Presidente sin mandato

Roberto Arosemena Jaén

Lo que fue el intento de reactualizar la Colombia de 1819 a 1830, aquella que se perdió cuando murió Bolívar y los generales se tomaron el poder, ha sido un fracaso. Bastó que Hugo Chávez dejase un sucesor para ser elegido democrática y constitucionalmente Presidente de Venezuela, a partir de situaciones emergentes, para que las pasiones de ese ejército venezolano que tuvo a su primer general Páez como árbitro por cuatro décadas, desencadenase una ficción de gobierno “bolivariano”.

Lo lamentable fue la falta de perspicacia del astuto comandante que prefirió al bonachón de Nicolás Maduro antes que al halcón de Diosdado Cabello. Lo que suceda en Venezuela será responsabilidad del “chavismo sin Chávez” y más aún contra Chávez. Da lo mismo, Chávez, por el momento, no tiene mandato.

Me llama la atención no el surgimiento de la Venezuela de Páez sino la incapacidad de la oposición de llegar a un entendimiento con Maduro, a pesar del mismo Maduro. Es el candidato del comandante sobrevenido, es decir, imposibilitado para tomar posesión en un futuro cercano y breve. Noventa días de licencia temporal a un presidente sin mandato es un absurdo que no favorece ni al pueblo ni a las instituciones públicas venezolanas y mucho menos a los compañeros bolivarianos como Correa y Evo Morales. Es abrir la puerta a los arribistas y oportunistas de la política criolla.

El rotundo fracaso del proyecto de Bolívar que enarboló Chávez y que entusiasmó a los países bolivarianos, con excepción de la Nueva Granada de Santos y el Panamá de Martinelli, colapsará inexorablemente en los próximos días. No se vislumbra ningún liderazgo democrático dentro de las filas del chavismo contra Chávez y de la oposición sin Chávez como enemigo visible.

En la actual situación hay que empezar a tirar puentes para una transición democrática sumamente frágil y delicada ante la presencia de un evanescente caudillo ausente.

Se habla del milagro de la recuperación de Chávez, pero ya no se trata de la vida del Presidente que podrá tomar o no posesión en su momento, se trata del mandato del comandante Hugo Chávez que desconoció a Diosdado Cabello para que los venezolanos y el ejército venezolano apostasen por Nicolás Maduro. Si las cosas sobrevenidas se manejan como asuntos advenidos sin coraje político de los que creen en los procesos democráticos, la Venezuela actual se precipitará en situaciones inmanejables y previsiblemente caóticas.

Una alianza constituyente de los venezolanos, sean seguidores de Maduro, o de Capriles, es impostergable para el aseguramiento de la legitimidad electoral. Las ventanas de la sucesión presidencial en la Venezuela bolivariana tienen que pasar por las urnas antes de que sobrevengan situaciones de hecho insostenibles. No se trata de la retórica de la última batalla del comandante ni el triunfo avasallador del Cid Campeador ahora muerto políticamente. Los seguidores de Páez ya se han quitado la máscara y el argumento central es la imposición de un chavismo antielectoral que quiere posponer, indefinidamente, la toma de posesión sin importarle el vacío de poder y autoridad que está ocasionando.

El silencio actual de Chávez tiene solo el apoyo simbólico de ocho millones de electores y la oposición de otros seis millones igualmente de electores. Cuando el pueblo habló y dejó de hablar en las urnas, el 7 de octubre pasado, no delegó el poder soberano ni en la Asamblea Nacional ni en el Tribunal Supremo. La delegación la tenía y la ejercía el presidente Hugo Chávez, en un país terriblemente presidencialista. Antes de su eventual silencio –sea temporal, sea eterno– habló de nuevas elecciones presidenciales y se sumergió en la batalla por su vida no por su presidencia. El poder constituido venezolano dice otra cosa. Decide actuar imprudentemente y la oposición se deja llevar por gritos de confrontación como si el chavismo, con y sin Chávez, tuviese la misma vocación electoral.

En Venezuela ha sobrevenido, por fuerza mayor, un período de crisis de poder y los beligerantes apartan la vista del ejército deliberante. En estos momentos, perder la razón y el cálculo político deja abandonados a 4 millones de electores en el puño del conflicto y de la intervención de múltiples péndulos externos e internos sin vocación democrática.

http://impresa.prensa.com/opinion/Presidente-mandato-Roberto-Arosemena-Jaen_0_3567393318.html

Constitución y educación religiosa

Francisco Díaz Montilla

La Constitución Nacional reconoce que “la religión católica es la de la mayoría de los panameños” (Art. 35). Tal vez el antecedente más lejano de este enunciado estadístico con rango constitucional sea el artículo 12 de la Constitución de Cádiz, promulgada el 19 de marzo de 1812, que en materia religiosa disponía: “La religión de la Nación española es y será perpetuamente la católica, apostólica, romana, única verdadera. La Nación la protege por leyes sabias y justas, y prohíbe el ejercicio de cualquiera otra”.

A diferencia de la Pepa, la Constitución patria consagra en el artículo citado “la libre profesión de todas las religiones”; no obstante, dispone en el artículo 107 la enseñanza de “la religión católica en las escuelas públicas”. Esta disposición es difícil de conciliar con lo enunciado en el artículo 91: “La educación se basa en la ciencia, utiliza sus métodos, fomenta su crecimiento y difusión y aplica sus resultados...”. En cierta forma, la propensión de los panameños hacia la superstición religiosa, más que al pensamiento racional, tiene en la Carta Magna y en algunas leyes (26 de 2007 y 78 de 2012) un innegable respaldo.

Recientemente, el Ministerio de Educación (Meduca) ha sacado a concurso 2 mil 244 plazas docentes en secundaria. De dichas plazas, 85 (3.78%) son de religión, mientras que 12 (0.53%) son de lógica y filosofía, 8 (0.35%) son de electrónica, 5 (0.22%) son de psicología o relaciones humanas, 35 (1.55%) son de francés, 11 (0.49%) son de electricidad y 18 (0.80%) de laboratorio. Es decir, la sociedad demanda más profesores de religión que de disciplinas técnicas y de otras que propician una postura crítica ante la realidad (social, individual y física).

Qué ganamos exactamente al destinar recursos públicos (más de medio millón de dólares, según los datos aquí analizados) en la enseñanza de la religión católica en los colegios o en la celebración de mitología judeo-cristiana. Pienso que nada positivo. En todo caso, la creencia religiosa es asunto de los individuos y un Estado que se da a la tarea de catequizar desde la escuela entra en una esfera de actuación a todas luces inaceptable. En ese sentido, es importante recordar que la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Art. 12.4) señala que: “Los padres, y en su caso los tutores, tienen derecho a que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”. Mal puede, pues, intervenir el Estado en un asunto que concierne exclusivamente a los padres o tutores. Pero hay algo más delicado en todo esto. En las instancias estatales prima la idea de que el sentido de la moral, e incluso de la ética, está indisolublemente ligado a la religión, al punto de que la moral (y la ética) han de entenderse –y por lo tanto enseñarse– en clave religiosa: la moral es necesariamente religiosa (cristiana). Ello explica por qué en las escuelas es imposible abordar con criterios amplios y no dogmáticos algunas cuestiones sensitivas que afectan a nuestra sociedad.

Es innegable que existe una moral religiosa, pero no menos innegable es que no se puede identificar religión con moral, aunque la Constitución, algunas leyes y Meduca sugieran lo contrario.

http://impresa.prensa.com/opinion/Constitucion-religiosa-Francisco-Diaz-Montilla_0_3531396905.html

Derecho a ser reelegido

Roberto Arosemena Jaén

El ciudadano tiene derecho a elegir a los gobernantes y a ser elegido para dichos cargos, pero además requiere que la Constitución o la ley lo faculte. Así, solo pueden ser elegidos como presidente de la República los que hayan cumplido 35 años. Es decir, el ciudadano con menor edad tiene el derecho humano a ser elegido, pero no está facultado para ello.

El caso de la reelección no se aplica al ciudadano en general, sino al individuo que ya haya sido elegido por estar facultado a serlo constitucionalmente.

De allí que la facultad para poder ser reelegido es materia propia de la Constitución. Si la Constitución prohíbe la reelección no se viola ningún derecho humano, si lo permite, sí violenta el derecho del ciudadano común y corriente, facultado por la Constitución, a ser elegido por primera vez, presidente de la República.

Es el clamor que cierto sector de la ciudadanía está levantando en contra de la reelección indefinida de los, hoy diputados, ayer legisladores. Claro que el diputado que se reelige tiene más ventajas que el que por primera vez ejerce su derecho humano a postularse.

Regresando a la reelección del actual ciudadano presidente es, o debería ser, un caso cerrado, dado su compromiso notariado de que no desea ni aspira a una reelección. No obstante, es un caso abierto, por razón de la insistente propaganda de “Martinelli presidente” y de “su excelente gestión de gobierno”. A esto se añade la posibilidad de que su partido lo postule y lo obligue a aceptar la reelección, porque “las obras” de su gobierno deben ser terminadas y concluidas.

 Ante una postulación de Cambio Democrático y Molirena, o ante la postulación inédita de los independientes por Martinelli –nada legal impide que sea postulado como independiente– la sociedad panameña se vería en una crisis política de impredecibles consecuencias. El hecho cumplido es la postulación para ser reelegido y este hecho será impugnado ante el Tribunal Electoral, en primera instancia, luego ante la Corte Suprema de Justicia y finalmente, ante los organismos internacionales. El resultado no sería el de la Corte Constitucional de la actual Colombia que le negó a Uribe la reelección por tercera vez, sino la de la autocrática –monárquica– Nicaragua que configuró el derecho humano de elegir y ser elegido en la facultad constitucional de la reelección indefinida.

Flaco favor se le haría a la comunidad nacional la opción de la postulación para la reelección del actual presidente que ya sus alabarderos quieren reducir a la condición de un ciudadano cualquiera. Yo, como ciudadano cualquiera, y ustedes, tenemos que hacernos respetar en base a la dignidad humana que nos atribuimos por ser ciudadanos y miembros de la familia humana. El Presidente de la República y los demás funcionarios, con mando y jurisdicción, cuentan con el poder del Estado para tomar las decisiones que le faculta la ley. Ni nada más ni nada menos. Acudir a los derechos humanos de segunda generación para llevarse y manipular las prerrogativas de los ciudadanos comunes y corrientes, además de ser un escándalo público y político, es degradar la condición humana y violar dolosamente el artículo 30 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: Nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona (al Presidente por ejemplo), para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración.

No es admisible que se le atribuya el derecho humano a reelegirse, despojando al ciudadano común y facultado por la Constitución, a ser elegido, una vez, para presidente de la República.

http://impresa.prensa.com/opinion/Derecho-reelegido-Roberto-Arosemena-Jaen_0_3510399025.html

Escritos de Lógica y Filosofía

Francisco Díaz Montilla

Hace dieciocho años un reconocido político señalaba en plena campaña política que «este país no necesita filósofos.» En principio se podría pensar que la afirmación pretendía invalidar las aspiraciones presidenciales de Ricardo Arias Calderón, dirigente de la Democracia Cristiana y profesor de filosofía en la Universidad de Panamá y quien –en ese momento– se perfilaba como candidato a la presidencia por dicho partido.

Pero no, la afirmación tenía (tiene) connotaciones más profundas que las de mera consigna de campaña electoral. Es en el fondo la expresión del convencimiento de que el conocimiento teórico o especulativo no aporta nada para la solución de nuestros problemas y que, por ello, la práctica filosófica es no sólo innecesaria, sino que debe marginarse. La idea es que debemos atender a cuestiones prácticas que se traduzcan en beneficios tangibles mediatos o inmediatos. Por ello es preferible el estudio del comercio, la administración, las finanzas y –más recientemente–del turismo y de la informática.

Dieciocho años después, una funcionaria del Ministerio de Educación presentaba como razones para la reducción de las horas semanales del curso de ilosofía en los bachilleratos y para la eliminación del curso de lógica en los bachilleratos en ciencias y en tecnología, que la sociedad panameña «no demanda filósofos». Al fin de cuentas se trata de eso: de ser «prácticos»y de lo que la sociedad demanda, pese a que la ley educativa panameña contempla una serie de fines según los cuales la educación nacional debe tender a algo más, mucho más, que lo meramente práctico o utilitario, y pese al hecho de que las sociedades no siempre demandan lo que necesitan.

En escenarios como estos, la filosofía sale muy mal parada. Pues lo práctico y la demanda apuntan a la utilidad y resulta harto complicado hablar de la utilidad de la filosofía. Sólo tengamos presenta la definición del término «utilidad» según el diccionario de la Real Academia Española: «Cualidad de útil. Provecho, conveniencia, interés o fruto que se saca de algo». Bajo estos elementos, la filosofía no puede ser la estrella cuando de instrucción o formación técnica-vocacional se trata.

Pero la educación es mucho más que instrucción. Como nos dice Ignacio Sotelo (Educación y Democracia, 1996): «es un proceso ya formalizado que transmite en un primer nivel los conocimientos generales (leer, escribir, hablar con propiedad, así como los rudimentos de las ciencias) imprescindibles para desenvolverse en la sociedad y, en un segundo o tercer nivel, los conocimientos específicos para practicar un oficio o profesión. La instrucción concibe al individuo, desde su específica posición social, casi exclusivamente como sujeto laboral». En contraposición a la instrucción, la educación es más compleja, pues «persigue la realización de un tipo ideal de individuo, perfectamente definido. La educación comporta una dimensión normativa y necesita, por tanto, de una escala de valores. No cabe educar sin poseer previamente una visión, más o menos concreta, del modelo de ser humano como paradigma que hay que alcanzar. La educación así entendida presupone una antropología filosófica, una cosmovisión o unas creencias religiosas, que definan el tipo humano que se desea realizar. Aspirar a un determinado tipo de persona, que se define como ejemplar, es lo que diferencia a la educación - un proceso consciente, más o menos institucionalizado, de transmisión de ideales y pautas de conducta- de la socialización y la mera instrucción».

Los ensayos que a continuación presentamos han sido pensados desde la educación y no tanto desde la instrucción y persiguen básicamente mostrar que –contrariamente a la visión de las autoridades educativas– sí existe un espacio para la filosofía en la educación de nuestros estudiantes. Y no sólo eso, sino que bajo el supuesto de que ese espacio que ofrece la filosofía sea dejado en blanco, nada podrá llenarlo, porque no existe sustituto para la filosofía.

Enlace:
https://drive.google.com/file/d/0B9BhKT04jIZ7Y21TT0JHSHg3Wnc/edit?usp=sharing

Lista de ensayos

1. Filosofía en la encrucijada
2. ¿Filosofía para qué?
3. Los jóvenes y la filosofía
4. Tareas pendientes para la filosofía en Panamá
5. ¡Más lógica, menos estupidez!
6. Lenguaje y verdad
7. Todo está sujeto a revisión
8. ¿Debemos enseñar religión en la escuela?
9. Filosofía para niños y la educación como derecho: atendiendo la diversidad en el aula
10. Educación y re-creación
11. No hay sustituto para la filosofía
12. A manera de conclusión

Sobre la inmortalidad

Francisco Díaz Montilla

Se atribuye a Epicuro de Samos, filósofo griego del siglo IV a.e.c, haber dicho  que la muerte es una quimera porque mientras existimos, ella no existe; y cuando ella es, nosotros ya no somos. Quimera o no, desde el punto de vista existencial es un problema radical, objeto de reflexión de literatos, filósofos y teólogos...

http://doxa-filosofica.blogspot.com/2012/08/sobre-la-inmortalidad.html

Los intelectuales “comprometidos” y la economía de libre mercado

Francisco Díaz Montilla

Muchos intelectuales son  implacables críticos del modelo de organización económica  de libre mercado (capitalismo). Esta situación llevó a Robert Nozick  (1938-2002) a preguntarse ¿por qué se oponen los intelectuales al capitalismo? (Socratic Puzzles, 1997).

http://doxa-filosofica.blogspot.com/2012/06/los-intelectuales-comprometidos-y-la.html

Un veto a la nación

Ela Urriola

Muchos de los defensores de la creación del Ministerio de Cultura han visto el veto del Ejecutivo como un freno a la institucionalización de una actividad prioritaria de la sociedad y los sectores involucrados en ella, pero en esa reacción ante lo inmediato han perdido de vista lo medular del hecho. No se ha vetado la creación de un Ministerio de Cultura por razones jurídicas, se ha vetado a la nación por razones viscerales.

Cultura y nación tienen como común denominador la identidad en tanto que una, la primera, sustenta necesariamente la segunda. No entender eso, sencillamente es no comprender la razón política del Estado y mucho menos la razón de ser de un gobierno. La identidad cultural es la carne, el espíritu y único fundamento de la identidad nacional. Son miembros de la misma ecuación que da como resultado el Estado Nacional. Una no puede existir sin la otra, de lo contrario sería demagógica la concepción de una sociedad basada únicamente en imágenes simbólicas o su posición geográfica. Serían hordas ocupando un espacio y enarbolando un cráneo en la punta de una lanza.

La cultura de una nación, utilizando una definición muy simple, son todas las creaciones espirituales, materiales, científicas, técnicas que conforman una sociedad; su forma de vida, sistema de creencias, vestimentas y convicciones políticas; es su pasado, presente y futuro. Desde el sancocho y el arroz con coco hasta las sinfonías dodecafónicas de Roque Cordero; el traje ngäbe y la pollera santeña; la diversidad lingüística y los bailes regionales; la riqueza ecológica y la arquitectura urbana. Esas diversidades étnicas, lingüísticas, históricas y de costumbres terminan sintetizándose en un proyecto compartido que le da forma a la nación, de lo contrario estaríamos en una lucha permanente entre unos y otros. La cultura es un ente vivo que como la corriente de un río se alimenta de afluentes, quebradas, manantiales y depresiones pluviales para crear esa fuerza que lo caracteriza y le da personalidad en los mapas.

Sin cultura no hay nación, y sin nación es imposible concebir la figura jurídica del Estado que concede poderes al gobierno para lograr los fines de la sociedad. Negar la validez institucional de la cultura es ignorar el principio lógico que permite la existencia de los otros, es un salto hacia el pasado que nos lleva de la convivencia democrática a la horda. Del dominio de las instituciones a la ley del más fuerte. La cultura es todo lo que una sociedad ha hecho en su decurso histórico, lo que hace para lograr sus objetivos colectivos y proyecta realizar en un futuro a corto y largo plazo. Es la única forma de engrandecimiento nacional y de pertenencia colectiva.

Es cierto que la cultura se hace en las calles, en las plazas, en los hogares y en los pueblos: hay cultura en un baile congo y en un tamborito; en un bullarengue y en un concierto de la sinfónica; en la pintura de un bus y en el Museo de Arte; en el desierto de Sarigua y en los manglares de la bahía. Está en todas partes, la sentimos y la respiramos a cada momento, pero a esa pulsaciones del quehacer popular es necesario darle un ritmo para que la sociedad entera la viva al unísono y se sienta partícipe de ella, que le dé esa monolítica consistencia del espíritu nacional, y eso solo se logra con un reconocimiento de todos por medio de un organismo cuya institucionalidad garantice el pleno derecho a la creación, participación y disfrute del bien cultural.

La desafortunada decisión del Ejecutivo de vetar la creación del Ministerio de Cultura no es una medida contra el grupo partidista que la llevó al pleno, es un veto a la nación panameña que por encima de los partidos políticos y de los gobiernos de turno se ha sustentado pacientemente haciendo cada cual lo suyo para construir un país. Es una tragedia administrar una nación de la que se desconoce su pasado distante y presente.

La creación de un Ministerio de Cultura no es la idea de un individuo o colectivo político, es una idea y una lucha largamente gestada desde la Dirección de Cultura del Ministerio de Educación, bajo la jefatura de Rogelio Sinán, y que fue la simiente del Instituto Nacional de Cultura, con el cual se han estructurado las bases que deben conducir, por necesidad histórica y razón administrativa, a un ministerio cuya autonomía de acción, recursos y cobertura de servicios contribuya a consolidar ese anhelo de todos los panameños: ¡ser una nación!

http://www.prensa.com/impreso/opinion/un-veto-la-nacion-ela-urriola/100516