Pedro Luis Prados S.
Un desaparecido político nuestro dijo en una ocasión: “la historia se repite en espiral”, no sé si previendo un tercer golpe de Estado o porque leyó algún texto de Nietzsche, anunciando el eterno retorno. Aunque no soy de los que creen en la repetición de los ciclos históricos, por lo atroz que sería revivir algunos de ellos, no deja de asombrarme la similitud de hechos, personajes y consecuencias de algunos eventos que reiteran ominosas experiencias pasadas.
El pasado 14 de mayo se firmó, en la ciudad de Ottawa, el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Panamá y Canadá, que se venía fraguando con el gobierno anterior desde octubre de 2008 y suspendido por las vicisitudes electorales, pero que fue retomado de inmediato por el nuevo gobierno que cerró negociaciones durante la visita de Stephen Harper, primer ministro canadiense, el pasado 11 de mayo. Finalmente, el tratado fue suscrito por los ministros de Comercio de ambos países.
Una de las cosas más inquietantes en la firma de la negociación son las declaraciones del ministro de Comercio canadiense Peter Van Loan, quien señaló: “Algunos de los elementos de protección de las inversiones extranjeras [en el tratado] ayudarán a proyectos mineros”. El ministro canadiense explicó que esos proyectos podrían generar pedidos de equipos mineros y que el TLC permitirá a las empresas canadienses competir con Estados Unidos en un mercado que ha sido tradicionalmente suyo. Por su parte, su homólogo panameño Roberto Henríquez dijo que la llegada “de inversión canadiense a Panamá con seguridad va a crecer de manera explosiva”, principalmente ahora que el país “ha decidido desarrollar una política seria en el sector de la minería, ya que Canadá es el minero del mundo”.
Reitero lo de inquietante, porque no está clara la naturaleza ni la ubicación de esas concesiones mineras, las áreas de afectación, la tecnología a utilizar ni el impacto en el precario ecosistema de un país tan pequeño y limitados recursos como el nuestro. Sabemos, no por información gubernamental, sino por un programa del Grupo Albatros, entidad con respaldo internacional y muy seria en sus investigaciones, que en Panamá hay por el momento 109 solicitudes de explotación minera que alterarían 2 millones 400 mil hectáreas; que se han aprobado hasta el momento nueve de ellas con una afectación de 154 mil hectáreas y que las mismas abarcan el Corredor Biológico Mesoamericano, zona de frágil equilibrio ecológico, al igual que zonas importantes de la región montañosa del Darién, de igual riqueza ambiental.
El rechazo a la minería en otros países del continente debe mantenernos muy alertas sobre su instalación en el país. La experiencia de La Alumbrera, en Argentina, puso a las comunidades en contra de las concesiones a las canadienses Meridian Co. y Río Tinto, S.A.; en Arequipa, Perú; Baja California, México, Esmeralda, Ecuador y, más recientemente, en Santa Cruz Quiché en Guatemala, las comunidades han rechazado con movimientos y consultas populares las minas en sus territorios.
Empresas mineras y petroleras han sido demandadas en los tribunales de Estados Unidos y otros países por la violación a los derechos humanos. Tal es el caso de Chevron en Ecuador, Nigeria y Burma; Río Tinto en Papúa Nueva Guinea; Shell en Nigeria; Freeport McMoran en Indonesia; Drummond Coal en Colombia y Exxon Mobil en Indonesia.
Las empresas extractivas contribuyen directa o indirectamente a la violación de los derechos humanos, cuando no generan, conjuntamente con los gobiernos, procesos de consultas adecuados en las comunidades, las desalojan de las tierras reclamadas por las empresas y contaminan los recursos de las comunidades, como son el agua y la tierra, de los que dependen para su vida.
Ahora que el señor Ricardo Martinelli ha sometido a debate un proyecto de ley que garantiza la consulta popular en las decisiones importantes del Gobierno, sería oportuno que encabece su agenda con una consulta a las comunidades en peligro de afectación, para determinar si estas quieren o no los proyectos. De lo contrario, ese tratado sería una imposición que pasaría de forma expedita en una Asamblea Nacional que, sabemos, toma decisiones unánimes, como otro que ya solo la perversión de la memoria se empeña en recordar en un cíclico retorno y que padecimos casi un siglo.
La espiral de la historia me trae a la memoria una anécdota de triste recordación para el pueblo boliviano sobre el dictador Mariano Melgarejo (1864-1871), según la cual él, deslumbrado por un magnífico caballo blanco obsequiado por el emperador Pedro I del Brasil, tomó una pata del equino, la colocó sobre un mapa de Bolivia y regaló en reciprocidad el área marcada por el casco del animal y, con ello, la región de Acre, de 150 mil km2, un rico yacimiento de gas y carbón mineral, parte de la Amazonia brasileña.
Con la misma celeridad cedió regiones del altiplano a las mineras inglesas, desalojando a sangre y fuego a miles de comunidades indígenas. Sin embargo, como ahora le toca al pueblo y esto no ocurrirá, puedo seguir leyendo mi periódico al revés, como lo hacía el sátrapa del altiplano –que no sabía leer– y responder a quien me haga ver el error como aquel inoportuno soldado del palacio: ¡Carajo, el que sabe leer, lee!
http://impresa.prensa.com/opinion/espiral-historia-minas_0_2853464759.html
Departamento de Filosofía, Facultad de Humanidades, Universidad de Panamá
miércoles, 2 de junio de 2010
sábado, 15 de mayo de 2010
Cogobierno, sociedad civil y democracia
Ela Urriola
El Banco Mundial –organismo que por su cobertura no podemos calificar como sedicioso o antigubernamental– define la sociedad civil como: “… una amplia gama de organizaciones no gubernamentales y sin fines de lucro que están presentes en la vida pública, expresan los intereses y valores de sus miembros y de otros, según consideraciones éticas, culturales, políticas, científicas, religiosas o filantrópicas”.
La finalidad de la misma, lejos de prohijar el paternalismo y la dependencia del Estado, es concebida como medio para que la persona crezca moralmente autónoma, independiente, autogobernada y responsable de su propia vida.
Según Habermas, la sociedad civil posee un núcleo constituido por asociaciones de voluntarios ajenas al Estado y a la economía y abarcan iglesias, agrupaciones productivas, culturales, deportivas, filantrópicas y de debates, medios de comunicación independientes, academias, grupos de ciudadanos, iniciativas populares, organizaciones de género, raza y sexualidad, hasta las asociaciones profesionales, estudiantiles, ambientalistas, al igual que partidos políticos y sindicatos.
Contrario a las opiniones de quienes consideran a la sociedad civil como una molesta creación contemporánea para contrariar las directrices gubernamentales, sus orígenes se remontan al antiguo Imperio Tebano (3000 a.C.), en donde luego de las masivas ceremonias religiosas se debatían problemas agrícolas, comerciales y del gobierno, a pesar de la rígida estratificación social.
El modelo fue perfeccionado en la Atenas del siglo V a.C, donde los ciudadanos reunidos en el Ágora discutían la política de la Ciudad–Estado, y dio origen a la democracia directa, precursora de nuestra democracia representativa.
Sin embargo, la acepción más próxima al concepto contemporáneo se le debe a uno de los padres de la democracia norteamericana, Alexis de Tocqueville, quien en su obra La democracia en América (1835) destaca el papel de la participación ciudadana como garantía en una democracia basada en la cooperación, solidaridad y correspondencia social.
Este planteamiento, que se sobrepone a la sociedad civil contractual (Rousseau, Hobbes, Locke), la sociedad jurídica (Monstesquieu, Kelsen), la sociedad clasista (Marx, Gramsci) sienta el principio de participación y gobierno de mayorías en la política norteamericana que, con altibajos y distorsiones cíclicas, ha regulado la experiencia democrática de aquel país.
Experiencia que algunos políticos y gobernantes nuestros invocan como modelo, pero de la cual solo perciben un destello ignorando la fuerza que la ilumina.
En una democracia participativa y pluralista la iniciativa de organizarse en asociaciones tiene como finalidad redefinir las relaciones entre la sociedad y el Estado, para garantizar la equidad social y la democratización de las instituciones, sin las cuales las actuaciones colectivas no tendrían repercusión y el Gobierno sería un núcleo absorbente de los derechos ciudadanos.
Los derechos de los más humildes, de los trabajadores agrícolas, billeteros, padres de familia y obreros; al igual que los intereses de los empresarios, profesionales y usuarios de los servicios públicos son las semillas que motiva las agrupaciones de la sociedad civil.
Los últimos 50 años han sido decisivos en la expansión de lo que Vaclav Havel, dramaturgo y ex presidente checo, denominó “la sociedad civil fuerte”, aquella que ha rebasado el ámbito de simple autosatisfacción, para convertirse en actora del cambio y rectificaciones de la vida política, tal es el caso de la revolución de terciopelo que se gestó en la plaza más importante de Praga y que acaparó la atención del mundo.
En Estados Unidos las organizaciones cívicas fueron decisivas para acelerar la ley de derechos civiles y ponerle fin a la guerra de Vietnam. En el caso de nuestro país, la Cruzada Civilista fue determinante en la lucha contra la dictadura militar.
El presente es alentador para el crecimiento de la sociedad civil, gracias a la incorporación masiva de los ciudadanos en agrupaciones representativas en todas partes del mundo, conscientes de su derecho y deber de cogobernar debido a que la representatividad no es garantía de equidad social ni democracia institucional.
La manipulación, la cooptación de la oposición política, el control de los órganos del Estado y la experiencia de los totalitarismos de izquierda y derecha que dominaron la escena política del siglo pasado y que rondan golosos en el presente, pesan demasiado en la memoria ciudadana de todos los países.
Actualmente, este cogobierno ejercido desde fuera mediante recursos tradicionales de crítica y reorientación, se expande con la incorporación de nuevas tecnologías y los medios de comunicación y logra alcances inusitados favoreciendo la inclusión de sectores tradicionalmente marginados de la vida política de la nación.
Rechazar el cogobierno con la sociedad civil es cercenar a la ciudadanía organizada –la misma que individualmente ejerció el derecho al sufragio y depositó su confianza en los gobernantes– el legítimo derecho a disentir, solicitar rectificaciones y proponer opciones alternas en las acciones políticas del gobierno.
Por medio de la sociedad civil la masa dispersa y serializada de los individuos en el colectivo social toma forma, se concentra y se convierte en la sustancia misma de la vida democrática, pues en ella –citando a Rousseau– “la voluntad de todos se convierte en la voluntad general”.
Desconocer este logro de las sociedades modernas es dejar abierto el camino a la autocracia y a la más rudimentaria forma de totalitarismo.
http://impresa.prensa.com/opinion/Cogobierno-sociedad-civil-democracia_0_2839966100.html
El Banco Mundial –organismo que por su cobertura no podemos calificar como sedicioso o antigubernamental– define la sociedad civil como: “… una amplia gama de organizaciones no gubernamentales y sin fines de lucro que están presentes en la vida pública, expresan los intereses y valores de sus miembros y de otros, según consideraciones éticas, culturales, políticas, científicas, religiosas o filantrópicas”.
La finalidad de la misma, lejos de prohijar el paternalismo y la dependencia del Estado, es concebida como medio para que la persona crezca moralmente autónoma, independiente, autogobernada y responsable de su propia vida.
Según Habermas, la sociedad civil posee un núcleo constituido por asociaciones de voluntarios ajenas al Estado y a la economía y abarcan iglesias, agrupaciones productivas, culturales, deportivas, filantrópicas y de debates, medios de comunicación independientes, academias, grupos de ciudadanos, iniciativas populares, organizaciones de género, raza y sexualidad, hasta las asociaciones profesionales, estudiantiles, ambientalistas, al igual que partidos políticos y sindicatos.
Contrario a las opiniones de quienes consideran a la sociedad civil como una molesta creación contemporánea para contrariar las directrices gubernamentales, sus orígenes se remontan al antiguo Imperio Tebano (3000 a.C.), en donde luego de las masivas ceremonias religiosas se debatían problemas agrícolas, comerciales y del gobierno, a pesar de la rígida estratificación social.
El modelo fue perfeccionado en la Atenas del siglo V a.C, donde los ciudadanos reunidos en el Ágora discutían la política de la Ciudad–Estado, y dio origen a la democracia directa, precursora de nuestra democracia representativa.
Sin embargo, la acepción más próxima al concepto contemporáneo se le debe a uno de los padres de la democracia norteamericana, Alexis de Tocqueville, quien en su obra La democracia en América (1835) destaca el papel de la participación ciudadana como garantía en una democracia basada en la cooperación, solidaridad y correspondencia social.
Este planteamiento, que se sobrepone a la sociedad civil contractual (Rousseau, Hobbes, Locke), la sociedad jurídica (Monstesquieu, Kelsen), la sociedad clasista (Marx, Gramsci) sienta el principio de participación y gobierno de mayorías en la política norteamericana que, con altibajos y distorsiones cíclicas, ha regulado la experiencia democrática de aquel país.
Experiencia que algunos políticos y gobernantes nuestros invocan como modelo, pero de la cual solo perciben un destello ignorando la fuerza que la ilumina.
En una democracia participativa y pluralista la iniciativa de organizarse en asociaciones tiene como finalidad redefinir las relaciones entre la sociedad y el Estado, para garantizar la equidad social y la democratización de las instituciones, sin las cuales las actuaciones colectivas no tendrían repercusión y el Gobierno sería un núcleo absorbente de los derechos ciudadanos.
Los derechos de los más humildes, de los trabajadores agrícolas, billeteros, padres de familia y obreros; al igual que los intereses de los empresarios, profesionales y usuarios de los servicios públicos son las semillas que motiva las agrupaciones de la sociedad civil.
Los últimos 50 años han sido decisivos en la expansión de lo que Vaclav Havel, dramaturgo y ex presidente checo, denominó “la sociedad civil fuerte”, aquella que ha rebasado el ámbito de simple autosatisfacción, para convertirse en actora del cambio y rectificaciones de la vida política, tal es el caso de la revolución de terciopelo que se gestó en la plaza más importante de Praga y que acaparó la atención del mundo.
En Estados Unidos las organizaciones cívicas fueron decisivas para acelerar la ley de derechos civiles y ponerle fin a la guerra de Vietnam. En el caso de nuestro país, la Cruzada Civilista fue determinante en la lucha contra la dictadura militar.
El presente es alentador para el crecimiento de la sociedad civil, gracias a la incorporación masiva de los ciudadanos en agrupaciones representativas en todas partes del mundo, conscientes de su derecho y deber de cogobernar debido a que la representatividad no es garantía de equidad social ni democracia institucional.
La manipulación, la cooptación de la oposición política, el control de los órganos del Estado y la experiencia de los totalitarismos de izquierda y derecha que dominaron la escena política del siglo pasado y que rondan golosos en el presente, pesan demasiado en la memoria ciudadana de todos los países.
Actualmente, este cogobierno ejercido desde fuera mediante recursos tradicionales de crítica y reorientación, se expande con la incorporación de nuevas tecnologías y los medios de comunicación y logra alcances inusitados favoreciendo la inclusión de sectores tradicionalmente marginados de la vida política de la nación.
Rechazar el cogobierno con la sociedad civil es cercenar a la ciudadanía organizada –la misma que individualmente ejerció el derecho al sufragio y depositó su confianza en los gobernantes– el legítimo derecho a disentir, solicitar rectificaciones y proponer opciones alternas en las acciones políticas del gobierno.
Por medio de la sociedad civil la masa dispersa y serializada de los individuos en el colectivo social toma forma, se concentra y se convierte en la sustancia misma de la vida democrática, pues en ella –citando a Rousseau– “la voluntad de todos se convierte en la voluntad general”.
Desconocer este logro de las sociedades modernas es dejar abierto el camino a la autocracia y a la más rudimentaria forma de totalitarismo.
http://impresa.prensa.com/opinion/Cogobierno-sociedad-civil-democracia_0_2839966100.html
domingo, 11 de abril de 2010
Vuelve el debate sobre la minería
Ela Urriola
“Sueños de oro, corrientes envenenadas”, con este título vio la luz la investigación de Jim Lyons y Carlos de Rosa, publicada por el Centro de Políticas Mineras (Washington, 1997) que ha servido como referente en numerosos debates sobre minería en el continente, obligando a tomar medidas preventivas sobre el tema.
Así, mientras la presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, sanciona una ley prohibiendo la minería –en especial la de cielo abierto, dominante hoy en día por el menor costo de operación– y en Ecuador y Chile los gobiernos hacen los ajustes para prohibir la actividad, el Sr. Ricardo Martinelli proclama a viva voz su disposición de permitirla para incentivar el desarrollo del país.
Lo que por allá no se puede, aquí “sí se puede”. De manera que su ministro de Comercio, por debida obediencia –como en tiempo de los militares– o, por simple “mala fe” –el acto de engañarse a sí mismo para engañar a los demás, (Sartre, 1943)– sale a la palestra televisada promoviendo las bondades del proyecto y la urgencia de modificar el Código de Minería.
Contrario a la minería subterránea, que aprovecha las vetas para extraer mineral de calidad, la de cielo abierto remueve grandes extensiones de la capa superficial para obtener mayor cantidad de material en el subsuelo, pero de inferior calidad.
El uso de grandes maquinarias, cintas transportadoras, tuberías de lavado y uso de explosivos permiten remover montañas enteras en cuestión de horas. El proceso requiere que el yacimiento abarque vastas extensiones y se encuentre cerca de la superficie; como consecuencia, se cavan cráteres gigantescos que pueden llegar a tener más de 150 hectáreas de extensión y 500 metros de profundidad.
Pero el daño no se limita al epicentro de la explotación, lo más afectado es la periferia que puede abarcar miles de kilómetros a la redonda debido a la deforestación, contaminación de aguas, del subsuelo y la degradación general del ecosistema. En los casos de las minas para extracción de oro, como Petaquilla, el uso de la lixiviación con cianuro –procedimiento para lograr la precipitación del oro rociándolo con cianuro (75 gls por pie cúbico de material)– se logra la extracción de un gramo de oro por tonelada de material, contaminando las aguas superficiales y subterráneas, y eliminado toda forma de vida a su alrededor.
Según especialistas en la materia, (Vaughan, Salinas, Elizondo y Kussmaul) luego de investigaciones en Argentina, Chile y Costa Rica, los efectos colaterales más sensibles son: devastación y modificación de la morfología que deja al descubierto grandes cantidades de material estéril; afectación del entorno y pérdida de atracción escénica; contaminación del aire; afectación de las aguas superficiales y subterráneas; impacto sobre el microclima; afectación de flora y fauna y fauna; contaminación residual del entorno e impacto sobre poblaciones desplazadas por la extensión del proyecto.
El saldo negativo a largo plazo no compensa de ninguna manera los daños por una actividad con una duración estimada de 20 años.
El proyecto minero de Cerro Colorado, utilizado como distractor de opinión durante los debates de los Tratados del Canal, logró su objetivo y luego fue olvidado por razones que nadie pudo explicar. Los yacimientos cupríferos que supuestamente excedían las posibilidades de la mina El Teniente, en Chile, no fueron jamás mencionados y quedó en un limbo hasta el presente, cuando posiblemente sea utilizado real o hipotéticamente para una finalidad gubernamental.
El hecho es que la extracción de cobre, al igual que la de oro u otro mineral, a pesar de utilizar otros purificadores químicos, contaminan y afectan de la misma manera el entorno y la vida humana en todas sus facetas. De manera que el “ahora le toca al pueblo” parece no incluir las comunidades indígenas o campesinas víctimas directas del proyecto, ancestralmente expuestas al exterminio por hambre y enfermedades y que ahora son amenazadas por una moderna forma de genocidio sin necesidad de cámaras de gas: la contaminación.
La premura y entusiasmo con el cual el Sr. Martinelli expresó: “Con mucho gusto la cambiamos (la ley). Yo quiero que el gobierno coreano, junto con accionistas canadienses, norteamericanos y de la bolsa de valores, desarrollen esa mina (yacimiento de cobre de Cerro Colorado en la comarca Ngäbe-Buglé)”, nos trajo del inconsciente un oscuro pasaje de nuestra historia escenificado en una habitación del Waldorf Astoria hace poco más de una centuria y que costó 80 años de sufrimientos. ¿No será que la pandereta por los corredores es para acallar las cascadas de cianuro? Ojalá los inversionistas coreanos nos dejen suficiente cobre para el busto del Sr. Martinelli en alguna plaza de Tolé.
http://mensual.prensa.com/mensual/contenido/2010/04/11/hoy/opinion/2150300.asp
“Sueños de oro, corrientes envenenadas”, con este título vio la luz la investigación de Jim Lyons y Carlos de Rosa, publicada por el Centro de Políticas Mineras (Washington, 1997) que ha servido como referente en numerosos debates sobre minería en el continente, obligando a tomar medidas preventivas sobre el tema.
Así, mientras la presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, sanciona una ley prohibiendo la minería –en especial la de cielo abierto, dominante hoy en día por el menor costo de operación– y en Ecuador y Chile los gobiernos hacen los ajustes para prohibir la actividad, el Sr. Ricardo Martinelli proclama a viva voz su disposición de permitirla para incentivar el desarrollo del país.
Lo que por allá no se puede, aquí “sí se puede”. De manera que su ministro de Comercio, por debida obediencia –como en tiempo de los militares– o, por simple “mala fe” –el acto de engañarse a sí mismo para engañar a los demás, (Sartre, 1943)– sale a la palestra televisada promoviendo las bondades del proyecto y la urgencia de modificar el Código de Minería.
Contrario a la minería subterránea, que aprovecha las vetas para extraer mineral de calidad, la de cielo abierto remueve grandes extensiones de la capa superficial para obtener mayor cantidad de material en el subsuelo, pero de inferior calidad.
El uso de grandes maquinarias, cintas transportadoras, tuberías de lavado y uso de explosivos permiten remover montañas enteras en cuestión de horas. El proceso requiere que el yacimiento abarque vastas extensiones y se encuentre cerca de la superficie; como consecuencia, se cavan cráteres gigantescos que pueden llegar a tener más de 150 hectáreas de extensión y 500 metros de profundidad.
Pero el daño no se limita al epicentro de la explotación, lo más afectado es la periferia que puede abarcar miles de kilómetros a la redonda debido a la deforestación, contaminación de aguas, del subsuelo y la degradación general del ecosistema. En los casos de las minas para extracción de oro, como Petaquilla, el uso de la lixiviación con cianuro –procedimiento para lograr la precipitación del oro rociándolo con cianuro (75 gls por pie cúbico de material)– se logra la extracción de un gramo de oro por tonelada de material, contaminando las aguas superficiales y subterráneas, y eliminado toda forma de vida a su alrededor.
Según especialistas en la materia, (Vaughan, Salinas, Elizondo y Kussmaul) luego de investigaciones en Argentina, Chile y Costa Rica, los efectos colaterales más sensibles son: devastación y modificación de la morfología que deja al descubierto grandes cantidades de material estéril; afectación del entorno y pérdida de atracción escénica; contaminación del aire; afectación de las aguas superficiales y subterráneas; impacto sobre el microclima; afectación de flora y fauna y fauna; contaminación residual del entorno e impacto sobre poblaciones desplazadas por la extensión del proyecto.
El saldo negativo a largo plazo no compensa de ninguna manera los daños por una actividad con una duración estimada de 20 años.
El proyecto minero de Cerro Colorado, utilizado como distractor de opinión durante los debates de los Tratados del Canal, logró su objetivo y luego fue olvidado por razones que nadie pudo explicar. Los yacimientos cupríferos que supuestamente excedían las posibilidades de la mina El Teniente, en Chile, no fueron jamás mencionados y quedó en un limbo hasta el presente, cuando posiblemente sea utilizado real o hipotéticamente para una finalidad gubernamental.
El hecho es que la extracción de cobre, al igual que la de oro u otro mineral, a pesar de utilizar otros purificadores químicos, contaminan y afectan de la misma manera el entorno y la vida humana en todas sus facetas. De manera que el “ahora le toca al pueblo” parece no incluir las comunidades indígenas o campesinas víctimas directas del proyecto, ancestralmente expuestas al exterminio por hambre y enfermedades y que ahora son amenazadas por una moderna forma de genocidio sin necesidad de cámaras de gas: la contaminación.
La premura y entusiasmo con el cual el Sr. Martinelli expresó: “Con mucho gusto la cambiamos (la ley). Yo quiero que el gobierno coreano, junto con accionistas canadienses, norteamericanos y de la bolsa de valores, desarrollen esa mina (yacimiento de cobre de Cerro Colorado en la comarca Ngäbe-Buglé)”, nos trajo del inconsciente un oscuro pasaje de nuestra historia escenificado en una habitación del Waldorf Astoria hace poco más de una centuria y que costó 80 años de sufrimientos. ¿No será que la pandereta por los corredores es para acallar las cascadas de cianuro? Ojalá los inversionistas coreanos nos dejen suficiente cobre para el busto del Sr. Martinelli en alguna plaza de Tolé.
http://mensual.prensa.com/mensual/contenido/2010/04/11/hoy/opinion/2150300.asp
sábado, 10 de abril de 2010
Jerusalén, sitio de paz
Pedro Luis Prados S.
La palabra hebrea Yerushalayim que designa la ciudad procede de las palabras Yeru (casa o sitio) y Shalem (paz), por lo que Jerusalén significaría “sitio o casa de la paz”. El nombre árabe es Al–Quds, “lo sagrado”. Significados paradójicos para un lugar marcado por milenios de violencia y profanaciones bajo banderías de fe o políticas. Poblado hace seis milenios por nómadas semitas se desarrolla lentamente y para el año 3000 a.C., en la Edad de Bronce, los vestigios revelan un emplazamiento amurallado y organizado socialmente. No obstante, la tradición bíblica establece que la ciudad fue fundada por Sem y Eber, ancestros de Abraham.
Habitada durante un milenio por los jebuseos es invadida por los hebreos bajo el mandato de David, rey de Israel y Judá, quien la hace su capital (1004 a.C.); su hijo Salomón construye el Templo para el custodio del Arca de la Alianza y las Tablas de la Ley, introduciendo la religión en el destino de la ciudad. Con la disgregación del reino de David pasa a ser la capital de Judá y por su esplendor es víctima de sucesivas invasiones. Desde el siglo VI al siglo I a.C. es dominada por los asirios (630–597a.C.); babilonios (597–546 a. C) que arrasan la ciudad y destruyen el templo; persas (546–332 a.C.); macedonios (332–312 a.C.); seléucidas (312–130 a.C.) y, luego de un periodo de relativa autonomía, los romanos bajo las órdenes de Pompeyo en el 64 a.C. hasta la disolución del Imperio de Oriente en el siglo VI d.C.
La caída de Roma facilitó la ocupación musulmana por cinco siglos, hasta la Cruzada del papa Urbano II en 1099 para “recuperar los lugares santos”. Las tres cruzadas que se sucedieron hasta el 1244, mostraron la crueldad de las guerras religiosas con matanzas como la de Acre, donde Ricardo Corazón de León ejecutó a casi toda la población. Tras la retirada de Ricardo I en 1187, Saladino retiene la ciudad que se mantuvo bajo dominio musulmán hasta 1517, cuando pasó al control de los turcos con Solimán el Magnífico. En 1917, con la derrota turca en la Primera Guerra pasó a dominación de Inglaterra por mandato de la Sociedad de Naciones.
La partición de Palestina por la ONU (1947) en dos territorios –uno judío y otro árabe– coloca la ciudad bajo control internacional y crea el Estado de Israel lo que aumenta las tensiones y origina el conflicto Árabe–Israelí con una secuela de tres conflictos armados (1948, 1967 y 1973). La amenaza sobre valiosos sitios hizo que la ONU emitiera la Resolución 194 de 1948, que expresa: “… dados los lazos que la vinculan a tres religiones mundiales, la zona de Jerusalén, incluyendo la municipalidad actual de Jerusalén y las aldeas y centros que la rodean, … debe ser objeto de un trato especial y distinto al de las otras regiones… y colocada bajo el control de las Naciones Unidas”. En la Ciudad Vieja están los santuarios más importantes de las tres grandes religiones monoteístas: el Muro de las Lamentaciones del judaísmo, el Monte del Calvario y la Iglesia del Santo Sepulcro del cristianismo y la Mezquita de Umar en la Cúpula de la Roca del islamismo, las cuales comparten una herencia común.
Las guerra de 1948 deja a Jerusalén Oriental bajo mandato jordano y la occidental en control israelí. La derrota en el conflicto de 1967 de la República Árabe Unida culminó con la anexión de la ciudad a Israel. En 1980 es declarada capital del Estado de Israel, mediante la Ley de Unificación (Ley Jerusalén) –con el propósito de disuadir las pretensiones de Palestina de situar su capital en la sección Este y en la Ciudad Vieja. Ante esa iniciativa la ONU emite la Resolución 478 del Consejo de Seguridad –con la abstención de Estados Unidos– que declara la Ley “como una violación del derecho internacional… y supone un obstáculo para el logro de una paz completa, justa y duradera”, y llama a sus miembros para que retiren sus embajadas de la ciudad. Tras una larga polémica jurisdiccional entre Israel, Palestina y Jordania y con la mediación de la ONU, la Ciudad Vieja fue declarada en 1981 Patrimonio de la Humanidad de la Unesco. En 1982 Jordania pide incluirla en la “Lista del Patrimonio de la Humanidad en Peligro”, debido a proyectos urbanísticos de Israel que afectaban el núcleo histórico.
Aseverar que el destino de Jerusalén está ligado a Israel y le corresponde a éste “ser guardián de la capital del mundo”, como señaló el Sr. Martinelli es desconocer la historia y un derrubio diplomático. El pueblo hebreo sólo la tuvo durante 400 años luego de la invasión de David –que la ocupó, no la fundó– y en la actualidad Israel sólo tiene 40 años de controlarla, de la misma manera que el mandato cristiano sólo duró 70 años. De los seis milenios de historia de la ciudad la presencia cristiana e israelí son las más efímeras y tal vez las que menos huellas han dejado en su cultura y mentalidad. Afirmaba Aristóteles que frente a los apasionamientos o intereses, la prudencia es la necesaria virtud del político.
El valor estratégico y las pasiones religiosas han hecho de la historia de la ciudad una zaga de fanatismos y sufrimientos. Es posible que sea un verdadero sitio de paz cuando adquiera carácter de ciudad–Estado y se reconozca su derecho de autonomía ganado por el dolor acumulado; pero también cuando comprendamos que las tres creencias religiosas tienen los mismos orígenes, sus textos relatan los mismos hechos, predican las misma moral, veneran los mismos profetas y sobre todo, ese Dios objeto de adoración con diferentes nombres es el mismo para todos.
http://impresa.prensa.com/opinion/Jerusalen-sitio-paz_0_2813718691.html
La palabra hebrea Yerushalayim que designa la ciudad procede de las palabras Yeru (casa o sitio) y Shalem (paz), por lo que Jerusalén significaría “sitio o casa de la paz”. El nombre árabe es Al–Quds, “lo sagrado”. Significados paradójicos para un lugar marcado por milenios de violencia y profanaciones bajo banderías de fe o políticas. Poblado hace seis milenios por nómadas semitas se desarrolla lentamente y para el año 3000 a.C., en la Edad de Bronce, los vestigios revelan un emplazamiento amurallado y organizado socialmente. No obstante, la tradición bíblica establece que la ciudad fue fundada por Sem y Eber, ancestros de Abraham.
Habitada durante un milenio por los jebuseos es invadida por los hebreos bajo el mandato de David, rey de Israel y Judá, quien la hace su capital (1004 a.C.); su hijo Salomón construye el Templo para el custodio del Arca de la Alianza y las Tablas de la Ley, introduciendo la religión en el destino de la ciudad. Con la disgregación del reino de David pasa a ser la capital de Judá y por su esplendor es víctima de sucesivas invasiones. Desde el siglo VI al siglo I a.C. es dominada por los asirios (630–597a.C.); babilonios (597–546 a. C) que arrasan la ciudad y destruyen el templo; persas (546–332 a.C.); macedonios (332–312 a.C.); seléucidas (312–130 a.C.) y, luego de un periodo de relativa autonomía, los romanos bajo las órdenes de Pompeyo en el 64 a.C. hasta la disolución del Imperio de Oriente en el siglo VI d.C.
La caída de Roma facilitó la ocupación musulmana por cinco siglos, hasta la Cruzada del papa Urbano II en 1099 para “recuperar los lugares santos”. Las tres cruzadas que se sucedieron hasta el 1244, mostraron la crueldad de las guerras religiosas con matanzas como la de Acre, donde Ricardo Corazón de León ejecutó a casi toda la población. Tras la retirada de Ricardo I en 1187, Saladino retiene la ciudad que se mantuvo bajo dominio musulmán hasta 1517, cuando pasó al control de los turcos con Solimán el Magnífico. En 1917, con la derrota turca en la Primera Guerra pasó a dominación de Inglaterra por mandato de la Sociedad de Naciones.
La partición de Palestina por la ONU (1947) en dos territorios –uno judío y otro árabe– coloca la ciudad bajo control internacional y crea el Estado de Israel lo que aumenta las tensiones y origina el conflicto Árabe–Israelí con una secuela de tres conflictos armados (1948, 1967 y 1973). La amenaza sobre valiosos sitios hizo que la ONU emitiera la Resolución 194 de 1948, que expresa: “… dados los lazos que la vinculan a tres religiones mundiales, la zona de Jerusalén, incluyendo la municipalidad actual de Jerusalén y las aldeas y centros que la rodean, … debe ser objeto de un trato especial y distinto al de las otras regiones… y colocada bajo el control de las Naciones Unidas”. En la Ciudad Vieja están los santuarios más importantes de las tres grandes religiones monoteístas: el Muro de las Lamentaciones del judaísmo, el Monte del Calvario y la Iglesia del Santo Sepulcro del cristianismo y la Mezquita de Umar en la Cúpula de la Roca del islamismo, las cuales comparten una herencia común.
Las guerra de 1948 deja a Jerusalén Oriental bajo mandato jordano y la occidental en control israelí. La derrota en el conflicto de 1967 de la República Árabe Unida culminó con la anexión de la ciudad a Israel. En 1980 es declarada capital del Estado de Israel, mediante la Ley de Unificación (Ley Jerusalén) –con el propósito de disuadir las pretensiones de Palestina de situar su capital en la sección Este y en la Ciudad Vieja. Ante esa iniciativa la ONU emite la Resolución 478 del Consejo de Seguridad –con la abstención de Estados Unidos– que declara la Ley “como una violación del derecho internacional… y supone un obstáculo para el logro de una paz completa, justa y duradera”, y llama a sus miembros para que retiren sus embajadas de la ciudad. Tras una larga polémica jurisdiccional entre Israel, Palestina y Jordania y con la mediación de la ONU, la Ciudad Vieja fue declarada en 1981 Patrimonio de la Humanidad de la Unesco. En 1982 Jordania pide incluirla en la “Lista del Patrimonio de la Humanidad en Peligro”, debido a proyectos urbanísticos de Israel que afectaban el núcleo histórico.
Aseverar que el destino de Jerusalén está ligado a Israel y le corresponde a éste “ser guardián de la capital del mundo”, como señaló el Sr. Martinelli es desconocer la historia y un derrubio diplomático. El pueblo hebreo sólo la tuvo durante 400 años luego de la invasión de David –que la ocupó, no la fundó– y en la actualidad Israel sólo tiene 40 años de controlarla, de la misma manera que el mandato cristiano sólo duró 70 años. De los seis milenios de historia de la ciudad la presencia cristiana e israelí son las más efímeras y tal vez las que menos huellas han dejado en su cultura y mentalidad. Afirmaba Aristóteles que frente a los apasionamientos o intereses, la prudencia es la necesaria virtud del político.
El valor estratégico y las pasiones religiosas han hecho de la historia de la ciudad una zaga de fanatismos y sufrimientos. Es posible que sea un verdadero sitio de paz cuando adquiera carácter de ciudad–Estado y se reconozca su derecho de autonomía ganado por el dolor acumulado; pero también cuando comprendamos que las tres creencias religiosas tienen los mismos orígenes, sus textos relatan los mismos hechos, predican las misma moral, veneran los mismos profetas y sobre todo, ese Dios objeto de adoración con diferentes nombres es el mismo para todos.
http://impresa.prensa.com/opinion/Jerusalen-sitio-paz_0_2813718691.html
miércoles, 7 de abril de 2010
Dinero y terror
Roberto Arosemena Jaén
Desde que el dinero anuló el trueque, se empezó a pensar en serio sobre su significado. Personajes influyentes de la primera revolución exitosa de occidente, la norteamericana, pienso en Benjamín Franklin y Barack Obama (1776–2010), le atribuían un papel instrumental, pero sumamente peligroso.
Una especie de demonio que transformaba a los hombres en ambiciosos, pervertidos y prepotentes. Cuando Bush se retiraba por el patio trasero, en el salón principal de la Casa Blanca, se oyeron gritos contra el becerro del dinero. Hoy, Europa exige que los bancos paguen por el costo de asegurar el valor del dinero e, ingenuamente, el Presidente estadounidense vigila la reducción de los ingresos millonarios de los grandes ejecutivos y ha perdido la noción de bosque por la percepción de árbol.
El cristianismo ya había hecho el gran esfuerzo entre Carlo Magno y Napoleón (800 a 1808) de prohibir legalmente el precio del dinero (cobro de intereses por préstamo). Aristóteles afirmaba que el dinero no tenía valor. Valor tienen los bienes que satisfacen necesidades básicas del animal humano.
Marx caracterizaba el sistema del dinero mercancía como la esencia del capitalismo decadente, y Benedicto XVI califica como pecado capital el enriquecimiento excesivo y contribuir al aumento de la brecha entre hambrientos inseguros (pobres) y gente satisfecha y asegurada (ricos con dificultad para meterse en el ojo de la eternidad).
“Poderoso señor es Don Dinero” cantaban los poetas hispánicos e, incluso, los académicos más prestigiosos del mundo de la ética y el derecho actual claman por la necesidad de domesticar ese poder de cambio que enriquece y empobrece.
Organismos internacionales y gobiernos diseñan e inventan convenios para reducir y evitar el “blanqueo de capitales”. Con dificultad se puede distinguir el dinero sucio y el dinero limpio. Dinero es dinero, respaldado por los poderes fácticos de la política y el consumo.
En Panamá también llueve y no escampa. El dinero nos está enredando y sorprendiendo. La reciente recompra de los corredores ha hecho reflotar la duda y el “aventurerismo” financiero del gobierno. Todavía no hemos pagado los peajes, y ya el mercado de bonos corporativos de ICA los está vendiendo a 150 millones devaluados. Ni el dinero fresco de la CSS asegura la viabilidad de esa empresa –ficticia hasta el momento– que será ENA (Empresa Nacional de Autopistas), promovida por el Ministro de Finanzas. Pienso, repentinamente, en la posible empresa que compre la autopista de Panamá-Colón, la cinta costera y toda la red vial y de carreteras de la República.
Pienso en la recompra del tercer juego de exclusas y la colocación en la bolsa de los bonos corporativos del Canal, que cubrirán los peajes por los próximos 30 años (quién me puede garantizar que no será una medida de este gobierno de financistas y banqueros).
El gobierno del cambio está a punto de entregar el transporte metropolitano (Metro Bus) a una empresa que, sin lugar a duda, conocerá toda la letra menuda de ICA y Pycsa; Unión Fenosa y Cable & Wireless; Slim y Oldebrecht. Toda inversión futura multimillonaria –el negocio de la basura lo es a nivel municipal, el metro a nivel nacional– debe ser aprobada en referéndum con el 50% de la participación electoral. No se pueden repetir los plebiscitos del Canal sin partidos y sin democracia, o con menor número que el 50% de los votantes.
Es hora de frenar la impulsividad financiera que se inició irresponsablemente con las privatizaciones y concesiones del gobierno de Ernesto Pérez Balladares, y se recrudeció con la sesión de derechos de los ingresos de los peajes del Canal con el “plebiscitado” Cuarto Juego de Esclusas que realizó el segundo gobierno PRD, con apoyo abierto de Cambio Democrático.
No se puede continuar poniendo en manos de ningún gobierno la riqueza soberana del Estado panameño. Las expectativas de cambio para mejorar, como el decreciente optimismo sobre la gestión financiera del actual gobierno, son apuestas mediáticas que solo interesan a los manipuladores del populismo de una sociedad empobrecida.
Ni PRD ni CD. Apostamos a un Panamá disciplinado y consciente de la crisis financiera que ocupa y preocupa a los mejores cerebros y gobiernos del planeta.
http://impresa.prensa.com/opinion/Dinero-terror_0_2811468983.html
Desde que el dinero anuló el trueque, se empezó a pensar en serio sobre su significado. Personajes influyentes de la primera revolución exitosa de occidente, la norteamericana, pienso en Benjamín Franklin y Barack Obama (1776–2010), le atribuían un papel instrumental, pero sumamente peligroso.
Una especie de demonio que transformaba a los hombres en ambiciosos, pervertidos y prepotentes. Cuando Bush se retiraba por el patio trasero, en el salón principal de la Casa Blanca, se oyeron gritos contra el becerro del dinero. Hoy, Europa exige que los bancos paguen por el costo de asegurar el valor del dinero e, ingenuamente, el Presidente estadounidense vigila la reducción de los ingresos millonarios de los grandes ejecutivos y ha perdido la noción de bosque por la percepción de árbol.
El cristianismo ya había hecho el gran esfuerzo entre Carlo Magno y Napoleón (800 a 1808) de prohibir legalmente el precio del dinero (cobro de intereses por préstamo). Aristóteles afirmaba que el dinero no tenía valor. Valor tienen los bienes que satisfacen necesidades básicas del animal humano.
Marx caracterizaba el sistema del dinero mercancía como la esencia del capitalismo decadente, y Benedicto XVI califica como pecado capital el enriquecimiento excesivo y contribuir al aumento de la brecha entre hambrientos inseguros (pobres) y gente satisfecha y asegurada (ricos con dificultad para meterse en el ojo de la eternidad).
“Poderoso señor es Don Dinero” cantaban los poetas hispánicos e, incluso, los académicos más prestigiosos del mundo de la ética y el derecho actual claman por la necesidad de domesticar ese poder de cambio que enriquece y empobrece.
Organismos internacionales y gobiernos diseñan e inventan convenios para reducir y evitar el “blanqueo de capitales”. Con dificultad se puede distinguir el dinero sucio y el dinero limpio. Dinero es dinero, respaldado por los poderes fácticos de la política y el consumo.
En Panamá también llueve y no escampa. El dinero nos está enredando y sorprendiendo. La reciente recompra de los corredores ha hecho reflotar la duda y el “aventurerismo” financiero del gobierno. Todavía no hemos pagado los peajes, y ya el mercado de bonos corporativos de ICA los está vendiendo a 150 millones devaluados. Ni el dinero fresco de la CSS asegura la viabilidad de esa empresa –ficticia hasta el momento– que será ENA (Empresa Nacional de Autopistas), promovida por el Ministro de Finanzas. Pienso, repentinamente, en la posible empresa que compre la autopista de Panamá-Colón, la cinta costera y toda la red vial y de carreteras de la República.
Pienso en la recompra del tercer juego de exclusas y la colocación en la bolsa de los bonos corporativos del Canal, que cubrirán los peajes por los próximos 30 años (quién me puede garantizar que no será una medida de este gobierno de financistas y banqueros).
El gobierno del cambio está a punto de entregar el transporte metropolitano (Metro Bus) a una empresa que, sin lugar a duda, conocerá toda la letra menuda de ICA y Pycsa; Unión Fenosa y Cable & Wireless; Slim y Oldebrecht. Toda inversión futura multimillonaria –el negocio de la basura lo es a nivel municipal, el metro a nivel nacional– debe ser aprobada en referéndum con el 50% de la participación electoral. No se pueden repetir los plebiscitos del Canal sin partidos y sin democracia, o con menor número que el 50% de los votantes.
Es hora de frenar la impulsividad financiera que se inició irresponsablemente con las privatizaciones y concesiones del gobierno de Ernesto Pérez Balladares, y se recrudeció con la sesión de derechos de los ingresos de los peajes del Canal con el “plebiscitado” Cuarto Juego de Esclusas que realizó el segundo gobierno PRD, con apoyo abierto de Cambio Democrático.
No se puede continuar poniendo en manos de ningún gobierno la riqueza soberana del Estado panameño. Las expectativas de cambio para mejorar, como el decreciente optimismo sobre la gestión financiera del actual gobierno, son apuestas mediáticas que solo interesan a los manipuladores del populismo de una sociedad empobrecida.
Ni PRD ni CD. Apostamos a un Panamá disciplinado y consciente de la crisis financiera que ocupa y preocupa a los mejores cerebros y gobiernos del planeta.
http://impresa.prensa.com/opinion/Dinero-terror_0_2811468983.html
viernes, 19 de marzo de 2010
Lógica en la toma de decisiones judiciales
Francisco Díaz Montilla
El título del presente trabajo nos remite directamente a las siguientes preguntas: ¿qué es la lógica?, ¿qué es una decisión?, ¿qué es una decisión judicial?, ¿de qué manera la lógica podría ayudarnos en la toma de decisiones? Abordaremos, en primer lugar, cada una de estas preguntas; luego abordaremos la compleja actividad de la toma de decisiones en el ámbito legal y exploraremos algunas consecuencias deontológicas que la toma de decisiones judiciales entraña para el tomador de decisiones (jueces, magistrados, fiscales, etc.)...
http://doxa-filosofica.blogspot.com/2010/03/logica-en-la-toma-de-decisiones.html
El título del presente trabajo nos remite directamente a las siguientes preguntas: ¿qué es la lógica?, ¿qué es una decisión?, ¿qué es una decisión judicial?, ¿de qué manera la lógica podría ayudarnos en la toma de decisiones? Abordaremos, en primer lugar, cada una de estas preguntas; luego abordaremos la compleja actividad de la toma de decisiones en el ámbito legal y exploraremos algunas consecuencias deontológicas que la toma de decisiones judiciales entraña para el tomador de decisiones (jueces, magistrados, fiscales, etc.)...
http://doxa-filosofica.blogspot.com/2010/03/logica-en-la-toma-de-decisiones.html
miércoles, 10 de febrero de 2010
La barba en remojo
Pedro Luis Prados S.
Al finalizar la Segunda Guerra Mundial el clérigo Martin Neimoller (1892–1984) fue liberado del campo de Dachau y por la firmeza en sus creencias durante los ocho años de cautiverio es proclamado presidente del Concilio Mundial de Iglesias Protestantes en la Semana Santa de 1946.
En su discurso pronunció unas palabras muy breves –equivocadamente atribuidas después al dramaturgo Bertolt Bretch– que lo eternizaron en la mente de los hombres libres: “Primero los nazis vinieron por los comunistas y no dije nada porque yo no era comunista.Luego vinieron por los judíos y no dije nada porque yo no era judío. Luego vinieron por los sindicalistas y no dije nada porque yo no era sindicalista. Luego vinieron por los católicos y no dije nada porque yo era protestante. Luego vinieron por mí, pero para entonces ya no quedaba nadie que dijera nada”.
El silencio siempre ha sido el principal instrumento utilizado para someter a los pueblos. Esa bella actitud en la poética amorosa se convierte en torturante herramienta cuando se impone en la vida política.
No denunciar aquello que consideramos injusto o bien callarlo porque no nos conviene o favorece a aquellos por los que no sentimos simpatía, equivale a hacerse cómplice de la injusticia y lo que es peor, a la violación de la ley, ese caro principio de convivencia por el cual han luchado todas las sociedades civilizadas.
Luego de los pasados comicios electorales, los panameños nos sumimos en un letargo mediático en espera de los cambios anunciados y expectantes por una transición que auguraba más rupturas que continuidad en los proyectos estatales.
En los primeros tres meses se le dio al Ejecutivo todas las facilidades para que diera rumbos a la administración pública con nuevos criterios gubernamentales, pero lamentablemente los primeros cien días que estremecieron el país no lograron lo esperado, pues la bilis del resentimiento se esparció sobre los empleados públicos, los políticos salientes y sobre los proyectos ejecutados o pendientes. Como la Inquisición, el afán de quemar pecadores estaba por encima de la misión de predicar la palabra. El pueblo panameño, como buen rebaño, aguardó paciente.
Pasados ocho meses, el panorama es más atemorizante. Una cadena de acontecimientos ha puesto a prueba la solidez de nuestras instituciones y la firmeza de sus funcionarios y sumido al país en un permanente estado de zozobra. No se trata solo de equívocos por inexperiencia, muchos son actos impositivos con claro conocimiento de la norma y a contrapelo de ella. Todo parece orientarse a establecer controles sobre los otros órganos del Estado haciendo uso de mecanismos de presión o de desestabilización de las fuerzas actuantes, pero también de mantener un estado de sitio sobre los adversarios políticos con procesos reales o incoados sobre expedientes inconclusos.
Desde la comedia que significó la escogencia de los magistrados de la Corte Suprema, en donde se hizo escarnio de la sociedad civil, hasta el kafkiano drama de la separación de la procuradora y el nombramiento del suplente, hemos seguido un guión concebido para que nuestro sistema de justicia responda directamente al teclado del Palacio de las Garzas, en el cual la confusión y la distorsión de los preceptos constitucionales ha sido el recurso de la trama, con la consecuente pérdida de credibilidad y crisis de idoneidad. El resto de la sociedad, distante y silenciosa, ha presenciado los eventos con la configuración mental de quien dijera “la Corte Suprema solo le importa a los ricos”.
El afloramiento de las atávicas prácticas de desviación de fondos, comisiones y prebendas del Legislativo y el sesgo que se le diera al manejo del informe del FIS y la difusión de los actos de corrupción, nos hace pensar en una cuidadosa selección de “chivos expiatorios” con la cual se dará paso a la designación de suplentes comprometidos de forma efectiva con los lineamientos ejecutivos.
Defenestración selectiva que sin duda será expedita por la efectividad demostrada de la Corte Suprema en el caso de la procuradora, pero que también coloca una espada de Damocles sobre el resto del organismo. Con recursos así, no es necesario el incendio del Reichstag.
Sumado a lo anterior, sufrimos el despliegue policivo para protegernos de la delincuencia en los cuales los retenes, requisas y vigilancia reforzados con recursos tecnológicos en cada esquina nos hacen sentir atrapados en un mundo robotizado, como personajes de la novela de H.G. Wells. Mientras ponemos nuestra barba en remojo seguimos escuchando la matraca inquisitorial que precede las grandes quemas. Si un mérito tiene el gobierno electo en los pasados comicios, es el haber resucitado la Cruzada Civilista después de veinte años de inacción tras el derrocamiento de la dictadura de Manuel Antonio Noriega.
http://impresa.prensa.com/opinion/barba-remojo_0_2769473164.html
Al finalizar la Segunda Guerra Mundial el clérigo Martin Neimoller (1892–1984) fue liberado del campo de Dachau y por la firmeza en sus creencias durante los ocho años de cautiverio es proclamado presidente del Concilio Mundial de Iglesias Protestantes en la Semana Santa de 1946.
En su discurso pronunció unas palabras muy breves –equivocadamente atribuidas después al dramaturgo Bertolt Bretch– que lo eternizaron en la mente de los hombres libres: “Primero los nazis vinieron por los comunistas y no dije nada porque yo no era comunista.Luego vinieron por los judíos y no dije nada porque yo no era judío. Luego vinieron por los sindicalistas y no dije nada porque yo no era sindicalista. Luego vinieron por los católicos y no dije nada porque yo era protestante. Luego vinieron por mí, pero para entonces ya no quedaba nadie que dijera nada”.
El silencio siempre ha sido el principal instrumento utilizado para someter a los pueblos. Esa bella actitud en la poética amorosa se convierte en torturante herramienta cuando se impone en la vida política.
No denunciar aquello que consideramos injusto o bien callarlo porque no nos conviene o favorece a aquellos por los que no sentimos simpatía, equivale a hacerse cómplice de la injusticia y lo que es peor, a la violación de la ley, ese caro principio de convivencia por el cual han luchado todas las sociedades civilizadas.
Luego de los pasados comicios electorales, los panameños nos sumimos en un letargo mediático en espera de los cambios anunciados y expectantes por una transición que auguraba más rupturas que continuidad en los proyectos estatales.
En los primeros tres meses se le dio al Ejecutivo todas las facilidades para que diera rumbos a la administración pública con nuevos criterios gubernamentales, pero lamentablemente los primeros cien días que estremecieron el país no lograron lo esperado, pues la bilis del resentimiento se esparció sobre los empleados públicos, los políticos salientes y sobre los proyectos ejecutados o pendientes. Como la Inquisición, el afán de quemar pecadores estaba por encima de la misión de predicar la palabra. El pueblo panameño, como buen rebaño, aguardó paciente.
Pasados ocho meses, el panorama es más atemorizante. Una cadena de acontecimientos ha puesto a prueba la solidez de nuestras instituciones y la firmeza de sus funcionarios y sumido al país en un permanente estado de zozobra. No se trata solo de equívocos por inexperiencia, muchos son actos impositivos con claro conocimiento de la norma y a contrapelo de ella. Todo parece orientarse a establecer controles sobre los otros órganos del Estado haciendo uso de mecanismos de presión o de desestabilización de las fuerzas actuantes, pero también de mantener un estado de sitio sobre los adversarios políticos con procesos reales o incoados sobre expedientes inconclusos.
Desde la comedia que significó la escogencia de los magistrados de la Corte Suprema, en donde se hizo escarnio de la sociedad civil, hasta el kafkiano drama de la separación de la procuradora y el nombramiento del suplente, hemos seguido un guión concebido para que nuestro sistema de justicia responda directamente al teclado del Palacio de las Garzas, en el cual la confusión y la distorsión de los preceptos constitucionales ha sido el recurso de la trama, con la consecuente pérdida de credibilidad y crisis de idoneidad. El resto de la sociedad, distante y silenciosa, ha presenciado los eventos con la configuración mental de quien dijera “la Corte Suprema solo le importa a los ricos”.
El afloramiento de las atávicas prácticas de desviación de fondos, comisiones y prebendas del Legislativo y el sesgo que se le diera al manejo del informe del FIS y la difusión de los actos de corrupción, nos hace pensar en una cuidadosa selección de “chivos expiatorios” con la cual se dará paso a la designación de suplentes comprometidos de forma efectiva con los lineamientos ejecutivos.
Defenestración selectiva que sin duda será expedita por la efectividad demostrada de la Corte Suprema en el caso de la procuradora, pero que también coloca una espada de Damocles sobre el resto del organismo. Con recursos así, no es necesario el incendio del Reichstag.
Sumado a lo anterior, sufrimos el despliegue policivo para protegernos de la delincuencia en los cuales los retenes, requisas y vigilancia reforzados con recursos tecnológicos en cada esquina nos hacen sentir atrapados en un mundo robotizado, como personajes de la novela de H.G. Wells. Mientras ponemos nuestra barba en remojo seguimos escuchando la matraca inquisitorial que precede las grandes quemas. Si un mérito tiene el gobierno electo en los pasados comicios, es el haber resucitado la Cruzada Civilista después de veinte años de inacción tras el derrocamiento de la dictadura de Manuel Antonio Noriega.
http://impresa.prensa.com/opinion/barba-remojo_0_2769473164.html
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