
Esta reducción en la superficie de cultivo ha implicado una merma en la cosecha en esos años que asciende al 17%.
Paralelo a lo anterior, la importación de alimentos ha tenido un incremento de 25% en los últimos cinco años. El escenario, pues, es simple: destinamos menos superficie a la producción agrícola e incrementamos las importaciones.
Hay quienes argumentan que la reducción del área de cultivo obedece a las presiones que sobre los productores imponen las importaciones, estas hacen que sus actividades sean poco rentables. Es más, las importaciones se suelen justificar bajo el argumento de que son beneficiosas para los consumidores, pues reducen los precios. Pero, paradójicamente, el estado de cosas es otro: pese a las importaciones (y los tratados de libre comercio), los consumidores pagan cada vez más.
De acuerdo con datos del INEC, el índice de precios al consumidor tuvo un incremento de 4.1% en junio con respecto a mayo de 2013. No es casual, entonces, que las distintas encuestas identifiquen el costo de la canasta básica como el problema más importante que requiere ser atendido. Pero en el escenario actual, es improbable que ese problema sea resuelto por algún político.
¿Qué alternativas explorar?
Se ha dicho en diversas ocasiones que el agro panameño está olvidado y que hay que incentivarlo y protegerlo. No está claro, sin embargo, que se trate meramente de un asunto de incentivos y protección.
Si el lector se diera a la tarea de revisar la legislación en materia agropecuaria, tal vez se sorprenda por la cantidad de normas existentes sobre ese tema. Es cierto que se han reducido –y en algunos casos eliminado– los aranceles a la importación de muchos productos, pero –con respecto a los productos agropecuarios sensitivos– aun persisten niveles de protección significativos. Ello debiera ser, en sí mismo, un elemento incentivador, pero no lo es (tal vez, nunca lo fue).
Adicional a esto, los productores agrícolas tienen beneficios fiscales que no deben desestimarse, tales como el no pago de renta por ingresos brutos menores de 300 mil dólares, ni de ITBMS cuando los ingresos brutos anuales hayan sido inferiores a 36 mil dólares. Otras ventajas derivan de acceso a créditos blandos (Ley 25 de 2001), programa de garantías para la actividad agrícola (Ley 25 de 2005) e incentivos a la agroexportación (Ley 82 de 2009).
Todos estos incentivos, sin embargo, parecen no tener mayores efectos en el proceso de producción, investigación, innovación y desarrollo agropecuario, en parte porque en dicho sector persisten prácticas atávicas ineficientes.
Mientras esto siga así, difícilmente se podrán realizar transformaciones profundas en el sector agrario, y los consumidores no solo tendrán que consumir productos de baja calidad, sino más caros.
http://www.prensa.com/impreso/opinion/agricultura-y-canasta-basica-francisco-diaz-montilla/196775
Pareciera que los objetivos de la Ley 25 de 2001, que dicta disposiciones sobre la política nacional para la transformación agropecuaria y su ejecución, distan de haberse realizado.
Durante los últimos 10 años en Panamá se han dejado de cultivar 70 mil 687 hectáreas. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) de la Contraloría General de la República, en un producto tan sensitivo como el arroz, la superficie sembrada pasó de 111 mil 900 hectáreas, entre el año 2009 y 2010, a 98 mil 380, entre 2012 y 2013.
Esta reducción en la superficie de cultivo ha implicado una merma en la cosecha en esos años que asciende al 17%.
Paralelo a lo anterior, la importación de alimentos ha tenido un incremento de 25% en los últimos cinco años. El escenario, pues, es simple: destinamos menos superficie a la producción agrícola e incrementamos las importaciones.
Hay quienes argumentan que la reducción del área de cultivo obedece a las presiones que sobre los productores imponen las importaciones, estas hacen que sus actividades sean poco rentables. Es más, las importaciones se suelen justificar bajo el argumento de que son beneficiosas para los consumidores, pues reducen los precios. Pero, paradójicamente, el estado de cosas es otro: pese a las importaciones (y los tratados de libre comercio), los consumidores pagan cada vez más.
De acuerdo con datos del INEC, el índice de precios al consumidor tuvo un incremento de 4.1% en junio con respecto a mayo de 2013. No es casual, entonces, que las distintas encuestas identifiquen el costo de la canasta básica como el problema más importante que requiere ser atendido. Pero en el escenario actual, es improbable que ese problema sea resuelto por algún político.
¿Qué alternativas explorar?
Se ha dicho en diversas ocasiones que el agro panameño está olvidado y que hay que incentivarlo y protegerlo. No está claro, sin embargo, que se trate meramente de un asunto de incentivos y protección.
Si el lector se diera a la tarea de revisar la legislación en materia agropecuaria, tal vez se sorprenda por la cantidad de normas existentes sobre ese tema. Es cierto que se han reducido –y en algunos casos eliminado– los aranceles a la importación de muchos productos, pero –con respecto a los productos agropecuarios sensitivos– aun persisten niveles de protección significativos. Ello debiera ser, en sí mismo, un elemento incentivador, pero no lo es (tal vez, nunca lo fue).
Adicional a esto, los productores agrícolas tienen beneficios fiscales que no deben desestimarse, tales como el no pago de renta por ingresos brutos menores de 300 mil dólares, ni de ITBMS cuando los ingresos brutos anuales hayan sido inferiores a 36 mil dólares. Otras ventajas derivan de acceso a créditos blandos (Ley 25 de 2001), programa de garantías para la actividad agrícola (Ley 25 de 2005) e incentivos a la agroexportación (Ley 82 de 2009).
Todos estos incentivos, sin embargo, parecen no tener mayores efectos en el proceso de producción, investigación, innovación y desarrollo agropecuario, en parte porque en dicho sector persisten prácticas atávicas ineficientes.
Mientras esto siga así, difícilmente se podrán realizar transformaciones profundas en el sector agrario, y los consumidores no solo tendrán que consumir productos de baja calidad, sino más caros.
http://www.prensa.com/impreso/opinion/agricultura-y-canasta-basica-francisco-diaz-montilla/196775
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