Ela Urriola
Parodiando a Marx hacemos patente la desgarradora situación en que se debaten miles de panameños frente a los crímenes contra la naturaleza y contra la calidad de sus vidas. Proliferando en forma de epidemia –lo que en el argot popular se ha traducido como "charrismo"– ha degenerado en la devastación de grandes extensiones de bosques, selvas, manglares, montañas, contaminación de ríos y playas, al punto de que este mal se ha convertido en una de las más grandes amenazas que se ha cernido sobre el país, y se volvió crónico durante la última estación seca.
La falta de voluntad política, la indiferencia e incompetencia de funcionarios, los compromisos familiares y políticos hacen virtualmente imposible la aplicación de una ley de protección ambiental de manera coherente, extensiva y democrática (a los fabricantes de carbón de Punta Chame se les persigue, pero hay quienes allí arrasan con una treintena de hectáreas de este arbusto y son agraciados con la impunidad ante la ley). Esta enfermedad que azota al istmo y se agrava en la medida en que se agudizan las lesiones al patrimonio natural con las concesiones que el Gobierno otorga a las empresas urbanísticas y de desarrollo turístico, de tierras costeras, islas y montañas y que hacen casi imposible ejercer fiscalización y control alguno.
De la misma manera como nos intoxica la proliferación de crímenes y violencia intrafamiliar recogidos en los periódicos, igualmente proliferan las denuncias por devastación de manglares, destrucción de ecosistemas insulares, depredación de las montañas y no menos doloroso: el desalojo de sus habitantes. Al institucionalizar el Gobierno la política del despojo, la sociedad civil consciente de la importancia del medio ambiente para la salud humana y la calidad de vida debe cerrar filas en un proyecto homogéneo para hacer un alto a la venta del país, pero sobre todo para defender nuestro derecho a la vida. Con ese propósito nos atrevemos a proponer algunas recomendaciones a manera de receta para paliar en alguna medida la epidemia de "charrismo" que ha infectado al país:
Nombrar a un director de la Anam que surja de propuestas de los grupos ecologistas jurídicamente establecidos, que presentarán una terna al Presidente de la República, de modo tal que la escogencia se realice por su idoneidad, experiencia, probidad y compromiso social.
Hacer una revisión integral de la legislación sobre control, manejo y protección del ambiente y el patrimonio natural que comprenda aquellos aspectos contenidos en los acuerdos internacionales, sin menoscabo de las formas de vida y atendiendo las necesidades de las comunidades que habitan en ellas.
Realizar un diagnóstico científico y objetivo de la administración de la Anam para determinar su operatividad y hacer los correctivos necesarios para que su acción se haga sentir en todo el territorio nacional.
Crear un juzgado para asuntos del ambiente que delibere y sancione, de conformidad a lo establecido en la ley, los delitos.
Crear como parte de la Anam una policía ambiental, con jurisdicción nacional y los recursos materiales para hacer cumplir la ley, aplicando las sanciones de manera expedita.
Gravar a las empresas inmobiliarias, de desarrollo turístico, de explotación de recursos naturales y proyectos urbanísticos con un impuesto especial para el cumplimiento de los fines establecidos por ley.
Desarrollar como parte del currículo transversal de la educación primaria, media y universitaria nociones sobre derecho ambiental, la protección del patrimonio natural y la calidad de vida, mediante acuerdos con la Anam, el Ministerio de Educación y las universidades.
Obligar a los medios de comunicación al cumplimiento de la ley para que los espacios radiales y televisivos estén orientados a la divulgación sobre el valor del patrimonio cultural y natural.
Perfeccionar el mecanismo de participación institucional en los programas internacionales de protección del ambiente, con proyectos puntuales y prioritarios que optimicen la utilización de los recursos del Estado.
Declarar al patrimonio histórico y natural bienes en peligro inminente, comprometiendo al Estado, al sector privado y a la ciudadanía como agentes responsables de su salvaguarda y protección.
Este recetario lo ponemos a disposición de los candidatos que aspiran a la Presidencia de la República (y que prometen de forma vehemente curar los males que tenemos y los que aún no tenemos), para ver cuál de ellos, revestido de una verdadera conciencia social, un sentimiento de identidad y amor patrio, asume la apremiante tarea de salvarnos de nosotros mismos.
http://impresa.prensa.com/opinion/Receta-charrismo_0_2290271132.html
Departamento de Filosofía, Facultad de Humanidades, Universidad de Panamá
lunes, 12 de mayo de 2008
viernes, 9 de mayo de 2008
El salario de una vocación
Pedro Luis Prados S.
El proceso de restauración y reconstrucción de importantes ciudades europeas a finales de la Segunda Guerra Mundial, obligó volver la mirada a los maestros de la pintura renacentista para recuperar los detalles y ambiente de los espacios destruidos. Las obras de Bernardo Belloto, sobrino del Canaleto y que firmó algunos de sus cuadros con el mismo seudónimo, fueron un material obligatorio para la reconstrucción de algunos edificios de Dresde y el casco viejo de la ciudad de Varsovia, hoy declarado Patrimonio de la Humanidad. Igual tratamiento se le dio a ciudades como Budapest, Praga y Lieja, Londres y Berlín en un esfuerzo por devolverle su antiguo esplendor.
¿Qué razones llevan a estos pueblos a rescatar arquitecturas que guardan siglos de influencias y estilos, en lugar de aprovechar la coyuntura bélica para rediseñar el uso de los espacios? Simplemente se trata de pueblos maduros, convencidos de la necesidad de preservar la memoria histórica como núcleo de la identidad colectiva.
La madurez de una sociedad está estrechamente relacionada con la toma de conciencia del valor de su pasado histórico. Eso la consolida e identifica permitiendo hacer frente a las amenazas de disolución foránea e interna. Memoria histórica e identidad cultural son términos de la ecuación que da como resultado la identidad nacional. Aisladas carecen de sentido y todo intento de separarlas las reduce a mera caricatura o discurso demagógico.
En nuestro país, los cartesianos del turismo, de la publicidad, de los medios de comunicación y los agentes inmobiliarios han encontrado la fórmula para reducir ese espíritu de cohesión materializado en plazas, calles y edificaciones a una simple escenografía para tomas rápidas de "la pollera, el tamborito y el Canal de Panamá".
Lo que nos llama la atención es la disposición de nuestros "arquitectos restauradores" en adecuar los inmuebles del Casco Viejo de la ciudad, también declarado Patrimonio de la Humanidad (pero que antes de ser de la humanidad fue panameño y, por eso, debemos protegerlo) o de otras áreas de la ciudad, a las exigencias de los inversionistas y agentes inmobiliarios sin importar que las obras sean de Agustín Crame, Ruggieri, Villanueva, White o el mismísimo Antonelli, ante la mirada impotente de los funcionarios de la Dirección de Patrimonio Histórico. Como si ese espacio fuera solo el decorado de una mala película, se derrumban edificios, modifican balcones y se resanan las fachadas para dar cumplimiento a una imprecisa legislación y, como si esto no bastara, se levantan adoquines de principios del siglo pasado, sin que nadie sepa a dónde van a parar, y se suplantan por planchas de cemento moldeado, con la excusa de la consistencia del material.
Como operarios de un salón de belleza, remozan y maquillan la vieja ciudad para hacerla más atractiva a los compradores.
Desconocedores de ese acumulado histórico pasan indiferentes entre las calles, callejones y viviendas en que se desarrolló con grandezas y penurias la vida cotidiana, las lides políticas, la creación cultural, los dramas familiares y las luchas callejeras que fueron moldeando nuestra entidad nacional.
Mientras dedicados historiadores como el Dr. Alfredo Castillero Calvo empeñan sus mejores esfuerzos, con un amplio reconocimiento internacional, en reconstruir la vida pretérita de nuestros principales núcleos urbanos, hurgando entre legajos y cédulas coloniales, hay quienes se dedican, y pareciera que con el mismo empeño, a desdibujarla y convertirla en trasfondo para cuñas publicitarias y graciosas tomas para calendarios, en tanto que el resto de nuestros ciudadanos se recrean bailando por un sueño.
Son múltiples las amenazas que pesan sobre los espacios históricos en estas latitudes. La explosión demográfica, la contaminación, la pauperización de las áreas, las medidas insuficientes para la regulación del tránsito, la presión del desarrollo comercial y la desidia de la población son sólo unas pocas de ellas. En todos los centros históricos del continente las anomalías surgen en mayor o menor grado, pero ante estas adversidades se han tomado iniciativas públicas y privadas para proteger los conjuntos. La elaboración de planes maestros que normen los trabajos ha logrado exitosos resultados en la puesta en valor del Casco Viejo de La Habana, bajo la supervisión ágil del historiador Eusebio Leal; la casi total recuperación y protección de las fortificaciones de Cartagena dirigidas por Alberto Samudio; los logros estimables de la acción municipal en Quito; la valorización del núcleo colonial de San Juan, Puerto Rico, y de Santo Domingo con programas públicos y privados y el apoyo internacional son sólo unos de ellos.
Conscientes de la permanencia futura como nación está en la preservación y conocimiento de su pasado, estos hermanos países hacen esfuerzos gigantescos por rescatar su memoria.
Un conjuro silencioso de desconocida procedencia parece haber caído sobre los panameños. Sin que sepamos cuáles son los resortes y mecanismos de su funcionamiento ha logrado despojarnos de aquellas cosas que han tenido especial significado o servido como elementos de reconocimiento recíproco o cohesión nacional. Monumentos icónicos que nos hacían sentir parte de un todo homogéneo y con un futuro común desaparecen o son reemplazados por nuevos símbolos creados por una empresa publicitaria.
Barrios, comunidades y sitios de comunes remembranzas y evocadoras de una forma de vida para varias generaciones desaparecen sepultadas por toneladas de hormigón en un abrir y cerrar de ojos. Pareciera que una mente maléfica y aviesos propósitos se empeñara en contagiar a todos los panameños del mal de Alzheimer para que ni siquiera podamos recordar quiénes somos.
Despojados de la memoria histórica que retienen los espacios urbanos; desconocedores del patrimonio histórico mueble (etnográfico, arqueológico, documental y artístico) que deben mostrar adecuadamente los museos; desposeídos de tierras, islas, playas y aguas, que otrora nos fueron tan comunes, por un insaciable apetito turístico; vendidos nuestros bosques, selvas y montañas a ociosos magnates internacionales; "transnacionalizado" nuestro principal recurso geográfico; globalizada nuestra economía y, lo peor de todo, perdido nuestro sentido de pertenencia a un suelo común, sólo recibiremos en un futuro el salario por la doméstica vocación de servir a otros.
http://impresa.prensa.com/opinion/salario-vocacion_0_2288021350.html
El proceso de restauración y reconstrucción de importantes ciudades europeas a finales de la Segunda Guerra Mundial, obligó volver la mirada a los maestros de la pintura renacentista para recuperar los detalles y ambiente de los espacios destruidos. Las obras de Bernardo Belloto, sobrino del Canaleto y que firmó algunos de sus cuadros con el mismo seudónimo, fueron un material obligatorio para la reconstrucción de algunos edificios de Dresde y el casco viejo de la ciudad de Varsovia, hoy declarado Patrimonio de la Humanidad. Igual tratamiento se le dio a ciudades como Budapest, Praga y Lieja, Londres y Berlín en un esfuerzo por devolverle su antiguo esplendor.
¿Qué razones llevan a estos pueblos a rescatar arquitecturas que guardan siglos de influencias y estilos, en lugar de aprovechar la coyuntura bélica para rediseñar el uso de los espacios? Simplemente se trata de pueblos maduros, convencidos de la necesidad de preservar la memoria histórica como núcleo de la identidad colectiva.
La madurez de una sociedad está estrechamente relacionada con la toma de conciencia del valor de su pasado histórico. Eso la consolida e identifica permitiendo hacer frente a las amenazas de disolución foránea e interna. Memoria histórica e identidad cultural son términos de la ecuación que da como resultado la identidad nacional. Aisladas carecen de sentido y todo intento de separarlas las reduce a mera caricatura o discurso demagógico.
En nuestro país, los cartesianos del turismo, de la publicidad, de los medios de comunicación y los agentes inmobiliarios han encontrado la fórmula para reducir ese espíritu de cohesión materializado en plazas, calles y edificaciones a una simple escenografía para tomas rápidas de "la pollera, el tamborito y el Canal de Panamá".
Lo que nos llama la atención es la disposición de nuestros "arquitectos restauradores" en adecuar los inmuebles del Casco Viejo de la ciudad, también declarado Patrimonio de la Humanidad (pero que antes de ser de la humanidad fue panameño y, por eso, debemos protegerlo) o de otras áreas de la ciudad, a las exigencias de los inversionistas y agentes inmobiliarios sin importar que las obras sean de Agustín Crame, Ruggieri, Villanueva, White o el mismísimo Antonelli, ante la mirada impotente de los funcionarios de la Dirección de Patrimonio Histórico. Como si ese espacio fuera solo el decorado de una mala película, se derrumban edificios, modifican balcones y se resanan las fachadas para dar cumplimiento a una imprecisa legislación y, como si esto no bastara, se levantan adoquines de principios del siglo pasado, sin que nadie sepa a dónde van a parar, y se suplantan por planchas de cemento moldeado, con la excusa de la consistencia del material.
Como operarios de un salón de belleza, remozan y maquillan la vieja ciudad para hacerla más atractiva a los compradores.
Desconocedores de ese acumulado histórico pasan indiferentes entre las calles, callejones y viviendas en que se desarrolló con grandezas y penurias la vida cotidiana, las lides políticas, la creación cultural, los dramas familiares y las luchas callejeras que fueron moldeando nuestra entidad nacional.
Mientras dedicados historiadores como el Dr. Alfredo Castillero Calvo empeñan sus mejores esfuerzos, con un amplio reconocimiento internacional, en reconstruir la vida pretérita de nuestros principales núcleos urbanos, hurgando entre legajos y cédulas coloniales, hay quienes se dedican, y pareciera que con el mismo empeño, a desdibujarla y convertirla en trasfondo para cuñas publicitarias y graciosas tomas para calendarios, en tanto que el resto de nuestros ciudadanos se recrean bailando por un sueño.
Son múltiples las amenazas que pesan sobre los espacios históricos en estas latitudes. La explosión demográfica, la contaminación, la pauperización de las áreas, las medidas insuficientes para la regulación del tránsito, la presión del desarrollo comercial y la desidia de la población son sólo unas pocas de ellas. En todos los centros históricos del continente las anomalías surgen en mayor o menor grado, pero ante estas adversidades se han tomado iniciativas públicas y privadas para proteger los conjuntos. La elaboración de planes maestros que normen los trabajos ha logrado exitosos resultados en la puesta en valor del Casco Viejo de La Habana, bajo la supervisión ágil del historiador Eusebio Leal; la casi total recuperación y protección de las fortificaciones de Cartagena dirigidas por Alberto Samudio; los logros estimables de la acción municipal en Quito; la valorización del núcleo colonial de San Juan, Puerto Rico, y de Santo Domingo con programas públicos y privados y el apoyo internacional son sólo unos de ellos.
Conscientes de la permanencia futura como nación está en la preservación y conocimiento de su pasado, estos hermanos países hacen esfuerzos gigantescos por rescatar su memoria.
Un conjuro silencioso de desconocida procedencia parece haber caído sobre los panameños. Sin que sepamos cuáles son los resortes y mecanismos de su funcionamiento ha logrado despojarnos de aquellas cosas que han tenido especial significado o servido como elementos de reconocimiento recíproco o cohesión nacional. Monumentos icónicos que nos hacían sentir parte de un todo homogéneo y con un futuro común desaparecen o son reemplazados por nuevos símbolos creados por una empresa publicitaria.
Barrios, comunidades y sitios de comunes remembranzas y evocadoras de una forma de vida para varias generaciones desaparecen sepultadas por toneladas de hormigón en un abrir y cerrar de ojos. Pareciera que una mente maléfica y aviesos propósitos se empeñara en contagiar a todos los panameños del mal de Alzheimer para que ni siquiera podamos recordar quiénes somos.
Despojados de la memoria histórica que retienen los espacios urbanos; desconocedores del patrimonio histórico mueble (etnográfico, arqueológico, documental y artístico) que deben mostrar adecuadamente los museos; desposeídos de tierras, islas, playas y aguas, que otrora nos fueron tan comunes, por un insaciable apetito turístico; vendidos nuestros bosques, selvas y montañas a ociosos magnates internacionales; "transnacionalizado" nuestro principal recurso geográfico; globalizada nuestra economía y, lo peor de todo, perdido nuestro sentido de pertenencia a un suelo común, sólo recibiremos en un futuro el salario por la doméstica vocación de servir a otros.
http://impresa.prensa.com/opinion/salario-vocacion_0_2288021350.html
jueves, 14 de febrero de 2008
El dilema del poder
Roberto Arosemena Jaén
Antes era gobernar para alcanzar el bien común o para utilizar el poder administrativo en beneficio propio. Ahora es ser transparente, rendir cuentas o someterse a la revocatoria del mandato cuando lo decide el soberano. Esta afirmación en sede filosófica es válida en todos los contextos de gobiernos democráticos. El sistema parlamentario europeo como el sistema presidencialista norte y suramericano se fundamentan en la revocatoria del mandato. La revocatoria es expedita en Europa. Cada cuatro años se realiza en Estados Unidos y en la República Bolivariana a la mitad de cada período del presidente Chávez.
El dilema del poder democrático, hoy, consiste en saber mandar o irse para su casa y enfrentar el repudio ciudadano. En Panamá, la política no sigue la lógica democrática. En lugar de revocatoria hay una inercia ciudadana de cuatro décadas. La evolución del poder es lenta. Por ejemplo, la fuerza pública que se diseñó con Remón en 1941, se mantuvo con Vallarino en 1955 y se estremeció con Torrijos y Noriega en 1981 y 1989 respectivamente, sobrevive en el grupo torrijista de Martín y quién sabe qué males nos depare en 2009.
Todavía, ni los ciudadanos presidenciables ni los ciudadanos electores tienen una idea clara de lo que es el poder democrático y se dedican a la mala práctica demagógica, los presidenciables y sus partidos, y al juega vivo de la corrupción y el tráfico de influencia la ciudadanía de a pie. Cualquier encuesta sobre razones para votar a favor de un partido, no logra superar el juicio moral preconvencional del egocentrismo instrumental.
El problema panameño no es diagnosticar el uso y manejo del poder como haría cualquier estratega de campaña, el problema panameño es solucionar el dilema del poder democrático y obligar a los gobernantes a irse para su casa cuando gobiernan a favor de su partido o de los financistas de su campaña electoral. No tenemos ni el instrumental jurídico ni la cultura moral de integridad ni la ética del comportamiento justo para resolver el dilema del poder. Lo que tenemos es la pasión electoral, el entusiasmo reivindicativo y el sácate el clavo del engaño y de tu propia ingenuidad.
Como se ve, Panamá tiene los aspectos negativos de la emancipación demagógica. Hay que construir los aspectos positivos del ejercicio del poder soberano. No es fácil pensar en la libertad para construir proyectos de salvación nacional. Es más fácil actuar con la libertad negativa de rechazar un mal sin reflexionar que puede ser mejor un mal conocido que un mal por conocer. En resumidas cuentas, seguimos en el entorno de la "política como la opción por el mal menor".
Vale la pena recordar que ese tipo de hacer política de la década de 1930 condujo electoralmente a los fundamentalismos democráticos de Alemania e Italia que desataron la guerra civil más mortífera del siglo XX. Esa manera de acción política, tipo siglo XX, no conviene a Panamá. Votar contra Endara y a favor del Toro en 1994, contra el Toro a favor de Mireya en 1999, contra Mireya a favor de Martín en 2004, no es la más recomendable. Es siempre elegir entre males, el mal menor. Panamá ya no tolera más ciudadanos que actúen por revancha ni por oportunismos. Hay que actuar por convicción y para estar convencido del gobierno y del presidente que necesita Panamá, hay que ponerse a examinar a los candidatos presidenciables. Esta posibilidad nos la ofrece el año 2008. Ver los toros desde la barrera. No interesa lo que diga ni lo que prometa uno u otro candidato. Interesa que le hagamos las preguntas necesarias. Por ejemplo, ¿está dispuesto a establecer peajes soberanos en el Canal y utilizar esas riquezas para mejorar el ingreso mínimo familiar, la educación preescolar de los niños entre dos y cinco años y la seguridad social universal para todos los panameños? El año 2008 es el tiempo de cuestionar al poder venidero que vamos a elegir.
http://impresa.prensa.com/opinion/dilema-poder_0_2224277807.html
Antes era gobernar para alcanzar el bien común o para utilizar el poder administrativo en beneficio propio. Ahora es ser transparente, rendir cuentas o someterse a la revocatoria del mandato cuando lo decide el soberano. Esta afirmación en sede filosófica es válida en todos los contextos de gobiernos democráticos. El sistema parlamentario europeo como el sistema presidencialista norte y suramericano se fundamentan en la revocatoria del mandato. La revocatoria es expedita en Europa. Cada cuatro años se realiza en Estados Unidos y en la República Bolivariana a la mitad de cada período del presidente Chávez.
El dilema del poder democrático, hoy, consiste en saber mandar o irse para su casa y enfrentar el repudio ciudadano. En Panamá, la política no sigue la lógica democrática. En lugar de revocatoria hay una inercia ciudadana de cuatro décadas. La evolución del poder es lenta. Por ejemplo, la fuerza pública que se diseñó con Remón en 1941, se mantuvo con Vallarino en 1955 y se estremeció con Torrijos y Noriega en 1981 y 1989 respectivamente, sobrevive en el grupo torrijista de Martín y quién sabe qué males nos depare en 2009.
Todavía, ni los ciudadanos presidenciables ni los ciudadanos electores tienen una idea clara de lo que es el poder democrático y se dedican a la mala práctica demagógica, los presidenciables y sus partidos, y al juega vivo de la corrupción y el tráfico de influencia la ciudadanía de a pie. Cualquier encuesta sobre razones para votar a favor de un partido, no logra superar el juicio moral preconvencional del egocentrismo instrumental.
El problema panameño no es diagnosticar el uso y manejo del poder como haría cualquier estratega de campaña, el problema panameño es solucionar el dilema del poder democrático y obligar a los gobernantes a irse para su casa cuando gobiernan a favor de su partido o de los financistas de su campaña electoral. No tenemos ni el instrumental jurídico ni la cultura moral de integridad ni la ética del comportamiento justo para resolver el dilema del poder. Lo que tenemos es la pasión electoral, el entusiasmo reivindicativo y el sácate el clavo del engaño y de tu propia ingenuidad.
Como se ve, Panamá tiene los aspectos negativos de la emancipación demagógica. Hay que construir los aspectos positivos del ejercicio del poder soberano. No es fácil pensar en la libertad para construir proyectos de salvación nacional. Es más fácil actuar con la libertad negativa de rechazar un mal sin reflexionar que puede ser mejor un mal conocido que un mal por conocer. En resumidas cuentas, seguimos en el entorno de la "política como la opción por el mal menor".
Vale la pena recordar que ese tipo de hacer política de la década de 1930 condujo electoralmente a los fundamentalismos democráticos de Alemania e Italia que desataron la guerra civil más mortífera del siglo XX. Esa manera de acción política, tipo siglo XX, no conviene a Panamá. Votar contra Endara y a favor del Toro en 1994, contra el Toro a favor de Mireya en 1999, contra Mireya a favor de Martín en 2004, no es la más recomendable. Es siempre elegir entre males, el mal menor. Panamá ya no tolera más ciudadanos que actúen por revancha ni por oportunismos. Hay que actuar por convicción y para estar convencido del gobierno y del presidente que necesita Panamá, hay que ponerse a examinar a los candidatos presidenciables. Esta posibilidad nos la ofrece el año 2008. Ver los toros desde la barrera. No interesa lo que diga ni lo que prometa uno u otro candidato. Interesa que le hagamos las preguntas necesarias. Por ejemplo, ¿está dispuesto a establecer peajes soberanos en el Canal y utilizar esas riquezas para mejorar el ingreso mínimo familiar, la educación preescolar de los niños entre dos y cinco años y la seguridad social universal para todos los panameños? El año 2008 es el tiempo de cuestionar al poder venidero que vamos a elegir.
http://impresa.prensa.com/opinion/dilema-poder_0_2224277807.html
sábado, 1 de diciembre de 2007
Autenticidad de la filosofía panameña
Winston C. Burgos
Hemos leído con entusiasmo la nueva obra del maestro Julio César Moreno Davis en la que describe con claridad meridiana lo que ha constituido el tránsito de la filosofía en nuestro medio y cómo ha evolucionado desde sus inicios extranjerizantes hasta llegar a predios, por decirlo así, de la “panameñidad”.
El libro titulado Historia, espíritu y autenticidad de la filosofía en Panamá y panameña, se compone a su vez de dos ensayos: “Apuntamientos sobre filosofía en Panamá. Orto y proceso (1749 – 1968)” y “La búsqueda de la autenticidad de la filosofía panameña”.
https://drive.google.com/file/d/0B9BhKT04jIZ7b0MxOUhlWWhRUU0/view?usp=sharing
Hemos leído con entusiasmo la nueva obra del maestro Julio César Moreno Davis en la que describe con claridad meridiana lo que ha constituido el tránsito de la filosofía en nuestro medio y cómo ha evolucionado desde sus inicios extranjerizantes hasta llegar a predios, por decirlo así, de la “panameñidad”.
El libro titulado Historia, espíritu y autenticidad de la filosofía en Panamá y panameña, se compone a su vez de dos ensayos: “Apuntamientos sobre filosofía en Panamá. Orto y proceso (1749 – 1968)” y “La búsqueda de la autenticidad de la filosofía panameña”.
https://drive.google.com/file/d/0B9BhKT04jIZ7b0MxOUhlWWhRUU0/view?usp=sharing
jueves, 15 de noviembre de 2007
La historia es también asunto de intereses
Francisco Díaz Montilla
La historia registra que cuando el general Mariano Montilla tuvo conocimiento de los hechos de la “independencia” de Panamá de España, el 28 de noviembre de 1821 sentenció: “no cabe duda de que Panamá es tierra de comerciantes, ha sabido evitar los horrores de la guerra proclamando en buena hora su independencia”.
Ciertamente, mientras el resto del continente libraba su independencia desde una década atrás en el campo de batalla, los istmeños permanecimos fieles a la corona española, y si finalmente actuamos como hicimos se debió a un cálculo de utilidades que –al menos para los sectores comerciantes– era sumamente prometedor. Entonces eran irrelevantes los ideales de Nación, independencia y soberanía. Lo determinante, por el contrario, era que la Gran Colombia de Bolívar, a la cual nos uníamos voluntariamente, garantizara el libre comercio por el Istmo.
81 años, 11 meses y 25 días más tarde, la historia sería similar. En esta ocasión no hubo pagos de salarios atrasados a soldados, aunque sí sobornos a importantes funcionarios del Gobierno de Colombia y a otros “patriotas”, algunos de ellos elevados a la categoría de próceres, y –sobre todo– la posibilidad de realizar magníficos negocios con la construcción del canal de Panamá por parte de Estados Unidos.
Lo demás es historia: un chino muerto y una mula heroica, un tratado que cedía a perpetuidad parte del territorio nacional y un artículo de la Carta Magna que legalizaba las intervenciones norteamericanas en el Istmo. En fin, un país mutilado que habría de iniciar un tortuoso proceso de autoafirmación que, en pleno siglo XXI, no termina de realizarse y que –según parece– ya no interesa.
Años después de la separación de Colombia, una de las mentes más preclaras que ha vivido en este país, Eusebio A. Morales, señalaba en uno de sus escritos que el problema principal de los panameños era la ausencia total de sentimiento patrio, y que entre los involucrados en los hechos secesionistas había quienes no creían en la empresa que estaban realizando, y que el móvil de las acciones de estas personas era más bien crematístico.
Pero los panameños sobredimensionamos los hechos y celebramos pomposamente con marchas, salomas, bandas musicales de poca monta y bailes que no vienen al caso, acontecimientos de los cuales no tenemos la más remota idea o que carecen de proyección nacional pero que súbitamente –debido a la extraordinaria fantasía de historiadores de cuentos de hadas (historiadores Alicia) o de retóricos gubernamentales– parecieran ser la manifestación del alma nacional que desborda todo condicionamiento temporal (incidente de la tajada de sandía, 10 de noviembre de 1821, 5 de noviembre de 1903, etc.).
No somos capaces de darnos la oportunidad de evaluar los acontecimientos y el actuar humano bajo la mirada de la crítica, ni de advertir que –después de todo– nada es sagrado en la historia, o mejor dicho: no somos capaces de advertir que no hay historia humana sagrada, y que la historia no puede entenderse sino a partir de los intereses que la hacen posible.
http://impresa.prensa.com/opinion/historia-asunto-intereses_0_2977952360.html
La historia registra que cuando el general Mariano Montilla tuvo conocimiento de los hechos de la “independencia” de Panamá de España, el 28 de noviembre de 1821 sentenció: “no cabe duda de que Panamá es tierra de comerciantes, ha sabido evitar los horrores de la guerra proclamando en buena hora su independencia”.
Ciertamente, mientras el resto del continente libraba su independencia desde una década atrás en el campo de batalla, los istmeños permanecimos fieles a la corona española, y si finalmente actuamos como hicimos se debió a un cálculo de utilidades que –al menos para los sectores comerciantes– era sumamente prometedor. Entonces eran irrelevantes los ideales de Nación, independencia y soberanía. Lo determinante, por el contrario, era que la Gran Colombia de Bolívar, a la cual nos uníamos voluntariamente, garantizara el libre comercio por el Istmo.
81 años, 11 meses y 25 días más tarde, la historia sería similar. En esta ocasión no hubo pagos de salarios atrasados a soldados, aunque sí sobornos a importantes funcionarios del Gobierno de Colombia y a otros “patriotas”, algunos de ellos elevados a la categoría de próceres, y –sobre todo– la posibilidad de realizar magníficos negocios con la construcción del canal de Panamá por parte de Estados Unidos.
Lo demás es historia: un chino muerto y una mula heroica, un tratado que cedía a perpetuidad parte del territorio nacional y un artículo de la Carta Magna que legalizaba las intervenciones norteamericanas en el Istmo. En fin, un país mutilado que habría de iniciar un tortuoso proceso de autoafirmación que, en pleno siglo XXI, no termina de realizarse y que –según parece– ya no interesa.
Años después de la separación de Colombia, una de las mentes más preclaras que ha vivido en este país, Eusebio A. Morales, señalaba en uno de sus escritos que el problema principal de los panameños era la ausencia total de sentimiento patrio, y que entre los involucrados en los hechos secesionistas había quienes no creían en la empresa que estaban realizando, y que el móvil de las acciones de estas personas era más bien crematístico.
Pero los panameños sobredimensionamos los hechos y celebramos pomposamente con marchas, salomas, bandas musicales de poca monta y bailes que no vienen al caso, acontecimientos de los cuales no tenemos la más remota idea o que carecen de proyección nacional pero que súbitamente –debido a la extraordinaria fantasía de historiadores de cuentos de hadas (historiadores Alicia) o de retóricos gubernamentales– parecieran ser la manifestación del alma nacional que desborda todo condicionamiento temporal (incidente de la tajada de sandía, 10 de noviembre de 1821, 5 de noviembre de 1903, etc.).
No somos capaces de darnos la oportunidad de evaluar los acontecimientos y el actuar humano bajo la mirada de la crítica, ni de advertir que –después de todo– nada es sagrado en la historia, o mejor dicho: no somos capaces de advertir que no hay historia humana sagrada, y que la historia no puede entenderse sino a partir de los intereses que la hacen posible.
http://impresa.prensa.com/opinion/historia-asunto-intereses_0_2977952360.html
domingo, 23 de septiembre de 2007
Política y educación
Roberto Arosemena Jaén
En la década de los 20 en Panamá, la urbe capitalina era el centro de irradiación educativa. El que podía ser maestro se educaba en el Instituto, y el que quería tener un oficio se educaba en el Artes y Oficio. El interior no producía estos niveles de capacitación y competencia. Era un simple receptáculo de los maestros y técnicos profesionales que transferían conocimientos y habilidades por las escuelas, las incipientes empresas y las oficinas públicas de salud, cobros de impuesto y orden público. El Estado liberal enfrentaba así los retos de una sociedad que demandaba educación primaria para sus futuros ciudadanos y tareas de producción y de servicio a la altura del Artes y Oficio.
En la década nacionalista, 1930-1940, el Estado se consolida. La normal y la escuela técnica artesanal e industrial llegan a Santiago y Divisa. La ciudad de Panamá deja de monopolizar la incipiente especialización educativa y desde la Universidad de Panamá se va a atender la formación de los profesores de educación secundaria y de los estratos profesionales más complejos que aquellos oficios que se enseñaban en las escuelas técnicas y agrícolas. En los 40, 50 y 60 la educación de profesores, licenciados y profesionales liberales y afines se concentran en la Universidad de Panamá que ya se percibe –al menos entre sus intelectuales "progresistas"– como la conciencia crítica de la nación cuando en realidad también era la formadora de los profesionales que demandaba una sociedad cada vez más compleja y articulada a la división local e internacional del trabajo.
En la década de los 70, la Universidad de Panamá se estanca. El elefantismo sigue produciendo los mismos profesionales de las décadas anteriores. El resultado inmediato es la desmembración de la Universidad: Universidad Tecnológica, Universidad Autónoma de Chiriquí y otros injertos menores que una vez obtenida una ley orgánica se transforman en Universidades Oficiales del Estado Panameño. Junto a esta desmembración disfuncional además de onerosa, a nivel presupuestario, crece el sector privado de universidades –sobre todo de los vecinos países iberoamericanos–. Los años de la incipiente Universidad Católica, son superados con creces con la llegada, incluso de franquicias universitarias, al territorio panameño. Esta situación casi caótica actualmente, a nivel de educación superior, sustenta la ley que crea el Sistema Nacional de Acreditación y Certificación responsable de garantizar la calidad de la educación superior, lo mismo que la ley del Inadeh que centraliza todos los procesos de capacitación profesional que desde inicio de la República de 1903 ya daba el Artes y Oficio. El 2006 es el año de la improvisación educativa revestida de estudio y tecnicismo, cuando en realidad es un salto hacia la mediocre privatización transfronteriza.
Como si fuera poco, la confusión de los actuales diseñadores de la política educativa, la propuesta de una Universidad o Instituto Pedagógico, vuelve –despiadada a reducir más a la golpeada Universidad de Panamá– creando una nueva universidad que ya existe en la misma Universidad de Panamá desde hace 72 años. El Estado actúa como si no se tuviese una institución responsable de formar docentes. En lugar de participar en la actualización y puesta al día de la Universidad, tiene una ocurrencia más que en los próximos meses y años va a dilapidar decenas de millones de dólares.
La Universidad de Panamá ya empezó con la timidez que la caracteriza en el plano académico, desde inicios del siglo XXI, una transformación curricular a paso de tortuga y que sus autoridades proyectan finalizar este año, a mediados del próximo o quizá dentro del plazo que concede la Ley del Sistema Nacional de Acreditación, en el 2011.
La educación panameña es un problema muy serio y en ella se va la oportunidad de toda una generación de jóvenes y las bases de un desarrollo humano, tanto más urgido de crear conocimientos, aplicar conocimientos y difundir conocimientos, destrezas, habilidades, para no mencionar las actitudes cívicas, ciudadanas y morales que requiere el mundo de hoy. Políticos emprendedores del futuro inmediato y ciudadanía interesada a empezar entender lo que es y lo que debe ser la educación panameña.
http://impresa.prensa.com/opinion/Politica-educacion_0_2116288555.html
En la década de los 20 en Panamá, la urbe capitalina era el centro de irradiación educativa. El que podía ser maestro se educaba en el Instituto, y el que quería tener un oficio se educaba en el Artes y Oficio. El interior no producía estos niveles de capacitación y competencia. Era un simple receptáculo de los maestros y técnicos profesionales que transferían conocimientos y habilidades por las escuelas, las incipientes empresas y las oficinas públicas de salud, cobros de impuesto y orden público. El Estado liberal enfrentaba así los retos de una sociedad que demandaba educación primaria para sus futuros ciudadanos y tareas de producción y de servicio a la altura del Artes y Oficio.
En la década nacionalista, 1930-1940, el Estado se consolida. La normal y la escuela técnica artesanal e industrial llegan a Santiago y Divisa. La ciudad de Panamá deja de monopolizar la incipiente especialización educativa y desde la Universidad de Panamá se va a atender la formación de los profesores de educación secundaria y de los estratos profesionales más complejos que aquellos oficios que se enseñaban en las escuelas técnicas y agrícolas. En los 40, 50 y 60 la educación de profesores, licenciados y profesionales liberales y afines se concentran en la Universidad de Panamá que ya se percibe –al menos entre sus intelectuales "progresistas"– como la conciencia crítica de la nación cuando en realidad también era la formadora de los profesionales que demandaba una sociedad cada vez más compleja y articulada a la división local e internacional del trabajo.
En la década de los 70, la Universidad de Panamá se estanca. El elefantismo sigue produciendo los mismos profesionales de las décadas anteriores. El resultado inmediato es la desmembración de la Universidad: Universidad Tecnológica, Universidad Autónoma de Chiriquí y otros injertos menores que una vez obtenida una ley orgánica se transforman en Universidades Oficiales del Estado Panameño. Junto a esta desmembración disfuncional además de onerosa, a nivel presupuestario, crece el sector privado de universidades –sobre todo de los vecinos países iberoamericanos–. Los años de la incipiente Universidad Católica, son superados con creces con la llegada, incluso de franquicias universitarias, al territorio panameño. Esta situación casi caótica actualmente, a nivel de educación superior, sustenta la ley que crea el Sistema Nacional de Acreditación y Certificación responsable de garantizar la calidad de la educación superior, lo mismo que la ley del Inadeh que centraliza todos los procesos de capacitación profesional que desde inicio de la República de 1903 ya daba el Artes y Oficio. El 2006 es el año de la improvisación educativa revestida de estudio y tecnicismo, cuando en realidad es un salto hacia la mediocre privatización transfronteriza.
Como si fuera poco, la confusión de los actuales diseñadores de la política educativa, la propuesta de una Universidad o Instituto Pedagógico, vuelve –despiadada a reducir más a la golpeada Universidad de Panamá– creando una nueva universidad que ya existe en la misma Universidad de Panamá desde hace 72 años. El Estado actúa como si no se tuviese una institución responsable de formar docentes. En lugar de participar en la actualización y puesta al día de la Universidad, tiene una ocurrencia más que en los próximos meses y años va a dilapidar decenas de millones de dólares.
La Universidad de Panamá ya empezó con la timidez que la caracteriza en el plano académico, desde inicios del siglo XXI, una transformación curricular a paso de tortuga y que sus autoridades proyectan finalizar este año, a mediados del próximo o quizá dentro del plazo que concede la Ley del Sistema Nacional de Acreditación, en el 2011.
La educación panameña es un problema muy serio y en ella se va la oportunidad de toda una generación de jóvenes y las bases de un desarrollo humano, tanto más urgido de crear conocimientos, aplicar conocimientos y difundir conocimientos, destrezas, habilidades, para no mencionar las actitudes cívicas, ciudadanas y morales que requiere el mundo de hoy. Políticos emprendedores del futuro inmediato y ciudadanía interesada a empezar entender lo que es y lo que debe ser la educación panameña.
http://impresa.prensa.com/opinion/Politica-educacion_0_2116288555.html
jueves, 13 de julio de 2006
La educación superior
Roberto Arosemena Jaén
Del 14 al 28 de junio pasado la Asamblea debatió la ley para evaluar y acreditar la educación universitaria y aprobó la existencia del Consejo Nacional que va a dar fe de la calidad de los programas educativos que imparten las universidades en Panamá.
Es la función típica de una agencia de acreditación. Certificar ante la sociedad que el producto que se ofrece es de calidad y puede ser aprovechado sin riesgo alguno. El problema de esta agencia de acreditación recién fundada es que va a trabajar adscripta al Ministerio de Educación, responsable de la educación básica y media, y sin experiencia en el manejo de programas y títulos universitarios. De salida se le impone tanto al presupuesto nacional como al Ministro de Educación el titánico esfuerzo de crear una estructura de evaluación y acreditación universitaria, cuando todavía el mismo ministro reconoce que los programas de educación básica y media no están acreditando la capacidad mínima requerida para sus estudiantes.
Qué puede esperar la sociedad panameña de los futuros egresados de las universidades oficiales y particulares certificados y acreditados en virtud de la fe que exige dicho ministerio por imposición del proyecto de Ley 215 ya aprobado en tercer debate y sujeto a la decisión presidencial de convertirlo en ley de la República o devolverlo a la Asamblea por inconveniente e inconstitucional. En efecto, ya lo sugirió el diputado Vladimir Herrera en su intervención del 26 de junio "que no venga nadie y nos diga : -oye, esa ley es inconstitucional-, entonces, el esfuerzo que hemos hecho se puede perder en el camino".
La educación panameña está en crisis porque el país no se está desarrollando como podría hacerlo y todavía no se ha logrado una cobertura de 100% en la educación preescolar y básica cuando ya se debería estar logrando con la educación técnica o media. Esta crisis tendrá que ser afrontada próximamente. Ahora hay que solucionar el problema de la educación superior.
El problema de la educación superior panameña es que la universidad oficial no está cumpliendo con su función constitucional y todavía no ha tomado en serio la puesta en práctica de la Ley Orgánica del 14 de julio de 2005. Todo título o grado que se admite en nuestro país está fiscalizado, acreditado, evaluado y reconocido por la Universidad de Panamá o por la Universidad Tecnológica. No es excusa ante la sociedad panameña la falta de voluntad política o la escasez presupuestaria o de personal para atender las tareas de fiscalización de los programas, títulos y grados que se admiten en nuestro país. La Constitución es clara en el mandato que le impone a la universidad oficial del Estado panameño y no hace falta ninguna ley ni estatuto para garantizarle a la sociedad el crédito, la fe y la confianza que debe tener todo profesional que actúa en territorio nacional.
La discusión de este proyecto de ley ha llevado a ciertas autoridades de la Universidad de Panamá a reconocer la morosidad en el cumplimiento de sus deberes de funcionarios públicos y las interpelaciones realizadas al mismo Ministro de Educación han dejado abierta la interrogante de cómo podía autorizar el funcionamiento de universidades particulares sin la debida fiscalización de parte de la Universidad de Panamá y de cómo funciona la "Ciudad del Saber" en su relación con universidades o centros de educación superior. En resumen, un problema no resuelto de la educación superior.
El Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación ya existe como realidad sistémica en nuestro país por virtud de la constitución y de la Ley Orgánica de las universidades oficiales. La institución rectora del sistema es la Universidad de Panamá que debe ser más efectiva y decidida con sus pares políticos y académicos que son el Ministerio de Educación, las universidades oficiales y particulares y el sector gubernamental y privado. La tarea que se autoimpone el Ministro de Educación con el proyecto de Ley 215 es inviable financiera y operativamente a corto plazo y la sociedad panameña no puede esperar a que exista un consejo que acredite y evalúe permanente y continuamente las idoneidades y las profesiones que se ejercen en nuestro país. Es el papel que le corresponde a la Universidad de Panamá y que la sociedad está demandando. Ya el problema se está haciendo sentir con la acreditación de médicos y odontólogos, luego vendrán los abogados. Que el Presidente de la República actúe con prudencia y devuelva el proyecto 215 a la Asamblea Nacional.
http://mensual.prensa.com/mensual/contenido/2006/07/13/hoy/opinion/667668.html
Del 14 al 28 de junio pasado la Asamblea debatió la ley para evaluar y acreditar la educación universitaria y aprobó la existencia del Consejo Nacional que va a dar fe de la calidad de los programas educativos que imparten las universidades en Panamá.
Es la función típica de una agencia de acreditación. Certificar ante la sociedad que el producto que se ofrece es de calidad y puede ser aprovechado sin riesgo alguno. El problema de esta agencia de acreditación recién fundada es que va a trabajar adscripta al Ministerio de Educación, responsable de la educación básica y media, y sin experiencia en el manejo de programas y títulos universitarios. De salida se le impone tanto al presupuesto nacional como al Ministro de Educación el titánico esfuerzo de crear una estructura de evaluación y acreditación universitaria, cuando todavía el mismo ministro reconoce que los programas de educación básica y media no están acreditando la capacidad mínima requerida para sus estudiantes.
Qué puede esperar la sociedad panameña de los futuros egresados de las universidades oficiales y particulares certificados y acreditados en virtud de la fe que exige dicho ministerio por imposición del proyecto de Ley 215 ya aprobado en tercer debate y sujeto a la decisión presidencial de convertirlo en ley de la República o devolverlo a la Asamblea por inconveniente e inconstitucional. En efecto, ya lo sugirió el diputado Vladimir Herrera en su intervención del 26 de junio "que no venga nadie y nos diga : -oye, esa ley es inconstitucional-, entonces, el esfuerzo que hemos hecho se puede perder en el camino".
La educación panameña está en crisis porque el país no se está desarrollando como podría hacerlo y todavía no se ha logrado una cobertura de 100% en la educación preescolar y básica cuando ya se debería estar logrando con la educación técnica o media. Esta crisis tendrá que ser afrontada próximamente. Ahora hay que solucionar el problema de la educación superior.
El problema de la educación superior panameña es que la universidad oficial no está cumpliendo con su función constitucional y todavía no ha tomado en serio la puesta en práctica de la Ley Orgánica del 14 de julio de 2005. Todo título o grado que se admite en nuestro país está fiscalizado, acreditado, evaluado y reconocido por la Universidad de Panamá o por la Universidad Tecnológica. No es excusa ante la sociedad panameña la falta de voluntad política o la escasez presupuestaria o de personal para atender las tareas de fiscalización de los programas, títulos y grados que se admiten en nuestro país. La Constitución es clara en el mandato que le impone a la universidad oficial del Estado panameño y no hace falta ninguna ley ni estatuto para garantizarle a la sociedad el crédito, la fe y la confianza que debe tener todo profesional que actúa en territorio nacional.
La discusión de este proyecto de ley ha llevado a ciertas autoridades de la Universidad de Panamá a reconocer la morosidad en el cumplimiento de sus deberes de funcionarios públicos y las interpelaciones realizadas al mismo Ministro de Educación han dejado abierta la interrogante de cómo podía autorizar el funcionamiento de universidades particulares sin la debida fiscalización de parte de la Universidad de Panamá y de cómo funciona la "Ciudad del Saber" en su relación con universidades o centros de educación superior. En resumen, un problema no resuelto de la educación superior.
El Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación ya existe como realidad sistémica en nuestro país por virtud de la constitución y de la Ley Orgánica de las universidades oficiales. La institución rectora del sistema es la Universidad de Panamá que debe ser más efectiva y decidida con sus pares políticos y académicos que son el Ministerio de Educación, las universidades oficiales y particulares y el sector gubernamental y privado. La tarea que se autoimpone el Ministro de Educación con el proyecto de Ley 215 es inviable financiera y operativamente a corto plazo y la sociedad panameña no puede esperar a que exista un consejo que acredite y evalúe permanente y continuamente las idoneidades y las profesiones que se ejercen en nuestro país. Es el papel que le corresponde a la Universidad de Panamá y que la sociedad está demandando. Ya el problema se está haciendo sentir con la acreditación de médicos y odontólogos, luego vendrán los abogados. Que el Presidente de la República actúe con prudencia y devuelva el proyecto 215 a la Asamblea Nacional.
http://mensual.prensa.com/mensual/contenido/2006/07/13/hoy/opinion/667668.html
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