Roberto Arosemena Jaén
Hace años, un grupo significativo de ciudadanía panameña se enfrentó al poder usurpador de Torrijos-Noriega. En esos años actuamos con independencia, verticalidad y transparencia. Cuando el gobernante de ocasión, un tal señor Delvalle, indultó al movimiento nacionalista de sedición contra Noriega, muchos panameños lo consideraron una farsa más. Sin embargo, el poder oficial se sale con la suya.
Vino la invasión, vinieron nuevos gobernantes, pero la pusilanimidad siguió caracterizando la fibra íntima de presidentes y diputados. Existen iniciativas de crear un Museo de la Democracia. En ese sepulcro arqueológico de la historia se me dijo que sería representado.
En reciente escala en Los Ángeles-EU, entendí que yo era un ex convicto, detenido por sedición en octubre de 1987, en una cárcel de máxima seguridad en Panamá. Por ese motivo se me sustrajo del grupo de visitantes legales a Estados Unidos, y en la práctica fui deshonrado con una detención. A preguntas necias, oídos sordos.
Entre bromas y cosas serias, un exmarine que trabajó, supongo que en el Comando Sur, me dijo que mi problema era con el Gobierno panameño. Sospecho que la información de los delincuentes peligrosos, de lo cual se vanagloria el maleante Martinelli para suplicar clemencia, forma parte del mismo paquete. ¿Por qué el Gobierno panameño actual me deshonra en grado que tenga que justificar mi conducta política ante un gobierno extranjero? ¿Por qué tras 28 años de la invasión, Varela consiente que los organismos de seguridad mantengan las acusaciones del régimen Torrijos-Noriega?
¡A qué grado de pusilanimidad han descendido nuestros gobernantes! Constitucionalmente, son gobernantes por el soporte ideológico y filosófico que le dan nuestras leyes. El artículo 17 de la Constitución Política es al respecto diáfano, inexorable y definitivo; en grado tal, que la Corte Suprema de Justicia casi no se atreve a usarlo en sus fallos de garantías constitucionales. “ Las autoridades de la República están instituidas para proteger en su vida, honra y bienes a los nacionales…”.
En el caso de múltiples panameños y panameñas, el gobierno no protege ni la honra y, en algunos casos, ni la vida.
La única seguridad jurídica por las cuales se rompe las vestiduras la sociedad es la seguridad jurídica de bienes, propiedades e inversiones.
Utilizo este artículo de opinión, que espero La Prensa publique, como una denuncia de la hipocresía gubernamental y de la tolerancia civil respecto al tema de la honra ciudadana.
Lo negativo de las sociedades actuales es su poder de ocultamiento y simulación. Estamos distraídos por cosas pasajeras y por afanes diarios. Poco podemos hacer contra estas tendencias, pasiones, decían los filósofos antiguos, si no estamos dispuestos a reflexionar y a hacernos cargo de nuestros poderes: poder de pensar, poder de deliberar, poder de decidir y finalmente, poder de actuar.
Esos poderes configuran la dignidad de cada mujer y de cada hombre en su condición genérica de persona.
De esos valores del mundo de la vida, la honra como conciencia del propio ser individual, es básica y fundamental. La conservación de la honra propia es potencia y poder. Potencia que le da sentido a la vida, y poder que pone bienes y propiedades al servicio de una existencia mundana y trascendente.
Nuestra misión actual: suprimir la pusilanimidad de nuestros gobernantes y aprender a elegir a la gente digna que sepa responder por sus decisiones y actos sin mendigar clemencia al poderoso por traicionar a sus conciudadanos.
La Prensa, 13 de junio de 2018.
